domingo, 10 de diciembre de 2017

La dignidad de un barrio



El pasado 18 de noviembre fuimos muchos los segovianos que nos manifestamos para pedir un centro de salud para Nueva Segovia. Un barrio que cuenta con cerca de 8.000 habitantes, el mayor de la ciudad. En la manifestación no sólo estaban los vecinos del barrio, sino otros muchos segovianos de otras zonas de la ciudad que reclaman la inmediata construcción de esta infraestructura sanitaria para garantizar un servicio público sanitario digno a sus vecinos y mejorar su accesibilidad. Entre los asistentes se encontraba la alcaldesa de Segovia y también la portavoz de la oposición, la cabeza de lista del Partido Popular, acompañada de la mayor parte de sus concejales. La misma que el último día de campaña electoral nos anunció que había hablado con el presidente de la Junta, y la garantizó que en esta legislatura estaría en funcionamiento el centro de salud, en un claro gesto electoral para mejorar su expectativa electoral, lo que por cierto no se produjo.

Una vez superado el ecuador de la legislatura municipal, no sólo no se ha avanzado en la promesa, sino que ha ido a peor. Incluso después del éxito de la manifestación convocada por el colectivo vecinal ‘San Mateo’, la portavoz de la oposición en el último pleno municipal ha hecho suya la condición impuesta por la Junta para avanzar en el proyecto, que no es otra que la aprobación con carácter previo de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Quedan muy lejos aquellas palabras del presidente de la Junta en las que afirmaba: “Si los castellanoleoneses nos renuevan su confianza en las urnas el próximo 24 de mayo -y así lo hicieron-, iniciaremos los trámites en 2016 para que Segovia tenga un nuevo centro de salud durante la próxima legislatura”. Se trata de una tomadura de pelo que atenta contra la dignidad de un barrio. La política clientelar ha sido una constante del PP en Castilla y León. Una forma de entender la acción política muy lejana a la que reclaman los ciudadanos y que contribuye a mermar la confianza y credibilidad de la política y de los políticos en general.

Las promesas del consejero de Sanidad no son de fiar, como no lo han sido hasta el momento las de sus antecesores. El PP prometió por primera vez el centro de salud en Nueva Segovia en 2006. En 2007 el consejero de Sanidad prometió la dotación del centro en un plazo de dos o tres años, con lo que se cumpliría el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2002-2010. Finalizado el plan, la Junta no ha proyectado aún el centro. De los 5,3 millones de euros que requiere su inversión, ha presupuestado 100.000 euros para este año que termina ahora, y 200.000 en 2016. No han gastado ni un sólo euro de los asignados. Hasta el día de hoy todo han sido gestos para salir del paso, pero sin avance concreto. Lo mismo que han hecho con la unidad de radioterapia después de prometerla y volverla a prometer. Hace un mes el propio consejero de Sanidad nos recordaba que la construcción del centro tenía como paso previo la reordenación de las diferentes zonas de salud; esta semana anuncia su compromiso a través del delegado territorial. Es un juego poco serio, a la vez que una falta de respeto a los vecinos de Nueva Segovia.

Los 8.000 segovianos de Nueva Segovia son atendidos actualmente en el centro de salud de La Albuera. La zona de salud adscrita a este centro tiene una población superior a los 18.000 ciudadanos. Acoge a los vecinos de los barrios de La Albuera, Nueva Segovia, El Palo, Mirasierra, San José, Comunidad de Ciudad y Tierra, así como parte del barrio de El Salvador. La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, a propuesta del Grupo socialista, ha conseguido el respaldo del Parlamento autonómico para la creación de la “cuarta Zona Básica de Salud” y la inclusión del centro de salud de Nueva Segovia en el II Plan de Infraestructuras sanitarias. El mandato parlamentario existe, se trata pues de una cuestión de voluntad del gobierno autonómico.

La portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Segovia no puede seguir anteponiendo los intereses del Gobierno del PP en la Junta  a los intereses de Nueva Segovia. Y no puede seguir practicando el “cinismo político”. Está bien que ella y su equipo asistan a una manifestación reivindicando a la Junta la mayor premura posible en la construcción del centro de salud que ella prometió a los vecinos del barrio, pero a partir de ahí no se puede decir una cosa y la contraria, como hizo en el último pleno, creando falsas expectativas sobre un servicio tan preciado como es la asistencia sanitaria. Es el momento de estar a la altura de las circunstancias y de anteponer los intereses de los vecinos por encima de los intereses del partido. 




martes, 5 de diciembre de 2017

Constitución: continuidad o reforma



La vigente Constitución es la más longeva del constitucionalismo español y la que más bienestar, estabilidad, prosperidad, derechos y libertades ha proporcionado a los españoles. Desde la Constitución de 1812, ‘la Pepa’, hasta el día de hoy España ha contado con 10 textos constitucionales. Todos terminaron como el rosario de la aurora. Ningún cambio se efectúo siguiendo los preceptos recogidos en la propia constitución, sino de forma convulsa. Los tiempos por suerte han cambiado. En la España del siglo XXI el Estado de Derecho y la soberanía nacional constituyen las piedras angulares del Estado español, como hemos podido comprobar ante el desafío independentista catalán. 

