Política económica: demagogia o realismo

Los populares han anunciado, una vez cerrado su congreso, que se van a dedicar a hacer oposición. El principal tema de su agenda política a partir de ahora va a ser la economía, la ‘crisis económica’, como a ellos les gusta decir. Significa que día a día nos van a bombardear con datos sobre la pérdida de confianza de los consumidores, el incremento de la inflación y la ausencia de medidas económicas, en lo que ellos enfatizan en llamar una gran crisis económica, que afecta a España más que ningún otro país. Hasta ahí nada nuevo. Sin embargo, van a intensificar su gran acción mediática para generar una sensación de caos y desastre económico. Una nueva forma de hacer política, que no dudarán en calificar de ‘responsable’, y a la que pondrán caras de personas consideradas moderadas como Montoro o Cospedal. Sus efectos sobre la economía puede ser la contracción del consumo, empleo y riqueza.

Para analizar la actitud del PP y del gobierno del PSOE en esta situación económica, basta repasar las medidas que ambos proponen para afrontarla. El PP no reconoce, o no quiere, el carácter internacional del problema y sus causas. Trata de apartar a los ciudadanos de la realidad y magnificar los problemas para exaltar la escasa capacidad del gobierno socialista. Pero si se analizan sus propuestas se puede observar como casi todas no dejan de ser un guiño a determinados colectivos, con la rebaja de impuestos, las ayudas y subvenciones indiscriminadas o las acciones genéricas sin concretar un programa. Así proponen bajar el Impuesto de Sociedades e incrementar la base imponible sobre la que tributa el tipo reducido; trasladar determinadas ventajas fiscales a los autónomos; reducir el recibo de electricidad a determinadas empresas; bajar los 400 euros en las cotizaciones de la Seguridad Social…

Son medidas que, de ponerse en marcha, no impulsarían el consumo y mermarían la capacidad de maniobra del Estado, como agente incentivador e impulsor de la actividad económica, sólo para favorecer a determinados colectivos, sin incidir en los aspectos estructurales de la economía española para mejora su capacidad tecnológica, y así la productividad y la competitividad; y sin aplicar una política fiscal que impulse la demanda. En fin, “mucho ruido y pocas nueces” para sacar las castañas del fuego.

En contraposición, el presidente Zapatero presenta las ‘21 nuevas Medidas Económicas’, que completan las ya aprobadas de estímulo económico, y que en total inyectan al sistema económico español 18.000 millones de euros. Incluyen tres grandes bloques: uno para estimular el consumo y aumentar la liquidez de las empresas; otro para mejorar el capital físico, humano y tecnológico, e impulsar el sector de la energía y las telecomunicaciones, y la competitividad del sector servicios; y otro para reducir el gasto corriente de la Administración. Se pretende remontar la actual situación de dificultad y menor crecimiento que están provocando las turbulencias en los mercados internacionales y que afectan a todos los países (precio del petróleo y de los alimentos) y el duro ajuste del sector de la construcción en España. Se busca la máxima estabilidad social posible, por lo que es imprescindible desarrollar esta política económica con el respaldo de los agentes sociales.

La situación económica del país nos permite avanzar con consistencia para abordar los actuales desequilibrios que sufre la economía española y garantizar las prestaciones sociales. Sin duda, la responsabilidad del PP ante la política económica del Gobierno nos va a dar una idea clara sobre si el congreso le ha permitido encontrar la senda de la defensa de los intereses de los españoles; o por el contrario caminan por senda de la demagogia y el interés partidista. El tiempo lo dirá. Algunos tenemos poca fe: Sólo basta profundizar en las recetas económicas que proponen para darse cuenta que lo suyo es un brindis al sol.

http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/2008/230608CES.htm

Un nuevo modelo de financiación local

En estos últimos días el Grupo Socialista en el Senado ha propuesto la necesidad de impulsar un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para aprobar una nueva Ley de Financiación Local que haga realidad los principios constitucionales en esta materia. Ya con anterioridad, en la anterior legislatura, el Senado aprobó una ponencia que sentaba las bases a las que se debiera ajustar el nuevo modelo de financiación. Ahora que se están iniciando los encuentros para definir el nuevo modelo de financiación autonómica es el momento de acordar y resolver paralelamente el modelo de financiación local. Como ha afirmado el vicepresidente Solbes, “en estos momentos pensar que el gran esfuerzo económico lo va a hacer el Estado transfiriendo más recursos a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas, sin que éstas hagan un esfuerzo en las corporaciones locales, es difícil de entender”.

