La Diputación y Segovia 21

Como recogía en la última entrada de este cuaderno la semana anterior- se recomienda leerla previamente- en el proyecto de Segovia 21 hay unos claros ganadores, Caja Segovia y sus socios; y unos claros perdedores, los segovianos, muy mal representados por su Diputación, en concreto por su equipo de gobierno

Una primera cuestión que se plantea es quién ha urdido este proceso mercantil. ¿La Diputación, con su presidente al frente; la Cámara de Comercio, o bien los socios posteriores sobrevenidos, Caja Segovia y sus colaterales de Segóbrida del Eresma? Lo cierto es que la gran perjudicada ha sido la Diputación. Ha vendido acciones a una sociedad privada a un precio muy inferior al de su valor real. Teniendo en cuenta que la diferencia de precio por acción se calcula en 251,65 euros y el número de acciones transmitidas es de 24.879, sólo en esta operación el perjuicio podría estimarse en una cifra de 6.260.800 euros.

Esta actuación pone de manifiesto, en el momento de realizarse, la laxitud del órgano de Gobierno de la Diputación. Mucho más si tenemos en cuenta las plusvalías que pueden dejar de percibirse por la gestión y explotación del negocio. Basta analizar el precio estimado en la venta de los chalets y los altos costes de explotación de la gestión urbanística que se abonan a la empresa Fomento Territorial S.A, con la que se ha suscrito un contrato, según se nos informa de 6 millones de euros más un 3,5 por ciento de todas las transacciones que se realicen en la venta de bienes inmuebles. Un gasto excesivo que bien podría evitar la institución provincial. Hay que recordar que tiene mayoría en la sociedad.

En este caso, se ha dado un destino privado a bienes inmuebles de una administración pública, con un evidente ánimo de lucro en beneficio de entidades privadas y con un grave perjuicio para el patrimonio de la Diputación Provincial, como consecuencia de la venta, sin licitación pública, de una parte de su participación en Segovia 21 a un precio sustancialmente inferior al valor real de las acciones de esta sociedad.

El valor real de las acciones se corresponde con un capital real desembolsado en metálico de 2.517.100 euros, ingresos derivados de la venta de edificabilidad por valor de 28 millones de euros, deducidos los gastos de urbanización, y un valor estimado de patrimonio inmobiliario social de 58 millones de euros, teniendo en cuenta el precio de venta de la edificabilidad. En consecuencia, el valor patrimonial estimado de la sociedad ascendería a la cantidad de 88.517.100 euros. Esta cifra podría sufrir alguna variación en atención a los gastos corrientes o de gestión que se hayan producido y los ingresos que haya obtenido la sociedad desde su constitución, los cuales no se conocen en estos momentos. El valor contable estimado de las acciones, teniendo en cuenta la situación patrimonial de la sociedad, se sitúa en torno a los 208 euros por acción. Y su valor real asciende atendiendo a su valor de mercado a 457,15 euros.

Con posterioridad a la venta del 42 por ciento de la edificabilidad y a la urbanización de los terrenos, la Diputación Provincial ha puesto a la venta 24.879 acciones, a razón de 205,5 euros por acción. Estas acciones han sido adquiridas, en virtud del derecho de adquisición preferente, por Caja Segovia (22.530) y por la Cámara de Comercio (2.349). Posteriormente, Caja Segovia ha transmitido 30.984 acciones, por un importe total de 6.367.000 euros (205,5 euros por acción), a Segóbrida del Eresma, S.A.

No se puede valorar, con la documentación conocida, la vinculación previa de la empresa Segóbrida del Eresma, S.A. con este proyecto, pero genera muchas dudas.

El proyecto no se legitima por si sólo en el reiterado mensaje de que genera riqueza para Segovia. Porque, si bien esta afirmación podría llegar a ser cierta, la actuación de la Diputación quiebra diversos principios constitucionales, como son el de eficiencia y transparencia, así como publicidad en la gestión de lo público. Asimismo, resulta al menos dudosa la descatalogación por fases de un monte de utilidad pública como el de Quintapesares.

La Diputación debe actuar con luz y taquígrafos para que los segovianos conozcan de forma clara, sencilla y precisa la gestión actual y sus antecedentes en la explotación de la sociedad Segovia 21. Y ello requiere que en el Pleno y en la comisión correspondiente se debata e informe de forma precisa, y no con el oscurantismo que preside su gestión actual, para que los segovianos conozcan cómo se gestionan sus recursos.

Caja Segovia y Segovia 21

Durante estos últimos días la prensa nacional se ha hecho eco de las relaciones existentes entre Fomento Territorial, empresa encargada de gestionar el proyecto de Segovia 21, y a cuyo frente se sitúa el empresario Elías Benatar, y las empresas consultoras del exdiputado del PP por Segovia, Jesús Merino. Éstas últimas recibieron 1,2 millones de euros más IVA entre 2004 y 2007 -fechas en las que Merino era diputado por Segovia-, por parte del citado empresario en concepto de actuaciones para llevar empresas a Castilla-La Mancha, según ha informado el diario Público. La información ha sido desvelada por un informe de al Agencia Tributaria incorporado al sumario del caso Gürtel. En él se destaca el vínculo existente entre Segovia 21 y la empresa Fomento Territorial.

