El recrecido del pantano de Puente Alta

El alcalde de Segovia ha anunciado hace un par de semanas la intención que tiene el Ayuntamiento de triplicar la capacidad del embalse de Puente Alta, en Revenga. Una buena, muy buena noticia para Segovia; más en el momento actual, con la sequía que padecemos. De esta forma, se da respuesta a uno de los grandes problemas que tiene la ciudad: garantizar el abastecimiento de agua.

Hay que tener en cuenta que la solución propuesta desde el punto de vista medio ambiental tiene un impacto mínimo. Se verán afectados por inundación unos cuantos pinos y chaparros. La cota de lámina de agua de la presa será similar a la actual y el muro de contención del embalse permitirá el paso de la N-603 por su parte superior, eliminando de esta forma las peligrosas curvas de esta carretera a su paso junto a la presa actual.

Este proyecto debiera estar integrado en un Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas donde la Junta de Castilla y León recogiese ésta y otras obras hidráulicas que necesita la provincia. Sin embargo, a pesar de que Segovia es la provincia con más problemas de de agua de toda la Comunidad Autónoma, el gobierno del PP en la Junta ha sido incapaz de diseñar y financiar un plan integral para dar respuesta a este problema. Una vez más la Junta sigue olvidando a Segovia e incrementando su deuda histórica.

En esta ocasión la Junta tiene una magnífica oportunidad para demostrar su compromiso con Segovia y los segovianos. Para ello puede financiar –como le corresponde por competencias- el coste de los 30 millones de euros del recrecido del embalse. Me temo que no lo hará; pero lo que sí que harán los dirigentes del PP en Segovia será tirar balones fuera y pedir que lo financie el Estado, como viene siendo práctica habitual.

Menos mal que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia sustituye con creces las carencias de la Junta, por suerte para los segovianos, y el alcalde ha anunciado que al Ayuntamiento, en caso de no contar con su ayuda, acometerá el proyecto con los fondos provenientes del Gobierno de España y los recursos generados por el cobro del recibo del agua.

Sí, soy político

En estos días, en los que la clase política se encuentra tan desprestigiada, quiero expresarles mi orgullo por poder dedicarme a trabajar en el ámbito político, como creo que lo sienten la inmensa mayoría de los que ejercen esta actividad. Es una dedicación que no se elige, a la que te empuja la vocación por el cuidado y la mejora de lo público, poco a poco y sin darte cuenta. Es una especie de halo, que engulle, en la mayoría de los casos, a la profesión elegida, siempre y cuando ésta no sea una consecuencia de aquélla.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pone de manifiesto que la opción ‘la clase política, los partidos políticos’ está en el tercer lugar entre la preocupación de los españoles, por encima del terrorismo. Algo hemos debido hacer mal los políticos y la clase política para que los ciudadanos tengan esta percepción de nosotros. Y no se equivocan, si se identifica a la clase política con los políticos involucrados en los últimos escándalos conocidos, como el caso Gürtel o la operación de Santa Coloma.

Sin embargo, mi experiencia, en los más de 25 años que llevo en la vida pública, es muy distinta a lo que afirman los ciudadanos en las encuestas, o a lo que tienen estereotipado. A lo largo de estos años, he conocido a muchas personas de los diferentes colores políticos que han puesto todo su empeño y dedicación a trabajar por el interés común con plena honradez y honestidad. Es más, me atrevo a afirmar que ése es el caso de la mayoría de los que acaban desarrollando actividades catalogadas como políticas.

Los políticos somos personas públicas sometidas a la crítica y, a veces, a la incomprensión cuando no se alcanzan los objetivos que afectan a los diferentes colectivos, con independencia de su naturaleza. Ahora bien, eso es algo consustancial con nuestro trabajo. Por lo general, todos solemos dedicar mucho tiempo a nuestro trabajo por el interés general y no somos dueños de nuestro tiempo. No siempre disponemos de sábados y domingos, o de vacaciones programadas.

