domingo, 20 de agosto de 2017

La política de la realidad



El atentado de la Rambla en Barcelona y los hechos acaecidos en Cambrils han llevado a la Generalitat, y más en concreto a su presidente y al consejero de Interior, a enfrentarse con un problema real que entronca con la primera prioridad de cualquier alto responsable político en el ejercicio de sus funciones: garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. En este caso la política de salón no sirve, y mucho menos los juegos de artificio. Los Mossos d´Escuadra reaccionaron con eficacia y evitaron esa misma noche lo que podía haber sido otra masacre en el paseo marítimo de Cambrils. No es el momento de abrir un debate sobre la concreción de la acción policial, mucho más cuando todo hacía presumir que los terroristas podían llevar cinturones de explosivos. Las imágenes que se han podido visualizar se prestan a la polémica. En todo caso, estoy seguro que el Parlamento Catalán debatirá ampliamente sobre este suceso, la seguridad de sus ciudadanos y la actuación de sus fuerzas de seguridad. Espero que los parámetros que sirvan para medir la eficacia y oportunidad de las actuaciones de la policía autonómica sean coherentes con el tratamiento que se pueda dar en un futuro ante hechos similares al resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por suerte, el día posterior al atentando en la plaza de Cataluña se trasladó a la ciudadanía española una imagen de unidad de todas las fuerzas políticas frente a la barbarie de la jornada anterior. Ver juntos en un mismo acto al Rey, al presidente del Gobierno de España, al presidente de la Generalitat y al resto de los líderes de las diferentes formaciones políticas es un gesto de obligado cumplimiento hacia la dignidad de las víctimas. Cualquier político que se precie no sólo debe condenar el atentado, sino que ha de expresar su horror ante la crueldad y desprecio  por la vida humana mostrada por estos terroristas tan jóvenes, que apenas han tenido tiempo para conformar su propio proyecto vital y que ponen de manifiesto las graves heridas sociales que acosan a la sociedad del siglo XXI.

El atentado, sin embargo, ha puesto de manifiesto algunas cuestiones preocupantes. En primer lugar, el cierre de filas en torno al Pacto Antiyihadista. Una vez más Podemos ha vuelto a dar la nota. A pesar de dar muestras evidentes de condena y repulsa a la acción terrorista, como no podía ser de otra manera, ha reiterado su posición de no integrarse en el Pacto. Cuando se analizan las razones geopolíticas que esgrimen, lo mejor que se puede pensar es que viven en el mundo de las utopías, más si se tiene en cuenta el desliz verbal de su socio de IU. Lo cierto es que la acción de los yihadistas es trasversal, y cada célula o llanero solitario va a su bola, de ahí la necesidad de cerrar filas en torno a la acción preventiva y penal, así como la coordinación internacional. Y qué decir de estos iluminados de la CUP. Ahora resulta que este tipo de acciones terroristas son fruto del capitalismo y de movimientos fascistas. ¡Que se lo expliquen a cualquiera de los muchachos que en un tiempo récord han conseguido generar tanto terror, y sobre todo a las víctimas!

El Sr. Puigdmemont ha puesto de manifiesto otra vez sus grandes taras políticas. Nadie en su sano juicio, ante el miedo y la preocupación de los catalanes ante la sicosis generada, puede recordar en estos momentos que para ellos lo más importante es la hoja de ruta rupturista. Verlo para creerlo. La Generalitat y los partidos que brindan su apoyo al proceso independentista están fuera de la realidad política. Ni tan siquiera un sobresalto como el ocurrido estos días les hace despertar. Esperemos que el pueblo catalán en unos próximos comicios, más pronto que tarde, prescinda de quienes no están a la altura de las circunstancias.

