sábado, 15 de diciembre de 2018

El tsunami andaluz


Cuando ya han transcurrido dos semanas de la celebración de las elecciones en Andalucía la onda de choque del tsunami andaluz sigue haciendo estragos. Vox continúa estando presente en las conversaciones de los bares, en la programación de las televisiones y en la agenda de los partidos políticos. También en el Parlamento, como pudimos comprobar en la última sesión de control del Gobierno. Todo indica que esas elecciones van a marcar con intensidad la futura agenda política, e incluso pueden llegar a establecer un antes y un después, no sólo en Andalucía sino en el resto del país. El problema territorial sigue y seguirá estando en el epicentro político. Los partidos independentistas y, en especial, el ínclito Quim Torra, aprovechando la confusión  de la entrada en escena de la extrema derecha, han exacerbado su radicalidad, poniendo de manifiesto de forma clara sus contradicciones ante un panorama político que se volatiliza de un día para otro.

El voto andaluz no ha respondido a una causa concreta, sino a un conjunto de factores cuya interacción integral ha producido un importante vuelco en las expectativas y el mapa electoral. El incremento de un cinco por ciento en la abstención obedece al hastío y desconfianza de una gran parte de la población hacía la política y los políticos, lo que hace previsible que este fenómeno se reproduzca en los próximos procesos electorales y cambie la fidelidad en el voto. La fatiga de la marca de gobierno después de 36 años tiene también su peso. El 34 por ciento de los que no han votado al PSOE así lo manifiestan. La inmigración y el freno al independentismo explican en gran parte el crecimiento de Vox y Cs a expensas de los votos procedentes del PP y de la abstención, ante lo que ellos consideran inacción del PP en estos temas en sus años de gobierno. El debate se ha desarrollado en clave nacional, tomando como ejes el problema catalán y la falta de empleo. El mensaje populista de ambos partidos sobre estas dos cuestiones les ha situado en una clara superioridad de cara a un determinado tipo de electorado que busca un voto de castigo sin profundizar mucho o nada en los temas de fondo. A ello se une el planteamiento antagónico en estos temas que mantienen los partidos que hicieron posible el acceso del PSOE al Gobierno. Sólo por esa razón se explica que Podemos haya perdido el 33 por ciento de sus votos con respecto a las últimas elecciones celebradas. Lo cierto es que un alto porcentaje de andaluces no ha ido a votar y muchos de los que han votado lo han hecho en clave nacional. Andalucía ha votado al margen de las propuestas para dar respuesta a sus retos de futuro. Así lo han puesto de manifiesto las encuestas postelectorales y algún programa de televisión con trabajo de campo.

La sociología andaluza no es muy diferente al posicionamiento geopolítico en otras partes del mundo. Hoy la relación ciudadanos-políticos se mueve en un nuevo paradigma. Lo hemos podido comprobar en estas últimas elecciones en Andalucía, pero también con carácter previo en la elección de Trump, en el resultado del Brexit o en los últimos resultados de las elecciones italianas. La racionalidad ha perdido peso en detrimento de lo emocional. Los ciudadanos votan más con las tripas y el corazón que con la cabeza. No se prima adecuadamente el voto de quien presenta un programa más consistente para dar respuesta a los problemas de la comunidad; ni se premia con el voto a quienes se considera más preparados o son más seductores. Se vota, en muchos casos, con un componente reactivo propio de una relación amor-odio. Hay quien vota para castigar a quien gobierna y la propensión al voto se orienta cada vez por estas lindes que por cuestiones ideológicas. Los medios de comunicación social cada vez son menos influyentes, al igual que las instituciones. Y lo curioso es que este comportamiento se reproduce con independencia del estatus social o situación económica. Un factor que se ha de considerar de cara a futuros procesos electorales.

