miércoles, 17 de octubre de 2018

¡Ojo con Italia!


El Gobierno de coalición populista de Italia ha declarado la guerra económica a Bruselas. Sus planes presupuestarios para el próximo año van en contra de las normas presupuestarias que  establece la eurozona. Desde el inicio de la confrontación los efectos negativos se han hecho notar: la prima de riesgo se ha doblado y la bolsa ha caído con fuerza. Como consecuencia, en Italia hoy se invierte menos, el empleo se resiente y los capitales huyen. Los costes de financiación se han disparado al nivel más alto en cuatro años. Lo que haga Italia no le es indiferente a España ni al resto de países de la zona euro. Su actitud puede producir enormes tensiones en el euro y con ello elevar la prima de riesgo, que refleja mejor que cualquier otro indicador la situación de inestabilidad política y social de los países. Así, que ¡ojo con Italia!

Hay que tener en cuenta que estas tensiones se han producido comprando deuda pública italiana el Banco Central europeo (BCE), medida puesta en marcha por su presidente, el italiano Mario Draghi, de la que tanto se han podido beneficiar países como Italia y España. De lo contrario, la prima de riesgo sería aún mayor, como pudimos comprobar en la crisis de 2010 a 2012. En España la prima de riesgo también ha subido pero se encuentra en 118 puntos básicos (pb) -al escribir este artículo-, frente a los 311,20 pb de la italiana. España, en 2019, tendrá que emitir 220 mil millones de euros de deuda pública. Si la prima de riesgo alcanzase el nivel de Italia tendríamos que pagar 3.000 millones más de intereses de la deuda. En su momento, Rajoy siguió el mismo camino que los italianos y en un acto de “patriotismo” recordó a los integrantes de la Comisión, a la salida de una cumbre, que España era un país soberano y el déficit le marcaba el Gobierno de España. Los efectos no se hicieron esperar. Los intereses de las nuevas emisiones de bonos subieron al 7 por ciento, y en menos de un mes estábamos pidiendo un rescate por valor de 100.000 millones de euros. La historia conviene recordarla, sobre todo porque nos enseña y nos puede evitar cometer errores.

El líder de la Liga de extrema derecha, Matteo Salvini, parece más preocupado por consolidar una posición política ante las próximas elecciones europeas que por dar respuesta a los problemas de su país. Está dispuesto a anteponer sus intereses políticos a los económicos, y con ello poner en riesgo a todos los 19 países que formamos parte del club del euro. Ha llegado a decir, en un tono desafiante hacia los mercados financieros, que “la prima de riesgo de Italia no superará los 400 pb”. Está plenamente convencido de que prestatarios italianos estarían dispuestos a comprar la deuda italiana si no lo hicieran los inversores extranjeros. Este concepto autárquico es incompatible con la situación actual de la deuda italiana, la mayor deuda en relación al PIB de Europa. La ignorancia es libre. De seguir las cosas así - Italia se encuentra a sólo un paso del bono basura- los capitales huirán. Los italianos tendrán problemas para pagar a los pensionistas y funcionarios -¿les suena? ¿Les recuerda la modificación del 135?-, y el Gobierno de Italia con su vicepresidente al frente, el Sr. Salvini, tendrá que agachar las orejas y pedir un rescate. Pero, ante esta situación, es altamente probable que el euro esté roto y el efecto contagio se extienda a la zona euro y afecte entre otros países a España.

La crisis italiana será una enorme oportunidad para los que están esperando a echar la culpa de todo lo malo que pueda pasar en este país al nuevo Gobierno y sueñan con unas elecciones inmediatas que embarren aún más el escenario político. De la misma forma que en los estertores de la “Gran Depresión internacional de 2008”, el problema para la derecha española era del malvado Zapatero, y lo que estaba empezando a ocurrir en España en esos años no ocurría en el resto del mundo para ellos, ahora tienen un posible escenario para echar la culpa, si eso sucede, al malvado Sánchez. ¡Ojalá no tengamos la oportunidad de comprobarlo, por el bien de España! Si Italia se acaba despeñando, el resto de los países de la zona euro tendremos que actuar y adaptar nuestra política presupuestaria a la nueva coyuntura. Lo que pinta bien para dinamizar la economía y generar bienestar a través de una expansión del gasto y un mayor dinamismo económico puede convertirse en un lastre si por factores externos se quiebra el ciclo de crecimiento. Y para nosotros una gripe de los italianos puede tener unos efectos muy negativos, aunque el contagio sea buscado por la locura nacionalista y xenófoba.



