Agravio a la honestidad

En estos días hemos conocido los resultados de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno del PP. Se han recaudado 1.200 millones de euros, casi la mitad de lo que tenían previsto, 2.500 millones de euros. Los populares basaron su decisión ante al necesidad de recuperar los ingresos públicos en una situación extraordinaria.

La amnistía ha sido un guiño en toda regla a los defraudadores, o, si lo prefieren, delincuentes de cuello blanco, y un agravio para todos aquellos que cumplimos honestamente con nuestras obligaciones y deberes fiscales. Una invitación a defraudar que sin duda repudiamos y nos parece indigno de un Gobierno democrático.

La amnistía fiscal ha permitido a los defraudadores regularizar bienes y derechos por los que no habían tributado, siempre que pagaran un 10 por ciento de multa, un tipo muy inferior al aplicado a la mayoría de infractores. Pero, además, les ha blindado de investigaciones penales por el dinero oculto. El programa de amnistía se ha extendido al dinero oculto antes de 2008, fecha de la prescripción del delito, limitando la multa del 10 por ciento a los intereses generados entre 2008 y 2010. Se han acogido a esta dádiva, después de seis meses, 31.484 declaraciones por un valor medio de 37.830 euros por declaración.

Los defraudadores se han sentido poco atraídos por la oferta. La mayor parte de ellos percibe que este Gobierno es laxo en la persecución del fraude fiscal; prueba de ello es la baja recaudación alcanzada en el último año, muy inferior a la de años anteriores. Para ellos el acogimiento a la amnistía fiscal significa ponerse en el punto de mira, lo que dificultaría en un futuro acogerse a una práctica que les reporta pingües beneficios.

Montoro ha pecado una vez más de frívolo. Ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. Su falta de credibilidad y su variabilidad en los planteamientos es posible que haya llevado a muchos defraudadores a percibir que nada cambiará en el futuro, y que, por tanto, el riesgo asociado a los recursos puestos en juego es al menos estable y no superior a la opción de conciliarse con el fisco.

En este proceso, o fuera de él, solo ha habido una actuación satisfactoria: la detención del antiguo secretario general de la CEOE, el Sr. Díaz Ferrán. Un presunto y claro delincuente de cuello blanco sobre el que la Agencia Estatal de Administración Tributaria -AEAT- debiera haber actuado mucho antes. Su descaro era conocido, y los que tuvimos alguna vez la oportunidad de compartir mesa y mantel alguna vez en un círculo reducido de personas, enseguida descubrimos que, más allá de la inconsistencia que rezumaba por doquier, detrás de su figura solo había humo y nada más que humo. Lo que no es de extrañar, cuando su ídolo político era la Sra. Aguirre. A la que llegó a piropear en público en un acto de exaltación de los valores liberales y, por lo visto, del fraude fiscal.

Confesores

Marcos, como otros muchos segovianos, tuvo siempre una confianza ciega en Caja Segovia. Allí tenía sus ahorros, que día a día mimaba y le recordaban tiempos peores, cuando el hambre y la escasez marcaron gran parte de su vida. La rentabilidad era lo de menos. Lo importante, una vez que sus hijos estaban encauzados, era conservar lo que se tenía por si algún día lo necesitaban.

Y qué mejor consejero que Frutos, el director de la sucursal del pueblo, al que le contaba sus penas y consultaba casi todo lo que tenía que ver con su situación económica. De él siempre recibía una excelente atención cuando se acercaba a la Caja. O, incluso, le adelantaba dinero para gastos sin necesidad de hacer ningún trámite, ni papeleo; o le gestionaba la PAC y se encargaba de todos los trámites siempre complejos de la declaración de la renta. Un buen servicio que no tenía precio.

Un buen día Frutos comentó a Marcos la posibilidad de mejorar el rendimiento de sus ahorros mediante la compra de unos valores muy seguros que había emitido la Caja. En cualquier momento podía vender y recuperar el dinero invertido, aunque el vencimiento era a 10 años. Le ofreció Obligaciones Subordinadas. Marcos no lo dudó. Si Frutos se lo ofrecía, era porque velaba por sus intereses. La rentabilidad era lo de menos. Y aunque le contó algún que otro detalle, que no entendió, Marcos tenía una fe ciega en su director de sucursal. Las aceptó.