El año 78 de la pasada centuria era muy diferente al momento actual. En el tiempo trascurrido han sucedido importantes acontecimientos: nos hemos integrado en la Unión Europea; internet está presente en nuestras vidas de forma cotidiana; el mundo está globalizado; han aflorado nuevos derechos como consecuencia de  los avances tecnológicos y formas de vida. De ahí la necesidad de evolucionar y adaptar nuestro marco de  convivencia y la organización de las instituciones a los nuevos tiempos. La Constitución del 78 está mayor, pero sigue estando plenamente vigente y la mayoría de sus preceptos forman y deben seguir formando parte de los valores y principios constitucionales que han de presidir nuestra Carta Magna. Nació en un momento de fuerte incertidumbre política en nuestro país. Pronto se manifestaron algún error de diseño y otros sobrevenidos, como consecuencia de la indefinición y ambigüedad con la que se afrontó la regulación de un futuro incierto. 

El modelo territorial ha suscitado los mayores problemas. Las competencias de las comunidades autónomas quedaron abiertas e indeterminadas, al igual que su financiación, lo que ha generado y sigue creando tensiones, algunas muy graves, con el Estado, que se han traducido en una alta conflictividad ante el Tribunal Constitucional y en deslealtades manifiestas, como pone de manifiesto la casuística política de esta época. El Senado se ha manifestado como una cámara de segunda lectura redundante, pero poco o nada representativa de los territorios y que no aporta valor en las relaciones transversales entre comunidades y con el Estado. En este tiempo Europa ha configurado un ordenamiento jurídico propio que no tiene reflejo en la Constitución. Y existen derechos sociales que no están suficientemente blindados, como hemos tenido la oportunidad de comprobar en la última crisis económica. El derecho de acceso a la Corona, discriminando a la mujer frente al hombre, es otro anacronismo no propio de los tiempos que vivimos, aunque hay quienes perciben este mismo problema en la propia institución.

La reforma de la Constitución no es fácil. La actual en su día fue refrendada por el 87,78 por ciento de los españoles. Cualquier reforma constitucional requiere un amplio consenso para su legitimación democrática, y ese nivel de referencia marca un mínimo. Requiere ante todo voluntad de pacto y consenso. Debe responder a un consenso político y social con amplias dosis de diálogo y tolerancia, en el que con carácter previo se haya delimitado el objeto, alcance y contenido. Además de los grandes partidos, en el pacto se necesita el concurso de los principales partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña. De lo contrario el fracaso está garantizado y las tensiones también. La Constitución nacería fuertemente herida. Una situación que se complica si nos atemos a las fuertes divergencias de las posiciones de partida de los grupos políticos presentes en el parlamento en el momento actual: el PP quiere efectuar las adaptaciones imprescindibles; el PSOE apuesta por una reforma federal; Podemos defiende el derecho de autodeterminación; C’S apuesta por recentralizar el poder; PNV, ERC y PDeCAT abogan por posiciones soberanistas. Saquen ustedes las conclusiones oportunas ante estas posiciones de divergencia estructural. 

La dificultad de la reforma constitucional se agrava por el procedimiento excesivamente rígido que contempla la CE del 78. La reforma del contenido de los derechos fundamentales y de la Corona requiere una mayoría de dos tercios de la Cámara, la inmediata disolución de las Cortes, ratificación de la decisión y su posterior sometimiento a referéndum; la reforma del resto del articulado –como la reforma del Tratado de Maastricht (1992) o la reforma exprés del artº. 135(2011)- necesita una mayoría de tres quintos y un referéndum siempre que lo exijan al menos 35 diputados. Podemos ya lo ha anunciado. Difícil empresa tanto la reforma parcial como la reforma integral, al menos con las condiciones de entorno actual. Como alternativa la arquitectura legislativa puede dar respuesta a las necesidades más imperantes reformando  leyes transversales, como la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas o diferentes leyes de bases y orgánicas. La potencialidad de la actual Constitución es mayor de la que piensan muchos de sus detractores. Gracias a sus preceptos han podido crecer y ganar bienestar muchos españoles humildes, equiparando a nuestro país con otros muchos de la OCDE. Y no sólo ha garantizado e impulsado derechos y libertades, sino también la unidad de mercado, clave del progreso social en un mundo globalizado. Un principio al que no podemos renunciar en el futuro, salvo que queramos quebrar la solidaridad y la cohesión social y territorial del Estado español.   




