Compromiso con EFE

Los 70 años de historia de la agencia de noticias EFE le han permitido configurase como la cuarta más importante del mundo. Las delegaciones internacionales de EFE están consideradas como “segundas embajadas”. Es uno de los pilares de proyección de la imagen de España y de la defensa de sus intereses.

El pasado mes de junio la vicepresidenta del Gobierno de España, la Sra. Sáez de Santamaría, en el 90 aniversario de FAPE subrayó la contribución de la agencia EFE a la construcción de la “marca España” y desmintió que su capital informativo fuera a verse restringido. El expresidente de FAPE, Fernando González Urbaneja, en ese acto le pregunto sobre los planes del Gobierno para la agencia EFE. La vicepresidenta apuntó que se buscarían “sinergias con RTVE” y dijo textualmente: “Si en un punto no debemos restringir es en la capacidad que tiene la agencia EFE de vertebrar España y de transmitir una imagen seria y solvente”.

La realidad es muy distinta. La Dirección de EFE promovió un ERE que ponía sobre la mesa un ajuste de empleo que afectaba a 275 trabajadores de un total de 970. Al final se ha traducido en una reducción del la actividad laboral en un 50 por ciento para 189 trabajadores y otras muchas reducciones de jornada del 25 por ciento, así como bajas incentivadas y compromisos de jubilación anticipada. Un éxito, como lo ha calificado el presidente de EFE. Sin embargo, los hechos ponen de manifiesto la ausencia de un proyecto consistente para EFE que garantice su futuro, su prestigio y sostenibilidad financiera. Las palabras de la vicepresidenta devienen así en palabras huecas y ausencia de compromiso.

Efe es una sociedad anónima de capital público participado al cien por cien por la SEPI. Carece de una norma legal congruente, como exige la CE, que le defina como servicio público y le someta a un órgano regulador independiente y garantice así la independencia de su línea editorial. La situación de la empresa no obedece solo a la crisis general, y a la crisis de los medios de comunicación, sino también a la crisis de financiación claramente insuficiente. Desde 2009 ha entrado en perdidas. Los ingresos del mercado español han caído un 8,6 por ciento y las aportaciones del Estado, a través del Contrato del Servicios del Estado, han descendido en los tres últimos ejercicios. Los profesionales del periodismo han visto cómo se ha congelado su retribución en 2009, 2010 y 2011, y verán como se reducen sus retribuciones en 2012, gracias al “ERE exitoso”. Los colaboradores cobran 6,44 euros por pieza.

EFE necesita un compromiso de financiación pública por parte del Gobierno de España, como ocurre con otras agencias exitosas como France Press. A nuestra agencia de noticias y a sus trabajadores se les está exigiendo un esfuerzo muy superior al resto de las administraciones públicas. Una financiación insuficiente o escasa es el peor enemigo de la calidad de la información, más cuando se trata de un servicio público, aunque no esté expresamente recogido en una norma legal, como mandata la CE.

EFE necesita un “Plan de Viabilidad” a corto, medio y largo plazo. Un plan que no se fundamente sólo en recortes, sin más; sino en nuevos proyecto. Un plan proactivo, que aproveche los activos de mercado de EFE en el mundo y especialmente en América latina y el mundo árabe y que se sea capaz de corregir sus debilidades en el mundo anglosajón. Un plan que se fundamente en la especialización y que cuenta con la apuesta decidida del Gobierno de España

EFE es un vector excelente para potenciar la “marca España” en todo el mundo y especialmente en América Latina y el mundo árabe. Las aportaciones del Estado a EFE no constituyen un gasto sino una inversión de la que se pueden beneficiar no solo nuestras señas de identidad, sino muchas de nuestras empresas y ciudadanos.

El Gobierno de España ha de comprometerse e impulsar el proyecto de EFE buscando el equilibrio entre calidad, expansión y eficiencia, huyendo de la cicatería y la discriminación con otras actuaciones en el ámbito de la administración.