Las elecciones andaluces han enturbiado aún más de lo que lo estaba la política española. La  incertidumbre sobre el futuro político se ha incrementado. En la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para analizar la situación de Cataluña y el Brexit se puso de manifiesto que todos los grupos políticos se han puesto en clave electoral. Se ha iniciado una campaña que puede ser muy larga. Todos piden elecciones pero nadie las quiere. Y los presupuestos de 2019, que son la herramienta que puede dar respuesta a los problemas más acuciantes del país, y cuya puesta en escena con la presentación del techo y senda de gasto por segunda vez en este año en el último pleno de año, dan la sensación de que sólo es una cuestión que le preocupa al Gobierno. El tsunami andaluz ha revuelto las aguas, y lejos de contribuir a proyectar confianza y bienestar para el desarrollo de la agenda política, ha introducido más incertidumbre y tacticismo político, que para muchos servirá de justificación para apoyar a los que se han incorporado a la política, porque consideran que es un cáncer social. Un bucle que puede ir en aumento.


viernes, 7 de diciembre de 2018

40 años de Constitución


La Constitución española del 78 (CE-78) se ha convertido en la más valorada y en la segunda constitución más longeva de la historia de España contemporánea, después de la constitución de 1876 que estuvo vigente 47 años hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Nuestra Constitución vigente es fruto de un pacto social entre españoles después de 40 años de dictadura y representa una historia de éxito tanto social, como político y económico. Gracias a ella hemos recuperado los valores democráticos, el carácter social del Estado y el pluralismo político. Se ha generado riqueza como nunca y se ha producido un reparto más equitativo de la renta. Se ha modernizado el país. La España de hoy es, por fortuna, muy diferente a la de finales de los 70 de la pasada centuria, aunque para verlo se necesita perspectiva y luces. Una obra de cuyos arquitectos hemos de sentirnos orgullosos. Los Padres de la Constitución, junto con Alfonso Guerra y Abril Martorell, fueron los auténticos artífices de este proceso de éxito. Durante estos últimos días he tenido la posibilidad de intercambiar impresiones con todos los que permanecen vivos -Roca Junyent, Herrero de Miñón, Pérez Llorca o Alfonso Guerra— sobre lo que ha supuesto la Constitución del 78 y la problemática de la España actual. Su talante y visión dan una idea de por qué fue posible el pacto y la modernización del país en estos 40 años. Su cultura política se basaba en el diálogo y el consenso, factores que hemos de recuperar para abordar los problemas que afectan hoy especialmente a los españoles. Lo que el Rey Felipe VI, en el acto de celebración del 40 aniversario en el Congreso, refirió cómo recuperar el “espíritu de los españoles”.




La CE-78 ha superado muy bien todos los envites políticos durante este tiempo. Ha dado respuesta adecuadamente a la salida de la crisis de los setenta, a las huelgas generales de los ochenta, al bipartidismo renovado en diferentes elecciones democráticas hasta la década del 2010, y en las dos últimas legislaturas al multipartidismo. Ha propiciado con éxito la aparición y extensión de nuevos derechos, como la sanidad y educación universal, pensiones no retributivas, la dependencia o el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. El derecho al divorcio, incorporación progresiva de la mujer al mundo laboral e institucional en igualdad de derechos y las reivindicaciones de otros colectivos que se encontraban en la marginación. Basta recorrer estos días la exposición del Museo Reina Sofía sobre la Constitución, para advertir que muchos de los derechos y reclamaciones que se recogían en la prensa y en las pancartas de diferentes grupos políticos de la Transición hoy son una realidad. Pero, además, en estos últimos cuatro años hemos asistido a la prueba de fuego. Se produjo la abdicación del Rey en 2014 y la designación de su sucesor. Hemos asistido a dos mociones de censura, una de ellas con éxito, propiciando la sustitución del presidente del Gobierno. Y nos ha permitido hacer frente a la mayor crisis económica y social que haya sufrido occidente. Desde el punto de vista económico basta analizar algunos indicadores para constatar que la CE-78 ha dado respuesta con éxito a la mejora del bienestar de los españoles. Desde el 78 hasta hoy la riqueza nacional se ha multiplicado por 17, la desviación de la renta entre ciudadanos ha disminuido y la tasa de actividad de la mujer se ha duplicado. El modelo territorial ha sido el que más se ha resentido. Las competencias de las Comunidades Autónomas quedaron abiertas e indeterminadas, al igual que su financiación, lo que ha generado y sigue creando tensiones muy graves con el Estado, que se han traducido en una alta conflictividad ante el Tribunal Constitucional y en deslealtades manifiestas. El Senado se ha revelado como una cámara de segunda lectura redundante, pero poco o nada representativa de los territorios y que no aporta valor en las relaciones transversales entre comunidades y Estado.

