Pucherazo electoral

El debate a la totalidad en el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha marcará un nuevo tiempo político a partir de este momento desde la Transición. Un tiempo que se va a caracterizar por la ruptura del consenso político en aquellas cuestiones que conforman el núcleo básico constitucional que ha existido hasta el momento. En este caso en lo referente al régimen electoral.

La reforma debatida en el Congreso conlleva la modificación del Estatuto de Autonomía de esa Comunidad para cambiar la actual horquilla de diputados autonómicos que recoge este texto a la baja. Con la aprobación de esta reforma sustentada en la mayoría absoluta del PP, el Gobierno popular presidido por la Sra. Cospedal, a la sazón secretaria general del PP en España, promoverá una reforma de la ley electoral autonómica de Castilla-La Mancha para que les otorgue la suficiente ventaja electoral. A su vez, elevará el techo para conseguir un diputado autonómico, con lo cual elimina a los grupos minoritarios en detrimento de la pluralidad de la Cámara.

Se trata de un auténtico “pucherazo electoral”. Sin ningún tipo de escrúpulo ni de honestidad democrática. Así lo puso de manifiesto el ponente que defendió la reforma del Estatuto en el Congreso. Con un descaro propio de un representante de un gobierno totalitario y ante la atenta mirada de la Sra. Cospedal en la tribuna de invitados, el ponente popular, el Sr. Llamazares, articuló la defensa de la reforma defendiendo la medida para reducir el gasto público y demonizando al partido socialista, no sin antes poner en valor al Gobierno popular de Castilla-La Mancha. Una argumentación débil y repleta de demagogia, mucho más cuando los actuales diputados autonómicos de Castilla-La Mancha solo cobran la dieta de asistencia y su dedicación es parcial. Por tanto, de ahorro nada.

Se trata de una reforma que busca la ventaja electoral del PP frente a otras fuerzas políticas. Una reforma que el PP va hacer extensible a otras comunidades como Galicia, Madrid, Extremadura, como ya han anunciado alguno de sus presidentes. Un reforma sin consenso como requieren los cánones democráticos. ¿Cómo se puede promover una reforma del régimen electoral de Castilla-La Mancha cuando la tramitación se ha saldado con 25 votos a favor y 24 en contra? Una reforma de esta naturaleza debe contribuir a la estabilidad democrática. Para ello debiera contar con la mayoría de los grupos y al menos una mayoría reforzada de dos tercios. De lo contrario, la inestabilidad política está servida. Se trata de una vuelta a las pautas políticas decimonónicas.

El PP tiene intención de ir más allá. La mayoría absoluta representa una oportunidad para adaptar la legislación electoral a sus intereses electorales. Y así, el Gobierno popular baraja la idea de modificar el régimen electoral local, de tal forma que gobierne siempre la lista más votada. ¡Casi nada! Con esta medida, la derecha se garantizaría el gobierno de gran parte de los municipios españoles, con independencia de que la izquierda supere con creces a la derecha, o de que exista  una coalición mayoritaria. Se quebraría así la esencia de la democracia. Pero al PP solo le preocupa y ocupa el control del poder.

Esta nueva dinámica, de la que ha sido pionera y ha impulsado la secretaria del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, nos lleva a una desestabilización política y a la desafección de los ciudadanos. Las distintas fuerzas políticas no se pueden quedar de manos cruzadas. Se trata de un golpe antidemocrático en toda regla que pone de manifiesto la frivolidad y falta de convicciones democráticas del PP. Una forma de actuar que va en sentido contrario a lo que está demandando la nueva sociedad de esta época. 

Dos años perdidos

El pasado 20N se ha cumplido dos años de la victoria electoral de Rajoy con una amplia mayoría absoluta. Los españoles acudieron a las urnas ese día con la esperanza de que el cambio de gobierno diese respuesta al problema del empleo y la desesperación por la que empezaban a atravesar muchas familias. El PP, con Rajoy a la cabeza, les hizo creer que la situación cambiaría con la llegada al poder de los populares y el relevo de Zapatero y los suyos. Incluso, el actual ministro de Hacienda llegó a espetar a la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso –como ha relatado ella y no ha desmentido él- “que se hunda España, que ya lo levantaremos nosotros”, en alusión al PP. 