El fiasco de Segovia 21

Segovia 21 puede terminar en un gran fiasco. ¡Ójala no! Pero todo apunta a que puede ser así. Si se confirman nuestros temores, los que terminarán perdiendo serán todos lo segovianos. No solo perderán el millón de metros cuadrados de monte rústico en un paraje envidiable, sino que soportarán el agravio de quienes pensaron que podían hacer un gran negocio urbanístico e inmobiliario aprovechando la belleza paisajística del paraje. Para ello, proyectaron un campo de golf, como reclamo, y después todo lo demás ligado al núcleo del negocio: chalets de lujo, edificios de alto standing, un hotel y un centro de negocio.

La idea parece ser que provenía de un promotor exitoso. Pronto se la compró el presidente Sr. Atilano Soto, del PP, antes presidente de la Diputación y en ese momento presidente de Caja Segovia, y para ello se pidió el concurso de otro destacado dirigente del PP, y presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Postigo. La arquitectura del negocio estaba preparada. Nada más constituir la sociedad, casi sin solución de continuidad, la Cámara vendió las acciones a Caja Segovia, que incrementó su participación en sucesivas ampliaciones. El promotor de la idea y gestor de la misma, constituyó una sociedad que facturaba por la gestión 600.000 euros anuales más un porcentaje superior al 3 por ciento de las transacciones inmobiliarias. La Diputación tenía la mayor participación en la sociedad, gracias a su gran aporte de terreno a un precio muy lejos del valor del mercado

El Consejo, hasta su disolución hace unos días, estuvo constituido por personas próximas al PP y algunas otras oportunamente designadas para sumar y evitar problemas. El oscurantismo siempre ha presidido la gestión de esta sociedad segoviana. El control de la Diputación no ha existido. Se ha negado durante estos años cualquier información fidedigna a la oposición. Se les ha negado la participación en el Consejo de Administración, y la gestión se ha llevado bajo la tutela de la empresa gestora. Los contratos se han adjudicado al margen de lo que requiere la contratación administrativa cuando se trata de sociedades con participación mayoritaria pública, lo mismo que la contratación de trabajadores. El control político no existía, entre otras razones, porque lo impedía la propia Diputación Provincial, con su presidente al frente. La crisis, después, ha hecho todo lo demás.

En estos últimos días, nos hemos encontrado con una salida hacia delante. Todo indica que el presidente de la Diputación y presidente del PP, el Sr. Vázquez, se ha querido quitar del medio, posiblemente por mal de altura. Para ello se ha designado a una sociedad Verae, que sustituye al Consejo de Administración, designando a uno de sus miembros como administrador único, que, a su vez, es miembro del la Dirección del PP en Segovia. Quizás sea premonitorio de un concurso de acreedores. El hotel ya se encuentra en esa situación y el proyecto se viene al traste. No se puede descartar que siguiendo la línea política del PP en los últimos días en otros asuntos, el presidente del PP repruebe la gestión de Segovia 21 y haga todo lo posible por visualizar que el problema fue de quienes crearon y gestionaron la sociedad. Es decir, el PP. Todo es posible y, además, visto lo visto, real.

Ahora, sin médico de guardia

La Junta de Castilla y León ha decido suprimir las guardias entre las 22 horas hasta las 8 de la mañana del día siguiente en 16 Puntos de Atención Continuada de la Comunidad Autónoma a partir del próximo 1 de octubre. En Segovia, se suprimen en Ayllón, Boceguillas, Aguilafuente, Turégano, Santa María de Nieva, y Bercial. Este es el primer paso, pero es posible que le siga un segundo, la supresión de estos subcentros de guardia e incluso de alguno centro de salud, tal y como se deduce de las palabras de algún responsable de Atención Primaria a los alcaldes de los municipios adscritos.