viernes, 12 de octubre de 2018

La España vacía


Los últimos datos publicados por el INE sobre la evolución demográfica y su proyección a futuro son patéticos. España perderá en los próximos 15 años 150.000 habitantes, y Segovia 10.000, el 6,5 por ciento de su población. Un problema que se manifestó en la década de los sesenta de la pasada centuria y que prosigue en año 18 del presente siglo, sin que se haya articulado hasta el momento una propuesta sólida que de respuesta al problema de una forma integral. El resultado es que amplias zonas de España se están quedando vacías. El 90 por ciento de los españoles viven en el litoral mediterráneo y Madrid, mientras que el otro 10 por ciento lo hace en el 70 por ciento del territorio restante, que se corresponde con los territorios de las dos Castillas, Asturias, Aragón, Cantabria, Galicia, Rioja y Extremadura.

La ministra de Política Territorial y Función Pública ha anunciado la voluntad del Gobierno para presentar antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas una ‘Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico’, tal y como acordó la conferencia de presidentes celebrada en el Senado el pasado enero de 2017. Una estrategia que llega tarde. Debiera haberse iniciado en los 70 u 80 del pasado siglo, pero al final llega. La cuestión es acertar en el diagnóstico y aplicar la terapia adecuada, que en todo caso no tiene un tratamiento milagroso y requerirá de mucho tiempo y buen hacer. Es imprescindible que este plan tenga un carácter integral y cuente con la participación e implicación en su diseño y planes de actuación, no sólo el Gobierno del Estado, sino también las diferentes Comunidades Autónomas, entidades locales, gobiernos provinciales y organizaciones económicas y sociales. Se trata de una cuestión de Estado, como he defendido en el Parlamento y en diferentes foros y artículos. El principal problema del país a medio y largo plazo. ¿O acaso no es preocupante que de los 8.100 municipios, 6.600 se estén quedando vacíos con una densidad media que no llega a los 14 hab/km2? La necesidad de un Pacto de Estado es evidente. Se trata de conservar nuestro medio ambiente, el legado y las costumbres de siglos de siglos, y los valores y sentimientos de muchas generaciones de españoles ligadas al medio natural dónde nacieron y vivieron.

El debate político se está centrando en el nuevo modelo de financiación autonómica. Una población dispersa y envejecida requiere de una asignación per-cápita mayor para garantizar la prestación de servicios públicos -sanidad, educación, transporte, servicios asistenciales...- en condiciones de igualdad con respecto a la población que vive en las áreas urbanas y periurbanas, pero dicha situación es una manifestación del problema. Es preciso ir más allá, como he tenido la ocasión de comentar a la nueva ministra y trasladé a diferentes ministros del PP en pasadas legislaturas en preguntas orales en pleno. La primera premisa para abordar el problema es que la economía crezca en términos reales, e incluso me atrevo a decir que por encima del dos por ciento, para generar riqueza y redistribuirla, aplicando los excedentes en esas zonas prioritarias. A ello hay que sumar tres acciones complementarias a la ya descrita: asimetría fiscal; planes indicativos mediante diferentes iniciativas empresariales, centradas especialmente en el sector industrial en los cada uno de los territorios deprimidos, una vez catalogada y jerarquizada la prioridad del esfuerzo y el desarrollo de la actuación; y la reordenación y adaptación de los servicios públicos a la realidad existente.

