sábado, 22 de julio de 2017

La cuestión catalana

Cataluña preocupa y ocupa a la mayor parte de los catalanes y españoles. Es el principal problema político del Estado y factor desestabilizador a futuro -de no solucionarse- de la sociedad y la economía española. En la cuestión catalana no cabe el desafío a las instituciones, la frivolidad, ni el electoralismo; y si el respeto a la Ley, el pacto y la negociación con pleno respeto a los derechos y libertades que reconoce la Constitución española. La evolución de los hechos está llevando estos días a que se haya creado una enorme inquietud en la sociedad, ante la deriva autoritaria y desafiante del Govern hacia el Estado de Derecho. Una situación que recuerda, salvando las distancias, a las tensiones que se produjeron en Cataluña con el desafío independentista durante el primer quinquenio de los años 30 del siglo anterior. 

Una reciente encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de Cataluña pone de manifiesto que un 49,4 por ciento de catalanes rechaza la independencia de Cataluña y un 41,1 por ciento lo avala. Se ha ampliado el margen a favor de los no independentistas, pero es una realidad que el problema y la tensión social existen. Los números cantan. La situación tiene profundas raíces que se remontan a principios del siglo anterior, y que han repuntado a raíz de la Gran Recesión de 2008. Son los recortes del Govern en materia sanitaria y educativa, a raíz de  la crisis con el presidente Màs al frente, los que despertaron la ira de los ciudadanos y trabajadores con grandes manifestaciones de protesta en la calle. Esa situación se tradujo en un sentimiento antiespañolista, ante la sensación alimentada por el propio president, de que el Estado escatimaba y restaba recursos a Cataluña. Una deriva que se ha acentuado ante la posición de firmeza e intransigencia de los gobiernos de Rajoy. De las tensiones nacionalistas se ha pasado al planteamiento secesionista, como consecuencia de la coyuntura política de Cataluña y el papel determinante de fuerzas antisistema.

El desafío del reférendun anunciado para el uno de octubre es una gran reto para el Estado del Derecho. El programa de secesión exprés diseñado por el Govern conlleva el incumplimiento de la legalidad democrática y los principios que la inspiran. El referéndum no tiene base jurídica alguna. Su rechazo debe ser contundente por todas aquéllas organizaciones políticas que sustentan su ideario político en valores democráticos. El problema del secesionismo catalán ha derivado hacia un problema de Estado. Hoy, más que nunca, las fuerzas democráticas española tiene que cerrar filas en torno a la defensa de la constitucionalidad, para evitar que el desafío del referéndum pueda quebrar nuestra convivencia y cohesión. Superado ese hito es el momento de buscar soluciones que conformen un nuevo marco político que permita dar respuesta a las tensiones actuales. Un marco que ha de ser negociado y convenido ente el Estado, la Generalitat y las diferentes formaciones políticas, mirando al futuro y respetando la igualdad y cohesión social de todos los españoles.

La hoja de ruta de los independentistas catalanes sólo tiene una meta de llegada: el Estado catalán. Para los independentistas el concepto y la idea de nación están unidos inexorablemente a soberanía. Quieren el referéndum para legitimar su posición soberana y dotar en ese caso a la “nación catalana” de un marco constituyente, lo que les daría el estatus de Estado soberano. Nadie pone en duda que el pueblo catalán, asentado en un territorio histórico, comparte unas costumbres, una lengua y una cultura que les hace partícipes de un sentimiento emocional común, al igual que a otros pueblos de España. Podría definirse como una nación cultural. Una acepción que la Constitución española vigente recogió en el artículo 2 con el término “nacionalidades”. Término que los independentistas no aceptan y que para el resto de las fuerzas democráticas no debiera ser más que una cuestión semántica, ya que el traspaso de la linde lleva inexorablemente a otra concepción política. Una situación muy diferente constituye el caso de Bélgica y Alemania en el que son los estados federales los que conforman una nación, y no al revés.