Con esta medida, se deja sin garantía de asistencia sanitaria de urgencia a importantes zonas rurales. Una población muy envejecida y de baja renta, que no dispone de transporte propio para desplazarse a los centros de salud o al hospital ante una urgencia sobrevenida. Con esta medida, se aumenta la asignación de pacientes sobre el personal sanitario de guardia y se disminuye su disponibilidad.

A los segovianos que habitan en estas zonas se les da el estatuto de ciudadanos de segunda, más si se tiene en cuenta que otros recortes de servicio público, como son los del transporte, la educación o la justicia, están recayendo en ellos con más intensidad que en el resto de la población. El medio rural soporta el mayor peso del ajuste de la crisis, lo que es injusto socialmente e inequitativo.

El PP no ha respetado su palabra y compromiso con Segovia, una vez más. La procuradora socialista Ana Agudíez preguntó, en sede parlamentaria al consejero de Sanidad, por la supresión de las guardias en estos subcentros. Su repuesta fue rotunda: no se suprimirán. Mintió. El Grupo Socialista en la Diputación presentó una moción instando al Grupo Popular a que la apoyase y trabajase para que no se suprimieran. ¿Qué ha hecho el Grupo Popular? Nada. Hay que tener en cuenta que el presidente de la Diputación es el presidente del PP; y el vicepresidente, su secretario provincial. Una vez más han mantenido una posición de cinismo y engaño frente a los segovianos

Pero si el presidente del PP se pone de perfil ante este problema, sus alcaldes también; y hacen la ola sin al responsable de Atención Primaria, sin defender los intereses de sus vecinos, cuando plantea que lo importante es la eficiencia y afirma que sobran cinco médicos, como ocurrió en el encuentro que mantuvieron para informarles sobre la clausura de guardias en el centro de Bercial. Visto lo visto, algunos directivos de la sanidad no entienden la naturaleza ni el fin de la Atención Primaria; de la misma manera que el PP, con su presidente al frente, demuestran un desprecio absoluto por el medio rural. Está claro que solo les importa cuando necesitan sus votos; pero estos, de momento, los tienen garantizado. ¡Para qué preocuparse por minucias!

Memeces

 

El presidente del PP en Segovia y a su vez presidente de la Diputación se ha despachado esta última semana con dos de sus habituales memeces. En esta ocasión, en rueda de prensa, afirmó que “El PSOE es un partido antisegoviano”; y para rematarlo manifestó que en todas sus ruedas de prensa  iba a exigir al PSOE que pidiera perdón por “los daños causados a los españoles”.

Este tipo de manifestaciones descalifica personalmente a quien las profiere, mucho más con la que está cayendo y el descrédito y desafección a la que se ve sometida la clase política. Forman parte de la forma de entender la política que tiene el PP en Segovia y sus dirigentes, con su presidente al frente. El PP  de Segovia se ha visto tan recompensado en los últimos 25 años en su acción política, que lleva mucho tiempo desvirtuándola. Para ellos la política es un juego de poder y de imposición de unos contra otros, especialmente en sus propias filas. Los problemas del ciudadano pasan a un segundo plano. Esta es la visión del PP y su presidente, para el que la mentira y el engaño se convierten en instrumentos de su acción política.

El PSOE en Segovia siempre se ha caracterizado por ser un partido comprometido con la provincia. Buena prueba de ello son los numerosos proyectos e iniciativas que ha impulsado en sus años de gobierno central y municipal, y que están presentes en la sociedad y en el patrimonio segoviano. Tanto en el gobierno como en la oposición, los socialistas hemos mostrado nuestro compromiso con Segovia y los segovianos. ¿Por qué hace estas declaraciones el presidente del PP y de la Diputación? La respuesta es simple: una memez con intención malsana. Propia de mediocres y políticos de tres al cuarto.