Para incentivar la inversión -con la consiguiente creación de empleo- y reducir el éxodo de población en las zonas deprimidas es preciso una política fiscal asimétrica. Esta actuación permitiría establecer un tratamiento fiscal diferenciado para aquellas empresas y ciudadanos que sufren -también en el bolsillo- el efecto de las falta de medios e infraestructuras. Los costes operativos de una empresa y de un ciudadano no son los mismos si vive en una zona con servicios que si habita en una población sin ellos. La ausencia de mercado en determinadas zonas aconseja actuar selectivamente mediante el establecimiento de “polos de desarrollo comarcales”, que les dote de infraestructuras e impulse la localización de empresas industriales, sin necesidad de desarrollar un polígono industrial en cada pueblo carente de futuro en la mayoría de los casos. Y, por último, el redimensionamiento y adaptación de los servicios públicos a la nueva realidad social y territorial. Eso que la Junta de Castilla y León enunció, pero ha sido incapaz de ejecutar.  

La despoblación erosiona la cohesión social y quiebra la equidad de los ciudadanos en función de su lugar de residencia. A su vez genera efectos colaterales negativos en el medio ambiente y en el desarrollo y mantenimiento patrimonial tanto de los bienes tangibles como intangibles; a la vez que la sobrepoblación de determinadas zonas conlleva sobreexplotación de los recursos, deterioro de la calidad ambiental y del nivel de bienestar físico y social. En el equilibrio está la virtud. Por eso es más urgente que nunca ponerse “manos a la obra”, pero de verdad. Una empresa que es de todos y en la que las diputaciones han de tener un papel primordial en cada una de las provincias en las que se desarrolle el programa.


sábado, 6 de octubre de 2018

Cataluña, una vez más


El vicario de Puigdemont nos ha vuelto a deleitar esta última semana con una de las suyas. El pasado 1 de octubre, en el primer aniversario de aquel nefasto día en el que el Gobierno de la Generalitat hizo pública su locura ante el resto del mundo con su referéndum fallido, animó a los Comités de Defensa de la  República a seguir apretando. O, lo que es lo mismo, a proseguir con los actos de rebelión y vandalismo ciudadano. Unas horas más tarde, los mismos a los que animaba a profundizar en la subversión a la salida del Parlamento catalán le abucheaban y le increpaban. El presidente de la Generalitat, ante este escenario, no encontró mejor defensa que amenazar al Gobierno de España con retirarle el apoyo parlamentario si no convocaba un referéndum de autodeterminación en el plazo de un mes.    

Cataluña, una vez más, vuelve a estar en el centro del huracán. Algunos pensamos y constatamos cómo algunos dirigentes independentistas catalanes están enfermos. Su obsesión les lleva a una paranoia, y nos preguntamos si una gran parte de la sociedad catalana ha perdido el “seny” del que siempre hicieron gala, y que hoy más que nunca demuestran que no son capaces de encontrarlo. Lo que ha quedado claro es que el Gobierno de la Generalitat no sabe ni dónde está ni a dónde quiere ir. Están perdidos. ERC ha puesto pie en pared y el enfrentamiento con sus socios de Gobierno de Junts per Sí es ya abierto. ERC ha dejado claro esta semana que no se va a salir de la legalidad y está pidiendo a voces un acuerdo con el Gobierno de España. De hecho, esta última semana, con la suspensión del pleno del Parlament catalán, les ha ganado el pulso a los pupilos del de Waterloo. Pero en el Congreso sus diputados apuestan claramente por la distensión y búsqueda de acuerdos con el Gobierno. Como también lo están al menos cuatro de los ocho integrantes del PDeCAT. No así la embajadora parlamentaria designada por Puigdemont en el Congreso y a la vez portavoz testimonial de su grupo, y a la que, todo sea dicho, la política en mayúsculas la viene grande. Sin duda es la mejor representación de la burguesía catalana en su versión pija.  

