sábado, 19 de enero de 2019

Un presupuesto para trazar el futuro


El Gobierno socialista acaba de presentar en el Congreso de los Diputados sus primeros presupuestos de la era Sánchez. Unos presupuestos reformistas y atrevidso que no dejan indiferente a nadie, bien sea de derechas, de izquierdas, nacionalista, independentista o nada de esto. Es un presupuesto con un claro contenido social, acorde con la naturaleza socialdemócrata del Gobierno, con el mayor crecimiento de ingresos de la etapa democrática. Un presupuesto expansivo, que tiene como objetivo dinamizar la economía y traducir la salida de la crisis a quienes más la han sufrido. Un presupuesto que marca una clara diferencia entre la forma de entender la política y el despliegue de las políticas de acción de la derecha y la izquierda. Para ello se huye de la ortodoxia merkeliana de los últimos años y sitúa al ciudadano en el centro de acción de las iniciativas presupuestarias. 

El proyecto de presupuesto de 2019 es el de mayor contenido social de los últimos años. Prueba de ello es que el gasto social alcanza el 57 por ciento del gasto total.  Se vuelve a la actualización de las pensiones con el IPC con subidas significativas para las pensiones mínimas y las de viudedad, muy por encima de la subida media estipulada. También se recupera la atención a la dependencia, el subsidio a los mayores de 52 años, el impulso a la educación infantil, la supresión del copago farmacéutico… Estas medidas van orientadas a dar respuesta al colectivo de personas más desfavorecidas. Los funcionarios experimentan también la mayor subida desde 1996, respetando el acuerdo que el Gobierno del PP firmó con los sindicatos. La redistribución de la renta y el impulso del consumo, y con ello del empleo, constituyen dos actuaciones absolutamente necesarias para nuestra economía. Por suerte seguimos creciendo por encima de otros países de la UE y cualquier impulso viene bien, en un momento en el que aparecen nubarrones en el escenario mundial. No bajar del 2,2 por ciento de crecimiento del PIB es un objetivo obligado. De ahí que el proyecto de presupuestos contemple una expansión del gasto.   

Lo que más polémica está suscitando son los ingresos. Crecen un 9,2 por ciento en relación a lo recaudado en 2018. La relajación del déficit público en cinco décimas que Bruselas autorizó no tuvo correspondencia con la aprobación en el Congreso de la senda de déficit.  El PP y Cs pusieron todo su empeño en que eso fuese así. Ello nos hubiese permitido disponer de cinco mil millones de euros adicionales, precisamente los mismos que se desvió Montoro en el último ejercicio presupuestario. Nunca es tarde para readaptar el objetivo de déficit. Las nuevas figuras impositivas permitirán dar soporte a un cuarto de ese crecimiento, gracias a las tasas Tobin y Google que otros países están implementando, así como a una mayor progresividad fiscal que no erosiona ni a las empresas medias ni a la clase media española. El nuevo Sistema de Información Inmediata de las cuentas públicas diseñado e impulsado por el anterior ministro de Hacienda permitirá regularizar la situación y disponer de otros 5.000 millones de euros adicionales provenientes de la liquidación del IVA. Y, por último, los ingresos restantes – 9.000 M€- se confían al ciclo económico, al igual que se ha hecho en los últimos siete ejercicios, si bien en el último el Gobierno del PP siguiendo las directrices impuestas por CS bajó impuestos y se permitió el lujo de presupuestar actuaciones como la subvención de los vuelos entre las islas y la península sin la correspondiente dotación presupuestaria. Algo que siempre ha formado parte de la doctrina Montoro a la hora de elaborar el presupuesto anual. 

La otra gran polémica gira en torno a la asignación presupuestaria en inversiones para Cataluña.  Es la que más crece con diferencia en el presupuesto de 2019. Ese crecimiento no se corresponde con la mayor asignación per cápita comparada. La asignación a Cataluña asciende a 270 €/habitante, muy lejos de los 458 de Castilla y León, o de los 458 de Extremadura o Aragón. Debido a la tensión existente en Cataluña se ha invertido poco en los últimos años, más teniendo en cuenta que la mayoría de los peajes de las autopistas son de pago, y carecen de alternativas, y sus infraestructuras tanto en carreteras como en ferrocarriles son muy precarias. La oferta que en su momento realizó Artur Mas al presidente Rajoy en materia de infraestructuras tuvo una respuesta cicatera. Yo mismo, como portavoz de Fomento de mi grupo en ese momento, tuve la posibilidad de informarla y los temas en los que no procedía su admisión se limitaban a muy pocas cuestiones, y todas ellas en el ámbito competencial, no económico