Sin embargo, por desgracia, todo ha devenido en un gran fiasco. La mentira y la prepotencia del PP en la oposición se han prolongado a su acción de gobierno, acompañadas de una actitud displicente hacia los ciudadanos y un desprecio hacia las fuerzas políticas contrarias, en especial hacia el primer partido de la oposición. Un estilo de gobierno superado por la actual situación y que busca ante todo una conformación del modelo social hacia su modelo ideológico: el neoliberalismo. 

En estos dos años de gobierno del PP todos los grandes indicadores económicos han empeorado: el paro se ha incrementado casi cuatro puntos; el déficit del Estado no solo no ha bajado, sino que se ha incrementado. Y eso a pesar de las facilidades que ha dado la Comisión Europea. La Deuda Pública ha pasado del 69 por ciento del PIB al 94 por ciento. 

Pero, además, ha hecho todo lo contario de lo que prometió y en algún caso se criticó al Gobierno socialista con todo descaro y agresividad pública; han subido todo el elenco de impuestos; han bajado de forma considerable los salarios de todos los españoles; han reducido el poder adquisitivo de los pensionistas, a quienes han utilizado sin ningún rubor ante la opinión pública, con total falta de respeto a su dignidad; han recortado derechos y erosionado gravemente el Estado del Bienestar –sanidad, educación, prestaciones sociales y dependencia-; han limitado el acceso a la tutela judicial efectiva y están en curso de quebrar la autonomía local, entre otros muchos agravios. ¡Qué más se puede pedir a los que se presentaban como salvapatrias!

Estos dos años de Gobierno popular han puesto de manifiesto también sus vergüenzas. La corrupción ha impregnado durante años su acción política. Con el mayor descaro posible el presidente del PP y de todos los españoles ha intentado taparlas con la mentira en sede parlamentaria. No conformes con ello, la manipulación de los medios de comunicación públicos constituye un factor común denominador de su acción de gobierno. Y lo mismo ocurre con la búsqueda de alianzas mediáticas en su defensa utilizando para ello el poder institucional que les otorga una amplia mayoría absoluta en los diferentes niveles de la Administración y su influencia en los grandes grupos empresariales. Hoy más que nunca es necesaria la regeneración democrática y un nuevo código ético en la acción política.

El futuro no se presenta mejor. El Gobierno carece de hoja de ruta e improvisa al son de la mediocridad de su líder. El anuncio de nuevos recortes –hasta 35.000 millones de euros para el próximo año- y la cercanía de nuevas elecciones en los próximos dos años nos pueden reencontrar con el mejor PP, anteponiendo sus propios intereses a los de los españoles, como siempre hizo.    

El PSOE y la Iglesia

El PSOE ha sido y es un partido laico. Nunca ha renunciado al laicismo. Los socialistas entendemos la existencia de una sociedad organizada de forma autónoma y ajena a las confesiones religiosas, con independencia de las creencias de cada uno de los que integramos esta gran familia. El laicismo como doctrina garantiza la libertad de conciencia y la no imposición de normas y valores morales particulares de ninguna confesión. No somos anticlericales. Siempre hemos respetado y respetaremos los valores religiosos. Nuestro modelo de Estado es el ‘secular’.

En materia religiosa, durante el proceso constituyente los socialistas cedimos en nuestras posiciones laicistas en aras de garantizar la armonía y convivencia entre todos los españoles para conseguir la redacción de un texto constitucional que contase con el mayor apoyo posible de los diferentes sectores sociales que integran nuestro país. El artículo 16.3 de la Constitución confiere a España la característica de Estado aconfesional. No se adhiere ni reconoce como oficial ninguna religión en concreto, aunque se establecen relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Un acuerdo entre diversas fuerzas políticas que garantizaba el “estatus quo” y la financiación de la Iglesia Católica en nuestro país. Con ella, desde entonces, se colabora de forma especial a través de la casilla del IRPF en la que se puede destinar a fines sociales o a la Iglesia Católica, pero no a otras iglesias, aparte de otros fondos públicos de distinta naturaleza para su mantenimiento.        