Durante estos últimos días se han celebrado diversos foros de celebración del 40 aniversario de la Constitución. La gran pregunta que se ha formulado en casi todos ellos es si su articulado sigue estando vigente para afrontar los retos que afectan al pueblo español. Y la respuesta es que sí. Bien es cierto que durante estos años se han producido una gran transformación tecnológica que ha incidido de forma muy intensa en los hábitos de vida y en la acción económica global; han aparecido instituciones nuevas en la vida de los españoles, como la Unión Europea, o la pertenencia a nuevas instituciones internacionales; nuevos derechos y prestaciones; y ha desaparecido un elemento tan arraigado en la conciencia colectiva de los españoles como nuestra moneda, “la peseta”. La Constitución con el paso de los años va perdiendo sus bríos, ante las continuas transformaciones y cambios sociales, y no le vendría mal una cura de actualización para evitar su interpretación en algunos preceptos, pero en lo fundamental cumple su cometido. Otra cuestión es si se dan las condiciones para actualizar o cambiar la Constitución y bajo qué premisas. 


El proceso de reforma constitucional es muy complejo. Me atrevo a decir que casi imposible si no hay un amplio consenso que supere los dos tercios de los parlamentarios y cuente con un amplio respaldo de la ciudadanía. Reformar la CE-78 requiere un amplio consenso que no existe hoy por hoy. Y además se precisa de un proyecto sólido tanto en la parte dispositiva, organizativa y de control que dé respuesta a los grandes retos del presente y del futuro. La Constitución ha de tener vocación de permanencia en el tiempo. La CE-78 es la primera del constitucionalismo español que no pertenece a un bloque ideológico con carácter exclusivo, de ahí que contara con el 87 por ciento de apoyo de los españoles. Y lo que nunca debe responder es a una minoría mayoritaria o a la obsesión de un partido por dar una redacción concreta a un determinado título por razones instrumentales. Estaríamos ante un fracaso garantizado, a pesar de que los extremos tanto de derechas como de izquierdas y el independentismo pongan el máximo empeño en ello.


domingo, 2 de diciembre de 2018

La plataforma de Carmena


La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya ha iniciado su campaña electoral para renovar la Alcaldía. Hace unos días, a través de Facebook, presentó desde su cocina la plataforma electoral ‘Más Madrid’, con la que tiene intención de presentarse y preservar en su puesto de concejal a sus amigos de confianza, los que le han acompañado en este tiempo al frente de la gestión del Ayuntamiento.  De esta forma, evade los criterios de selección que pudiera imponer Podemos. La plataforma no es más que un “chiringuito de poder” para eludir el control y evaluación que pueda efectuar el partido sobre el grupo municipal, tanto en proceso de selección como en la gestión, si llegasen a gobernar. Una forma de eliminar los contrapesos y otorgarse asimismo un poder absoluto en caso de ganar. Una práctica, por cierto, muy extendida en los países centroamericanos, mediante la cual se está erosionando la democracia representativa y fomentando los caudillismos y la corrupción.