Muchos de ustedes, igual que yo, es posible que siguieran la rueda de prensa del nuevo consejero de Interior de la Generalitat con el Mayor de la policía autonómica. No dejó de sorprenderme que el Sr. Forn no nombrase en un sólo momento a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que estaban participando junto a los Mossos en la acción policial; no así su mayor. Lamentable. En la acción antiterrorista es absolutamente necesario el trabajo en red y bien coordinado para garantizar la prevención y lucha antiterrorista. Estado, Comunidad Autónoma y Administración local han de actuar como si se tratase  de un sólo cuerpo funcional. Los méritos no son de un cuerpo policial u otros, sino de los resultados alcanzados para evitar y prevenir una acción terrorista, y reaccionar de forma eficaz si no hubiese más remedio. Si algo justifica la necesidad del Estado como nada es la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. La política de salón es una política ajena a la realidad de los catalanes, y del resto de españoles.






lunes, 14 de agosto de 2017

Odio político



El odio es la antítesis de la acción política. Si algo requiere la política es diálogo, entendimiento, tolerancia y respeto a los demás. Recuerdo que en la preparación de uno de mis primeros encuentros políticos con los ciudadanos, siendo muy joven, comenté a Juan Muñoz, diputado del PSOE por Segovia en aquellos años, con quien compartía el encuentro, con mucha satisfacción y pasión el contenido de mi discurso. Un discurso repleto de descalificaciones y juicios de valor hacia la derecha. Una visión muy emocional. A Juan no le faltó tiempo para espetarme “galán, no tienes ni puta idea”. Me explicó que una cuestión era discrepar y otra descalificar. Y menos despreciar a los demás porque pensaran de forma diferente a nosotros. Es más, me llegó a pedir que hiciese un esfuerzo de respeto para buscar los puntos de encuentro. Una gran lección que nunca olvidaré y siempre que he podido la he practicado. 

Hoy la política está más contaminada que nunca. De los sentimientos se hace un asunto de fe, de dogmas y se persigue al disidente. El espíritu que presidió la Transición de cesión, acuerdo, pacto… todo eso se ha terminado. Tengo la sensación de que estamos volviendo al espíritu de la rancia España, y al odio entre los contrincantes políticos, como en los años 30. Todo lo contrario de lo que necesitamos: una actuación política con respeto a las instituciones y al oponente fundamentada en costumbres democráticas que puedan adquirirse a través de la educación fundamentada en los valores republicanos. La filósofa alemana Hannah Arendt ya nos recordó que la política no es un asunto de individuos aislados, sino de la sociedad humana que requiere de la organización, cooperación y respeto mutuo de sus integrantes para alcanzar la metas de bienestar colectivas e individuales.  

La discrepancia y el conflicto son elementos esenciales de la política. Lo que diferencia a los populistas de los pluralistas es la manera de entender la confrontación, de aceptar o no la legitimidad del adversario. Es difícil de entender que el responsable de una opción política cuando asume el cargo, como ha ocurrido esta última semana en mi circunscripción, se marque como reto “seguir manteniendo la movilización y el conflicto social”. El odio fruto del conflicto buscado no puede ser la guía nunca de la acción política. Es un desprecio a los ciudadanos. El populismo puede utilizar un discurso que disfraza el verdadero problema y señala al otro como enemigo, pero no lleva a ninguna parte. No sólo no aporta soluciones, sino que antes o después genera frustración y genera descrédito en la política y los políticos. Es la antipolítica.

La política del odio presenta múltiples manifestaciones en la acción política. El discurso del odio ha tomado relevancia en los últimos años. Los discursos de culpa, odio y miedo, la retórica del “nosotros contra ellos” y la política de la demonización han alcanzado una relevancia no vista desde los años 30. Discursos falaces, demagogia y el discurso del odio han permitido, por ejemplo, a Donald Trump ganar la Presidencia en EEUU. Estas prácticas suelen producir hartazgo en la ciudadanía y pérdida de credibilidad en poco tiempo. Debieran ser rechazables vengan de donde vengan, PSOE, PP o cualquier otro partido. Sin embargo, se ha convertido en la práctica común de la mayoría de las fuerzas políticas. Un nuevo concepto de la política que se aleja de la búsqueda de soluciones para los problemas de los ciudadanos. Una política basada en golpes de efecto para satanizar al contrario y persuadir de la superioridad de su opción política. 