EL PSOE, desde la transición hasta hoy, ha sido leal con sus compromisos. La sociedad española ha cambiado mucho en estos años y, por suerte, es cada vez más laica. La segunda transición, parafraseando a Aznar, llegó hace tiempo, al menos para algunos sectores conservadores que no se han recatado en anunciar e implantar su programa de máximos. La cúpula de la Iglesia les ha acompañado.

Durante los últimos años de Gobierno socialista, con el cardenal Rouco a la cabeza, ha promovido manifestaciones por las calles de Madrid y de otras ciudades contra las reformas políticas del PSOE, y han proseguido su lucha en las homilías y a través de otras vías institucionales; han execrado la Ley de la Memoria Histórica; han demonizado la asignatura de Educación para la Ciudadanía; impulsaron la beatificación de mártires de la Guerra Civil que en otras épocas de la Iglesia se pararon para no reabrir heridas. Con el Gobierno del PP, su aliado natural, han conseguido que la asignatura de religión sea curricular y obligatoria. La cúpula de la Iglesia y muchos de sus ardientes seguidores llevan muchos años en lucha contra el PSOE. La hemeroteca puede dar buena prueba de ello. Sin duda, están en su derecho en una sociedad democrática y libre.

La reciente Conferencia Política del PSOE ha debatido la oportunidad de avanzar hacia un Estado laico que dé respuesta a nuestro ideario político y a la mayoría social española. Estamos en nuestro derecho. Hemos debatido de forma respetuosa. Como manifestó nuestro secretario general en su discurso de clausura: “A los creyentes socialistas me dirijo. El PSOE es su partido, es el partido que va a luchar por el respeto a su religión y a todas las religiones, el respeto máximo. Eso es un estado laico”.

Si los ciudadanos nos otorgan su confianza y contamos con la mayoría legislativa suficiente: denunciaremos los acuerdos con el Vaticano; apostaremos por la autofinanciación de todas las confesiones religiosas; defenderemos la escuela pública laica en la que no tenga cabida la enseñanza curricular de la religión, ni tampoco en horario escolar; la Iglesia católica pagará el IBI de todas aquellas propiedades que no sean de exclusivo uso de culto –las iglesias quedarían excluidas del pago de este impuesto-.

Como resultado de nuestra Conferencia Política, los socialistas nos proponemos impulsar una ley de libertad religiosa, de libertad de conciencia y de libertad de culto. Manifestamos nuestro absoluto respeto a todas las confesiones religiosas y defendemos que el Estado garantice que puedan practicarse en libertad. Esta actitud a algunos les molesta e intentan descalificarla, tachándola de radical, adoptando la posición que denuncian.  

Como no puede ser de otra manera, reconocemos el importante papel social que ha jugado y juega la Iglesia y algunas de sus instituciones en nuestro país. No nos oponemos a él. Pero reclamamos respeto para la posición social mayoritaria del pueblo español –según los estudios sociológicos-, a la vez que demandamos que ninguna confesión mantenga posiciones de privilegio, y utilice los recursos públicos en beneficio propio y de organizaciones afines.   

Peor no se puede hacer

Aparcar en el Hospital General de Segovia durante la mañana es un acto imposible. Lo es desde hace mucho tiempo, pero aún más desde la puesta en marcha en estos días del aparcamiento de pago. Caos por doquier: accesos colapsados a la hora de entrada con colas que se extienden hasta la ciudad; personal sanitario y enfermos que no llegan a su cita; coches en las cunetas y que dificultan la movilidad. Y todo ello con un solo objetivo: recaudar y generar retornos para la empresa concesionaria.

