domingo, 29 de mayo de 2016

La Junta de Castilla y León ante la ordenación territorial



Los diferentes ayuntamientos de Castilla y León están ultimando estos días las alegaciones que presentarán a la ordenación territorial que ultima el Gobierno de la Comunidad. La verdad es que poco hay que alegar; yo diría que nada. Porque el contenido sustantivo de la propuesta de la Junta para la prestación de los servicios de su competencia se reduce a un mapa que segmenta la Comunidad en 176 áreas rurales más 15 urbanas. En Segovia una urbana y 14 rurales. Rayas, rayas y rayas, pero ni una sola propuesta de cómo afectará la distribución de los recursos de las diferentes áreas funcionales al bienestar de los ciudadanos.

Para la determinación de los mapas se ha tomado como referencia en cada provincia la organización sanitaria. La idea es hacer pivotar en torno a la cabecera de comarca o zona en la que se hallan los centros de salud la prestación también del resto de los servicios competencia de la Junta: educación, servicios sociales, salud pública y agricultura. La cuestión de fondo no es el mapa, sino con qué recursos asistenciales se va a contar y cómo va afectar la nueva distribución y asignación a la calidad del servicio prestado a corto, medio y largo plazo en los diferentes municipios –por lo general muy pequeños- de la Comunidad. 

La aprobación del mapa, que requiere dos terceras partes de las Cortes regionales, no significa nada en sí. Lo importante es cómo se asignan y distribuyen a futuro los recursos sanitarios, educativos, asistenciales, el transporte… en función de las necesidades. Con la aprobación de los mapas la Junta espera un cheque en blanco que le permitirá reestructurar la asignación de recursos. Con carácter previo ha abierto alegaciones por parte de la Diputaciones, y el resultado no puede haber sido más desalentador. En lugar de requerir un plan de impacto de la nueva ordenación a la Junta en cada una de las zonas y municipios para poder pronunciarse, se han limitado a dar una larga cambiada y a reivindicar tímidamente sus competencias en materia de servicios municipales mancomunados. 

La Junta tiene enormes desequilibrios presupuestarios en la prestación de sus servicios, en especial en los sanitarios y educativos. Con la nueva ordenación va buscando agrupar servicios y reducir costes, con independencia de las necesidades. Pero gran parte de los municipios de la Comunidad se quedan vacíos y la población envejece. Se necesita una ordenación realista que asigne y determine el alcance de unos servicios de calidad y eficientes para los próximos años en cada una de las zonas y municipios. En esto debiera consistir la propuesta de ordenación del territorio. No se trata de ganar tiempo y enmascarar los auténticos problemas con la propuesta de un mapa sin contenido y sin haber analizado con carácter previo la evolución de las necesidades en cada zona y la planificación de su oferta.

La casa hay que empezarla por los cimientos, no por el tejado. Observo que, ante esta propuesta tan enigmática y vacía, gran parte de los ayuntamientos están perdidos. No saben qué alegar, y diría incluso que algunos tienen dificultades para visualizar su alcance. Aunque algunos ante esta situación manifiestan su profesión de fe a ciegas hacia las propuestas de los de su partido, el PP.   Así también se gana el cielo.

Algunos pensamos que en esta materia la Junta está actuando con frivolidad y mucha superficialidad. Da la sensación que se metieron en su momento en un tema que no saben muy bien cómo abordar a pesar de la necesidad objetiva que existe. 

De la ordenación de los servicios mancomunados municipales, mejor realizar una enmienda a la totalidad. La Junta debiera respetar el papel de las diputaciones y pedirles que, en el marco de la autonomía local, aborden la mejora y eficiencia en la prestación de sus servicios. Hay margen, mucho margen pero las actuales diputaciones están en otras cosas.


sábado, 21 de mayo de 2016

El corazón de la solidaridad



El sistema público de pensiones constituye el corazón de la solidaridad de los españoles y la pieza más importante del Estado del Bienestar. En la actualidad se benefician de él 9,3 millones de ciudadanos de forma directa, e indirecta 15 millones. Su gasto ascendió en 2015 a 130.000 millones de euros. Una institución clave para garantizar la solidaridad de los españoles fundamentada en un sistema de reparto y una vida digna a los jubilados, en el que las generaciones activas sufragan las pensiones de los pasivos, y no exenta de dificultades para su supervivencia.

En la actualidad, el sistema presenta un déficit anual de 17.000 millones de euros. Ha ido creciendo en los últimos años y seguirá creciendo. La crisis económica, con la caída de las retribuciones y de la afiliación a la Seguridad Social, ha contribuido de forma notable a ese déficit. Pero a ese problema hay que añadir las nuevas generaciones de jubilados que se incorporarán en los próximos años procedentes del ‘baby boom’ de las décadas de los 60 y 70. A lo que se suma el incremento interanual de la esperanza de vida. Los jubilados en 2016 vivirán y percibirán su pensión 50 días más que en los que se jubilaron en igual fecha en 2015.