Si ya es grave que Cataluña en el último año y medio haya perdido su confianza ante los inversores, como revela la caída progresiva del crecimiento del PIB, que lo sitúa a la cola de las diferentes Comunidades Autónomas, y la pérdida de depósitos de ahorro por valor de 30.000 millones de euros, no deja de ser menos grave la falta de respeto del propio presidente de la Generalitat hacía la institución que dirige y hacia los intereses del propio pueblo catalán. Los catalanes acabarán penalizando esta actitud y los independentistas seguirán el mismo camino que sus correligionarios de Quebec en Canadá. Es una cuestión de no mucho tiempo. Su división interna será aún mayor con la sentencia que recaiga sobre los que en el momento actual están en la cárcel y el descrédito de los exiliados, y su insolidaridad sobre los anteriores. Por suerte para los catalanes la globalización económica ha impedido que su economía se caiga drásticamente, pero acabará empeorando; y en ese momento, cuando la calle note sus perversos efectos, el independentismo se disolverá como un azucarillo en agua.

Para catalizar el proceso anterior sería conveniente una acción conjunta y consistente de los partidos constitucionalistas. No está ocurriendo así. Sorprende comprobar cómo la única petición del PP y Cs es la puesta en marcha del 155 y la convocatoria de elecciones. Como muy bien les ha recordado la ministra portavoz del Gobierno, no se han dado las circunstancias para su aplicación hasta el momento. En ningún momento ha existido un desacato formal de la Constitución. Pero si existiese, el Gobierno ha dejado claro que no dudará en aplicar las medidas constitucionales a su alcance, como es el artículo reseñado de la Constitución. El PP siempre lo ha tenido claro: su posicionamiento político en Cataluña siempre ha buscado una inversión electoral en el resto de España. Unos días antes de celebrarse las elecciones de Cataluña de 2015 le pregunté a un alto dirigente del Gobierno del PP que a qué se debía la apatía de su partido ante ese proceso electoral, y su respuesta me dejó atónito. Me contestó que “sólo les interesaba lo importante”, o sea las generales para conseguir el Gobierno de España, por si no ha quedado claro. De aquellos polvos vienen estos lodos. Cs va por el mismo camino. Cataluña les encumbró y les situó como alternativa de Gobierno en un determinado momento, y Cataluña les puede quitar gran parte de su aceptación popular si no rectifican. La instrumentalización de la bandera española en la tribuna del Parlament esta última semana resultó patética. Una vez más se piensa más en términos de partido que de interés general, y está visto que todo vale. Podemos está fuera de juego, y la verdad es que, sin querer, gana. Al menos no reclaman la celebración del referéndum esperpéntico como hacían antaño. Maduran poco a poco.

Felipe González nos ha recordado estos días que no cree en el diálogo en Cataluña porque los independentistas están en otra cosa. Y muchos podemos estar de acuerdo con él, pero el Gobierno tiene la obligación de tender la mano para buscar una salida en el marco constitucional, y es lo que está haciendo. Como estamos viendo la respuesta del independentismo catalán es la división, muy lejos de la acción conjunta y cohesionada de todos ellos frente al Gobierno en la etapa anterior. La acción gubernamental sería  mucho más eficaz si PP, Podemos, Cs y el PSOE estuvieran todos ellos de la mano, incluso para aplicar el 155 si en su caso fuese necesario por causas tasadas objetivas y de común acuerdo. Estamos a tiempo. Los españoles lo agradecerían. 



