viernes, 24 de marzo de 2017

La frivolización del Parlamento



Hace casi un año, uno de mis habituales artículos semanales concluía de la siguiente manera: Les tengo que reconocer que sufro mucho en el hemiciclo cuando veo a esa gente, que además se autotitula de izquierda, escenificando en cada sesión una sátira para que hablen de ellos, a la vez que hacen el 'caldo gordo' a la derecha. Tengo que confesarles que después del 26J nada ha cambiado, e incluso va a peor. Prueba de ello ha sido la última semana de Pleno en el Congreso de los Diputados.

Los golpes de efecto para llamar la atención como sea siguen siendo el hilo conductor de la política de la denominada nueva izquierda. La última pregunta oral al presidente del Gobierno por parte de su líder ha sido un exabrupto de mal gusto. Bajo el pretexto de cuestionar los vetos del Gobierno nos hemos encontrado con una retahíla de palabras ácidas en la jerga popular, como 'me la pela' o 'me la bufa'... Su única intención era llevar a la memoria del ciudadano su recuerdo y así ganar notoriedad. La inconsistencia del contenido ya estaba descontada de inicio a tenor de la trayectoria; lo mismo ocurrió con un diputado del mismo grupo famoso por sus asaltos a fincas agrícolas en Andalucía. En este caso escenificó ante el ministro de Justicia, un poco antes de iniciarse la sesión de control, un numerito para atraer a los fotógrafos -lo que consiguió- y acaparar la imagen gráfica de los medios. La cuestión de fondo era lo de menos; y remataron la última sesión plenaria ante el debate de la problemática del agua, colocando camisetas de color azul, que habían repartido al inicio de pleno, en el frontis de los escaños, como si de un tendedero se tratase.

En el Parlamento reside la soberanía nacional. En él están representados todos los españoles de una ideología u otra, y los españoles se merecen un respeto. El hemiciclo no puede ser un hemicirco donde se representan excentricidades para salir en la televisión y en los medios. El Parlamento es un crisol para poder transformar nuestra sociedad y hacerla más justa y equitativa, respetando las normas, los resultados democráticos de los debates, las instituciones y la cortesía parlamentaria. No se puede oscurecer el debate con artimañas ajenas al buen oficio parlamentario que sólo buscan otros intereses ajenos a los de los ciudadanos. Esta forma de entender la política está muy lejos del sueño democrático de muchos españoles, al menos del mío.

La denominada nueva izquierda va buscando en todo momento un toque épico en cualquier acción o debate, como si de una batalla se tratase. Sus intervenciones tienen un toque absolutista. Se está con ellos o contra ellos; no hay término medio. Todo es blanco o negro. Se ataca a los grupos que puedan representar una amenaza y, en especial, a aquellos que puedan competir electoralmente con ellos. Y terminan con una puesta en pie de los diputados de su Grupo, con un fuerte reconocimiento de aplausos, cuando no con vítores a los asistentes a tribuna, que a veces  les acompañan en el colorido de la vestimenta para la ocasión. El espíritu de la representación preside toda la puesta en escena. Es el jefe del grupo quien marca los tiempos e inicia los aplausos del coro, a la vez que escenifica la sobreactuación con un abrazo, beso o lo que haga falta al compañero que regresa del campo de batalla una vez que ha actuado.

El fondo y contenido de las intervenciones para ellos es lo de menos. Lo que importa es llamar la atención. Por lo general su discurso comienza con relatos a los que se les pone nombres impersonales para explorar el mensaje emocional de la indignación, compasión o esperanza. De contenido, argumentos y propuestas, poco; o nada. Se trata de simplificar el mensaje y hablar en nombre de eso que ellos denominan la “gente”. Un concepto indeterminado que permite la imputación oportunista de preferencias en su nombre, más allá de lo que puedan decir o pensar.