Lo que nunca le contó Frutos a Marcos es que esos productos tan rentables que le ofrecieron formaban parte de uno de los objetivos que los directivos de Caja Segovia había marcado a sus empleados, y por los que a su vez se les compensaría con una gratificación. La red de confianza de la Caja funcionaba. Y eran muchos “los Frutos” que actuaban de buena fe hacia “otros Marcos”. Incluso ellos mismos no llegaban a entender bien el alcance de los valores preferentes y obligaciones subordinadas que ofrecían a sus fieles clientes. Prueba de ello es la colocación de estos valores y obligaciones entre sus familiares, en muchos casos.

Hoy Marcos está apenado, a la vez que Frutos siente vergüenza cuando se cruza con él. No solo porque el denominado mercado secundario comprobase hace tiempo que no existía, sino porque hoy ha conocido las consecuencias del rescate de Bankia sobre las subordinadas que le vendió Frutos.

Sus ahorros se verán mermados –según informe de la propia entidad- en un 14 por ciento, en el mejor de los casos. El 56 por ciento restante se canjeará por acciones de Bankia al precio del mercado, lo cual dada la situación es incierto, si decide liquidarlo. Peor les va a ir a los de las preferentes, donde la “quita” se eleva al 39 por ciento, según Bankia. Los ahorros de gran parte de una vida se esfuman, pero también la confianza.

Marcos ha descubierto, después de muchos años, que la “confianza” es un valor a la baja. ¡Quién se lo iba a decir a él! Nunca pensó que Frutos le fallase, aunque quien le falló realmente fue su Caja y quienes la dirigían. Esos que con sus decisiones ahora han puesto en grave peligro la viabilidad futura del trabajo de Frutos. ¡Verlo para creerlo!

Hoy Marcos y su familia se sienten estafados. Tienen poca confianza en recuperar sus ahorros. Pero, a medida que van dando vueltas al tema, están más convencidos de que se ven con la obligación moral de que se respeten sus derechos y su dignidad. Se debaten entre acudir a la vía civil o penal. Su abogado le recomienda que acuda a esta última mediante la interposición de una querella criminal y pida responsabilidades.

Para Marcos el dinero es muy importante, pero la pérdida de confianza más. Hoy ya no cree en sus ‘confesores’, ni mucho menos en aquellos que le dijeron una cosa y han hecho todo lo contrario, como le acaba de ocurrir con su pensión. A la vejez viruelas.

Apoyo:

Preferentes

Los valores preferenciales usualmente no tienen ningún derecho al voto, pero pueden tener prioridad sobre las acciones comunes en el pago de dividendos y al llegar la liquidación. Los valores preferenciales pueden tener un dividendo que es pagado antes de cualquier dividendo que se esté pagando a los accionistas comunes. Los valores preferenciales pueden tener la característica de convertibilidad en acciones comunes. En quiebra, se les pagará a los accionistas preferenciales con activos antes que a los accionistas comunes y después de los acreedores en bancarrota. Las condiciones de los valores preferenciales son establecidas en un “Certificado de Designación”. A diferencia de las acciones comunes, las acciones preferenciales generalmente tienen varios derechos añadidos:

Es el de preferencia en el pago de dividendos y de liquidación de la compañía. Antes de que se pueda declarar un dividendo en las acciones comunes, hay que satisfacer cualquier obligación de dividendos de las acciones preferenciales.

Los derechos de dividendos muchas veces son acumulativos, de manera tal que si el dividendo no se paga es acumulativo de año a año.

Las acciones preferenciales pueda que tengan o no un valor de liquidación fijado asociado a él. Esto representa la cantidad de capital que se contribuyó a la sociedad anónima cuando fueron emitidas las acciones.