sábado, 29 de septiembre de 2018

Reglas del Juego

Tuve la posibilidad de asistir, no hace mucho tiempo, a una jornada sobre “Tecnología Informática” organizada por el Centro Segoviano en Madrid. En una de sus sesiones la conversación de dos personas fue grabada, sin que lo supieran, mediante el acceso remoto al teléfono de uno  ellos, que hacía las veces de receptor. ¿Se imaginan ustedes que en algún momento  de su vida puedan ser grabados sin su consentimiento? Me imagino que no. La realidad es muy distinta. Lo estamos viendo estos días con las escuchas a la ministra de Justicia en 2009, cuando era una fiscal,  y otras manifestaciones políticas de las últimas jornadas. Se están quebrando día a día las “reglas del juego democrático".  En el mundo de la política hay actores encubiertos que atacan a la democracia y apuestan por la extorsión,  despreciando los  derechos y libertades de los españoles para poner en jaque al Estado. 
El escenario político se ha convertido en un campo de batalla en el que todo vale. La agenda política en muchos casos se mueve al margen de los auténticos intereses de los españoles. La cuestión es erosionar al contrario como sea. Prueba de ello han sido los palos en la rueda que los grupos minoritarios conservadores están poniendo en la Mesa del Congreso para bloquear el presupuesto del Estado. Bajo el paraguas de “invocación de la legalidad” se instrumentaliza ésta para la búsqueda de sus intereses espurios, al margen de la mayoría absoluta de la cámara. Quienes hace apenas cuatro meses invocaban el interés de España para su acción de gobierno, hoy no tienen ningún problema en apostar por el “cuanto peor mejor”. Sólo basta recordar aquella famosa frase del anterior ministro de Hacienda cuando estaba en la oposición, cuando dijo: “que se hunda España, que ya llegaremos nosotros para levantarla”. Hemos vuelto a lo mismo. Está claro que lo único que les interesa es el poder. Y para eso no dudan en romper las reglas de juego democrático. 
La extorsión al Estado cuenta estos días con la contribución de una nueva publicación digital que se ha convertido en portavoz de uno de los mayores representantes de las cloacas de nuestro país. Es una vuelta al pasado. Se trata de deslegitimar al Gobierno para acabar con esta nueva etapa. Ya en su día un infausto espía del CESID -hoy CNI- se alió en su acción delictiva con políticos de derechas, de la izquierda radical, algún empresario de moda que después penó su “buen hacer” durante un largo tiempo en la cárcel, y los periodistas del denominado “Sindicato del Crimen. El objetivo era echar a Felipe González como fuese, como después reconoció el que fuera en aquel momento director de ABC. Ahora todo indica que el planteamiento es similar. La nueva web cuenta con el concurso de periodistas cuya trayectoria es significativa de como entieneden y  practican el periodismo. Pronto podremos identificar, por sus hechos, su alineación política y su contribución a la causa común que justifica su nacimiento apenas hace unos días. Una iniciativa similar se reprodujo en Segovia en 2006 bajo el impulso de un exdiputado popular -hoy investigado- y algunos empresarios amigos que pululaban en torno a él en la búsqueda del favor. Por suerte para los segovianos este proyecto fracasó rápidamente por su inconsistencia y perversión.
España no puede estar a merced de la extorsión de presuntos delincuentes. “La agenda política no la puede marcar un corrupto”, como ha dicho el presidente del Gobierno. No puede imperar un estilo de hacer política al margen de lo que necesita el país en una sociedad abierta y democrática como es la española. Las diferentes formaciones políticas representativas de nuestro país no pueden alinearse de forma tácita, gobierne quien gobierne, con quienes sin ningún prejuicio chantajean al Estado. De la misma manera que la política no consiste en obstaculizar la acción de gobierno a quien ejerce el poder, gobierne quien gobierne. No se puede tener un sentido patrimonial del poder y del Estado. Y menos identificarse con el estilo más rancio de practicar la política que durante años han venido ejerciendo quienes fueron desalojados del gobierno por una mayoría parlamentaria. Esta distorsión la aprecian los ciudadanos y las encuestas ponen de manifiesto su adhesión al respeto de las “reglas del juego”. En caso de persistir la adhesión será mayor, como podremos apreciar en unos futuros comicios.


viernes, 21 de septiembre de 2018

Aforamiento


Soy uno de los 250.000 aforados que hay en España. He manifestado siempre mis opiniones y llevado a cabo las actuaciones que he considerado oportunas en el ejercicio de mi acción política sin problema alguno. Y si les digo la verdad, sólo una vez he sentido y padecido sus efectos en el ámbito político. En una ocasión una diputada de otro partido entendió que mi pronunciamiento sobre su actividad afectaba a su honorabilidad presentando una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que se inhibió en favor del Supremo, al no ser competente, archivando la denuncia. De esta forma se impedía que una querella particular menoscabase las funciones que me otorga la Constitución en mi calidad de diputado. Este es el objeto del aforamiento, proteger a determinados cargos públicos y funcionarios frente a actuaciones que pueden erosionar sus derechos en el ejercicio de su actividad pública. Tengo la certeza absoluta de que en el caso relatado el resultado por la vía de la jurisdicción ordinaria hubiese sido el mismo: el archivo de la demanda.