El discurso del odio entre los partidos políticos se ve complementado en muchos casos por la falta de luz de algunos medios dispuestos a chantajear y jugar de parte, aunque eso vaya en detrimento del derecho a la información veraz y de la propia profesionalidad de quienes escribe, más preocupado por mantener su puesto de trabajo y agradar a la editora, que por contribuir con su buen hacer al prestigio del medio y la mejora de su cuenta de resultados. A ellos se unen los “hooligans” de diferentes bandos políticos que con sus comentarios en los medios, bien escritos o a través de tertulias, nos demuestran día a día estar en posesión de la verdad absoluta y ser capaces de despreciar a todo aquel que no piense como ellos. Incluso ocultando su opinión bajo la firma de un seudónimo como acto de valentía y consistencia de su pensamiento.

El odio en política es mal compañero de viaje. No atravesamos por el mejor momento, pero como en cualquier otro ciclo las aguas volverán a su cauce y el discurso y las políticas del odio en la acción política volverán a ser rechazadas y despreciadas en favor de la política de altas miras.   




miércoles, 9 de agosto de 2017

El maná del turismo



Los asaltos de la kale borroka de corte independentista catalana a los establecimientos e instalaciones turísticas en Barcelona y Mallorca este verano han abierto un profundo debate en la opinión  pública sobre el papel del turismo y sus efectos positivos y negativos en la sociedad y la economía. Hasta el propio Otegui, líder carismático de Bildu y de la antigua Herri Batasuna, ha salido a rechazar la violencia para protestar contra el modelo turístico, intentando así parar a su gente que se estaba echando al monte siguiendo los pasos de los cachorros de la Cup. Para ello ha aplicado el viejo antídoto de echar la culpa al Estado español y al Gobierno de desear que haya incidentes en Cataluña y el País Vasco. Parece ser que sus seguidores le han creído a pies juntillas, y al menos Euskadi se va a declarar paraíso turístico no beligerante. Nadie mejor que Otegui y los empresarios vascos saben lo que ha supuesto la vuelta a la normalidad para el turismo en esta tierra. Son muchos los vascos que tienen un buen nivel de bienestar gracias al turismo, y somos muchos los turistas a los que no nos encanta seguir poder contribuir al crecimiento y riqueza tanto del País Vaco como de Cataluña y Baleares. Todos somos turistas antes o después, también los catalanes.

El trinomio playa-sol-precios contribuyó en los años 60 al despegue de la economía española. Un turismo que se concentró en las zonas del litoral español y de baja calidad. El devenir del tiempo ha hecho que España tenga un alto nivel de especialización turístico sólo enturbiado por la masificación de los últimos tiempos y el auge del low-cost propiciado por la economía colaborativa y la falta de regulación. Bien es cierto que sus efectos son desiguales. La presión de la masificación y del llamado turismo de borrachera se hace sentir  en las zonas de playa y grandes ciudades. No ocurre lo mismo en el interior, en ciudades como Segovia, Salamanca, Toledo o Cáceres, en las que la pernoctación se limita a uno o dos días como máximo, cuando se pernocta. Un turismo de tipo cultural y gastronómico ligado a establecimientos hoteleros y hosteleros que compiten en calidad, aunque se comienza a atisbar un deterioro progresivo de la oferta ante el exceso de demanda y la necesidad de reducir costes.