Las acciones preferenciales tienen un derecho a bienes de liquidación de una sociedad anónima con acciones equivalente a su valor de liquidación a menos que sea negociado de otra manera. Este derecho es superior al de acciones comunes, las cuales solo tienen un derecho a residuos.

Casi todas las acciones preferenciales tienen una cantidad de dividendo fijo negociado. El dividendo es usualmente especificado como un porcentaje del valor de liquidación o como una cantidad fijada. Por ejemplo, Pacific Gas & Electric 6% serie A preferencial.

Algunas veces los dividendos en acciones preferenciales pueden ser negociados como flotantes; es decir, pueden variar según un índice de tasa de interés especificado, tal como el LIBOR.

Derechos

Algunas acciones preferenciales tienen derechos de voto especial para probar ciertos eventos extraordinarios (tales como la emisión de nuevas acciones o la aprobación de la adquisición de la compañía) o para elegir directores, pero la mayoría de acciones preferenciales no tienen derechos de voto asociados con ellos. Algunas acciones preferenciales solo obtienen derechos de votación cuando los dividendos preferenciales están en atraso por un tiempo considerable.

Usualmente las acciones preferenciales contienen provisiones protectoras que prohíben la emisión de nuevas acciones preferenciales con un derecho superior. Series individuales de acciones preferenciales pueden tener una relación superior o inferior a otras series emitidas por la misma corporación

Deuda subordinada

La deuda subordinada está formada por títulos de renta fija cotizados en el Mercado de activos de renta fija privada. Se trata de un producto financiero de muy alto riesgo y difícil funcionamiento. Su funcionamiento dista mucho al de un Depósito a plazo fijo por tratarse de un producto ilíquido. El capital invertido no está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Su principal diferencia frente a la deuda de máxima calidad es que, en el caso de una eventual liquidación de la entidad, se situaría en la parte baja de la lista de acreedores. Por tratarse de un bono arriesgado, en ocasiones se compensa con un rendimiento más alto.

Se trata de deuda con vencimiento superior a 5 años, que absorbe pérdidas, sólo en caso de liquidación, por delante del resto de acreedores.1

Los inversores, la mayoría particulares, con datos de la CNMV, Bloomberg y de las propias entidades, tienen en sus manos más de 6 700 millones de euros en este tipo de bonos de la banca rescatada.2

La agencia de medición de riesgos Moody's rebaja la calificación de la deuda subordinada y productos híbridos de los grupos bancarios españoles, controlados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y sujetos a reestructuración. Argumenta las muy altas pérdidas esperadas, así como los planes de Gobierno para imponer pérdidas a los titulares de estos instrumentos.3

Justicia para ricos

El Gobierno ha encontrado una ‘fórmula mágica’ para reducir las colas en la Justicia y disminuir su gasto: limitar su acceso mediante la elevación de las tasas judiciales. Con estas tarifas solo podrán acudir a la Justicia quien tenga dinero. La mayor parte de los españoles no podrá acudir a la Justicia en defensa de sus derechos e intereses, si lo necesitan. Se vulnera así la tutela judicial efectiva aumentando la desigualdad entre los españoles. La sociedad española se divide en relación a la Justicia en dos grupos: los ricos con suficiente capital para pagar pleitos, con independencia de su cuantía y coste; y la gran mayoría de los españoles, que no se podrán permitir la defensa de sus derechos por una cuestión de renta, salvo aquellos que cuyo nivel de ingresos les permita el acceso a la justicia gratuita.

En 1986 el Gobierno del PSOE suprimió las tasas judiciales para permitir que todos los españoles pudieran recurrir a la Justicia, cualquiera que fuera su posición económica o posición social. El Gobierno de Aznar, en 2002, introdujo las tasas judiciales para las empresas con facturación superior a seis millones; y, ahora, el Gobierno de Rajoy, con la reciente ley aprobada, eleva de forma desmesurada las tasas y extiende su aplicación a las personas físicas, lo que va contra la doctrina jurisdiccional dictada por el Tribunal Constitucional. Un gran retroceso democrático.

