Pinchar la burbuja (inmobiliaria)

La burbuja inmobiliaria fue la causa de la destrucción de empleo y de los recortes que sufrimos durante la crisis, cuyas consecuencias se siguen manifestando en el momento actual. “El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”, y vamos camino de ello. Todo indica que ha reaparecido la burbuja inmobiliaria y crece por momentos a un ritmo desenfrenado, ante la pasividad del Gobierno y las instituciones con responsabilidad en materia de vivienda. Los precios de los alquileres se han disparado una media del 8 por ciento en lo que va de año, y un 18 por ciento en los últimos doce meses. Casi seis de cada diez desahucios el año pasado fueron consecuencia del impago del alquiler. Durante este año el ritmo de crecimiento durante los próximos meses continuará, quedándose fuera del mercado quienes tienen menores ingresos, en especial los jóvenes y las víctimas de la reforma laboral. Según el INE, la adquisición de vivienda se encareció en 2017 un 6,2 por ciento con tendencia al alza en todas las Comunidades Autónomas, pero se echa en falta un registro oficial que proporcione seguridad y consistencia a la información inmobiliaria, al margen de los grandes promotores o portales inmobiliarios, que siempre actúan de parte y gestionan las expectativas en función de sus intereses. 

Hoy, el alquiler se come en España el 40 por ciento de los ingresos disponibles del 37 por ciento de los españoles. El problema es mucho mayor en los hogares más pobres que afrontan un coste de vivienda con menor margen en su renta disponible. El derecho a la vivienda para estas familias se convierte en una utopía o una pesadilla. La sobrecarga del coste de la vivienda les impide llevar una vida digna, obligándoles a reducir costes hasta límites impensables o sobreexplotar su capacidad de trabajo cuando pueden. Como contraste cabe señalar que España destina apenas el 0,03 por ciento del PIB a políticas de vivienda. Estamos a la cola. Sólo Chile y Malta dedican un porcentaje tan pequeño.

La semana pasada comparecía en el Congreso el Ministro de Fomento para presentar el Plan de Vivienda 2018-2021. Con poca convicción y mucho interés mediático -como nos tiene acostumbrados en este tipo de comparecencias que utiliza como plataforma electoralista- anunció un anteproyecto de Ley para garantizar la seguridad jurídica de los planes de ordenación y urbanismo, algo necesario y urgente que llega tarde; y la asignación de 1.400 millones de euros del Plan orientados a reforzar el mercado de alquiler y la rehabilitación, fomento del alquiler y las ayudas a personas y colectivos en dificultades, así como la mejora de la eficiencia energética. La mayor parte de ellas van orientadas por la vía de la “demanda”, aunque también una pequeña asignación por la vía de la “oferta”. En cualquier caso, sin buscar respuesta a los problemas estructurales, no sea que se le vuelvan en contra. Poca convicción tiene este ministro para salirse del perfil mediático.

Los salarios precarios dejan fuera del mercado inmobiliario a los desfavorecidos, más cuando el crecimiento viene inducido por un oferta reducida y la concentración del patrimonio inmobiliario, sobre todo en las grandes ciudades, en fondos de inversión que compran masivamente viviendas públicas y privadas, incluidas viviendas protegidas, para después incrementar los alquileres. Especulan con el derecho a la vivienda. Para atajar el problema es necesario “pinchar la burbuja”. Poner en marcha medidas estructurales que eviten volver a las andadas. Todo indica que la realidad está al margen de las actuaciones el Gobierno, del debate parlamentario y del posicionamiento de las Administraciones autonómicas y locales. Los especuladores y la banca van a lo suyo, y los ciudadanos sin recursos están sufriendo las consecuencias.

Para pinchar la burbuja se ha de actuar con medidas que incidan tanto en la oferta como en la demanda de alquileres y viviendas. La adquisición de vivienda y el alquiler están estrechamente ligados entre sí. Desde la oferta todas aquellas medidas que se orienten a garantizar el suelo disponible, como la anunciada por el ministro de Fomento, son bienvenidas, ya que garantiza la seguridad jurídica, aumenta la oferta de suelo y en principio evita la especulación. Se ha de desarrollar la Ley del Suelo de 2007 para que la tasación del suelo se corresponda con la naturaleza de lo que es, y no de lo que puede ser. De esta manera se trabaja con expectativas ciertas y se evita alimentar la especulación futura y la espiral inflacionista en la vivienda. En el alquiler de la vivienda hay que aumentar la oferta. Para ello es fundamental garantizar la seguridad jurídica del arrendatario y ampliar el parque de vivienda en alquiler. Se debería cambiar la ley para que las viviendas de protección oficial (VPP) y las viviendas de precio tasado (VPT) se puedan alquilar y con prioridad hacia las rentas más bajas.