El turismo de aluvión y su exceso de demanda en las zonas costeras se está convirtiendo en un problema para la convivencia vecinal. Los llamados pisos turísticos acogen lo mejor de cada casa, tanto del país como extranjeros. Personas que vienen a pasar unos días y para las que vale todo. Viven al margen de las normas de urbanidad que con toda seguridad guardan en sus residencias de origen, creando grandes quebrantos a los vecinos que habitan esas zonas que sufren los efectos, como la Barceloneta en Barcelona o Malasaña en Madrid. Las voces, las broncas, los orines, las borracheras y todo aquello que se pueda contemplar como imaginable tiene cabida en este modelo turístico. Es sorprendente que algunas ciudades tengan más plazas en pisos turísticos –autorizados- que en establecimientos hoteleros. Es urgente una nueva regulación que garantice la armonía del turismo y el respeto vecinal. Todo es posible, siempre que se respete la convivencia cívica. Se ha de evitar la sobresaturación de zonas e inspeccionar que se cumple la ordenanza municipal que evite este tipo de distorsiones turísticas que a medio plazo son un lastre para el turismo de cada ciudad y del país. De ahí la necesidad de establecer un procedimiento sancionador que sea realmente efectivo y permita evitar el turismo de aluvión bajo el paraguas de la economía sumergida.

El turismo en España representa actualmente el 11, 5 por ciento del PIB. Desde 2013 ha sido el principal aliado de lucha contra la crisis. Genera uno de cada cuatro empleos. En Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, el 40 por ciento del empleo creado durante este periodo depende del turismo. Y los principales beneficiarios han sido los jóvenes sin cualificación ni experiencia. Por tanto, con las cosas de comer no conviene jugar. Lo tiene claro Otegui, pero sorprende la ambigüedad de la alcaldesa de Barcelona, la Sra. Colau. Hay un problema real y efectivo que hay que acometer para que el desarrollo turístico se vaya armonizando de forma progresiva. Es intolerable la lucha callejera contra el turismo, que además está cargado de una épica antisistema; pero también es intolerable que haya sido precisa una movilización de esta naturaleza para que se abra el debate y los responsables municipales y autonómicos se pongan las pilas. El turismo siempre ha sido un maná para los españoles, a veces sobrevenido como consecuencia de los conflictos civiles de nuestros competidores, pero no podemos arriesgarnos a perder nuestra posición. Hay que ponerse las pilas cuanto antes.    



domingo, 6 de agosto de 2017

Salarios justos



La ministra Báñez recordaba a los empresarios españoles el pasado mes de junio que era el momento de subir el salario a los trabajadores, no sin antes apuntar que el asunto forma parte de la negociación colectiva que compete en exclusiva a empresarios y representantes sindicales. Las declaraciones de la ministra sonaban más a oportunismo político que otra cosa: ella fue la que impulsó la reforma laboral de 2012 que propició una caída drástica de los salarios y la precarización del empleo, que se ha cebado con jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Sin embargo, España necesita recuperar unos salarios justos que retribuyan adecuadamente el trabajo por cuenta ajena y permitan apuntalar la recuperación económica a medio y largo plazo. Para ello es imprescindible que los hogares ganen el poder adquisitivo que han perdido desde 2008 y el consumo se recupere. El Gobierno y la ministra de Empleo y Seguridad Social no pueden limitarse exclusivamente a hacer una declaración de intenciones al albur de unos buenos datos puntuales de empleo y crecimiento. Deben mantener un papel activo y catalizar la negociación colectiva para que los salarios permitan mejorar el bienestar de la sociedad y avanzar hacia un nuevo modelo económico, lo que hasta el momento no han hecho.  

La renta disponible marca el nivel de bienestar de un país. Los expertos auguran que no se recuperarán los niveles previos a la crisis hasta la próxima década. Y eso que hemos recuperado en estos meses los niveles de riqueza de 2008. Un PIB que se está alcanzando con casi dos millones menos de trabajadores que entonces. A su vez, las rentas del trabajo representan ahora tres puntos menos en el PIB que en 2008, y las de las empresas han crecido en punto y medio. Se ha producido una transferencia de renta de los asalariados hacia la empresa. La recesión ha sido superada, por suerte, pero la carga ha recaído sobre los trabajadores principalmente: han reducido sus salarios, han mejorado la productividad y se ha destruido mucho empleo. Hoy en España muchos trabajadores tienen una renta baja. El 15 por ciento no llega a 650 euros/mes y el 50 por ciento no alcanza los 1.400 euros.