Los siete millones y medio de catalanes, de los cuales dos tercios viven en el área metropolitana de Barcelona, generan el 18,8 por ciento del PIB de España. Los catalanes por renta per cápita se sitúan en cuarta posición, por detrás del Pais Vasco, Navarra y Madrid. El process está constituyendo una rémora para el desarrollo y bienestar del pueblo catalán. La inestabilidad política de las instituciones catalanas ahuyenta la inversión y las expectativas de mejora y de desarrollo económico y social. La Deuda catalana en el momento actual es tres veces lo que ingresa, lo que no le oferta el aval suficiente para recibir inversión. Sólo con el apoyo del Estado la Generalitat goza de la liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones. La Deuda asciende a 75.000 millones de euros, y el Estado le ha prestado 50.000 millones. La mejora de financiación se ha de plantear en el marco de la futura Ley de Financiación autonómica y con la generación de riqueza. Su proximidad al centro neurálgico de la economía europea, su posición geoestratégica y el desarrollo de las infraestructuras de terrestres y marítimas que en estos momentos se están desarrollando deben convertir a Cataluña en uno de los motores económicos de nuestro país. 

Cataluña es España, y el Gobierno junto con el conjunto de las fuerzas políticas, sociales e institucionales, tienen la obligación, una vez superadas las tensiones secesionistas, de buscar soluciones políticas a los problemas existentes, pero respetando la unidad del Estado, la solidaridad entre los pueblos de España y sus singularidades. Una tarea colectiva que requiere mirar al futuro con altura de miras. 









lunes, 17 de julio de 2017

Lazos comunes para la cooperación



México y España comparten una estrecha relación que encuentra su origen en una historia en común, y hoy es inmensamente sólida gracias sobre todo a la existencia de millones de españoles y mejicanos que, con sus acciones diarias, hacen posible que nuestros países hayan creado una verdadera comunidad transatlántica. Estos lazos humanos y culturales permiten a ambos países ser puentes entre Europa y América en un momento en el que es absolutamente necesario incrementar la cooperación a la luz de los acontecimientos por los que atraviesa la comunidad internacional. Para reforzar ese papel cooperativo en los últimos días se ha celebrado la XV Cumbre Interparlamentaria México-España en la pontevedresa ciudad de Baiona, de la cual he tenido el honor de formar parte. Desde 1975, año en el que reanudaron sus relaciones bilaterales, tras un largo periodo de suspensión en la Dictadura, sus políticas exteriores siempre han buscado puntos de apoyo para resolver sus problemas. La amenaza de Trump hacia su pueblo, la necesidad de impulsar las relaciones económicas con Europa y los problemas de seguridad han marcado la agenda de este encuentro.

La victoria de Donald Trump en EEUU es un motivo de incertidumbre, tanto en materia económica como migratoria. La economía mejicana se caracteriza por su elevada dependencia de EEUU. El 80 por ciento del destino de sus exportaciones van a ese país. De ahí la necesidad imperiosa en estos momentos de diversificar su economía para evitar incertidumbre, mucho más cuando el petróleo está a la baja (pasó de 120 $/barril a 16), y la aportación de sus ingresos a los presupuestos es fundamental. México necesita revitalizar y actualizar el ‘Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación Unión Europea-México’, suscrito en el 95. Porque, frente a los que pueden tener la tentación de buscar el aislamiento económico, lo cierto es que el intercambio de inversiones entre nuestros países ha creado en los últimos 20 años más de cien mil puestos de trabajo directos, que se han concentrado en sectores como la intermediación financiera, los transportes, las comunicaciones, el turismo, la alimentación o la energía. Un intercambio beneficioso para los trabajadores y para el conjunto de la sociedad.


El Parlamento español tendrá que pronunciarse en los próximos meses sobre la actualización del Acuerdo. México forma parte del Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Canada y ellos mismos. El TTIP no ha culminado con Europa por el rechazo de Trump, no así el CETA que se encuentra en estos momentos en proceso de ratificación por los Estados miembros. España lo ha ratificado recientemente, si bien ha contado con el rechazo de Podemos y los reparos del PSOE, tras la elección de Pedro Sánchez como nuevo líder de su partido. Los reparos al CETA pueden trasladarse al Acuerdo con México. Una posición que los parlamentarios mexicanos de todo su arco parlamentario no pueden llegar a entender. En primer lugar, por los fuertes lazos republicanos que unen a ambos países y la fuerte relación fraternal entre España y México en especial en los momentos más difíciles de la historia moderna de España; y, en segundo lugar, porque la actualización refuerza los compromisos con las instituciones democráticas, la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho. Desde el Parlamento debemos apostar por un Acuerdo que proteja los derechos de los trabajadores y el reparto de beneficios equitativo entre el capital y los empleados. En las sucesivas rondas de negociación se ha de apostar por incorporar estos y otros activos. Y huir de las posiciones maximalistas y los calificativos de los acuerdos que llevan a posicionarse e instrumentalizarlos con fines políticos. La “política de salón” no resuelve los problemas de las personas, sólo contribuye a restar credibilidad a la política y los políticos.