Desde el punto de vista de la demanda, el BCE debe vigilar a los bancos para que sean prudentes en las concesiones de créditos y limitarlo al 80 por ciento de la tasación para evitar que la burbuja crezca. Hay que tener en cuenta que los tipos están próximos a cero en el momento actual y que la vivienda siempre es un refugio a bajos intereses más atractivo que el bono, lo que empuja hacia arriba los precios y el crecimiento de la burbuja. Es clave también que la tasación sea realista y los vendedores no pueden legitimar sus precios ante notario determinando éstos el valor catastral, como pretende el PP. Se han de aprobar medidas fiscales bajando el IBI, para que el alquiler sea más atractivo que la compra. Garantizar un tiempo cierto y lo más largo posible en los alquileres, acotando la revisión de precios como máximo al IPC anual. Y, ante todo, marcando de cerca a los grupos de interés que intentan con sus actuaciones alimentar las expectativas especulativas, como es el caso de las ‘Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado’ (Socimis). Sus efectos netos siempre son perversos para los más humildes. La burbuja inmobiliaria es el cáncer económico y de bienestar de las personas que menos tienen, cuando no del propio sistema económico y de sus elementos redistributivos.

El ocaso de ETA

Todo indica que ETA anunciará su desaparición el próximo día 5 de mayo. En estos días ha emitido un comunicado poco inocente en el que pide perdón por el daño causado pero excluyendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los políticos, por considerarlos parte del “conflicto”, como ellos denominan a su “peculiar proceso”, que tanta sangre ha costado a muchos españoles. El comunicado de estos días está pensado para conseguir beneficios penitenciarios y posibilitar el acercamiento de los 300 presos de ETA lo más cerca del País Vasco. Una cuestión que, al margen de las maniobras oportunistas de los resquicios de ETA, el Gobierno debe valorar para acelerar la normalización política y crear futuro.

ETA, para muchos españoles, fue una auténtica pesadilla. Aún tengo grabada en mi retina una persecución por la Castellana de la policía a un comando etarra -lo supimos después- que acabaron deteniendo. Había miedo e indignación, a la vez que impotencia. Las primeras horas de la mañana eran temibles. A esas horas la radio nos informaba en muchas ocasiones del coche bomba y sus consecuencias, cuando no del secuestro. Éramos muchos los españoles que los atentados de etarras nos sobresaltaban y devorábamos día a día la prensa y sus informaciones. No veíamos el final de esta pesadilla. Tras dar por finalizada la última tregua, viví muy de cerca la pesadilla. Siendo subdelegado del Gobierno la llamada reivindicativa del atentado de la T4 en Madrid en las navidades de 2006 nos entró en un repetidor del centro de la ciudad de Segovia, lo cual nos hizo extremar todo tipo de actuaciones preventivas de las fuerzas de seguridad. Previamente habían atentado en septiembre de 2005 en un polígono industrial de Ávila. Todos los españoles estábamos amenazados y la alerta era continua.      

ETA ha perdido la batalla social, política y de la “lucha armada”, siguiendo su fraseología. Ha sido derrotada por la democracia y el buen trabajo realizado por la Guardia Civil y Policía. En estas últimas cinco décadas ETA asesinó a 853 personas, e hizo la vida imposible a otros muchos, en especial a los moradores del pueblo vasco que han sido los que más han sufrido las consecuencias. En 2010 dejaron de matar. La sociedad civil les rechazaba con fuerza y la colaboración con Francia acabó dando sus frutos. Lejos quedaban los años del plomo orientados a desestabilizar la incipiente democracia española -78, 79 y 80, los más cruentos-, la guerra sucia -con los GAL a la cabeza- o el posicionamiento mezquino del país vecino viendo a la organización terrorista como una oportunidad para sus intereses. Por suerte, el buen hacer de los años posteriores ha cristalizado en la situación actual en pleno ocaso de ETA. El guiño a ETA denominándola eufemísticamente  “movimiento vasco de liberación”, como hizo Aznar tampoco dio resultado. Sin embargo, el trabajo silencioso y sistemático de los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad consiguieron lo que todos ansiábamos. Es de agradecer el trabajo del ministro del Interior Rubalcaba y el presidente del Gobierno. Jamás han hecho ostentación de ser los enterradores de la banda, al saber que el triunfo no es suyo, sino de todos los españoles.