Una especial mención merecen aquellos políticos que viven con pasión la gestión municipal de pequeños municipios, sin más recompensa y gratificación que su satisfacción por el trabajo bien hecho. Estar en la gestión municipal, como también les ocurre a otros muchos en diferentes esferas de la ‘cosa pública’ su dedicación política, les supone importantes gastos con cargo a su bolsillo, aunque esta premisa sea muy difícil de entender a quienes que no han tenido experiencia política. Pero esta circunstancia es la situación más común; tanto más cuando menos relevancia tiene la posición política ocupada.

Por suerte, vivimos en un Estado democrático de Derecho y esta forma de organización política es la que mejor garantiza de forma contrastada el reconocimiento y dedicación a la vida pública. Los ciudadanos españoles pueden estar orgullosos de sus políticos, aunque ‘garbanzos negros’ haya en todas partes. Por suerte, en nuestro país existen mecanismos de exclusión en estos casos.

Toca mover ficha

La actualidad de la última semana ha estado presidida por la tensión política en Caja Madrid: la pugna por la Presidencia entre las diferentes facciones del PP. Algo vergonzoso e indigno para todos aquellos que tenemos nuestros ahorros en esa institución. Más cuando Caja Madrid va de mal en peor y hemos conocido esta misma semana que sus beneficios han bajado en el último año más de un 30 por ciento; muy por encima de otras grandes instituciones financieras.

La tutela de las cajas corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, ¿qué pinta el presidente nacional del PP en este proceso? No se entiende. O es que acaso si la Caja va mal los impositores van a pedir la responsabilidad al consejo de dirección del PP con su presidente al frente en lugar de pedírselo al Consejo de Administración de la caja. Todo un dispendio que lleva a confundir el plano institucional con el plano orgánico de estas instituciones financieras y a politizarlas, creando desconfianza en su gestión y contribuyendo, de esta manera, a que sus resultados no sean los mejores posibles.

Las cajas constituyen una poderosa herramienta financiera para las diferentes comunidades autónomas. Pueden contribuir de una manera decisiva a vincular inversiones al territorio y corregir desequilibrios, siempre y cuando esté garantizada la viabilidad económico-financiera de las operaciones que soporten. De ahí la necesidad de contar en cada Comunidad con estas entidades, con el tamaño suficiente, la solvencia y la musculatura financiera para poder liderar contribuir al desarrollo económico.

La crisis económica ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema de Cajas de Ahorro. Una red muy atomizada, con más morosidad, activos dudosos y peor calificación de riesgo que los bancos, con carácter general. El Banco de España ha instado a las distintas entidades financieras para que inicien diferentes procesos de fusión, integración o concentración, para mejorar su musculatura financiera y mejorar su solvencia.

El proceso no está resultando fácil. A veces, por la actitud timorata de la propia Comunidad, que es incapaz de liderar el proceso y romper con los intereses de las cajas provinciales como es el caso de Castilla y León; otras, por el fuerte arraigo provincial de muchas de ellas. Casi todas cuentan con una fidelidad muy alta de sus impositores, a pesar de que la retribución del pasivo no siempre ha sido la mejor del mercado; y la Obra Social ha constituido una importante ayuda para el medio rural y otros colectivos culturales y sociales, sin ánimo de lucro; lo que dificulta la transformación.

Así las cosas, y con lo que está lloviendo, es el momento de no perder tiempo y mover ficha para garantizar la solvencia y los intereses de los ahorradores que tienen sus depósitos en estas entidades, cuyo tamaño no responde a las exigencias del mercado. Para ello ha de primar la integración con otras entidades, que permitan su expansión en el mercado, la reducción de costes y la mayor rentabilidad. Esta posición es compatible con las necesidades de financiación de los grandes proyectos de las Comunidades Autónomas para su desarrollo; lo que no es compatible son los intereses de poder de los politiquillos de turno, puestos al servicio de sus propios intereses y no de la Comunidad.

Ni una sola idea, ni una sola propuesta

Esta última semana se ha celebrado el debate de los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Más de lo mismo. Rajoy no aportó ni una sola propuesta y utilizó como base de su crítica las desviaciones en las previsiones de los presupuestos del último año. Su apuesta es clara: la crisis como el motor que ha de conducirle a La Moncloa, y esto no es compatible con cualquier política de colaboración responsable para la recuperación.