España y México mantienen una fuerte relación de confianza. Prueba de ello es el flujo de inversiones que hemos conseguido alcanzar en estos últimos 20 años: 58.000 millones de dólares hemos invertido los españoles en México. España es el segundo inversor exterior en ese país y México el sexto en España. La liberalización en México de mercados como el de la energía o el de las telecomunicaciones en 2012 abren nuevas puertas para la colaboración entre ambos países del que se podrán beneficiar de una prestación eficiente y competitiva, que redundará en mejoras de bienestar para toda la sociedad. La actualización y firma del Acuerdo entre México y Europa puede constituir un importante revulsivo para la creación de empleo y bienestar en ambos países.
 
La seguridad es otro ámbito donde cabe una estrecha colaboración, aprovechando la experiencia española en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. Es una asignatura pendiente para México. Los datos son espeluznantes. En los últimos tres años han aumentado los homicidios, secuestros y extorsiones (20.789 víctimas en 2016). Tienen una tasa de homicidios cercana a 17,3 por ciento por cada 100.000 habitantes. Los secuestros han aumentado en un 7 por ciento. En el origen del problema se encuentra el narcotráfico y la extorsión por la droga. El consumo llega a los 5,7 millones. A pesar de haber declarado la “guerra contra el narcotráfico”, la iniciativa impulsada por el anterior presidente y continuada por el actual no funciona. La corrupción es otro de los cánceres, teniendo su ramificación en el ámbito político. México tiene que resolver estos problemas a corto plazo, de lo contrario tendrá un panorama muy difícil. Y los políticos deben comprometerse aún más con los valores republicanos para hacer que ese gran país en costumbres, cultura y recursos naturales salga de la amenaza a la que está sometido.


La migración es otro de los retos pendientes. México es un país de tránsito hacia EEUU. En la actualidad hay 35 millones de mexicanos en ese país (5,8 indocumentados), cuyas remesas constituyen una de las principales fuentes de riqueza para el Estado mexicano. Trump ha amenazado con la construcción de un muro. Se trata de un mensaje simbólico. De los 3.200 kilómetros de frontera comunes, 1.200 kilómetros están ya delimitados por rejas o vaya, y el resto (840 kilómetros) por accidentes naturales. Aunque Trump quiera no podrá parar la relación comercial entre ambos países. Los parlamentarios mexicanos son conscientes de ello y desprecian al “gringo inculto e indocumentado” que intenta meter miedo a sus paisanos.

México y España han de ir de la mano. México ha sido un pueblo de acogida para los españoles que salieron huyendo a raíz de la guerra civil. Pero nuestras relaciones siempre han sido intensas y fraternales. Es el momento de cooperar y mirar al futuro. La ‘Madre Patria’ tiene que servir de puente del continente americano con Europa. El tacticismo político tiene que quedarse al margen; de lo contrario, cometeremos un gran error.          




sábado, 8 de julio de 2017

Techo de gasto



Como era de prever, a Montoro no se le ha escapado el techo de gasto. Con el apoyo de su Grupo, C´s, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Foro Asturias y UPN –centro y derecha-  ha sacado adelante el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones para el periodo 2018-2020, y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018. Se trata del primer paso para poder aprobar los presupuestos de 2018, y en el peor de los casos prorrogarlos en 2019, con lo cual el PP podría llevar las elecciones a 2020, con la esperanza de una fuerte recuperación económica y mejora de las expectativas de los españoles y del PP. El avezado ministro sabe que teniendo aprobados los presupuestos como herramienta legal y presupuestaria la gestión del día a día está en sus manos.

El techo de gasto, como se conoce el proceso, marca el límite de gasto máximo del Estado de carácter no financiero y los objetivos de déficit público y estabilidad presupuestaria, tanto para el Estado como para el resto de las Administraciones. Unos requisitos que nos establece Europa y con los que se inicia, una vez aprobados, la tramitación del Presupuesto del Estado para 2018. Tras las dos reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que están representadas las comunidades autónomas, se ha sacado una propuesta que cuenta con el apoyo, por supuesto, del Gobierno y las comunidades del PP, Canarias y la abstención de Extremadura, gobernada por el PSOE. Con esta propuesta se blinda el apoyo de Coalición Canaria y Nueva Canaria, a lo que se unirán los diputados del PNV y Ciudadanos.