Las nuevas tasas judiciales suponen en muchos casos mayor cuantía que el propio objeto del litigio. Así, a título de ejemplo, para recurrir una multa de tráfico de 100 euros hay que pagar una tasa judicial de 200 euros; o un demandante por la vía civil para recuperar unos ahorros de 100.000 euros en preferentes tendrá que pagar un mínimo de 800 euros y un máximo de 3.800 euros, si llega al Tribunal Supremo.

La subida de las tasa judiciales impuestas por el Gobierno van a oscilar entre los 50 y 1.200 euros, que aplicado a determinados procesos judiciales se pueden traducir en miles de euros.

La ley se ha tramitado sin ninguna voluntad de acuerdo. Una vez aprobada y en vigor, se encuentra en “vacatio legis”, como consecuencia de la falta de impresos; al menos eso dicen. El PP, una vez más, se ha vuelto a quedar solo. En contra de esta ley están todos los colectivos y profesiones jurídicas. El presidente del Consejo General de la Abogacía ha declarado que: “Esta Ley va a consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos”.

El PP en este proceso ha mostrado sus peores artes. Al que firma estas líneas, los senadores del PP en Segovia le han acusado de mentiroso por manifestar lo recogido en esta columna. Realmente quien mienten son ellos; y, además, lo hacen con premeditación y alevosía, al margen de los segovianos que representan. Lo que es más grave, porque alguno de ellos compatibiliza su ejercicio profesional con el de la abogacía y no tiene ningún problema para reconocer en privado a sus compañeros de profesión que está en contra de las tasas judiciales establecidas por esta ley, lo que no le ha impedido votar a su favor en el Senado. Así es el PP.

Un año de Gobierno popular

“¡Qué se hunda España, que ya lo levantaremos nosotros!” Estas palabras del entonces diputado del PP, Sr Montoro, en mayo de 2010 cuando el Gobierno socialista inició las reformas, eran premonitorias de lo que podía suceder después y ha acaecido. El PP no tenía otro proyecto alternativo al Gobierno socialista que su propio proyecto: llegar a La Moncloa como fuese y a cualquier precio, aplicando una política de tierra quemada. Antepusieron los intereses del PP a lo que necesitaba España en ese momento, y no colaboraron nunca con el Gobierno socialista para salir de la crisis.

“Más empleo; y menos impuestos. Palabra de Rajoy”. Esto se podía leer en las vallas publicitarias en la campaña electoral. La palabra de Rajoy ha resultado ser un fiasco y ya no vale nada. Dijo que no subiría el IVA y el IRPF, y los subió; dijo que las pensiones no perderían poder adquisitivo, y lo han perdido. Ha llevado acabo una reforma laboral que supone la mayor quiebra de derechos sociales de la historia de nuestro país con la precarización del empleo…

El paro se ha incrementado un 18 por ciento en este año y la situación social, económica y política es mucho peor que aquel 20 de noviembre de hace un año. El PP no tiene hoja de ruta pero sí tiene muy claro su modelo: el neoliberal. Que se traduce en menos Estado y más mercado. Deja a su suerte a los españoles y quiebra la cohesión social y el Estado del Bienestar. Estamos viendo cómo se recorta día a día la sanidad, la educación y la dependencia, que han devenido en las ‘ovejas negras’ del  Gobierno del PP, para beneficio de la iniciativa privada.

Su justificación siempre es la misma: la herencia recibida y la imposición de Europa. Para ello, no tiene ningún reparo en utilizar la mentira como arma política. Saben que la herencia recibida es el resultado de una estructura económica muy débil, como consecuencia de la falta de una política económica consistente desde el siglo XIX; los enormes desequilibrios territoriales y el consumismo exacerbado, como consecuencia de la política expansiva del gasto provocado por la banca y la burbuja inmobiliaria. Sin quitar mérito a la expansión del gasto público tanto de los gobiernos de Aznar como de ZP, o autonómicos.