La bondad de la “democracia representativa” es la concreción y diferenciación de papeles sin solapamiento entre las instituciones y los partidos. Los partidos contribuyen a la participación y a la formación de la voluntad popular mediante la presentación de listas a los diferentes procesos electorales, siguiendo las pautas democráticas que recoge el marco constitucional. Una vez elegidos los concejales, la institución y el equipo de Gobierno municipal tiene autonomía e independencia para aplicar sus políticas y desplegar su gestión. El partido puede evaluar y controlar la gestión de su grupo municipal con el ánimo e intención de sugerir la corrección de sus actuaciones, si advirtiesen deficiencias, pero nunca con carácter imperativo. Los contrapesos son siempre necesarios en las instituciones para evitar desviaciones de poder y corregir desequilibrios. De ahí la importancia de la oposición, con o sin mayoría absoluta de Gobierno, y de los partidos evaluando la gestión y la labor de oposición de sus grupos en el ámbito interno, pero respetando siempre la independencia del grupo municipal y el equipo de Gobierno.

Carmena busca un nuevo estatus eliminando cualquier tipo evaluación y control. Quiere tener un poder omnímodo no sólo en el Ayuntamiento, sino evitar la “mosca cojonera” que puede representar la crítica y evaluación continua de su gestión y la de su equipo municipal por el partido. Bien es cierto que, en algunas ocasiones, en la acción política el partido no entiende su papel y quiere asumir una labor directa en la gestión. Craso error que se acaba pagando. Pero hay otros muchos alcaldes, como Carmena, que nunca entienden el importante papel que puede efectuar el partido para evaluar e informar su gestión. Una vez que alcanzan la Alcaldía se creen dioses y sólo se deben a su vocación ególatra y a la pandilla de aduladores, a los que intentan perpetuar como sea porque, ante todo, les hacen la vida más cómoda. Una cuestión que va asociada estrechamente al talante democrático y a su propia visión y proyecto de Gobierno.

Carmena también nos ha sorprendido con su entrevista al diario ‘El País’. En ella hace gala de la  más pura ortodoxia populista con un amplio abanico de contradicciones e incoherencias. Se refiere a la política y a los políticos en tercera persona. No sé ve como política, lo que no la impide afirmar que “los discursos de los políticos son infantiles”. Para defender la integración en su candidatura de su actual equipo dice que “prefiere a las personas que estén en la vida civil, no tanto en los aparatos del partido”, lo que resulta difícil de entender analizando el currículum de cada uno de ellos. Llama también la atención que, habiendo presentado y patrimonializado la plataforma, al mismo tiempo afirma, “me he alejado de la creación de la plataforma”, no sin antes recordar que “la idea es hacer una plataforma lo más amplia posible”, en la que los participantes aportarán entre dos o cuatro euros. Y todo ello con una premisa previa, si no gana las elecciones no estará en la oposición. Sorprendente. En especial para los que por una cuestión de dignidad personal y política, pero también de respeto a sus vecinos, la hayan votado o no, quien pierde las elecciones se queda dando la cara y defendiendo el proyecto e ideales por los que se presentó. Yo, que soy político, así lo hice cuando perdí unas elecciones municipales por apenas 30 votos.  

En definitiva, malos tiempos para la consistencia democrática y, por ende, para la representación de los ciudadanos y la gestión de sus intereses. Hace unos días el decano de los parlamentarios guatemaltecos nos comentaba que la aparición de las plataformas políticas en su país para aupar a diferentes políticos al poder ha terminado con la democracia representativa y la defensa del interés general. “Cada uno va a lo suyo y ésta es la causa del deterioro político y social de mi país. Ahora vale todo. Echamos de menos la articulación de la participación y de la acción política a través de partidos fuertes y con trabajo en equipo”, decía. Evitemos que pase esto en nuestro país. 

 


jueves, 29 de noviembre de 2018

Gibraltar frente al Brexit


El Brexit ha reabierto entre los españoles el histórico debate sobre Gibraltar y nuestra rivalidad con los ingleses, que se remonta por este motivo a la firma del Tratado de Utrecht en 1713. En esta ocasión el artículo 184 del acuerdo de retirada de la UE de Reino Unido ha sido el motivo de la discordia. Los españoles se han dividido casi en partes iguales entre los que piensan que no se ha defendido adecuadamente la posición de España respecto al Peñón, permitiendo que las relaciones futuras de la UE con el Reino Unido incluyan automáticamente Gibraltar, como ha manifestado el presidente del PP; o quienes piensan que las declaraciones políticas sobre la colonia que acompañan al acuerdo proporcionan a España una posición de preponderancia en las relaciones futuras sobre Gibaltrar, lo que en palabras del presidente del Gobierno se traduce en: “Con el Brexit perdemos todos, especialmente Reino Unido, pero en relación con Gibraltar, España gana”.