La política del Partido Popular es de “chufla y pandereta”, con una fuerte carga de cinismo. Ellos cacarean la necesidad de reducir el gasto público y de bajar los impuestos; pero, a la vez, reclaman en sede parlamentaria más infraestructuras y mucho más gasto para todo lo que se reivindica desde cualquier colectivo. Y en aquellos ayuntamientos y comunidades autónomas donde gobiernan no predican con el ejemplo. Prueba de ello es el alto endeudamiento de comunidades como la valenciana o el Ayuntamiento de Madrid.

Bajar impuestos, como quieren los populares, significa automáticamente reducir las prestaciones sociales –pensiones, parados, dependencia y becas, entre otras- y recortar la inversión productiva pública. Lo primero agravaría la situación de determinados colectivos, quebrando la cohesión y la paz social; y lo segundo, ante la ausencia de inversión privada en el momento actual, tendría un efecto perverso para la mejora de la productividad y el empleo en la economía española. A lo más que han llegado es a anunciar estos días la necesidad de eliminar los ministerios de Igualdad y de Vivienda, sin recordar que fueron ellos los que generaron la gran burbuja inmobiliaria y el fuerte endeudamiento de las familias españolas durante su etapa de gobierno; y demuestran una falta de respeto por la mujer y la defensa de sus derechos. Es algo más que falta de sensibilidad: es nepotismo conservador y rancio.
2010 será un año difícil. El PP en esta crisis, la más grave que ha padecido el sistema capitalista, lo único que ha hecho hasta el momento es meter miedo y generar desconfianza en la población. Una parte de la caída del consumo, que es tanto como decir del empleo, se la debemos a personajes como el señor Montoro y el señor Rajoy; otra, a los problemas estructurales de la economía española: orografía, escasez de recurso naturales, falta de tejido empresarial…, que prevalecen desde el siglo XIX. Por suerte, el Gobierno socialista, con la Ley de Economía Sostenible, se propone impulsar su solución. Otra vez más, el PP, con su señorito al frente, Mariano Rajoy, ni está ni se le espera: ni una sola idea, ni una sola propuesta. Así son los patriotas del siglo XXI, defensores del legado histórico de la derecha en nuestro país.

La hora de la Justicia

Basta darse una vuelta por los distintos juzgados de España para comprobar el mal estado de sus inmuebles, por lo general vetustos y mal mantenidos. Pero, con todo, éste no es el mayor problema. Los juzgados españoles presentan un déficit histórico de jueces, fiscales y, en general, de todo tipo de personal para el desarrollo de sus funciones. La organización no es la mejor. Lo mismo ocurre con la organización de archivos y la aplicación de las nuevas tecnologías.

La organización y gestión de los juzgados españoles deja mucho que desear. La propia idiosincrasia de los jueces y su independencia, unido a la doble dependencia funcional y orgánica de los juzgados, y la falta de unas claras líneas de responsabilidad en la gestión, han contribuido a que la Justicia en España no haya funcionado con la eficacia y eficiencia que hubiese sido deseada.

La politización de la Judicatura, con la puesta en escena de diversas asociaciones profesionales, casi todas ellas conservadoras, ha contribuido de manera decisiva, junto con el afán de notoriedad de los llamados jueces estrella, a minar su credibilidad. El sistema de selección contribuye a ello. Por lo general, el acceso al Poder Judicial sólo es posible para los hijos e hijas de familias pudientes, y con un fuerte arraigo familiar. El ‘Opus Dei’ es posiblemente la organización ha aupado a más de sus miembros a la carrera judicial. Y no es casualidad. El acceso al Poder Judicial se sustenta en un conjunto de pruebas memorísticas, fundamentalmente, que algunas organizaciones dominan a la perfección. Sin olvidar la endogamia de los tribunales. Con ello quien está perdiendo es la Justicia. O sea, todos los españoles.