España necesita presupuestos para dar certidumbre a los mercados y crear bienestar para nuestros ciudadanos. El dinero siempre huye de los escenarios inestables. La nueva política entiende que es necesario tumbar al que gobierna y lo mejor es no apoyar los presupuestos, planteen lo que planteen, como rechazo a las políticas y la acción de gobierno. Es un error manifiesto, lo haga quien lo haga. Sólo sirve para erosionar el progreso y desacreditar la política, cuestionando su razón de ser. Esta actitud es propia de políticos mediocres. Por tanto, un gran acierto el de Sánchez dando este paso, no sin antes amagar e invitar a todos los grupos políticos a votar los mismos. Es deseable que se aprueben, con independencia de las modificaciones que puedan efectuarse fruto de la negociación. El hecho de que el presidente del Gobierno haya tomado la iniciativa política con su presentación ya le da en sí mismo un plus político, por su puesto si salen adelante pero también en el  caso de que no salgan. Es la obligación de un gobernante. El presupuesto siempre tiene que trazar el futuro político. Y éste lo hace.     










viernes, 11 de enero de 2019

Madrid despuebla su entorno


En estas últimas semanas se han conocido los datos que facilita el INE sobre el padrón. La Comunidad de Madrid siguió creciendo en población por tercer año consecutivo. Ya cuenta con seis millones y medio de habitantes; la mitad de ellos reside en la propia ciudad. Aumenta, con diferencia, más que el resto de las provincias, en especial las de su entorno más próximo. Madrid sumó en 2018 casi 71.000 vecinos más. El interior se despuebla mientras que Madrid crece. Es como si ejerciese un campo magnético que atrae inversiones, dinamiza la actividad económica y, con ello, asienta población. Los nuevos vecinos proceden de provincias de toda España. Las provincias limítrofes como Toledo, Guadalajara, Ávila o Segovia aportan capital humano que, en muchas ocasiones, entra y sale de la Comunidad de Madrid todos los días para trabajar, gracias a la mejora del sistema de movilidad. Antes o después un porcentaje muy grande de ellos se acaba asentando en la capital o alguna de las localidades de la Comunidad, siempre que el precio de la vivienda se lo permita. Los inmigrantes de otras zonas de España como Sevilla, Ciudad Real y Cáceres también han enriquecido en el último año el padrón de Madrid, a lo que hay que añadir a los inmigrantes del exterior de nuestro país.

La buena marcha de la economía explica ese poder de atracción de Madrid. Ofrece oportunidades laborales que no ofrecen otras zonas o países de origen. La cuestión es si es necesario seguir apostando por un desarrollo industrial concentrado en Madrid y alguna otra zona de España que genera un crecimiento exponencial de las necesidades de servicios y de población, mientras otras zonas del país, en especial las más próximas, se despueblan día a día como consecuencia del decrecimiento vegetativo y de la falta de dinamismo económico orientado hacia la megápoli. El fenómeno tiene efectos colaterales muy negativos. En Madrid la vivienda es cada vez más inasequible y los servicios públicos dejan mucho que desear. Ir y venir al trabajo tiene unos costes en tiempo muy elevados, e incluso un gasto económico muy alto en algunos desplazamientos. La calidad de vida es mucho peor que la que pueda tener un abulense o un segoviano para acceder al trabajo.

¿Cuál es la solución? Compleja, desde mi punto de vista. El mercado impone sus leyes crueles y allí donde no hay mercado no hay vida a corto plazo, salvo que las instituciones públicas desplieguen programas de actuación para incorporar esas zonas al mercado, lo que no es fácil y menos con la actual estructura territorial y administrativa de nuestro país. Para cualquier empresario la localización de su empresa en San Fernando, Collado o Fuenlabrada presenta mayores ventajas comerciales y de explotación que su localización en Cebreros, Cantalejo o Burgo de Osma. A ello se une el déficit de infraestructuras industriales, de transporte y comunicación en estas provincias fuera de las capitales de provincia. En muchos casos se cuenta con polígonos industriales que no responden a ningún plan estratégico ni línea de desarrollo, pero  cargados de mucho voluntariado, ilusiones a la vez que frustraciones. Polígonos que, en algún caso, han proliferado como setas pero que incluso pueden llegar a carecer de la potencia eléctrica necesaria o banda ancha. Un gran dislate. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos muchas veces han comprado el collar antes que el galgo. Ha faltado una planificación rigurosa, coordinada y con unos objetivos claros, a la vez que la falta de herramientas eficaces para hacer frente al problema.