El comunicado de petición parcial de ETA ha sido acompañado -no sabemos si de forma coordinada- de una declaración de los obispos pidiendo perdón por sus “complicidades, ambigüedades y omisiones”, a la vez que han solicitado el retorno de los excarcelados a sus lugares de origen para que no sean humillados. No están legitimados ni para pedir perdón ni para solicitar el movimiento de los etarras a cárceles próximas a sus  familias. La Iglesia ha sido parte del problema en el País Vasco. Basta hacer un recorrido por la filmografía en la que se ha reflejado el problema terrorista para darse cuenta de su protagonismo logístico, dando su respaldo y sirviendo de refugio en muchos casos a los terroristas. Fernando Aramburu en su libro ‘Patria’ refleja muy bien el papel de la Iglesia a través de un sacerdote local no precisamente aliado con los que más estaban sufriendo, las víctimas.

Las víctimas de ETA merecen toda nuestra honra y respeto. El comunicado de ETA pidiendo un perdón parcial es indigno e insultante para los que han sufrido el terror y extorsión, y también para muchos ciudadanos de este país que vivieron con miedo y tuvieron que abandonar su tierra, negocios y puestos de trabajo, sometidos en muchos casos a la opresión totalitaria, incluida la de sus correligionarios. Es el momento de mirar hacia delante. Crear futuro. Una vez disuelta ETA los delitos de sangre deben ser castigados conforme el código penal vigente y el Gobierno tiene que definir su política penitenciaria y no penalizar a las familias de los reclusos. Una cuestión que no será fácil de entender por las víctimas y sus familiares, pero que requiere altura de miras. El rencor perpetuo sólo aporta odio y envenena la sociedad. Por suerte el ocaso de ETA ha llegado, algo con lo que siempre soñamos.   

 

Las miserias de la Universidad

El máster de Cristina Cifuentes ha sacado a la luz muchos de los problemas estructurales que tiene la universidad española, que bien podríamos calificar de “miserias” para gran parte de ellos. Como no hay mal que por bien no venga, el ‘caso Cifuentes’ ha abierto un profundo debate sobre la Universidad y todo lo que gira en torno a ella: titulaciones, profesorado, número de centros universitarios, calidad de la formación, grupos de interés que pululan en torno a la universidad... El momento actual puede marcar un punto de inflexión para reorientar las universidades españolas, mejorar los centros eficientes y reconocidos y suprimir las titulaciones y centros que no aportan valor.

La Universidad española creció exponencialmente a raíz del desarrollo de la nueva organización política que marcó la Constitución española en el ámbito territorial. Hasta entonces el número de  universidades y centros universitarios era escaso. Gran parte de ellas se concentraban en las grandes ciudades, lo que obligaba a gran parte de los españoles a desplazarse a Madrid, Barcelona, Salamanca o Granada, por citar alguna de las más significativas, con la consiguiente limitación de acceso, en especial para las personas más humildes. La actual estructura del sistema universitario derivado de aquella época ha generado una gran proliferación de universidades y centros que no se caracterizan precisamente por su especialización y que se han convertido, en algunos casos, en centros de poder de las comunidades autónomas. A la proliferación de centros públicos se sumó durante la década de los ochenta y noventa la puesta en marcha de un sinfín de universidades privadas. Una estructura costosa que no repercute como debiera en la bondad de nuestro sistema productivo.