La situación que se está produciendo era previsible. En la pasada legislatura, en el propio aparcamiento, ya denunciamos y exigimos una solución al problema el secretario autonómico del PSOE en aquel momento, Óscar López,  el procurador autonómico Octavio Cantalejo y yo mismo, como secretario provincial de nuestro partido en Segovia. Este mismo año la procuradora socialista Ana Agudíez defendió una Proposición No de ley para evitar lo que se está produciendo. Sin embargo, la mayoría absoluta y prepotencia del PP les han hecho persistir en su error. Hoy las consecuencias lo pagan los segovianos.

El aparcamiento de los hospitales constituye una prolongación de la prestación asistencial. Un servicio necesario, tanto más cuanto el hospital es un centro de referencia para poblaciones que no tienen la posibilidad de acceso mediante transporte público, como es el caso del medio rural, por lo general. Tal y como ocurre en Segovia. Cuando un enfermo o sus familiares utilizan el aparcamiento de un hospital no lo hacen por capricho. No les queda más remedio. A diferencia del aparcamiento de las estaciones ferroviarias en los que sus usuarios lo utilizan para estacionar su automóvil durante un viaje por motivos laborales, de estudio u ocio. En el hospital no. El pago del aparcamiento deviene en una especie de impuesto sobre la enfermedad. El Gobierno del PP en la Junta es consciente de ello, pero demuestra así su bajasensibilidad y respeto a los ciudadanos.

Las plazas del actual aparcamiento del Hospital General suman 590, de las cuales 240 se destinan al propio personal del centro, claramente insuficientes para los más de 600 trabajadores en el turno de mañana, pero además se debe tener en cuenta que solo el número de consultas diarias ronda las 800 y las pruebas clínicas las 1.500. La capacidad instalada es claramente insuficiente para atender la demanda. El precio de 0,80 €/H, o de 8 €/día para el público en general es la gota que colma el vaso. En un momento de crisis como el actual las familias medias segovianas no se lo pueden permitir, pero además comprueban atónitos como tanto en la tarde como en la noche, cuando no hay problemas para aparcar, si quieren hacerlo han de pagar. El precio del aparcamiento no es una medida para regular su uso en la mañana, sino para recaudar. Y aunque tuviese ese cariz no serviría de nada porque la demanda supera con creces la oferta. Para lo que sí ha servido ha sido para impulsar el caos.

En estos días de pago del aparcamiento se han puesto de manifiesto otras carencias. Es urgente reformas los viales y mejorar el acceso de pacientes a la policlínica. Los accesos a la ciudad y a las carreteras colindantes presentan cuellos de botella y problemas de seguridad. Y la limitación del propio aparcamiento del hospital tiene una limitación mayor, su incapacidad para ser ampliado al  haber calificado la Junta los terrenos colindantes como rústicos protegidos, lo que requería modificar las Directrices de Ordenación del Territorio.

La Junta debe revocar lo antes posible esta medida a la vez que iniciar un proceso de planificación serio y riguroso que permita diseñar y ampliar un aparcamiento con un número de plazas capaz de dar respuesta a las necesidades reales a presente y futuro, así como modificar los viales y accesos para modificar su accesibilidad y seguridad.

Pero si a alguien perjudica en especial el aparcamiento de pago es a las personas que viven en el medio rural. La mayor parte de ellas no tiene otro medio de trasporte alternativo para llegar hasta el hospital que el coche, aunque este mismo problema se puede presentar en la ciudad y su entorno. La medida vuelve a discriminar, una vez más, a las personas que habitan en el medio rural, suponiéndoles un sobrecoste que es un auténtico impuesto sobre la enfermedad.

Peor no se puede hacer. El SACYL, o la Junta sin lo prefieren, no sabe dónde está ni dónde va. La actuación del aparcamiento del hospital de Segovia es un despropósito que pone de manifiesto una gestión cortoplacista y sin altura de miras. Los socialistas segovianos seguiremos trabajando para que este error se rectifique. Plantearemos diversas iniciativas en las instituciones, tanto en las Cortes de Castilla y León, como en la Diputación Provincial y daremos la batalla en los medios de comunicación. A la vez que invitamos al portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Segovia y a CCOO a crear una plataforma en defensa de los afectados por la utilización del aparcamiento. Experiencia tienen, aunque con menor motivo.