¿Y qué decir de la petición reiterada de perdón? Pues otra memez, sin más. Como ya he expuesto en alguna que otra entrada de este blog, la crisis española es consecuencia de la concurrencia de tres factores: la débil estructura económica española, plagada de desequilibrios; endeudamiento excesivo de las personas y las empresas como consecuencia del incentivo recibido por las instituciones financieras y de los gobiernos; y los excesos de los distintos gobiernos desde la Transición. En el actual déficit público una parte de responsabilidad tendrán los gobiernos del PSOE, pero también los gobiernos del PP. ¿O  acaso el enorme incremento de la deuda financiera en lo que va de año, que se está traduciendo en Deuda Pública es responsabilidad el PSOE, o las enormes desviaciones de las Comunidades Autónomas que gobierna y ha gobernado el PP son responsabilidad también del Partido Socialista? El PP provincial, con su doble presidente al frente, hace demagogia y pierde el respeto a los segovianos cuando les intenta engañar con sus memeces. Pero los segovianos no caen ni en la simpleza ni en las tonterías, que ya se sabe que son propias de…            

De 209 a dos; y de 18 a ninguna

El Gobierno de Rajoy está tramitando en este momento un proyecto de ley que va a suponer la supresión de todas las entidades locales menores y mancomunidades; va a vaciar de competencias y servicios los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes; y va a reducir el número de concejales en un 30 por ciento. En Segovia existen en el momento actual 209 municipios con capacidad y autonomía de autogobierno, de los cuales solo uno, el de la ciudad de Segovia tiene más de 20.000 habitantes. Con el actual anteproyecto de ley del gobierno del PP solo la ciudad de Segovia dispondrá de capacidad de autogobierno plena con su alcalde, el Sr. Arahuetes al frente; y el resto de los municipios verán mermada su capacidad de autogobierno a favor de la Diputación con su presidente, a la vez que presidente del PP, el Sr. Vázquez, como alcalde de alcaldes, aunque no haya sido directamente elegido en las urnas. Es como volver al pasado.

Pero el problema no concluye ahí. En Segovia se suprimirán las 18 entidades locales existentes. Municipios históricos como Villoslada, Cobos de Segovia, Arroyo de Cuéllar, Jemenuño… verán cómo se borran de un plumazo lo que aún quedaba de su personalidad y su propia huella de identidad. Se da la paradoja de que todos ellos mayoritariamente en democracia han votado al partido que ahora les quiere quitar sus señas de identidad.

Para el Gobierno de España el objetivo de esta reforma es mejorar la eficiencia y racionalización de la gestión de los servicios públicos de la Administración Local. La realidad es que hay poco donde rascar, o nada. Los ediles de los 208 municipios segovianos que se quieren dejar reducidos a la mínima expresión en su inmensa mayoría no reciben ninguna contraprestación por su contribución a la gestión de lo público y el margen de mejora en gasto corriente e inversión es inexistente. Se trata de una medida con un claro tinte populista que en términos netos no aporta nada. Porque el problema no está en estos municipios, sino en la gestión de grandes municipios como Madrid donde la deuda alcanza los 7.000 millones de euros. ¿Qué pretende el PP cuando quiere usurpar las señas de identidad la totalidad de los pueblos segovianos? ¿Es consciente del gran coste emocional y de identidad que eso supone para sus moradores? O acaso no son conscientes de la quiebra social que supuso la supresión de muchos municipios de Segovia, algunos de ellos reconvertidos con posterioridad en entidades locales menores.

El Estado tiene competencia en la legislación del régimen local y es algo que no desconoce el presidente de la Diputación y a su vez del PP. Será el Gobierno del Estado el que acabe imponiendo su modelo de régimen local. De nada sirve que el Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León haya estado mareando la perdiz y vendiendo su modelo de ordenación territorial durante los últimos seis meses en nuestra provincia: defendiendo el papel fundamental de la Diputación y abogando por la creación de unas unidades administrativas adicionales, los denominados distritos siguiendo la senda de la zonificación sanitaria que implicaran un coste adicional. El PP en Segovia sabe que al final se suprimirán las 18 entidades locales y la supuesta agrupación voluntaria en estas nuevas unidades administrativas es un proceso irreversible, y que el Gobierno central de su propio partido lo acabará imponiendo.