El gasto municipal ha crecido notablemente en los últimos años, como consecuencia del requerimiento de nuevos servicios y prestaciones, así como de la renovación y mejora del equipamiento público. En términos agregados el gasto de la Administración Local en España se sitúa en el 13% del gasto público. Presenta una gran variabilidad en función de las características de cada municipio. Muchos de ellos tienen asociados unos gastos estructurales muy altos por la dispersión geográfica y la baja población adscrita, como es el caso de los municipios rurales de Castilla, o los de montaña de la cornisa cantábrica; mientras que para otros los fuertes incrementos estacionales de población conllevan en determinadas épocas un fuerte incremento de los servicios públicos.

El gasto de la Administración Local está condicionado en gran parte por las competencias autonómicas. Los ayuntamientos en muchas ocasiones se ven obligados a participar en proyectos cuya financiación depende exclusivamente de las transferencias de otras Administraciones o incluso a mantener estos servicios una vez que desaparece las subvenciones ayuda externa que dio lugar a ellos. Así, por ejemplo, gran parte de las depuradoras de aguas residuales de la provincia de Segovia están fuera de servicio al carecer de presupuesto para su explotación. En otros casos, los ayuntamientos están asumiendo los gastos asociados a competencias que no les corresponde legalmente pero que asumen de hecho. Las denominadas “competencias impropias”, que representan desajustes de funciones entre lo recogido por la legislación básica y las asumidas por las entidades locales. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP- ha manifestado que estos gastos ascienden a 6.000 millones de euros, representando el 30% del gasto total de la Administración Local.

A raíz del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la FEMP en julio de 2005, la financiación de las administraciones locales se ha incrementado un 34 por ciento respecto al 2004.La participación en los ingresos del Estado en el 2007 ascendieron a casi 15.000 millones de euros. Sin embargo, el modelo actual presenta importantes desajustes que se traducen en insuficiencia financiera y quiebra de los principios de equidad y lealtad institucional. Es necesario generar uno nuevo modelo de financiación que aporte solidez y coherencia a largo plazo.

Para lograrlo es preciso conjugar una serie de factores. En primer lugar, mejorar el espacio fiscal propio, en aras a una mayor corresponsabilidad fiscal. Para ello las entidades locales han de gastar conforme con sus necesidades y decisiones, así como con autonomía para decidir nivel de ingresos y carga tributaria. Es necesario compartir recursos y capacidad normativa sobre ellos. En segundo lugar, se requiere reforzar la participación de tributos del Estado atendiendo al criterio de equidad, ya que está excesivamente basada en el criterio de población, que no tiene en cuenta las necesidades estructurales de cada municipio. En tercer lugar, la definición de un catálogo de competencias reconocidas por todos los poderes públicos y coordinar la acción legislativa entre las tres administraciones, asignando los recursos asociados a la asunción de nuevas competencias. Y, por último, dar un mayor peso al papel de las cargas sobre el usuario a través de las tasas, los precios públicos y las contribuciones especiales en aquellos casos en los que el usuario es perfectamente identificable y no hay un componente redistributivo claro, ni genera efecto externo.

Sobre estas premisas se ha de asentar la búsqueda de un marco estable de financiación local que permita garantizar la prestación de servicios de calidad y abordar la generación y mantenimiento de las infraestructuras. Una buena gestión del gasto contribuirá a la búsqueda del equilibrio financiero. No hay que olvidar que en España hay 7.000 municipios de menos de 5.000 habitantes, donde la generación de servicios intermunicipales es fundamental para mejorar la eficiencia. Sin olvidar, que la situación financiera de los entes locales se debe más a una situación responsable de los ayuntamientos que a un modelo de financiación correcto.

