Listas

Durante estos días el PSOE está elaborando sus listas electorales al Congreso de los Diputados y al Senado. Una tarea mucho más compleja de lo que muchos se pueden imaginar. Como todo proceso selectivo son muchas las personas a las que les gustaría optar a representar a los ciudadanos de su provincia, y pocas las plazas disponibles, y aún menos el número de escaños a alcanzar en el proceso electoral.

La tensión es consustancial al proceso; y, si no está bien dirigido y gestionado, el conflicto garantizado. Siempre se quiebran expectativas y no siempre se acierta en la selección de candidatos. Más cuando los partidos no suelen imponer requisitos restrictivos para poder optar, al menos aquellos que practican la democracia interna. Esta circunstancia anima a muchas personas a presentar su candidatura, sin a veces atender a las cualidades que requiere el desempeña de la función en caso de ser elegido, o bien el desarrollo de la campaña electoral para persuadir al electorado y conseguir su voto.

En el PSOE la decisión última la tiene el Comité Federal –máximo órgano de control de la dirección  integrado por representantes de todas las provincias-. Este órgano somete a su aprobación las listas de las diferentes circunscripciones. Con carácter previo, cada agrupación provincial elabora una lista tras la consulta a las diferentes agrupaciones locales, las que a su vez efectúan la propuesta al órgano de dirección provincial tras una votación para determinar sus preferencias.

La dirección provincial, analizadas las propuestas, elabora una propuesta definitiva de la circunscripción tanto al Congreso como al Senado que somete a la votación de su órgano de control para elevar al Comité Federal, el que a su vez, si lo considera, puede introducir cambios en las propuestas provinciales. Por lo general en el PSOE se respetan en un porcentaje altísimo las propuestas provinciales. Lo que constituye un aliciente para las agrupaciones que integran la circunscripción.

En el PSOE existe un debate latente sobre si la selección y determinación del puesto a ocupar en las listas se ha de efectuar por votación directa, de tal manera que el orden venga determinado por el número de votos obtenidos, estableciendo mecanismos para salvar la paridad. Desde un punto de vista estrictamente democrático el procedimiento mejoraría el nivel de transparencia, pero no está exento de dificultades.

La composición de los grupos parlamentarios ha de ser equilibrada. Se  debe contar para garantizar su eficacia política y técnica con expertos en las diferentes ramas de acción política, buenos oradores, a la vez que con personas capaces de hacer trabajo de campo continúo con la ciudadanía para recoger sus inquietudes y trasladar sus políticas. Un proceso nada fácil y que elimina el papel de la dirección del partido. Y deja al albur del destino el futuro de la consistencia política del Grupo Parlamentario de cara a rendir cuentas a la ciudadanía.

El actual sistema para la confección de listas del PSOE compatibiliza la democracia interna con la posibilidad de la dirección de establecer sus prioridades. Prueba de ello es que en el actual proceso se renovarán dos tercios de los cabezas de listas y una gran parte de los diputados y senadores electos hasta el momento.

Desprecio institucional y ciudadano

Esta última semana hemos vivido en el Congreso uno de los espectáculos más dantescos de la historia parlamentaria. Un diputado de Amaiur rompió en tribuna dos páginas de la Constitución ante la pasividad del presidente de la Cámara, que en ese momento no reaccionó. En concreto, según él las dos primeras páginas de la Carta Magna, en las que se recoge el precepto de la “soberanía nacional”.

Con su actitud, este personaje, escenificó un desprecio hacia todos lo españoles y pueblos del Estado, a la vez que puso de manifiesto la visión autocrática y totalitaria de la acción política de su grupo. Ultrajar la Constitución significa pisotearnos a todos, seamos catalanes, vascos o castellanos. Una acción que le deslegitima para poderlos representar al no respetar los principios democráticos de la mayoría.

Este tipo de actuaciones merecen una acción más firme por parte de la Cámara. Han sido varios los diputados y asistentes que han efectuado manifestaciones impropias en el Parlamento con el único motivo de llamar la atención o de manifestar su odio. El actual reglamento tiene un vacío que es urgente cubrir para impedir que este tipo de actuaciones se repitan y conviertan la tribuna en una plataforma para el bufoneo.

A pesar de hacerlo con retraso, el presidente del Congreso reaccionó, y lo hizo bien, como él suele hacer las cosas, con naturalidad. Ahora espero que a los diputados que día a día trabajamos por hacer del parlamento el centro del debate político y de las propuestas se nos reconozca frente a quienes hacen todo lo posible por devaluar la acción parlamentaria.

El exabrupto referido coincidió con el desarrollo de un gran debate parlamentario sobre la reforma de la naturaleza del Tribunal Constitucional. Una pena, porque este hecho contribuyó a diluir un poco el protagonismo de la excelente intervención del portavoz del PSOE, tanto desde el punto de vista doctrinal como político. Un debate que puso de manifiesto la baja talla técnica y política del actual portavoz del PP y las miserias de sus políticas.

En este debate también quedó claro el desprecio institucional del Gobierno del PP hacía los catalanes y el resto de los españoles. El PP está instrumentalizando las elecciones catalanas en beneficio propio. Como le importa muy poco su resultado, dada su baja expectativa de voto, están utilizándolas para reforzar sus apoyos para las generales en el resto de España. Para ello se presentan como el único partido capaz de defender la unidad de España y de evitar la independencia de Cataluña.