Se da la circunstancia de que Segovia 21 es un proyecto urbanístico que nace en el año 2002 liderado por el actual presidente de Caja Segovia, en aquel momento presidente de la Diputación Provincial de Segovia, D. Atilano Soto. La sociedad Segovia 21 fue constituida por la Diputación provincial -87 por ciento de las acciones- y la Cámara de Comercio de Segovia -13 por ciento-. Una semana después de constituirse, la Cámara vendió a Caja Segovia el 10 por ciento de las acciones. Con posterioridad se han producido dos ampliaciones de capital. La Diputación aportó por la suscripción de sus acciones un total de de 1.038.496 m2 de terrenos de la Finca de Quintapesares, a un valor medio de 16,22 €/m2. Caja Segovia dispone del 11,7 por ciento de las acciones -22.794- a un valor nominal de 100 euros cada acción.

El papel de Caja Segovia está siendo determinante en este proyecto. No sólo por su participación en el capital social de Segovia 21, sino también por contar con parte de la propiedad de la sociedad Segróbida del Eresma, S.A, constituida en Burgos con fecha 14 de diciembre de 2005, que compró el 42 por ciento de la edificabilidad de los terrenos de la Finca de Quintapesares por 42 millones de euros. En Segóbrida tienen parte, además de Caja Segovia, Caja Círculo y otros inversores privados –Acinas, Toledano, Rivilla…-.

El valor patrimonial estimado de Segovia 21 puede estimarse en torno a los 88,5 millones de euros. Las plusvalías de Segovia 21 provienen exclusivamente de los terrenos, de la edificabilidad del suelo, porque la sociedad no tiene hasta el momento ninguna otra actividad. Tras la descatalogación por fases de la finca como Monte de Utilidad Pública, la edificabilidad total es valorada en 100 M€; por lo tanto, la sociedad Segovia 21 multiplica sus activos por cinco mediante unas gestiones administrativas que podrían haber hecho las dos instituciones públicas que participan en el proyecto. De esta manera, Caja Segovia y la Cámara de Comercio se han encontrado con unos beneficios extraordinarios.

La venta de 24.879 acciones de Segovia 21 por parte de la Diputación Provincial a Caja Segovia, para su posterior transmisión a Segóbrida del Eresma, S.A., por un precio de 205,5 €, ha sido un buen negocio para Caja Segovia. Las acciones de Segovia 21 tenían un valor contable (457,15 €).

En 2003, Fomento Territorial recibió el encargo de gestionar el proyecto de Segovia 21, que culminará previsiblemente el año que viene con la entrega de 400 viviendas y chalets, un hotel de lujo, un campo de golf de 18 hoyos y un centro de negocios, entre otros. Los chalets se venden a un precio superior a 850.000 euros, y ya ha comenzado su comercialización.

Sin duda, un bonito proyecto de negocio en el que las cartas parecen haber estado marcadas de antemano. Dónde hay unos claros ganadores, Caja Segovia y sus socios; y unos claros perdedores, los segovianos, muy mal representados por su Diputación, en concreto por su equipo de Gobierno. Pero a eso le dedicaremos un apartado especial en otra entrada de este blog.

¡Viva lo mío!

En estos días nos encontramos en el punto álgido de la denostada por unos, y deseada por otros, reforma laboral. Una reforma que al final, ante la falta de acuerdo de empresarios y trabajadores, como hubiese sido deseable, el Gobierno determinará por decreto, asumiendo la responsabilidad que le corresponde.

Una vez conocido el borrador de las medidas, éste no gusta a nadie, como era de esperar. “Es un churro”, así lo ha definido el líder narcisista de CiU, Sr. Durán i Lleida; para el presidente de la CEOE es insuficiente; y para las organizaciones sindicales constituye una agresión a los derechos de los trabajadores. El PP aún no se ha pronunciado, pero no tengan la menor duda que lo hará cargando contra Zapatero y desprestigiando al Gobierno.

La reforma laboral conlleva medidas orientadas a una mejora sustantiva del mercado laboral. La primera, a formalizar un contrato único y fijo para quien acceda al empleo, con una indemnización por despido en función del tiempo trabajado de 33 días por año; la segunda, a acercar la negociación colectiva a las empresas para que puedan cumplir con las exigencias laborales. El fomento del empleo juvenil y la ruptura de la dualidad del mercado de trabajo, entre fijos y temporales, es otro de los objetivos de esta reforma.

El Gobierno mantiene una posición firme. Hubiese sido mejor un acuerdo entre las partes, pero, llegado a este punto, lo importante es decidir. Ahora se requiere el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios para su tramitación en el parlamento. En este trámite vamos a asistir, una vez más, a la “demonización” del Gobierno y su presidente. El PP negará “el agua y el pan” al PSOE para dejar libre el camino de cara a las próximas elecciones generales, y, para ello, buscará algún pretexto sobre algunas de las medidas; y CiU ya lo ha hecho. Han anunciado que van de salvadores de no saben muy bien quién, pero en clave de elecciones catalanas y no en lo que necesita el Estado español.