http://docs.google.com/fileview?id=F.e4921aa1-fd65-4706-9bd6-60ef596c6f71&hl=en

Agua bendita

Estos días hemos leído en la prensa local de Segovia que los altos niveles de arsénico obligarán a beber agua embotellada a los vecinos de Pinarejos. Una mala noticia, sin duda, no por ello sorprendente para aquellos que efectuamos un seguimiento puntual de los grandes problemas de la provincia. Y este es uno de ellos. Son 34 los pueblos de la provincia que presentan en sus aguas altas concentraciones de arsénico. El problema se manifiesta con más intensidad en aquellos municipios que se sitúan en el entorno de Cuellar. En total son 14 los municipios afectados por el problema en esta zona y se extiende a cerca de 15.000 vecinos. El problema es viejo. La Junta de Castilla y León no ha reaccionado a tiempo. Se limitado, en su día, y ya hace más de un año, a mantener una reunión con los alcaldes en la que señaló la necesidad de construir una línea de abastecimiento que tomase agua del Cega en las proximidades de Cuellar, y se canalizase hasta cada uno de los núcleos de población. En este encuentro la Junta estuvo más preocupada por trasladar los costes de explotación a futuro a los ayuntamientos que por resolver el problema. Basta remitirse a las pruebas. El diputado responsable de Desarrollo Rural ha anunciado que se distribuirán dos litros de agua diaria por habitante para dar respuesta al problema. ¡En fin!, a grandes problemas grandes remedios.

El problema referido es uno más, pero importante, de los muchos problemas que afectan a la gestión del agua en Segovia. El agua sigue siendo, después de la despoblación y el envejecimiento de la población, el mayor problema que padece Segovia. No tenemos garantizado el abastecimiento de agua en calidad y cantidad en amplias zonas de la provincia. Tenemos poco agua disponible y la despilfarramos. Las pérdidas en la red de abastecimiento en algunos casos superan el 40 por ciento; las depuradoras son insuficientes y muchas de las que se encuentran disponibles se encuentran paradas porque los ayuntamientos no pueden hacer frente a sus gastos de funcionamiento; y, además, muchos de los acuíferos se encuentran contaminados por nitratos y arsénico. Aún solventando estos problemas, lo que no es fácil, porque alguno de ellos no se resuelven con dinero, si no que es necesario un cambio de mentalidad, como es el caso del consumo excesivo e innecesario, considero que es necesario ampliar la red de captación y almacenamiento siempre que se desarrolle en un marco de sostenibilidad medio ambiental.

Por fortuna hemos tenido una de las primaveras más lluviosas de los últimos años. De lo contrario la situación de abastecimiento de agua en nuestra provincia podría ser dramática en estos momentos. Hemos de aprender la lección y sentar las bases para el desarrollo de un futuro Plan Director del Agua que nos permita dar respuesta a las necesidades en los próximos años. Los socialistas recogimos en nuestro programa electoral, en un conjunto de líneas de acción que denominamos Pacto por Segovia, la necesidad de abordar un ‘Plan Director del Agua en Segovia’. Éste nos es más que el conjunto de actuaciones a corto, medio y largo plazo en todas las infraestructuras asociadas al ciclo del agua: captación, tratamiento, canalización, consumo y depuración, en todo el territorio que abarca nuestra provincia, al objeto de dar una respuesta integral en el plazo más corto posible y no dar palos de ciego. Las actuaciones son competencias básicamente de la Junta y de las administraciones locales, siempre escasa de recursos.

El liderazgo, impulso y financiación del Plan corresponde a la Junta por razones legales. El Estado sólo puede intervenir, tal y como señala la legislación vigente, en el marco de un convenio de colaboración, por Ley o en obras declaradas de emergencia. El Gobierno socialista ha manifestado su voluntad de financiar gran parte de estas actuaciones. El presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Duero en el 2008 asciende a 27 millones de euros, pero también dispone de una dotación de siete millones de euros para obras de emergencia que puede abordar en el marco de un convenio de colaboración para abordar obras como la construcción de un azud en el río Viejo o construir la canalización de agua desde el Cega a los distintos núcleos que se extienden hasta Navalmanzano. Para ello se requiere que la Junta esté de acuerdo en ese acuerdo de colaboración. ¿De qué presupuesto dispone la Junta para este fin? Un enigma. Al menos de momento.

La Mesa del Agua propuesta por la FES puede ser una magnífica oportunidad para no demorar más las actuaciones urgentes, programar las actuaciones en materia de actuaciones e infraestructuras hidráulicas y garantizar la disponibilidad de agua para el desarrollo de Segovia. Será sin duda, ‘agua bendita’.