Para garantizar el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema de pensiones, necesitaríamos no menos de 2,4 millones de nuevos cotizantes adicionales a los que ya cotizan, con una situación semejante a la que había en 2010. Hay que tener en cuenta que el gasto en pensiones se incrementa cada año un 3 por ciento y que las cotizaciones cada vez cubren menos el gasto. En Castilla y León los ingresos por cotizaciones sólo permitirían pagar el 48 por ciento de las pensiones.  

En estos años de crisis el Gobierno del PP, una vez más, ha hecho el don Tancredo. Dado que el Fondo de Reserva ascendía a 66.815 millones de euros cuando llegó a gobernar el Sr. Rajoy, qué mejor que aprovecharlo y dejar hundir poco a poco el sistema público de pensiones basado en la solidaridad. Y eso es lo que han hecho. Año a año, cargar el déficit al Fondo de Reserva y ganar tiempo. En la actualidad su saldo asciende a 32.481 millones de euros (1.01.2016) y quedan recursos para dos años. El problema del sistema público de pensiones de la Seguridad Social se traduce en un problema de ingresos.

El Gobierno promovió en 2013 una reforma al margen del Pacto de Toledo. En ella se establece un factor de sostenibilidad que entrará en vigor a partir de 2019 en el que la cuantía inicial de las pensiones de jubilación no sólo estará en función de los años y bases de cotización, sino también en función de la variación de la esperanza de vida en el año de jubilación. La perspectiva no puede ser peor por las razones apuntadas, a lo que se une el retraso de la edad de jubilación acordada por los gobiernos socialistas con las organizaciones sociales. 

A su vez, la cuantía actual ha sido devaluada y ya no se indicia con el valor del coste de la vida desde 2014. La revalorización interanual no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. El Gobierno del PP ha determinado que la revalorización de cada año está en función de los ingresos y gastos del sistema en los cinco años anteriores y posteriores del sistema. Sólo si los ingresos anuales son superiores a los gastos  la revaloración anual sería superior al 0,25 por ciento. Una trampa, dado que los ingresos los fija el Gobierno a través de las cuotas de afiliación a la Seguridad Social.

En estos dos últimos dos años las pensiones se han revalorizado sólo un 0,25 por ciento. El Cuadro macroeconómico que facilita el Gobierno a la UE sitúa la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones hasta 2025 en un 13 por ciento. A ello se suma la discriminación de las mujeres sobre los hombres cuyas pensiones son un 40 por ciento inferiores. 

La solución pasa por buscar un compromiso político entre todas las fuerzas políticas representativas en el Pacto de Toledo. Un compromiso que se ha de extender al orden social. 

Nosotros los socialistas defendemos un sistema de reparto fundamentado en los principios de solidaridad, contribución y gestión pública. A diferencia de los conservadores que buscan deliberadamente el deterioro del sistema público. Buscan la suficiencia pero con pensiones muy bajas –café para todos-, queriendo la complementariedad de las pensiones públicas con planes de las pensiones privados. Pero a ellas sólo podrán acceder los más acaudalados. Con el actual nivel de salarios es imposible para gran parte de los españoles, contribuyendo de forma negativa a la garantía de la equidad social. 

El modelo francés, con la contribución social generalizada, como complemento específico para la financiación del sistema de seguridad social implantado en 1991, es un buen ejemplo a tener en cuenta. Mediante el sistema se proporciona los ingresos adicionales para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones mediante una cesta de impuestos que grava la riqueza y las externalidades medioambientales. Sin penalizar en ningún momento el empleo. 

Contribuir a la cohesión social mediante el sistema de pensiones público es clave para nuestra sociedad. Es una cuestión de Justicia Social. Lo que no procede es la inacción ni el populismo. Un engaño a la sociedad y a los pensionistas presentes y futuros. No se puede afirmar que se van a bajar impuestos cuando la UE nos está pidiendo un ajuste de 8.000 millones de euros y el déficit anual de la Seguridad Social puede llegar en los próximos años a 20.000 millones. Eso no sólo significa desprecio y engaño a los españoles, sino un ataque directo al corazón de la solidaridad y al Estado Social y de Derecho que recoge la Constitución española. 


sábado, 14 de mayo de 2016



#UnSíPorElCambio ha sido el hashtag que ha elegido el PSOE para la difusión del acto de proclamación de Pedro Sánchez a presidente del Gobierno en Móstoles. Un eslogan que significa mucho más. 