Basta recordar los nuevos siete hospitales construidos en Madrid por Esperanza Aguirre en estos últimos años o las traviesas de Álvarez Cascos diseminadas por todo el territorio nacional, con el gasto asociado que suponen; o las obras faraónicas de Ruíz Gallardón. Pero claro, de todo esto para el Gobierno del PP tiene la culpa el Gobierno socialista; y Europa que se lo impone. El PP gobernaba en la mayor parte de las CCAA el 20 N del pasado año, pero ahora resulta que  ni conocían el gasto, ni se enteraban, iba con ellos.    

Lo cierto es que los segovianos y los españoles son más pobres que hace un año. Son muchas más las familias que lo están pasando mal, y, además, ha disminuido la protección social. España va a perder este año un punto y medio de PIB. El 2013 no se presenta mejor. Estos eran los que vendieron que con simplemente sentarse en La Moncloa ya estaba todo arreglado. Y lo peor es que muchos españoles depositaron en ellos su confianza pensando que se arreglaría todo. ¡Vaya fiasco!

Segovia a la vanguardia cultural

Si algo caracteriza la gestión de la ciudad de Segovia es su rica vida cultural. Segovia, con el Gobierno socialista, y con su concejala de Cultura al frente, Clara Luquero, está a la vanguardia de la cultura no sólo española, sino europea. Una acción cultural que se aleja mucho de los rancios parámetros que informan la actividad cultural de la Junta de Castilla y León y del resto de las ciudades de la Comunidad castellano leonesa. El Hay Festival, MUCES, la actividad del centro cultural La Cárcel, en la antigua cárcel, Titirimundi o los Festivales de Música de Verano son algunas de esas manifestaciones culturales de calidad que le dan a Segovia un aire fresco en el panorama cultural español y la convierten en un referente, lo que tiene más mérito cuando los recursos son escasos, y cada vez las dificultades son mayores.

Esta semana se celebra en Segovia la VII Muestra de Cine Europeo ‘Ciudad de Segovia’, MUCES. La noche del sábado tuve la oportunidad de asistir a la denominada ‘Gala del Cine’, que se celebra tradicionalmente en el Parador de Segovia asociada a este festival. En esta ocasión se homenajeaba a la gran directora de cine y actriz Iciar Bollaín. A pesar de su corta producción cinematográfica, pues hasta el momento ha dirigido seis películas, alguna de ellas ha tenido gran repercusión cinematográfica y social, como Te doy mis ojos, que contó como protagonista principal a Luis Tosar y trataba el tema del maltrato hacia la mujer, tomando como escenario la bella ciudad de Toledo.

La Gala fue presentada por el Gran Wyoming. Dos horas casi de monólogos de una alta calidad. Estuvo sembrado. Iciar recordará este acto como la ‘gala del melón’. Una de sus compañeras de reparto recordó que cuando estaba embarazada le preguntó a Iciar qué se sentía en el parto, a lo que esta respondió que el parto era como “cagar un melón”. Esta cita le sirvió a Wyoming para hacer chistes y referencias continuas.

El ciclo de este año hace una mención especial al cine húngaro; el año anterior fue al ruso. Durante una semana se proyectan películas europeas no estrenadas comercialmente en España que han sido, o están siendo, grandes éxitos de crítica y público, y que están refrendadas por las instituciones cinematográficas de sus países y los festivales anuales.

MUCES, dirigido desde su inicio por el segoviano Eliseo de Pablos, es un festival que poco a poco gana presencia en las citas cinematográficas de España. Queda mucho para llegar a tener la notoriedad de festivales como el de San Sebastián, pero todo se andará. Los cimientos están puestos y el buen hacer es una seña de identidad de la Concejalía y de cuantos están al frente de este proyecto desde hace siete años.

El nuevo Parque Nacional del Guadarrama

En estos días se está procediendo a la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de Cumbres del Guadarrama. Se trata de una especial figura de protección que somete a un estricto régimen la intervención humana tanto dentro del parque nacional como en su zona periférica de protección, garantizando la conservación de los ecosistemas naturales y la viabilidad de su evolución natural, sin o con escasa intervención humana, tal y como regula la Ley de la Red de Parques Nacionales.