El debate que se ha desarrollado estos días en el Congreso y el anuncio del presidente del Gobierno de una reforma constitucional para suprimir los aforamientos a los responsables políticos ha situado este tema en la primera línea de la agenda política. La propuesta del presidente del Gobierno apuesta por mantener el aforamiento tal y como está recogido ahora en la Constitución española y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para los jueces, fiscales, presidentes y consejeros del Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como Familia Real; y se mantiene para los políticos sólo en el caso de los delitos cometidos “en el ejercicio estricto de su cargo”. Por estos delitos sólo podrán ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo. El debate gira en torno al número de aforados y la pertinencia de la institución como tal.

Del total de aforados, 232.000 son guardias civiles, policías nacionales y autonómicos. Para suprimir los aforamientos establecidos por la Constitución se requiere la modificación de la Carta Magna, mientras que para los recogidos en la LOPJ bastaría con una norma de rango equivalente, al igual que los recogidos en los estatutos de autonomía, que debiera ser promovido por una modificación del mismo en el ámbito correspondiente. La cuestión es si se pueden suprimir los aforamientos. La respuesta es sí. Hay países como EEUU, Alemania y Reino Unido que no tienen esta figura y desarrollan las funciones encomendadas por el marco jurídico sin ningún problema. En nuestro país, y en otros como Francia, se establece un tratamiento jurídico diferenciado. La Constitución y los propios estatutos contemplan una situación subjetiva singular para los aforados al objeto de proteger su autonomía e independencia a través de un órgano jurisdiccional  que enjuicie su responsabilidad criminal, al entender que refuerza y garantiza el desarrollo de su función encomendada bajo el paraguas del aforamiento. El legislador, tanto constitucional como estatutario, perfectamente podría conferir otra orientación y prescindir de esta figura.

En ningún caso, como viene afirmando alguna formación política, el aforamiento es un “privilegio” y supone un trato de favor, como lo viene apreciando una gran parte de la sociedad española. Tiene a su vez la parte negativa. El aforado carece de la posibilidad de que su sentencia penal sea revisada por una instancia distinta. Esto supone una limitación al derecho de revisión. Lo que sí es el aforamiento es una “prerrogativa” que busca el equilibrio entre poderes frente a los posibles desequilibrios de la “acusación popular”. La eliminación del aforamiento en nuestro ordenamiento jurídico requiere la adaptación de esta figura procesal penal para garantizar el equilibrio referido.

La supresión del aforamiento bajo el amparo de la norma constitucional -artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución- requiere una reforma constitucional que exige una mayoría de tres quintos en el  Congreso de los Diputados. Podemos ya ha anunciado que cualquier reforma constitucional ha de pasar por el veredicto de las urnas, se requiera o no referéndum formalmente. La experiencia de la reforma constitucional del artículo 135 -aquélla que nos impuso Europa para seguir financiándonos-, y de la misma naturaleza jurídica de la que se está debatiendo, ha demostrado que cualquier precipitación es mala. Si algo ha puesto de manifiesto el debate del Congreso sobre el aforamiento es que hay un amplio consenso para su supresión o adaptación en el ámbito estatal, salvo en lo que se refiere a la Corona que existen posiciones divergentes e incluso en algunos casos marca líneas rojas. Sería necesario un amplio consenso que pasa por confeccionar un proceso sólido que permita recabar los informes de expertos, estudiar el alcance de sus consecuencias y constituir una ponencia que permita llevar a buen puerto la iniciativa legislativa en un tiempo prudencial, siempre que no se apueste por una reforma más amplia de la Constitución en la cual se subsumiría esta iniciativa. Por una u otra vía, el número de aforados debiera reducirse a la mínima expresión y adaptar la institución a una sociedad más abierta y transparente, en pleno equilibrio con la figura de la “acusación popular”.