El ministro de Hacienda ha dado un giro de 180 grados en su política de gastos e ingresos, a la vez que no ha le han dolido prendas en reconocer que le hubiese gustado más su primer planteamiento, pero que no tiene mayoría y se ha visto obligado a negociar. Ante la rebelión de gran parte de las Comunidades Autónomas de signo diferente al color del gobierno en la primera propuesta del ministro al CPFF, Montoro ha mantenido el incremento de casi 1.500 millones de incremento de gasto con respecto a 2017 (1,3 por ciento), y ha rebajado en 1.000 millones el objetivo de déficit público para el conjunto de las comunidades, lo que le reporta el apoyo de Canarias, que es tanto como decir de los diputados de Coalición Canaria y Nueva Canarias -fue quien planteó esta demanda-, y la abstención de Extremadura, aunque no se traduzca en votos en el Congreso, ante la posición maximalista del PSOE y Podemos de votar en cualquier caso en contra de la propuesta del Gobierno popular.

Pero la negociación no ha terminado ahí. A Montoro le ha salido cara la negociación. En una semana se ha dejado 5.400 millones de euros. Además de rebajar el déficit público, ha ‘regalado’ otros 1.200 millones de euros a las comunidades autónomas con cargo a la liquidación del ejercicio 2015, cuando no les era favorable. A eso hay que unir los 2.000 millones de euros que le ha sacado C’s en rebaja fiscal y lo no escrito que va tácitamente recogido en el acuerdo para aprobar los presupuestos de 2017 con el PNV, y que tiene pinta de “acuerdo de legislatura tácito”. Ya que si no se aprueba el presupuesto de 2018, y se da continuidad al de 2019, muchos de los compromisos adquiridos no podrían madurar. Lo mismo ocurre con Coalición Canaria y Nueva Canarias, aunque el voto de este último se siga haciendo de rogar para gloria y gozo de todas las comunidades ante la relajación del cumplimiento del déficit, incluidas las de signo socialista.

Quien se ha llevado el gato al agua ha sido C’s. Exigió y ha conseguido una rebaja de 2.000 millones de euros para apoyar el techo de gasto. Se trata de elevar la exención del límite de tributación del IRPF de 12.000 a 14.000 euros, y de mejorar la deducción por rendimientos de trabajo entre los que ganen 14.000 y 17.500 euros, lo que costará 1.500 millones de euros. Además, se crearán tres impuestos negativos: uno, para los que tengan un hijo con discapacidad; otro, para las familias numerosas de cuatro hijos y otro para familias con un mayor a cargo. Ya se sabe que una cosa es predicar con el relato y otra es dar trigo. Bajar impuestos cuando las pensiones tienen un déficit estructural anual de 20.000 millones euros y las comunidades requieren de más recursos para desarrollar sus políticas sociales, no deja de ser una irresponsabilidad, aunque el Gobierno tenga la firme voluntad de financiarlo con deuda pública, más cuando los objetivos de déficit público fijados por Bruselas se siguen sin cumplir. Pero dejar abandonado el área social que forma parte de las señas de identidad, sólo por conservar el relato y la esencia de lo que decimos ser, cuando te están robando la cartera, también lo es, sino se minimizan los efectos negativos. La izquierda pragmática siempre es más solidaria y responsable que la izquierda romántica. Los errores se pueden terminar pagando muy caros. En política, lo mismo que en otros ámbitos de la vida, hay soluciones factibles pero no óptimas. El óptimo casi nunca llega.



domingo, 2 de julio de 2017

Macronismo



Enmanuel Macron, recientemente elegido presidente de la República francesa, se ha convertido con sólo 40 años en uno de los principales referentes políticos del mundo. El de Amiens no deja indiferente a nadie. Tiene grandes detractores y muchos seguidores que ven en él la principal referencia para regenerar y recuperar la idea de una Europa grande. Se da la circunstancia que Macron fue el ministro de Economía del anterior presidente de Francia, Francois Hollande, que llevó a cabo los recortes y reformas que demonizaron al Partido Socialista Francés (PSF) y al propio Hollande. A pesar de ello, ha ganado las elecciones con casi nueve millones de votos, tanto de centro izquierda como de centro derecha. Para ello contó con su mejor aliada como contrincante, la candidata de la derecha radical, la señora Le Pen. Lo que no resta méritos a este joven político y al que se conoce como su nueva corriente de pensamiento y acción, “el macronismo”.