El futuro Parque del Guadarrama se extenderá a los largo de 33.684 ha, de las que 21.740 pertenecen a Madrid y 11.934 a Segovia. Un parque de cumbres cuyos límites los han marcado los alcaldes de los municipios colindantes. En el caso de Segovia, la Junta de Castilla y León ha mantenido las formas: los alcaldes acabaron claudicando ante las promesas y ayudas ofrecidas por la Junta; en el caso de la sierra madrileña, con la Comunidad de Madrid no ha sido así. Se han saltado a la torera el trámite de audiencia y las alegaciones, al más puro estilo “aguirrista”, como si la sierra fuese suya.

Ambas vertientes presentan notables diferencias, no por su belleza, que es sublime en ambos casos -aunque yo, como segoviano, me quedo con la Cumbre, Circo y Laguna de Peñalara-, sino por la utilización que de ellas ha hecho el hombre.

La parte segoviana se encuentra casi virgen. Los usos tradicionales y los diferentes propietarios y ayuntamientos de las parcelas que integran el parque han contribuido de una manera especial a su conservación. Una razón por la cual sus moradores no entienden que se les imponga restricciones de uso, que van más allá de la carretera N-I que establece la zona natural de protección o de la cañada soriana occidental, como establece el Plan de Ordenación de Recursos Naturales –PORN- aprobado por la Junta de Castilla y León. No ocurre así en la sierra madrileña. Allí, a pesar de contar con figuras de protección, desde la década de los 30 del anterior siglo, la especulación urbanística ha ido buscando su desarrollo asociado a espacios naturales de indudable belleza, como es este. Por eso hemos de proteger este paraje de la agresión violenta, para dejárselo como legado a futuras generaciones.

La declaración de Parque Nacional conlleva una limitación de usos. Se prohíbe la corta de madera, la caza y la pesca, pero no el pastoreo y cualquier otro tipo de prácticas agroganaderas naturales. Solo se permite el senderismo y el montañismo por las pistas y sendas. Una cultura ecológica que debe ser consustancial con el avance social y una mayor sensibilidad.

El ministro Cañete ha anunciado que, en el trámite parlamentario, ampliará el Parque en 2.700 hectáreas. En el ámbito de Montes de Valsaín. El anuncio ha levantado una gran polvareda y malestar entre los vecinos de La Granja-Valsaín. El ministro ha pensado que el parque era suyo, como si se tratase de un cortijo donde imponer su ley. La declaración de parque nacional requiere un amplio consenso social con sus moradores, propietarios y ayuntamientos, lo que no ha hecho el ministro. Si el PP, al final, sigue al ministro de Medio Ambiente, tendrá una gran contestación social, y carecerá de la legitimación necesaria.

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad fundamentada en la dudosa legalidad, falta de consistencia y escasa ambición. El Gobierno del PP está utilizando la ley para evaluar y consolidar sus decisiones frente al poder judicial, como es el caso del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el que intenta perpetuar la reducción de los niveles de protección establecidos por el PORN de la Comunidad de Madrid, y que están recurridos. El Proyecto de Ley de Declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama no reúne las suficientes garantías de seguridad jurídica exigibles, siendo susceptible de ver alterado en el futuro su contenido actual.

La discutible legalidad del proyecto de ley se sustenta, asimismo, por el evidente incumplimiento de los requisitos de transparencia y participación pública, establecidos en la ley 5/2007, en particular en lo relativo a la tramitación en la vertiente madrileña del futuro Parque Nacional. De este modo, cabe resaltar que en el procedimiento de aprobación del PORN de la Comunidad de Madrid se recibieron 18.500 alegaciones, junto con otras 1.046 en el procedimiento de aprobación de la propuesta relativa al Parque Nacional, alegaciones que no han sido contestadas, contraviniendo gravemente los artículos 10.5, 10.7 y 21 de la ley 5/2007. Las deficiencias en la tramitación, por tanto, justificarían por sí solas una enmienda a la totalidad, incluso en ausencia de la existencia de los recursos pendientes de sentencia definitiva a los que se ha hecho mención.