En este contexto las organizaciones sindicales ya han anunciado la convocatoria de una huelga general contra el Gobierno, que, o mucho me equivoco, o seguirá el mismo cauce de la huelga de funcionarios.

Hoy más que nunca se impone el ‘¡viva lo mío!’ Menos mal que España tiene la suerte de contar con un Gobierno serio y responsable que defiende los intereses de España y los españoles, a pesar de ser vituperados y vilipendiados por ello día a día. Así nos va a la clase política, aunque paguen justos por pecadores. Verlo para creerlo.

Síndrome madrileño

A muchos segovianos nos obnubila todo lo que huele a Madrid. Nos gusta comprar allí, aunque compremos más caro y peor; cuando tenemos que buscar trabajo, si lo encontramos en Madrid, es como si lo tuviésemos en Segovia; y, en general, nos gusta sentirnos madrileños; nos parece un plus. Algo de este síndrome madrileño parece estar en el proceso de integración de Caja Segovia.

El síndrome madrileño permite explicar por qué, una vez iniciado el proceso con Grupo Banca Cívica, la cúpula directiva de Caja Segovia hizo guiños a Caja Madrid, mostrando muy poco interés por las ofertas del grupo liderado por Caja Navarra. Una única propuesta de por Banca Cívica ha servido para agotar y deslegitimar la negociación. Ni ofertas, ni contraofertas, ¡para qué! Para este viaje no se necesitaban alforjas. Hubiese sido más fácil desde el principio rechazar la propuesta de la Junta y del Banco de España sobre la posibilidad de integrase en Banca Cívica. Al menos, más leal. Todo indica que no ha habido voluntad de negociación. ¿Por ambas partes? No se puede afirmar, pero es evidente que Caja Segovia, y Caja Ávila, estaban flirteando con Caja Madrid, mientras deshojaban la margarita. Al final se han echado en sus brazos a cambio de promesas. Y una cosa es prometer y otra dar trigo.

Lo que nos preocupa a los que tenemos nuestros ahorros en Caja Segovia es garantizar la disponibilidad de nuestro dinero y su rentabilidad. Su calidad del servicio y su red comercial da un plus añadido, mucho mayor en la medida que realicemos con la entidad operaciones de crédito, pero esto queda en un segundo lugar en momentos de dificultad.

La decisión de integrarse en el grupo liderado por Caja Madrid no es fácil. Como factor positivo está la amplia red de cajeros y oficinas del grupo para quienes se mueven entre Madrid y Segovia. Sin embargo, gran parte de los intereses comerciales de Caja Segovia se solapan con los de Caja Madrid. En Madrid, Caja Segovia dispone de 22 oficinas, que se integrarían en el nuevo grupo, perdiendo gran parte de su fortaleza actual y su seña de identidad.

Caja Madrid tiene unos activos muy superiores a Caja Segovia –30 veces más-. Lo mismo ocurre en recursos propios. Pero esto ocurre con todas las cajas que forman el SIP liderado por Caja Madrid, que apenas llegan a tener un peso del 16 por ciento de ésta. Caja Madrid tendrá fortaleza suficiente para imponer siempre su criterio. Esto no se producía en Banca Cívica, dónde las cajas minoritarias tenían un peso equivalente a la caja líder.

Otro problema controvertido es el laboral. Cualquier proceso de fusión, aunque sea fría como es el caso, se orienta a la reducción de costes y a la generación de economías de escala. Madrid cuenta con un gran número de sucursales de las distintas cajas a integrar, lo que se traducirá en la supresión de gran parte de esas oficinas y en el ajuste de puestos de trabajo.

La Obra Social de Caja Segovia ha sido uno de sus principales baluartes. Con el proceso de integración, sus dotaciones se verán reducidas en los próximos años; pero, en el caso de integración en Caja Madrid, la incertidumbre es mayor. Todo parece indicar que tanto Caja Madrid como la Caixa, si se sigue las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional -FMI-, que ya presidiera el Sr. Rato, acabarán constituyéndose en dos grandes bancos. De ahí, que el futuro de sus obras sociales sea incierto.

Caja Madrid no atraviesa por sus mejores momentos. Hace unos días anunció que acudirá al Fondo de Regulación de Ordenación Bancaria –FROB- , lo que contrasta con la consistencia y solvencia de Caja Navarra. A veces no es oro todo lo que reluce.

Tanto el Consejo de Administración como la Asamblea de Caja Segovia se tendrán que pronunciar en este mes sobre su futuro. No se pueden reproducir los errores pasados. Los consejeros y miembros de la asamblea tienen la obligación de decidir consistentemente, para lo cual han de evaluar la información disponible y sospesar los pros y contras de las diferentes opciones. No se puede tampoco olvidar el tejido financiero y sus efectos a largo plazo de la comunidad política a la que pertenecemos. Hay que decidir mirando al futuro, pero sobre todo a los intereses de los segovianos y de los castellanos y leoneses, al margen de otros intereses espurios. Estoy seguro que así será.