La frivolización de la actividad parlamentaria no es una cuestión baladí. El Parlamento ha sido durante muchos años una de las instituciones más respetadas. Cuando se instrumentaliza y banaliza su funcionamiento se está perdiendo la primera batalla democrática: la credibilidad no sólo de sus representantes, sino también del sistema democrático en nuestro país. Mucho más cuando se cuestiona el respeto y acatamiento de la Constitución y los valores y principios que la informan. No es el camino. Algunos debieran recapacitar. Quien siembra truenos recoge tempestades. Ya sabemos que se trata de eso; pero el sistema democrático es muy fuerte y les puede engullir más pronto que tarde. 




miércoles, 22 de marzo de 2017

Brecha femenina



No hace muchos días celebrábamos el Día Internacional de la Mujer. En esa jornada quedó de manifiesto la discriminación que sigue viviendo la mujer en el mundo actual en diferentes aspectos  de su quehacer diario. Se ha avanzado mucho desde que Clara Campoamor impulsara el sufragio universal femenino, ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. Campoamor defendió los derechos femeninos y reclamó la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género humano en política. Una cuestión de dignidad y justicia en la que aún queda mucho recorrido en la igualdad de derechos.

Hoy, la mujer sigue cobrando 10,4 por ciento menos por cada hora trabajada respecto al hombre, a tenor de los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de las trabajadoras segovianas, la brecha salarial asciende a 3.500 euros anuales para un salario medio de 17.000 euros, según los propios datos de la Agencia Tributaria. Una discriminación intolerable que mayoritariamente no se sustenta sobre bases objetivas. Responde en muchos casos a una dinámica de menosprecio de la mujer en el puesto de trabajo asentada sobre viejas culturas de corte decimonónico y aún no erradicadas del todo; en otros, al papel asumido por la mujer en la sociedad y en el ámbito familiar que le sitúa en una situación más vulnerable ante las exigencias empresariales.

El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente por unanimidad una moción para que el Gobierno elabore una Ley de Igualdad Transversal que acabe con esta brecha salarial que sufren las mujeres. Esta futura ley no puede ser testimonial, sino que debe apuntar acciones con este fin. No sirve con la igualdad legal, el Gobierno debe articular medidas para que la igualdad sea real. Sólo con medidas proactivas se podrá poner fin en el menor tiempo posible a esta discriminación que sufre la mujer y que no se sustenta en causas económicas, ni estructurales desde el punto de vista económico.

La brecha femenina se extiende a otras facetas. En el mercado laboral la discriminación de la mujer alcanza tanto a su participación en la actividad laboral como en el nivel de paro. En provincias como Segovia la tasa de actividad femenina es siete puntos inferior a la masculina; y la tasa de paro se sitúa casi cuatro puntos por encima del paro masculino. La tradición cultural española sobre el papel de la mujer en el mundo laboral arrastra a muchas féminas a asumir un papel principal en el sustento familiar y a su renuncia a buscar un puesto de trabajo en el mercado laboral. El problema se agrava por el menor atractivo que ofrecen unos salarios más bajos.

Las mujeres dedican mucho más tiempo también al cuidado del hogar y la familia. EL INE nos ha recordado esta última semana que por término medio el hombre dedica 3,46 horas menos que la mujer a estas labores. Es urgente impulsar medidas de conciliación laboral y familiar para romper esta brecha social, que han de ir acompañadas de una educación en la igualdad y en la corresponsabilidad familiar  en el desarrollo de las actividades domésticas.

Una de las mayores brechas entre hombres y mujeres afecta a las últimas etapas de su vida. Hay diferencias notables entre las pensiones entre géneros. En Europa la pensionista cobra, de media, un 38 por ciento menos de pensión. Esta situación se repite en todos los países que conforman la Unión Europea, incluida España. La igualdad de género no forma parte del presente laboral, pero tampoco del futuro en el contexto actual.