¿A qué juega pues el PP? A confundir a los segovianos una vez más. Cuando firma un acuerdo con el PSOE comprometiéndose a no suprimir las 18 entidades locales menores de la provincia y a no crear una nueva estructura administrativa saben perfectamente que no lo van a cumplir. Se trata de demorar el problema y hacer política de gestos para ganar tiempo. Piensan que con la omnipresente foto del doble presidente en los medios de comunicación y el bombardeo mediático del mensaje interesado es suficiente. Claro que todo en un futuro se puede justificar con la “herencia recibida”, siguiendo el modelo Rajoy. Desde el PSOE pensamos que los segovianos se merecen un respeto, y eso pasa por ir de frente y explicar a los vecinos el auténtico proyecto del PP en Administración Local o si prefieren en Ordenación del Territorio.

El nuevo curso

El nuevo curso político se inicia cargado de incertidumbres. Los segovianos lo iniciamos como todos los años con la ‘Judiada de La Granja’. Y, una vez concluida la tradicional comida, los socialistas segovianos, con Óscar López al frente, nos fuimos a Vallelado, donde mantuvimos un encuentro con el Ampa local para reivindicar la ESO rural en ese municipio. Una reunión en la que el secretario de Organización federal expuso de forma clara y concisa el apoyo del PSOE al mundo rural y a la escuela pública. Una reunión a la que asistieron un gran número de vecinos. El salón de actos estaba a rebosar, y Vallelado no ha expresado nunca una gran simpatía por el PSOE.

El mes de septiembre se ha iniciado con la subida del IVA y la exclusión sanitaria de los inmigrantes. Hoy cada español es un poco más pobre que ayer. Su capacidad adquisitiva ha disminuido. El PP, con su presidente en la cabeza, prometió no subir el IVA ni hacer recortes en la sanidad. La realidad está significando todo lo contario. El futuro no se presenta mucho mejor.

La demora de las ayudas de la UE para nuestro sistema financiero puede ser premonitoria de la negociación de un segundo rescate financiero para nuestro país en el mes de noviembre. Como difícil va a ser la elaboración de los presupuestos. Unas cuentas públicas en las que el presidente del Gobierno se ha comprometido a cumplir un objetivo del 4,5 por ciento del déficit público para 2013, y que los van a convertir en los más austeros de la historia de España. Claro que queda por ver si el Gobierno del PP será capaz de cumplir el objetivo de 6,3 por ciento del déficit público para este año. Todo indica que no será así, lo que le pondrá al PP al pie de los caballos y sin credibilidad alguna. La petición de un segundo rescate y el incumplimiento de las cuentas públicas pueden dejar la mayoría absoluta del partido del Gobierno en un mero respaldo testimonial, que no social. Todo indica que el paro, como principal factor legitimador o deslegitimador, no mejorará sino que empeorará, y bastante.

Pero el panorama político supera la situación económica. El próximo día 25 de septiembre está convocado un día de protesta de los indignados contra la clase política, precedida, el día 15, de una concentración de los sindicatos contra los recortes. Pero, sin duda, el gran hito político del otoño es celebración de elecciones en Euskadi y Galicia el día 21 de octubre, que se puede acompañar del anuncio de convocatoria de elecciones en Cataluña durante la primavera. Si el PP pierde las elecciones en Galicia el declive de Rajoy y el PP está servido, si bien tendrá mucho que ver con la situación en la que quede el PSOE.