Macron ha creado su propio movimiento político, ¡En Marche! Ha huido del “partido” como medio instrumental de participación. Con este movimiento ha pretendido salir de los marcos políticos tradicionales y presentarse como una organización transversal, que se contrapone al tradicional dualismo izquierda-derecha. Sustituye la dualidad anterior por la diferenciación entre progresistas y conservadores. Él apuesta por un proyecto progresista que engloba el centro-izquierda, el centro y los socialiberales. Macron fue militante del PSF entre 2006 y 2009. 

En un corto periodo de tiempo, Macron ha ganado las elecciones presidenciales y las legislativas con una amplia mayoría que le va a permitir abordar sin grandes problemas su programa reformista: liberal en lo económico y progresista en lo social. Su discurso económico es reformista e innovador. Apuesta por que Francia siga liderando la innovación y la productividad de su economía. Los franceses son líderes en importantes sectores de actividad económica: aeroespacial, moda, ferrocarril… Su gran dificultad estriba es reducir el proteccionismo y el gran peso del Estado en determinados sectores y medios, como es el caso del medio rural.

En un momento en el que euroescepticismo y el repliegue nacional de los estados europeos hacia regímenes autoritarios -como es el caso de los países del Este- están en auge, el hecho de que Macron sitúe en el centro de su  agenda política a Europa es, sin duda, una manifestación de valentía y de liderazgo. Europa necesita un nuevo liderazgo que renueve el rancio concepto europeo de la Sra. Merkel. Un liderazgo que ilusione y se construya día a día, permitiendo reforzar los derechos y libertades individuales, el progreso social y la cohesión y refuerzo de las clases medias. Y que a su vez de respuesta al problema de desigualdad, al equilibrio de medio ambiente y a la seguridad nacional, en especial a los casos de terrorismo. Macron es posiblemente el único líder europeo, en el momento actual, capaz de asumir estas premisas, asentadas sobre los valores que definen el europeísmo: libertad, democracia, solidaridad y justicia social. Pero necesitará el apoyo y colaboración de otros líderes europeos lo más progresistas y realistas posibles -quedan pocos-, e ir mano a mano con Merkel, a pesar de su muchas limitaciones, consecuencia de su historia y posicionamiento ideológico. Alemania es Alemania, y no se puede prescindir de la locomotora de cabecera para tirar de Europa.     

¿Cómo se puede impulsar Europa y reforzar la zona euro? En una reciente entrevista con diferentes medios de comunicación europeos, Macron enunció la necesidad de impulsar la unión política de los pueblos europeos. Para ello apuesta por recuperar el vínculo perdido con los ciudadanos y protegerlos en una Europa de destino común en el que mejore la cohesión social. A tal fin pretende impulsar una mayor integración de la eurozona, dotándola de un presupuesto y un gobierno. En definitiva, fortalecer la economía y un mejor bienestar social y económico.

Macron es el único líder europeo que quiere convencer y hacer soñar a los europeos. Su receta es denostar a los demagogos, no adular a los votantes y reclamar su inteligencia. Una especie que no abunda en el panorama político europeo, en el que los populismos, los nacionalismos y los políticos oportunistas hacen que los árboles no les dejen ver el bosque. El proyecto contempla otros aspectos que le dan un carácter integral: la protección frente a los desajustes de la globalización; las políticas migratorias y una política común y solidaria de fronteras; la política de seguridad común y defensa para hacer frente al terrorismo; el Brexit y la cooperación entre estados. Un proyecto para Europa que, al menos, enuncia y no se puede desestimar. Puede ser un revulsivo para que Europa pueda recuperar el pulso del crecimiento, la creación de empleo de calidad, la cohesión social y el equilibrio medioambiental. De esperanza también se vive y mucho cuando apenas hay referentes para encontrarla. Confiemos en que Macron no sea un fiasco y Europa recupere los bríos con los que un día llegamos a soñar.