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, consciente de los problemas enumerados, ha puesto en marcha el Plan de Modernización de la Justicia, que complementará el proceso de mejoras iniciado en 2004. El Ejecutivo destinará al plan 600 millones de euros, que se sumarán al presupuesto anual corriente del Ministerio de Justicia, que el próximo año será el mayor de su historia. Hoy se invierte en Justicia un 50 por ciento más que en 2004, cuando el Gobierno socialista llegó al poder.

El Ministerio de Justicia trabaja en la reforma del modelo de planta y demarcación para adaptar el mapa judicial a las necesidades reales de España. El Gobierno ha realizado el mayor crecimiento de la planta judicial. En la legislatura, la planta judicial va a crecer un 19 por ciento. Durante los próximos tres años el número de jueces aumentará un 17 por ciento; y un 20 por ciento, el de los fiscales y los secretarios judiciales.

La Nueva Oficina Judicial, con un amplio consenso parlamentario, será una realidad en 2010, lo que implicará juzgados más eficientes, concentración de esfuerzos y recursos, mejor servicio a los ciudadanos y mejor asistencia a los jueces y magistrados. Los presupuestos de 2010 prevén una importante partida para este proyecto, como también lo contemplan para la implantación de las nuevas tecnologías.

Con todos estos ingredientes, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura fue a la huelga en fechas recientes. Huelga que ya tenía decidida desde mucho antes. Y no se orientaba precisamente a fortalecer el desarrollo judicial: señalando más juicios, y aumentando de esta forma la productividad de los juzgados; o a mejorar la dedicación de algunos jueces en su tiempo asignado de trabajo. Todo ello es mejorable, y eso depende de los jueces, no del Gobierno. En algún juzgado de instrucción de Segovia lo saben muy bien.

Para algunos jueces conservadores el problema es de otra naturaleza: no soportan que un gobierno de izquierdas dé respuesta a los problemas que durante muchos años ha padecido la ciudadanía con el Poder Judicial. Claro que falta dar un gran paso: democratizar el acceso a la Judicatura y fundamentarlo sobre bases sustantivas más trasparentes, objetivas y eficaces. Se trata del tercer Poder del Estado. Un poder independiente, que conforme al Estado de Derecho, ha de juzgar con sus normas y hacer ejecutar lo juzgado.

Gürtel & Larsson

La trama de financiación del Partido Popular, conocida como la trama de corrupción Gürtel, bien podría inspirar una próxima novela de Stieg Larsson, sino fuera porque éste célebre escritor sueco ha muerto. A veces la realidad supera la ficción y, una vez que se levantó esta última semana el secreto del sumario, se ha puesto de manifiesto lo que algunos sospechábamos y observábamos desde hace tiempo en base a los hechos: el PP contaba con una red de financiación paralela y complementaria a la fórmula legal establecida.

La evidencia de los hechos pone de manifiesto en muchas partes de España la gran capacidad financiera del PP para financiar todo tipo de actos y eventos. En especial, en las campañas electorales, como he tenido la oportunidad de denunciar en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, de la que soy viceportavoz por el PSOE. Para evitar el fraude electoral –como propuse- es necesario reforzar los mecanismos de transparencia que imposibiliten y dificulten la financiación por terceros de las actividades de las formaciones políticas, al margen de las pautas legales establecidas.

Por eso, cuando Rajoy nos dice ahora que todo este asunto se trata de “una trama corrupta para aprovecharse y hacer daño al PP”, no nos queda más remedio que reír a carcajada limpia. Antes, sin escrúpulo alguno, había acusado al PSOE de haber hecho un montaje de todo esto; después echó la culpa a la policía y al Ministerio Fiscal… No ha hecho otra cosa, sino intentar ganar tiempo y confundir a los ciudadanos. Ahora la evidencia es la evidencia y lleva meses sin contestar a las preguntas de los periodistas.