Tuve la oportunidad, entre los años 1995 y 2004, de ocupar una plaza de profesor asociado en la Universidad Carlos III, en la Escuela Politécnica. La Carlos III, en aquella época, implantó un programa de calidad muy exigente con el profesorado, de lo cual pueden dar buena nota los alumnos y la valoración de la propia universidad. Pero a pesar de ser una universidad ejemplar adolecía también de los mismos problemas que otras muchas en España: exceso de titulaciones, proliferación de másteres para complementar el bajo salario del profesorado, y endogamia en la contratación de los docentes. Los catedráticos y jefes de departamento siempre han tendido a incorporar a su cuadro de profesores a aquellos alumnos que consideraban excelentes -y lo eran en la mayoría de los casos-y colaboradores en el ámbito externo, con independencia de su experiencia y conocimiento del área de formación, así como de su capacidad pedagógica. El doctorado ha constituido en muchos casos la criba para orientar la selección y provisión de profesores y de esa forma alimentar la endogamia interna y empobrecer la universidad y la calidad de la docencia. Al final las universidades españolas cuentan con un ejército de funcionarios cuya adaptación a los turbulentos cambios del entorno social, económico y tecnológico para desarrollar la docencia no es fácil. Se trata de una cuestión cultural de la organización que no es fácil cambiar de la noche a la mañana. Las agencias de evaluación de la calidad docente, la ANECA, y también las agencias autonómicas han contribuido a mejorar la docencia, pero también manifiestan síntomas endogámicos en el desarrollo de su función.

La supresión de las licenciaturas e ingenierías por grados y el complemento con másters para homologar con Europa con la Ley de Universidades de 2007, ha complicado aún más el panorama universitario, su calidad y clientelismo. Se trata en muchos casos de titulaciones sin utilidad alguna, que carecen del rigor y la solidez necesaria. Un sistema que favorece la contratación de profesores amigos, en muchos casos sin conocimientos ni experiencia docente, como expertos de la nada y el clientelismo político. Un buen ejemplo es el ‘caso Cifuentes’. Es la Comunidad que preside la que aporta recursos financieros a la Universidad ‘Rey Juan Carlos’, por tanto el rector y toda su pléyade, encantados de prostituir los principios y valores que han de regir la actividad universitaria, a cambio de recibir unos cuantos “maravedíes”. Indigno, tanto como la actitud de la receptora de las dádivas, con su actitud y mentiras. Algo impropio de una presidenta de Comunidad. 

El ‘caso Cifuentes’ se ha puesto de manifiesto la “titulitis” de la que padecen gran parte de los políticos españoles. Hemos podido comprobar cómo muchos de ellos mienten para aparentar lo que no son. E incluso algunos se han permitido la licencia de cambiar la denominación del supuesto máster o experto. Una situación parecida se produce en otros muchos ámbitos de la sociedad española. Los españoles tienen tendencia a presumir de lo que no tienen. Pero mucho menos sentido tiene que parlamentarios, ediles y consejeros presuman de títulos no cursados y superados, cuando su proceso selectivo no está vinculado a títulos, sino al veredicto de las urnas. Debe tratarse de una cuestión de estatus, pero qué mejor posición que respetar y no mentir a los ciudadanos a los que se deben.

Es el momento de recapitular y valorar nuestro sistema universitario, redefiniendo titulaciones, modificando los programas de estudio, buscando un nuevo sistema de selección del profesorado más trasparente y equitativo, y eliminado cualquier tipo de clientelismo. En definitiva, regenerando la universidad española. Un buen tema sin duda para la agenda política española que tan escasa anda de temas de calado. 

Mozambique, el país que sonríe

En la semana marcada por la convulsión de los casos Cifuentes y Puigdemont, la Comisión de Cooperación del Congreso, con la presidenta del Congreso al frente, sus portavoces y algunos miembros de la Mesa hemos realizado una visita a Mozambique para conocer y hacer seguimiento de los programas de cooperación españoles con ese país, la actividad de las empresas españolas y las expectativas de futuro. El país sigue siendo uno de los más pobres del mundo, al situarse en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD 2016 en el puesto 181, sobre un total de 188 países. El 44 por ciento de su población está en riesgo de pobreza extrema. La pobreza se visualiza por doquier, incluso en la capital, Maputo; pero la alegría de sus gentes también. Un pueblo que lleva la sonrisa en la cara y, a través de sus canciones y bailes, glosa día a día su supervivencia. Los niños, la amabilidad de sus gentes y el colorido y belleza de sus mujeres hacen el resto. Mozambique es un país significativo de lo que es África y puede ser a futuro. Un país joven -el 44,3 por ciento de la población tiene menos de 15 años- que poco a poco alcanzará su bienestar en el siglo XXI, como gran parte del hemisferio sur, e influirá en el nuestro.