En todo caso, las tensiones soberanistas están servidas. Euskadi y Cataluña harán cuña en un panorama de incertidumbre económica y política. EL PSOE no debiera perderse en debates insustanciales que en estos momentos no interesan a nadie, y no aportan valor para la resolución de la crisis, y sí mucho ruido y empeora las expectativas y la confianza de los españoles en los socialistas. La estrategia del PP es clara: agazaparse hasta que mejore la situación. Para ellos ganar Galicia es vital, y cumplir el objetivo de déficit de este año, también. Después, a rezar y a cohesionar la derecha más dura. Esa que el exalcalde de Madrid quiere representar, con el apoyo del Sr. Aznar y su señora.

 

Más de lo mismo

Los acuerdos del último Consejo de Ministros  sobre renovación de los 400 euros a los parados de larga duración y las medidas de apoyo al alquiler ponen de manifiesto más de lo mismo por parte del Gobierno de España del PP: improvisación, falta de proyecto político para hacer frente a la crisis, discriminación de los más débiles y la mentira como factor común de todas sus políticas.

El Gobierno del PP no quería prorrogar los 400 euros para los parados que habían agotado su prestación. Se ha visto forzado a su prórroga por la presión de la oposición, los ciudadanos, los medios de comunicación y una pequeña parte del PP. La prórroga de esta medida introduce algunos cambios en la cuantía y establece condiciones más restrictivas para el acceso. Se mantiene la cuantía actual del programa, 1.200 millones de euros. El Gobierno, con esta medida, ha actuado más pensando en disminuir su potencial desgaste ante la ciudadanía que por convicción.

Se ha buscado el efecto mediático de la subida de 50 euros adicionales para los parados con dos hijos a su cargo y sin que el cónyuge tenga ingresos. Una medida más mediática que efectiva y que busca la diferenciación con la medida primigenia impulsada por el PSOE, que en ningún caso compensa las fuertes restricciones establecidas para el acceso a los 400 euros.

A pesar del que el Gobierno ha anunciado el Plan como más justo y equitativo, la realidad es tozuda. Se trata de un programa asistencial para garantizar unas condiciones mínimas de calidad de vida de los que se encuentran ante este drama personal. En ningún caso contribuirá a incentivar la búsqueda de empleo porque no lo hay, ni el Gobierno tiene la capacidad de impulsar su creación. Un Plan que en todo momento busca sus sostenibilidad financiera como único objetivo, y con ello no duda en penalizar a los jóvenes y a sus familias.

Los jóvenes son los más perjudicados. Se incluye a los padres en el cómputo de los ingresos familiares, que en ningún caso podrán superar los 481 euros por persona, el 75 por ciento del salario mínimo. Primero se les negó la renta de emancipación, obligándoles a volver al hogar familiar, y ahora se les penaliza, robándoles su propia identidad y recordándoles su dependencia.

Las modifciaciones introducidas en el nuevo Plan se prestan al fraude En la determinación del concepto de renta (LGSS. Art 215.3.2) para poder ser beneficiario del programa se verán perjudicados los hijos o personas dependientes del trabajador por cuenta ajena, ya que la nómina sirve de base para su determinación y  el fraude es muy difícil. Pero a un hijo o persona dependiente de un trabajador autónomo que se acoja al sistema de  módulos (éstos son normalmente inferiores a las nóminas de un trabajador cualificado, sin olvidar cualquier trabajador con titulaciones media o superior, trabajadores de banca, seguros, grandes empresas etc) siempre tendrá más posibilidades para acceder a ello. Esto mismo ocurre en los beneficiarios de becas por estudios. La propuesta del PP no es neutral desde el punto de vista social. perjuidica a los hijos de las  familias más humildes.

El PP vuelve a utilizar otra vez más la mentira como arma política. Primero mantiene la incertidumbre, después saca pecho anunciando importantes mejoras y, por último, el BOE vuelve a descubrirnos que nada de lo dicho es verdad. Y para colmo, la ministra del ramo no tiene ningún reparo en explicar la medida con un ejemplo demagógico y totalmente alejado de la realidad.