viernes, 1 de diciembre de 2017

El cupo frente a la financiación autonómica



Soy uno de los 292 diputados que votó hace unos días a favor del cupo vasco. Lo hice por responsabilidad política. A nadie se le escapa que España no atraviesa por el mejor momento. El problema catalán ha generado una enorme inestabilidad social, económica y política. Aplazar o denegar la aprobación del cupo en estos momentos nos hubiese llevado a abrir un nuevo frente territorial con el País Vasco y a generar más tensiones políticas en un momento en el que se atisba algo de luz ante cuestión catalana. En estos momentos, la aprobación del cupo para los próximos cinco años  es el  “coste de oportunidad” para evitar otros potenciales problemas mayores. Bien es cierto que algunos, en el sentido más amplio, apuestan por el oportunismo político y hacen de la demagogia una oportunidad para mejorar sus expectativas electorales en las próximas elecciones catalanas. Anteponen de esta manera sus intereses a los del Estado.

El cupo vasco tiene profundas raíces históricas. Desde hace 137 años ha estado vigente en el País Vasco de forma continua, salvo en Guipúzcoa y Vizcaya durante el franquismo, al considerar la Dictadura a estas provincias traidoras a su causa. Este régimen especial de financiación, legitimado por la Constitución en el 78, determina que el País Vasco aportará a las arcas del Estado los ingresos necesarios para compensar los servicios no transferidos. Un privilegio constitucional si tenemos en cuenta la financiación por habitante-ajustado de la que han venido gozando otras comunidades autónomas desde el 78, lo que le lleva a entrar en colisión con el precepto constitucional recogido en el artículo 138.2. El problema no es el concierto en el que se fundamenta el sistema de financiación, sino el cálculo del cupo. Otros regímenes especiales de financiación que conviven con el régimen común, como el de Navarra, Canarias o Ceuta y Melilla presentan también especificidades que convendría solventar en una futura reforma constitucional,  o en un nuevo modelo de financiación autonómica lo antes posible.

El actual modelo de financiación autonómico asigna el 90 por ciento del  fondo presupuestario a cada una de las 14 comunidades autónomas acogidas al régimen común en función de la población de cada comunidad. El otro 10 por ciento se asigna teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y su dispersión en el territorio. Un modelo que no garantiza la equidad e igualdad entre los españoles, y tampoco el principio de suficiencia financiera para hacer frente a las competencias asumidas por cada Estatuto autonómico, así como la graduación de asimetrías para dar consistencia a la solidaridad. Bien es cierto que no existe ni existirá un modelo de financiación autonómico que dé respuesta de forma óptima a los principios que han de presidir el modelo.  En la última Conferencia de Presidentes autonómicos se acordó crear una comisión de expertos para el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómico de régimen común, con el ánimo de ponerlo en funcionamiento en 2018. En dicho encuentro no participaron ni Cataluña ni el País Vasco.

Es el momento de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica que avance hacia  un modelo más equitativo y solidario, a la vez que incida en la corresponsabilidad fiscal, tanto en ingresos como en gastos. Se han de evitar los factores que pueden quebrar la unidad de mercado desde la óptica de la equidad horizontal y vertical, siendo necesario para ello el compromiso multilateral de todos, incluidos las comunidades de régimen especial. Es el momento de fijar las reglas del juego de forma transparente y consistente, y penalizar a quien se las salte. Sólo de esta forma evitaremos lo que nos acaba de ocurrir. Para que este proceso sea consistente se requiere el acuerdo multilateral de las partes, lo que no es nada fácil. Apostar por la armonización fiscal es necesario y sensato, para evitar discriminaciones entre los españoles, pero es más fácil que ésta llegue por la vía del acuerdo europeo que cristalice en el próximo modelo de financiación, lo que no impide que se pueda avanzar en la convergencia.  

No olvidemos que cualquier modelo de financiación no es más que un algoritmo para la asignación de recursos. Su bondad está en relación directa con la cantidad de recursos que reparte y cómo garantiza la solidaridad y equidad en la asignación de recursos, así como su contribución a la redistribución de la renta y estabilidad de la economía, corrigiendo desequilibrios económicos como el paro o los precios. En los próximos presupuestos, en caso de aprobarse, el input a repartir sería del orden de los 200.000 millones de euros ingresos, recuperando el nivel de 2007. Un nuevo modelo de financiación de régimen común va unido inexorablemente a la necesidad de contar con unas nuevas cuentas públicas que generen confianza económica, estabilidad política y fomenten el bienestar. Este paso requiere también coherencia entre lo que se pide y lo que se ofrece, sabiendo que la solución óptima no existe y que la esencia de la política es “parlamentar” para llegar a acuerdos.  Lo demás es palabrería.     