El PP actúa de forma mezquina. Ahora, ya se sabe: quien siembra viento, recoge tempestades. Y su filibusterismo político puede tener efectos contrarios a los deseados. Utilizan la misma táctica que el Mas y los suyos, y que la del bufón de esta semana, el desprecio a las instituciones y a los ciudadanos. 

Ganando el futuro de Cataluña

Cataluña pasa por uno de los momentos más delicados de su historia. Las elecciones del próximo día 27 marcarán un gran hito de “decepción colectiva”, pase lo que pase. Unas elecciones a las que el actual presidente de la Generalitat ha dado un sentido plebiscitario ante la imposibilidad legal de convocar un referéndum sobre la autodeterminación.

Sea cual sea el resultado de las elecciones el fracaso está garantizado. Todo indica que van a ganarlas los partidos de corte independentista por mayoría absoluta, pero sin mayoría social. Si esta opción se verifica, al día siguiente las fuerzas políticas ganadoras anunciarán el inicio del proceso de secesión para tensar más la cuerda con el Estado. Ese es el objetivo de los independentistas: deteriorar el clima social para fundamentar sus pretensiones.

El problema catalán ha derivado en un problema de convivencia emocional. La sociedad está dividida y se sitúa en uno u otro bando, más por razones emocionales, cual si de los partidarios de un equipo de fútbol se tratasen, que por motivos racionales. La descohesión social catalana tras este proceso irá a más. A ello ha contribuido de manera especial el actual presidente, el Sr. Mas, y sus secuaces. Ha instrumentalizado el proceso para esconder la desastrosa gestión y situación financiera, amén de la corrupción, generada por los años de gobierno de CiU, y en especial de esta última etapa.

A profundizar en el problema está contribuyendo el presidente Rajoy y su partido. Siguen instrumentalizando el problema catalán en beneficio propio. Utilizan a Cataluña para presentarse ante el resto de las comunidades del Estado español como la única fuerza política que defiende la unidad de España. Ellos saben que es falso, pero les vale todo con tal de arañar votos. Son una máquina de hacer independentistas. Lo hicieron en el Gobierno de Aznar y lo están volviendo hacer ahora. Para ello han colocado al frente de la candidatura al antiguo alcalde de Badalona. A uno de los más radicales.

Cataluña necesita ganar su futuro. Tiene que recuperar la convivencia y esto va a requerir mucho tiempo. En primer lugar, los independentistas no pueden engañar a su pueblo. La soberanía reside en el pueblo español y no en el catalán. La independencia de Cataluña pasa por España, no por Cataluña. Pero es cierto que el actual marco autonómico es ambiguo y ha generado tensiones extraordinarias. Y que una Cataluña que estuvo a la vanguardia en su momento en infraestructuras y desarrollo social, hoy presenta enormes déficit, gracias a la nefasta gestión de quienes hoy asumen la bandera del nacionalismo catalán.

Se necesita un nuevo marco social y político para Cataluña. Un marco que haga posible su convivencia allí, pero también con el resto de España. La reforma del título VIII de la Constitución, delimitando con precisión las competencias y la financiación de las actuales comunidades autónomas, así como la identidad nacional de cada pueblo de España, en el marco de un Estado Federal, puede ser un buen paso para contribuir a resolver el conflicto.

Me temo que esto no les interesa a los independentistas, que abogan por la tensión para mantener su estatus, pero es la única salida sensata para ir construyendo futuro, o bien disolver todos los estados de la UE en una Europa de los pueblos. Pero esta opción requerirá mucho tiempo para que madure. En un mundo global, las fronteras son limitaciones cada vez más obsoletas y en ningún caso responden al progresismo de los pueblos.      

Golpe de mano

El PP con el registro, calificación unilateral por el presidente del Congreso y publicación de la Proposición de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional, ha intentado dar un Golpe de mano electoral ajeno a las pautas democráticas que han de guiar un Estado democrático.

No nos sorprende. Ya lo intentó Aznar promoviendo una reforma del Código Penal, poco antes de unas elecciones generales, para meter en la cárcel a un presidente autonómico. Perdió las elecciones y la reforma devino en anticonstitucional. Lo llevan en los genes.  

La función del Constitucional es interpretar la Carta Magna. No es un tribunal de justicia. Como ha manifestado la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, “si lo que se quiere es reforzar los mecanismos legales para hacer que se cumpla la ley, quizás deberían reforzar el código penal o la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.  

Pero el golpe de mano también se convierte en un golpe de efectos inconmensurables a la credibilidad del Tribunal Constitucional. Un órgano constitucional que ya de por sí tiene poca credibilidad, y que con la posibilidad que se le abriría de suspender cargos públicos profundizaría aún más en su descrédito. Más cuando ya hay canales ordinarios para ello.

No es fácil entender el fondo de la iniciativa que ha presentado el PP. Y mucho menos las prisas en su tramitación alevosa y con la complicidad del presidente del Congreso. Sin pedir informes ni al CGPJ, ni al Consejo de Estado, ni al Ministerio Fiscal. Han tenido cuatro años. Y el Grupo Parlamentario Popular la ha presentado en el último momento y sin ningún tipo de diálogo ni de acuerdo.

Desde el primer momento el PP ha instrumentalizado la iniciativa de forma mediática. Ese era el objetivo de cara a las elecciones del próximo día 27 en Cataluña. Para ello no tuvieron ningún reparo en presentar la Proposición de Ley con el cabeza de lista del PP, el Sr. Albiol.

El PP ha demostrado no tener ningún pudor en utilizar los órganos constitucionales en beneficio propio.