El Grupo Popular demuestra así una voluntad política contraria a la aplicación de los criterios inspiradores de las normas ambientales, no solo los relativos a los procedimientos, sino al propio contenido sustancial y a los objetivos de las mismas.

No cabe extrañarse: las Administraciones gobernadas por el Partido Popular han venido considerando las normas de protección ambiental como una “traba” para el desarrollo económico y ahora tienen la oportunidad de “disfrutar” de una evidente “amnistía” frente a las mismas.

La delimitación y contenido normativo de este proyecto de ley responde a la voluntad política del Gobierno de favorecer intereses particulares frente al interés general, conforme a lo establecido en la Ley 5/2007 que regula la Red de Parques Nacionales. .

La Ley representa un avance en la protección medioambiental de la Sierra del Guadarrama, aunque este se limite a las cumbres. Para mí, como ponente de la Ley, junto a la exministra de Medio Ambiente socialista Cristina Narbona, significa un gran honor defender estos espacios que forman parte de mi ocio y a los que nada más levantarme puedo ver y casi tocar desde niño. Espero que al PP se acerque a este proyecto con un espíritu muy distinto al que destila.

Justicia social para los desahucios

Una de las situaciones más dramáticas por la que puede pasar un ser humano es la pérdida de su vivienda por falta de medios económicos para poder pagarla. Mucho más si la situación es sobrevenida y las deudas te sobrepasan día tras día, ante la falta de trabajo o de rentas suficientes. En esta situación se encuentran muchos españoles. Más de 400.000 familias (el 10 por ciento de las hipotecas formalizadas entre 2007 y 2011). Los desahucios se han convertido en una de las manifestaciones más crueles de la crisis.

Pero el desahucio tiene muchas caras. Una de ellas es la repercusión en la autoestima y en la seguridad personal. A quien le quitan el techo, le están quitando el cobijo de su familia y la sensación de miedo y fracaso son consustanciales con su salud mental.

Es de estricta justicia social que nadie se quede sin casa y en la calle por no pagar la hipoteca al haberse quedado en paro o cualquier otra causa imprevista o ajena a su voluntad. Y para ello se han de establecer nuevas condiciones para que puedan hacer frente al pago en más tiempo. Y, en caso de dación en pago, con la posibilidad de seguir utilizando la vivienda familiar, asumiendo un arrendamiento social.

Los bancos están recibiendo ayudas y es razonable que los bancos ayuden a los más necesitados, más cuando ellos reciben dinero del Banco Central Europeo a un tipo de interés cero y con un periodo de carencia de tres años. Una inmoralidad, como recordaba el obispo de San Sebastián, el Sr. Munilla, quien, por una vez, sin que sirva de precedente, se ha visto iluminado por la gracia de Dios.

El PSOE ha presentado una ‘Proposición de Ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia’ para que se debata con carácter urgente. El Sr. Rajoy se ha comprometido a estudiarla y a desarrollarla en su caso. La grave situación social que atraviesan muchas familias hace que el PP no se pueda negar a buscar una solución a este drama social. Más cuando la vivienda desahuciada tiene como destino el cierre y la reversión de su titularidad a los bancos. Las medidas propuestas tienen un amplio calado social que buscan poner fin a los desahucios y que la dación en pago sea el último recurso antes de perder la vivienda.

La indignación por los desahucios va unida a la rabia y a la situación de impotencia, mucho más cuando muchas instituciones financieras han establecido cláusulas abusivas que han dado lugar a un importante desequilibrio entre la posición del deudor y del acreedor. Se trata de una cuestión de sensibilidad social para dar respuesta a quienes pueden perder el techo, ya que los bancos solo siguen entendiendo de rentabilidad económica y de pedir ayudas para ellos, que no para los demás, cuando lo necesitan.