El españolismo ha salido a flote estos días entre los ciudadanos. Unos u otros se han posicionado en función de sus simpatías políticas al margen del análisis de fondo. La actual oposición al Gobierno ha asumido el papel de auténticos patriotas del que siempre han hecho gala y lo han considerado como patrimonio propio. El Gobierno ha tratado esta cuestión con sentido de Estado. Ante la amenaza de un texto ambiguo amagó con un veto al acuerdo general del Brexit, y ganó. Sin alharacas, ni mensajes emocionales y de polarización, ha conseguido negociando que se incluyan declaraciones escritas de la Comisión y del Consejo respaldando la postura de España, a la vez que Reino Unido desvincule el artículo 184 de cualquier negociación sobre Gibraltar. Ante esta cuestión de Estado los principales partidos políticos han mantenido de cara a la galería una posición de lealtad institucional, lo que no ha impedido utilizarlo como arma arrojadiza de unos contra otros a lo que han contribuido los medios afines.

Lo que no cabe duda es que una vez superado el periodo transitorio del Brexit, a partir de enero de 2021, si la salida del Reino Unido de la UE se materializa, España en sus relaciones con los británicos actuará con la palanca que le proporcionan el resto de los 26 miembros restantes de la Unión en la defensa de sus intereses frente a ellos. Se suma, además, “el derecho de veto español sobre cualquier ventaja futura sobre Gibraltar”, que recoge el texto de la declaración institucional. Cualquier acuerdo futuro con el Reino Unido que afecte a Gibraltar requerirá el visto bueno de España. Será en el futuro y no ahora cuando deberá plantearse la cosoberanía. En este momento no se dan las condiciones. Por eso contrasta mucho que quien no movió ni una coma para defender los intereses de España en el anterior Gobierno, ahora se convierta en adalid de esta causa.

Varios medios del Reino Unido han recogido información contradictoria al respecto. Unos destacan que Theresa May ha hecho concesiones a España inasumibles, y la propia primera ministra lo ha desmentido. La posición británica es de enorme dificultad. Se ha metido en un buen problema. La frivolidad política les ha llevado a un callejón sin salida. Pensaban que la ruptura con la UE sería rápida y que los 27 se dividirían, y ha sucedido todo lo contrario. Prometieron que acabarían sus aportaciones netas, y pagarán 60.000 millones de euros... Su nuevo estatus es humillante e insultante para los británicos. Y me temo que la situación comercial y económica irá a peor. La primera ministra tiene bastante con defenderse y no meterse en más problemas. Para ella, como para muchos británicos, Gibraltar es un mal menor. El Gobierno español lo sabe y lo ha aprovechado. El resto de los españoles, al menos las partidos representativos, debiéramos mantener una posición de Estado. La causa lo merece.




viernes, 23 de noviembre de 2018

El día después


La turbulencia política ha regresado con fuerza en los últimos días al Parlamento español. El desafortunado whatsapp del portavoz del PP en el Senado sobre sus intenciones en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial -carta de presentación de cómo algunos entienden la política-, la mala educación, el vacío político y las continuas bufonadas del diputado Rufián -devalúa día a día a la política y a todos los políticos-, y el tirón de orejas de la Comisión europea, la OCDE y el FMI al Gobierno con respecto al proyecto de presupuestos para 2019 han contribuido a ello. Ante esta situación vuelve a la agenda política con fuerza la posible disolución de las Cortes y el fantasma asociado al “día después” de celebración de los comicios. Todos los sondeos pronostican, desde la actual perspectiva, que ningún bloque homogéneo de derechas, ni de izquierdas, ni nacionalista alcanzará la mayoría suficiente para poder gobernar. La inestabilidad y el desprestigio de la política están servidos, lo que abona el panorama para nuevas épocas de incertidumbre y radicalización social.