Cuatro años de Gobierno del PP, más el regalo de seis meses adicionales de una legislatura fallida, han supuesto para la mayoría de los españoles un retroceso importante en su nivel de bienestar. Han condenado a muchos jóvenes, pero también mayores al paro. Se han precarizado las condiciones de trabajo. Hoy ser mileurista en este país es un sueño para muchos. Y tener un trabajo fijo a jornada completa mucho más.

El Gobierno del PP ha devaluado las condiciones salariales para ganar mercado. Y de paso se han llevado por medio la solidez del Estado del Bienestar. Hoy en España hay casi 13 millones de personas que viven en el umbral dela pobreza.  

En este tiempo el Gobierno de España bajo el auspicio del PP ha hecho el don Tancredo. No han tomado ninguna medida de altura para hacer frente a los problemas creados por la crisis. No se ha afrontado ningún reto para competir con garantías futuras, crear empleo de calidad y recomponer los equilibrios sociales. Se han plegado a los vientos de cola que nos venían de fuera: bajada del precio del petróleo y Plan Juncker. Y todo ello aderezado con un modelo de comunicación sustentado en la mentira y en la justificación de la excusa tomando como referencia la herencia. 



España necesita un cambio de política urgente. No pudo ser en esta recién concluida legislatura, ante la intransigencia, falta de realismo y ansiedad de poder de nuevo populismo de corte bolivariano, y tiene que ser posible en la próxima por el bien de España y los españoles que más lo necesitan.

Ha llegado el momento de elegir entre el inmovilismo, la intransigencia o el progreso. Es necesario un cambio para la regeneración económica, política y social. Necesitamos un Sí al cambio para cambiar la economía, reindustrializar al país y mejorar la productividad y la renta de los españoles con trabajos dignos.

Necesitamos un Sí al cambio para proteger el sistema público de pensiones que está al albur de los intereses de los grupos económicos que promueven planes de pensiones. Y en definitiva un Sí para defender la solidaridad de todos los pueblos de España –necesitamos a todos- frente a las políticas neoliberales y a quienes les interesa sólo el control del poder y poco las personas.

Un Sí por el cambio será el lema de los socialistas de cara a estos importantes comicios electorales del día 26 de junio. ¡Apoya el cambio! Di 'Sí'.





domingo, 8 de mayo de 2016

Llamar la atención como sea


Kotler, en su libro de Marketing Social, explica el fenómeno de jerarquía de efectos en comunicación. En síntesis, el proceso consiste en buscar cómo retener en la memoria de personas el producto, servicio o idea sobre la que queremos persuadir a la sociedad o a los clientes. En la medida que el mensaje sea más emocional, llamativo o extravagante, más se recordará y el público objetivo se interesará por él. La escena política no está ajena a este fenómeno.

La nueva política pone ante todo énfasis en el mensaje emocional y en la extravagancia. El debate en muchos casos se sustituye por alguna manifestación que llame la atención como sea y permita un titular, una foto o un corte de televisión. Todos los españoles pudimos comprobar en la sesión de constitución de las Cámara Baja de la  última legislatura cómo todo estaba ensayado y bien preparado para conseguir los titulares tanto de los periódicos como de las televisiones de ese día. Y lo consiguieron. No aportaron nada sustantivo; pero llamaron la atención e invirtieron en conocimiento de su marca política.

Hoy, el centro de gravedad del debate político se ha trasladado a lo estrafalario. Un parlamentario puede dedicar horas y horas a hablar con colectivos y personas para identificar y evaluar un problema. Puede haber profundizado durante mucho tiempo en la lectura de la problemática asociada al tema de su propuesta o debate. E incluso puede elaborar y desarrollar un debate brillante con propuestas que puedan dar una respuesta satisfactoria al problema debatido, y, sin embargo, no tener ninguna repercusión pública frente a las otras partes que han decidido devaluar el debate para llamar la atención como sea: bien desnudándose en la tribuna con cualquier tipo de manifestación al uso para lo que se persigue; bien dándose un  beso con el compañero…

Pena, auténtica pena sentimos algunos, que vivimos y sentimos la política como la mejor herramienta para la defensa de los más débiles con lo que está ocurriendo. Los medios de comunicación optan por esta manifestación de la antipolítica. Posiblemente porque venda más, a la vez que disuade del debate serio y riguroso de lo que necesita el País, perfectamente compatible con una carga emocional.     
  
Tanto en la precampaña, como en la campaña que se avecina de las nuevas elecciones, nos volveremos a encontrar con más de lo mismo. Frivolidad y superficialidad en la aproximación y tratamiento de los temas que preocupan a los ciudadanos.

Yo simplemente les quiero decir que me niego a jugar ese papel más propio de un actor oportunista, sin un rol definido nada más que la búsqueda del poder y con deprecio a los ciudadanos. La ética política también cuenta, y los ciudadanos se merecen un respeto.