La brecha de género actual hace más necesaria que nunca la elaboración de una estrategia para combatir sus efectos y erradicar sus causas. Un problema que afecta a todos, hombres y mujeres, y cuya eliminación contribuirá a cuestionar más la sociedad y hacerla más justa.




domingo, 19 de marzo de 2017

¿Fin de la pesadilla?



No. Rotundamente, no. Sólo cuando ETA anuncie su disolución y la haga efectiva habrá terminado esa pesadilla que se surgió para los españoles en el año 60. La macabra aventura ha costado en nuestro país 829 vidas y otros cuantos heridos con secuelas irreversibles, y el quebranto de la convivencia social y el exilio de muchas familias y empresas. Un dolor irreparable para todos los españoles y, en especial, para el pueblo vasco.  

Después de siete años sin muertos, y cinco de declaración oficial del cese de la violencia, ETA nos ha sorprendido con el anuncio de entrega de las armas sin condiciones. Lo ha hecho de forma indirecta. No ha emitido comunicado oficial alguno, al menos de momento. Pero da igual. La sociedad española hace tiempo que descontó este anuncio. Bienvenido sea, si es que se confirma. Como en todos los anuncios de la banda terrorista hemos de ser escépticos. No hace mucho tiempo sobre este mismo tiempo escenificaron una pantomima con el ánimo de recibir contraprestaciones para sus presos.

La desaparición de ETA no tiene marcha atrás. El anuncio de que el día 8 de abril repartirá un mapa con la ubicación de sus zulos es más un acto en búsqueda de la escenificación y del protagonismo político que de efectividad real. ETA no sabe con qué armamento cuenta, ni dónde están sus zulos, y aunque lo conociese sólo presentarían una muestra testimonial. Corren el riesgo asociado de que su acceso a ellos pueden contribuir a esclarecer alguno de los procesos judiciales aún abiertos. Son terroristas, no lo olvidemos. Se trata, sin duda, de un acto de propaganda política que intenta evocar un recuerdo que las personas de bien  preferimos olvidar para siempre. 

ETA se acabará disolviendo más pronto que tarde. La acción policial y el diálogo desplegado durante los últimos gobiernos socialistas han sido claves para que hoy ETA esté en el olvido y derrotada. La política negociadora desplegada por José Luis Rodríguez Zapatero con Eguiguren ha dado sus frutos. Hubo quien se permitió el lujo y osadía de decirles que estaban coqueteando con el terrorismo. Sin la política y sin el diálogo discreto desplegado por Zapatero hoy nos estaríamos donde estamos. La política, hasta el momento, se ha impuesto al terrorismo y debe seguir imponiéndose.  

El Gobierno debe buscar cauces de enlace con ETA hasta buscar su disolución final. El escenario político para este fin no puede ser más favorable. Y sólo cuando los pocos terroristas latentes confirmen de forma certera su disolución el Gobierno debe manifestar su generosidad con garantías. ETA sólo tiene un objetivo: el acercamiento de sus presos a las cárceles vascas, y muy remotamente, sin esperanza, la búsqueda de indultos. En esto consiste la resistencia de la banda armada para hacer su anuncio. El Gobierno tiene que catalizar en este proceso para normalizar la sociedad vasca y olvidar esta pesadilla de una vez por todas.

Libros como Patria de Fernando Aramburu o el Padre de Caín de Rafael  Vera, desde diferentes ópticas, ponen de manifiesto el sufrimiento y la quiebra social que ha generado el terrorismo en el País Vasco. Una tierra fustigada por esta locura idílica y sin sentido que ha supuesto la lucha armada para conseguir la independencia de los vascos del Estado español. Ellos han sido los grandes perdedores. Esta pesadilla ha de terminar totalmente cuanto antes. 


sábado, 11 de marzo de 2017

Secesión suicida



Las cosas a veces se saben cómo comienzan pero no siempre cómo terminan. El denominado process secesionista de Cataluña es un esperpento político que cabalga montaraz ajeno a los intereses de los catalanes y los españoles. Una acción populista que ya está generando un fuerte desgarro económico y social, no sólo en Cataluña, sino en toda España. Sus efectos pueden ser perversos para la convivencia entre los diferentes pueblos que integran el Estado español y para el prestigio y credibilidad de nuestro país. Con él, pierden todos los ciudadanos, pero en especial ese “cuartil” creciente de la población que día a día se queda al margen de los mecanismos del mercado para la creación de riqueza. Un suicidio social con rúbrica secesionista.