A pesar de su riqueza en recursos naturales, la falta de infraestructuras y su ineficiente organización política repercuten negativamente en el bienestar de su población. El caso más paradigmático es el tema del agua. Sólo una de cada diez personas tiene acceso al agua potable, y siete de cada diez carecen de saneamiento.  El incremento del 80 por ciento de la esperanza de vida se debe al agua y a los alimentos. Ahora viven 58 años de media, y enfermedades como el SIDA tienen una tasa de prevalencia del 38 por ciento; el paludismo o la tuberculosis marcan su día a día; no piensan en el futuro. El sistema sanitario es testimonial y centra toda su atención en combatir la malaria o evitar la propagación del SIDA. A la falta de especialistas sanitarios se une la ausencia de carreteras y redes de distribución. Aun cuando disponen de medicamentos, a veces es imposible que estos lleguen a tiempo a sus destinos.

España restableció relaciones diplomáticas hace 40 años con Mozambique. Las mismas se han centrado en el ámbito de la cooperación internacional. Sin embargo, los intercambios comerciales han presentado siempre valores bastante modestos. En materia de cooperación, España viene trabajando en tres intervenciones relevantes: Salud, Gobernanza y Desarrollo rural. En salud cabe destacar el apoyo del Gobierno de España al Centro de Investigación de Manhiça, creado en 1996 para el estudio de la malaria y enfermedades transmisibles. Destaca la lucha contra la desnutrición y la formación de especialistas médicos. En Gobernanza, la cooperación se limita a estudios y programas de formación. En Desarrollo Rural, en la provincia de Cabo Delgado - la más pobre del país- se promueve el aumento de productividad y la diversificación de la producción agraria, a través de la gestión sostenible de los recursos hídricos. La ordenación jurídica de la tierra, toda ella de propiedad estatal, limita cualquier alternativa al desarrollo.

Mozambique es un país con una enorme potencialidad económica. Recientemente se han descubierto yacimientos de gas natural que lo pueden situar como el segundo país abastecedor del mundo. Pero dispone de grandes yacimientos de bauxita. Prueba de ello es que el 56 por ciento del aluminio en bruto importado por España proviene de allí. Todos los expertos coinciden en que el país experimentará un cambio muy grande en los próximos años. Su crecimiento con la explotación de gas alcanzará los dos dígitos. El déficit de la balanza comercial española puede resarcirse con nuestra contribución al desarrollo de las infraestructuras y al incremento de las exportaciones de maquinaria y equipamiento. Hay que tener en cuenta que nuestras exportaciones actuales no superan los 28 millones de euros anuales, ocupando Mozambique el puesto 113 en nuestro ranking de exportación. Para ello hace falta apostar y buscar seguridad jurídica a la inversión.

La seguridad jurídica ha sido la asignatura pendiente de Mozambique. Logró independizarse de Portugal en el 75. Dos años después se inició una guerra civil entre el gobierno de tendencia marxista leninista, apoyado por la URSS, y la resistencia guerrillera anticomunista, alentada por Sudáfrica. En 1992 se celebró el Acuerdo de Paz. En 1994 las primeras elecciones democráticas dieron como ganador a los prosoviéticos, que han venido gobernando ininterrumpidamente y con amplias mayorías, si bien en 2013 se reabrió el conflicto. El acuerdo de alto el fuego de 2014 y las nuevas elecciones abrieron una puerta a la esperanza para afrontar su asignatura pendiente: recobrar la paz, descentralizar el país y modernizarlo. Y para ello es clave la seguridad jurídica, la inversión extranjera y la confianza externa. Hay que destacar que en estos momentos su deuda externa no está validada, y se encuentran en default, después de la desaparición de 2.200 millones de dólares. La transición de los regímenes autoritarios a los democráticos nunca es fácil, y menos para la clase dirigente.

La visita a Mozambique pone de manifiesto, al menos para mí, que la felicidad y la alegría de un pueblo no siempre van ligadas a su nivel de riqueza, y todo depende como se oriente ésta. Su forma de entender la vida en torno a la danza, la alegría y su sentido del humor es una buena prueba de ello. El centro de educación e integración de niños y jóvenes ‘Gaito’ es un reflejo de esa filosofía de vida. Destaca también, y muy positivamente, el papel de la mujer. A pesar de partir de una imperante cultura machista, su peso en la vida pública es muy alto y su papel será determinante, por suerte, en los próximos años. Se palpa, y las capoeiras tienen que triunfar. Y nosotros volvemos otra vez a la rutina de los problemas de un mundo donde la jerarquía de los mismos no se corresponde con la que debiera ser. Esta vez sueño con que Puigdemont termine de una vez con su delirio de poder y Cifuentes presente la dimisión. España también se merece una sonrisa.