sábado, 25 de noviembre de 2017

Espíritu del municipalismo



No hay nada más sublime en la acción política que el municipalismo, tanto en su proyección institucional como personal. El espíritu del municipalismo es la vocación de servicio público que requiere su ejercicio. Ninguna persona honesta que se precie puede aspirar a formar parte de una corporación municipal si pretende no respetar la Ley o buscar el enriquecimiento. En la acción municipal se dedica mucho tiempo y en muchas ocasiones se pone dinero del propio bolsillo. Existe la creencia por una gran parte de la sociedad de que es al contrario, pero, como han tenido la oportunidad de comprobar los que han pasado de “las musas al teatro”, la realidad es muy diferente. Los que en algún momento de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de formar parte de una corporación municipal, sabemos que la participación en la vida municipal es la mejor forma de conocer la sociología del medio en el que uno habita y comprender los problemas del día a día de sus vecinos.

La gestión municipal no es fácil. En ella confluyen temas que inciden en la vida de los ciudadanos de forma directa de muy distinta naturaleza, y a veces con gran complejidad, con intereses muy subjetivos. Lo cual otorga un carácter muy intenso a la dedicación. De ahí la necesidad de acertar en las grandes líneas de actuación que han de marcar la política municipal. El proyecto del equipo de gobierno cobra en este caso una relevancia especial para avanzar en la mejora de las prestaciones, a la vez que no descuidar la proyección y evolución de futuro. Pero si el papel del equipo de gobierno es fundamental, el de la oposición no es menor. Ésta debe monitorizar y evaluar en todo momento la acción municipal con criterios rigurosos, huyendo en todo momento de la demagogia y las tentaciones populistas. Su contribución en este caso será doble. Por una parte, a incentivar al equipo de gobierno para superarse día a día, y por otra, a dar consistencia a una futura alternativa de gobierno. En cualquier caso, el vecino debe constituir la razón de ser de todas las políticas municipales, bien sean éstas del equipo de gobierno o de la oposición. 

El republicanismo federal, al igual que Proudhon, han defendido la idea de que “el municipalismo es la gestión directa del municipio por parte de sus integrantes”. Y de esta forma conjugan institución y movimiento social. La esencia democrática del municipalismo requiere que sus ediles sean representativos y respondan a la voluntad del “demos”. Otra cuestión es si la gestión la han de ejercitar ellos de forma directa, o bien situarla al frente en cada área de órganos administrativos especializados, dada la complejidad y dificultades que entraña la gestión en los grandes y medianos núcleos urbanos para la búsqueda de la eficiencia y la optimización de recursos, evitando así las tentaciones de sesgo partidista que pueda conllevar la instrumentalización de la gestión para fines electorales. La Corporación deviene así en una especie de consejo que debate las políticas y sus líneas de desarrollo, las vota, efectúa su seguimiento en base a la verificación directa y los informes de los técnicos, reprueba y separa a los técnicos y funcionarios cuando en base a criterios objetivos consideren que su actuación no se ajusta a las directrices marcadas. Este enfoque ya  ha sido objeto de debate en nuestro país y no se trata de una cuestión baladí.

El municipalismo es ante todo servicio público. Y éste se ha de fundamentar en una buena gestión orientada al ciudadano con una exquisita selección, combinación y asignación de recursos, que casi siempre son escasos. Hoy día la gestión municipal presenta mucho ruido. Tiene su origen en las disputas partidistas que en muchas ocasiones pierden el norte, y convierten los ayuntamientos -en especial los más significativos- en un escaparate para persuadir a los vecinos de la superioridad de su oferta política a través de sobreexposiciones o de líneas de acción que no entroncan con las auténticas necesidades de los ciudadanos sobre los que extienden la acción de gobierno. Por otra parte, la representación democrática no siempre conjuga con la necesaria especialización en gestión y cuestiones funcionales de personas que tienen vocación política y pueden llegar a gozar de alto reconocimiento, pero carecen de la preparación necesaria para desempeñar puestos de gestión específicos asociados a la concejalía que dirigen. Y mucho menos se debe pretender hacer de la representación municipal una profesión para buscarse el sustento personal y prolongarla, empezando a convivir así con los problemas del día a día sin darse cuenta. En este caso los árboles es posible que no dejen ver la perspectiva del monte. La limitación de mandatos puede ser una buena medida para promover la rotación y dinamización de los ayuntamientos. Desde mi punto de vista superar tres mandatos de cuatro años puede ser pernicioso, no sólo para la institución sino también para quien con toda ilusión dedica casi las 24 horas del día a tan noble función.

El modelo de municipalismo español requiere de un debate profundo y un amplio consenso para prestigiarlo y mejorar sus resultados. El debate sobre la reforma constitucional debiera llevar asociado el debate de las grandes cuestiones de Estado, y una de ellas es el municipalismo. Los tiempos han cambiado y las necesidades también. Los intereses de los ciudadanos han de estar en centro de cualquier programa reformista.