Para avanzar en la proclamación de la República Catalana, los independentistas de esa Comunidad no han dudado en suplantar su propio Estatut y la Constitución Española. Para ello, y bajo el argumento de que “tiempos excepcionales” requieren de “soluciones excepcionales”, han procedido a modificar el reglamento del Parlament al objeto de aprobar una ley de desconexión con el Estado español que les permita, primero, declarar la independencia y su modelo de Estado, y, después, ratificar esa posición en un referéndum para el que no tienen legitimidad. Este proceso se ha planificado de espaldas a la oposición, que representa el 52 por ciento de los votantes catalanes, sin garantía alguna y con desprecio a los derechos de los parlamentarios catalanes. Una actuación propia de una república bananera que es a dónde parece ser les gustaría llegar.

Este desafío soberanista requiere paso corto y mirada larga. Lo hecho, hecho está. Bien es cierto que a lo largo de mucho tiempo Rajoy ha hecho el don Tancredo, negando el diálogo y confiando todo a una estrategia judicial, a la vez que ha impulsado el radicalismo nacionalista; y el secesionismo catalán ha buscado legitimidad social en Cataluña en el desprecio a la calidad democrática española, a pesar de su homologación internacional. ¿Qué se puede hacer ahora para salir del problema y recuperar la normalidad democrática? Buscar una tercera vía. Lo ideal sería encontrar una solución negociada dentro del marco constitucional, como la que en su día planteó el PSOE, a través de la ‘Declaración de Granada’. No es fácil. La apertura de la vía procesal para los dirigentes catalanes dificulta el diálogo y tensa aún más la situación. Cualquier resolución judicial puede enconar aún más los ánimos y fomentar el victimismo.

Hay quien defiende otra vía, la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana. De hecho algún miembro del Gobierno ha coqueteado con esa idea. Son muchos los secesionistas que buscan con denuedo ese desenlace. Saben que ese es el camino más rápido para alcanzar una mayoría social independentista. Se presentarían como víctimas del centralismo español y de un ultraje al pueblo catalán. Si se suprime y suspende la autonomía se entraría en un túnel oscuro de consecuencias impredecibles para la economía de todo el Estado y el bienestar no sólo de los catalanes, sino de los españoles. De Europa sólo se puede esperar intermediación y un posicionamiento de perfil ante un problema interno de un Estado miembro del que pueden derivarse consecuencias para otros Estados de la Unión.

La cuestión catalana no es un tema menor, a pesar de que son muchos los españoles que en el momento actual no son conscientes de su problemática. El 48 por ciento de los catalanes han optado en las últimas elecciones autonómicas por opciones soberanistas. Tan sólo ocho años antes los independentistas catalanes no llegaban al 20 por ciento. Lo que comenzó como una maniobra de distracción del Gobierno de Artur Mas ante las fuertes protestas en la calle por los recortes sanitarios y educativos, se ha convertido en un monstruo que no sólo está poniendo en jaque al Estado, sino que también ha devorado a los políticos que lo gestaron y al partido hegemónico de Cataluña. A ello ha contribuido de forma notable la inacción de los Gobiernos del PP y su falta de diálogo. El futuro es incierto. Y la solución no es fácil, al menos yo no soy capaz de atisbarla.

En este proceso hay una gran lección a aprender: la superficialidad y frivolidad en política son malos compañeros de viaje. El process es buena prueba de ello.