Con esta estructura salarial resulta complicado mantener tasas de crecimiento a medio y largo plazo que estén orientadas más allá de la supervivencia. Sólo con la garantía de mantenimiento del empleo y unas rentas más altas se podrá reactivar la economía con gastos que puedan abordarse a medio y largo plazo. Quien  no gana más de 800 euros al mes lo tiene muy complicado para endeudarse a la hora de comprar un coche, una vivienda u otro bien duradero. Con salarios bajos se está frenando el crecimiento y el desarrollo económico del país. De ahí la necesidad de cerrar una negociación colectiva en 2017 con subidas salariales ligadas a la productividad, con mejoras mayores para las rentas más bajas que permitan a los trabajadores una recuperación paulatina de su poder adquisitivo. Un objetivo no exento de dificultades salvo para aquéllos cuya acción política se limita a la verborrea oportunista sin pararse a meditar sobre la concatenación de pros y contras a los que llevaría cada acción.

Lo cierto es que en lo que va de año las organizaciones sociales y empresariales han sido incapaces de articular un mecanismo que permita establecer la banda de subidas salariales en la negociación colectiva. Los sindicatos propugnan una subida salarial ligada a la subida de precios para no perder poder adquisitivo como ha ocurrido en estos últimos años, con subidas del 0,5 por ciento en 2014 o del 1 por ciento en 2016; mientras los empresarios apuestan por subir las subidas a los resultados de sus empresas y no referirse al comportamiento de los precios. Son muchas las empresas para las que aún persisten los efectos de la crisis y se encuentran en pérdidas. Por suerte cada vez menos, pero la virtud de una buena negociación es buscar el punto de equilibrio para garantizar el empleo a corto plazo y la mejora de la productividad y los salarios a medio y largo. Hasta el día de hoy los convenios negociados en 2017, que afectan a cuatro millones y medio de trabajadores, marcan un incremento del 1,35 por ciento, muy lejos del 2,5 que propuso la patronal para 2017. Nos encontramos, pues, ante un problema para el que no existen soluciones mágicas y que va a requerir de tiempo, siempre y cuando el viento nos siga viniendo de cola y no se tuerzan las perspectivas.

La mejora de la renta salarial y del consumo puede venir propiciada por la exención del IRPF para las rentas entre 12.000 y 14.000 euros /año –las  menores a 12.000 euros ya están exentas-, como han anunciado a raíz del pacto del techo de gasto para 2018 el PP y C’s. De materializarse en los Presupuestos de 2018 se traduciría en una rebaja fiscal de 2.000 millones de euros que conllevaría un poquito más de poder adquisitivo y su traducción directa al consumo. Una medida no exenta de polémica en un momento en el que aún no se vislumbra el cumplimiento de los objetivos de estabilidad  presupuestaria, y cuando no se articulan mecanismos para compensar por las rentas más altas la rebaja fiscal.

Si alguien ha perdido poder adquisitivo a raíz de la crisis han sido los empleados públicos. Primero con el recorte de la paga extra que después se recuperó y después con las pérdidas por el diferencial de inflación. El ministro de Hacienda ha afirmado que sus retribuciones crecerán por encima del 1 por ciento, tomando como referencia el crecimiento. Los empleados públicos necesitan un nuevo marco retributivo que les permita, no sólo recuperar el poder adquisitivo, sino contar con retribuciones justas. La Función Pública necesita una urgente reestructuración en todos los niveles de la Administración, pero también garantizar salarios dignos y proporcionales al desempeño y funciones que realizan, así como una carrera profesional ligada al desempeño fundamentada en pautas objetivas. Se trata de una asignatura pendiente de la democracia española que ningún Gobierno se ha atrevido a abordar.

La mejora de los salarios en España es una excelente oportunidad para que el Gobierno y la ministra pongan de manifiesto su capacidad de gestión para impulsar un cambio de modelo que permita mejorar el bienestar de todos. Lo estamos esperando. Es el momento de pasar de las musas al teatro.