Los casos de la trama se extienden no sólo a Madrid, Valencia y Galicia, sino también a todos los territorios donde el PP ha tenido una clara hegemonía política. Esta semana hemos conocido cómo el presidente de las Cortes de Castilla y León, antes consejero de Fomento, el popular José Manuel Fernández Santiago, está ligado a la trama, como también lo están el anterior consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, y el director general de Deportes, antiguo teniente alcalde del Ayuntamiento de Boadilla, Miguel Ignacio González. Hoy el ex alcalde de Boadilla del Monte contrataba con la red, porque se lo había pedido el tesorero del PP, el señor Bárcenas, quien a pesar de haber presentado su dimisión en los cargos orgánicos del partido sigue disfrutando de coche oficial y sigue siendo senador. Y esto es lo que conocemos. Porque, como ya he comentado, los hechos cantan. Y basta observar en muchas partes de España las actividades del PP.

¿Alguien puede creer que Rajoy no estaba al tanto de los hechos? Pero si personas de su mismo equipo, como Ana Matos, estaba recibiendo de la red junto a su ex marido, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, 6.000 euros al mes y se había inscrito a su nombre un automóvil. Rajoy tiene que asumir su responsabilidad como presidente del PP, donde varios de sus dirigentes se encuentran implicados, y presentar su dimisión; de lo contrario, su actitud será indigna. Así lo ponen de manifiesto los 17.000 folios del sumario que no sólo dan para tres volúmenes de 800 páginas de la colección ‘Millennium’, sino para mucho más. La historia sólo acaba de empezar y por suerte para ellos la crisis económica lo distorsiona todo. Pero tiempo al tiempo.

Decepción olímpica

¡Qué pena! No ha podido ser que las Olimpiadas de 2016 vengan a Madrid. Sin embargo, ha quedado clara la solidez del proyecto olímpico y el buen hacer de los españoles. Ahora sólo queda meditar si presentamos la candidatura a los juegos de 2020. Seríamos en este caso candidatos por tercera vez, pero hay que recordar que Sydney consiguió los juegos a la tercera. Éste puede ser el caso de Madrid.

A pesar de la ilusión que hemos puesto en el proyecto, la “corazonada” era un sueño imposible. Si tenemos en cuenta que los próximos juegos se van a celebrar en 2012 en Londres, era muy difícil teniendo en cuenta el carácter rotatorio por continentes que tradicionalmente han tenido, romper esta regla. Mucho más cuando la candidatura ganadora, la de Río de Janeiro, representa a un continente que jamás ha tenido unos juegos. Pero sobre todo, y en este caso hay que loar al jurado, la adjudicación de los juegos a Brasil es un gran impulso al desarrollo y cohesión social de América Latina. Un continente con un gran potencial económico y medio ambiental que necesita entrar con más fuerza en la dinámica del desarrollo y de la justicia social; y, sin duda, los juegos constituyen una excelente herramienta para alcanzar ese objetivo.

Ahora sólo nos queda mirar al futuro. Madrid ha invertido en su candidatura olímpica, desde su primera opción en el año 2012, 600 millones de euros. Mucho dinero para no recuperar la inversión. Sin embargo, la tasa de endeudamiento de la ciudad de Madrid –la más alta de España- hace necesario meditar detenidamente la candidatura de Madrid en 2020. Hay que tener en cuenta que en el momento actual está construido el 70 por ciento de las instalaciones. En caso de optar en un futuro a la sede olímpica habrá que actualizar las instalaciones y seguir invirtiendo mucho dinero. Es una decisión que habrá que tomar en los próximos días.

La experiencia acumulada desde 2012 y el cambio de continente nos sitúa en una posición envidiable para obtener la adjudicación del proyecto. A ello habrá que unir la perseverancia, a pesar de haber ido a esta última convocatoria sin grandes expectativas, dado el carácter rotatorio que siempre se ha impuesto; un gran error. Quizá de cara a futuro la perseverancia sea nuestro mejor activo, e incluso puede estar incorporado a la estrategia inicial diseñada en 2012. Ahora bien, en todo caso, a los madrileños les va a costar el proyecto olímpico ‘un riñón’ que hemos de agradecer a ese gran alcalde experto en endeudamiento, en la generación del déficit y en la subida de impuestos, Ruiz Gallardón. Exactamente todo lo contrario que predica el PP, pero que nunca lleva a la práctica cuando gobierna, y a las pruebas me remito.