Desde hace tiempo y con mucha intensidad, ignorando el contexto político, Cs viene reclamando nuevas elecciones. Lo mismo ha hecho el PP desde la elección de su nuevo líder y a esta línea se están incorporando con fuerza en los últimos días los radicales independentistas del PDeCat, y también, aunque de una forma tímida, con un sí pero no, Podemos. Todos ellos juegan de cara a la galería ante la opinión pública en este nuevo concepto de persuasión mediática que invade cualquier acción política. Lo importante no es situar y buscar en la agenda política los temas prioritarios para los ciudadanos del Estado, sino persuadir a los electores, de cara a una posible e inmediata campaña electoral, de su superioridad política. Trabajan públicamente en esa línea, pero en el ámbito privado ponen de manifiesto su preocupación por que el presidente del Gobierno pueda tener en algún momento la veleidad de disolver, lo que no les exime de su petición pública y reiterada de que convoque elecciones ya. Les hay quienes además juegan en el campo del odio, como es el caso de algunos independentistas catalanes. Lo cierto es que todos son conscientes del abismo que puede conllevar la nueva situación, sólo compensado en algún caso por la ganancia de algunos escaños para algún partido. No se puede descartar un prolongado periodo, como el que vivimos en 2016, en el que todos los grupos políticos se bloqueen mutuamente para alcanzar la investidura del presidente del Gobierno, o la repetición de elecciones. 

El presidente del Gobierno ha manifestado estos días su disposición a disolver las cámaras ante el escenario político existente. Bien es cierto que con poca convicción y con la esperanza de que algunos reconsideren sus posiciones. Algo imposible, visto lo visto. Ante esta situación sólo quedan dos opciones, o convocar o cerrar la cuadratura del círculo con un acuerdo transversal. La convocatoria pasa por hacerla en lo que se ha denominado el “superdomingo” de mayo o en el otoño del 2019, todo ello sobre la base de que un presupuesto para 2019 es inviable y no procede la prórroga del actual para 2020. La convocatoria en el primer trimestre de 2019 se ve interferida por la negociación de la investidura y formación de Gobierno en la Comunidad andaluza, lo que lo podría dilatar el proceso a la espera de los resultados de las generales, generando una gran incertidumbre en la mayor Comunidad Autónoma del Estado. El “superdomingo” no está exento de problemas. Diluiría y supeditaría la valoración de la acción de Gobierno de muchos ayuntamientos y ejecutivos autonómicos a la elección nacional, generando un efecto arrastre, lo que no es del agrado de un amplio espectro de ediles y responsables autonómicos de diferentes colores políticos. Otoño puede ser la solución menos mala; y es, sin duda, la que más riesgos conlleva para el Gobierno.

En cualquier caso, “el día después” estará ahí. Un infierno con las bases culturales con la que hoy una gran parte de los partidos y ciudadanía concibe los pactos de acción de gobierno. En un encuentro institucional con la presidenta del Parlamento de Finlandia, esta última semana, nos recordaba cómo en su país llevan 42 años con pactos de gobierno sin alterar la base doctrinal sobre la que se asienta la ideología de los diferentes partidos representativos, pero eso sí cediendo y buscando el punto de equilibrio después de cada proceso electoral para dar respuesta a los problemas de país. La serie danesa ‘Borgen’ es un buen ejemplo representativo de la forma de entender y operar en política las democracias representativas nórdicas. La centralidad democrática debe presidir en el futuro la forma de hacer y entender la política, de lo contrario su riesgo de radicalización es muy alto. Los extremos pueden crecer y deteriorar el papel y prestigio de las instituciones que tanto han contribuido en estos últimos 40 años al bienestar de los españoles. Si no cambiamos el paradigma de actuación los grandes castigados serán los ciudadanos y en especial los más humildes. Evitemos el infierno del “día después” y empecemos a construir futuro aprendiendo de los errores del pasado.