Lo cierto es que donde no hay mercado no hay posibilidad de desarrollo. Esta es la situación del 80 por ciento del territorio de las provincias que limitan con Madrid. La actuación política debe ir precedida de un desarrollo industrial integral para el conjunto de estos territorios con un plan de actuación jerarquizado y acompasado en el tiempo. Una cuestión técnica que debieran abordar las diferentes comunidades autónomas en un marco de cooperación entre ellas, las administraciones públicas y la superior dirección o supervisión del Estado. Para crear mercado y evitar el flujo de ciudadanos hacía Madrid u otros poderosos focos industriales, el Estado ha de tomar una decisión política: incentivar el establecimiento de empresas e impulsar el desarrollo industrial en estas zonas deprimidas para fijar población. Para ello es necesario una decisión política que algunos venimos planteando desde hace tiempo, tanto en sede parlamentaria como en diferentes foros políticos: asimetría fiscal en el impuesto de sociedades en función de la catalogación de las áreas territoriales en las que operen, así como la intensidad de su aplicación. De la misma manera que es necesario otorgar beneficios fiscales a los pobladores. Sólo así se podrán salvar la ventaja competitiva que ofrecen ciudades como Madrid o su zona periurbana.

El equilibrio territorial en materia de población es una cuestión de Estado. Las zonas despobladas están condenadas al ostracismo, al deterioro patrimonial, medioambiental y a la pérdida de las costumbres y del legado histórico, tangibles e intangibles, de valor incalculable. Regular el mercado con la mínima actuación es necesario para evitar este problema y dotar de vida  estas zonas. Pensemos que los 71.000 nuevos vecinos que sumó Madrid en 2018 es la mitad de toda la provincia de Segovia, por ejemplo. Si no se hace nada Madrid y otras grandes zonas de desarrollo despoblarán su entorno.



sábado, 5 de enero de 2019

Hacia un futuro incierto y turbulento


El psicólogo y científico americano Steven Pinker en su obra “En defensa de la Ilustración” hace referencia a la entropía o desorden como piedra angular en la comprensión de la condición humana. Y afirma, apoyándose en ese concepto, que “el curso natural de los acontecimientos hace que existan muchas más formas de que las cosas vayan mal que de que vayan bien”. La política española no es ajena a este principio. Hoy, son muchos los temas críticos que conforman la agenda política española con posiciones contrapuestas: el problema catalán, el presupuesto, la generación de empleo de calidad, el modelo económico, la despoblación, la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones, entre otros. 2019 no se presenta fácil. El horizonte se otea con incertidumbre en el ámbito político, y nos presenta un futuro incierto y aparentemente turbulento.



2019 es un año con una fuerte intensidad electoral. A las elecciones ya programadas para mayo se pueden sumar las elecciones generales, bien en esa fecha o en otro momento del año en función de los acontecimientos políticos. Con el actual escenario político es imposible predecir quién las ganará, más cuando los actuales estudios demoscópicos dan un empate técnico no sólo entre los grandes partidos, sino incluso entre los diferentes grupos políticos de diferentes tendencias que configuran el panorama político español. Lo que sí se constata es un cierto hastío de una gran parte de la ciudadanía hacía la política y los políticos, al considerar que su acción y sus intereses no convergen con los suyos. Ésta es posiblemente la causa del aumento de la abstención, que podría llegar hasta cinco puntos con respecto a las últimas elecciones, y que penaliza fundamentalmente al PSOE y al PP. Las elecciones andaluzas marcaran tendencias en el futuro. VOX, día a día, va restando intención de voto al PP. No sólo le impedirá encabezar el ránking electoral sino que incluso le desplazará a un tercer puesto electoral en el ámbito nacional. El original siempre es preferible a la fotocopia. El PSOE mantiene su nivel del electorado, pero su desgaste y contradicciones de gobierno le delimitan un techo que será difícil incrementar con votos procedentes de la izquierda más radical, cuya vocación permanente de oposición les arrastra a los niveles en los que siempre estuvo IU. Y, por último, Cs es la gran incógnita. A pesar de su contradicción permanente aguanta y sigue recibiendo votos de todo el arco político. Va a ser el gran competidor del PSOE. Otra cuestión son las alianzas de gobierno, cuyas expectativas cambiarán a lo largo del tiempo en función de los acontecimientos políticos, en especial los ligados al desenlace de los presupuestos generales del Estado para 2019, la evolución del problema catalán y los resultados del súper domingo de mayo.

La agenda política española vendrá marcada en los próximos meses por la tramitación de los presupuestos generales del Estado (PGE) en el Congreso, que entrarán en la cámara a finales de enero o principios de febrero. Su aprobación o rechazo está ligado inexorablemente al problema catalán. En el ánimo de casi todos los diputados que en su día apoyaron la moción de censura está apoyarlos, al menos así se constata en el clima de la cámara, otra cuestión es la escenificación política, en especial la que impone la dirección del PDeCat a la mayoría de sus diputados y su arrastre sobre los de ERC. Si los PGE no prosperan el Gobierno y el PSOE se encontrarán ante una situación de máxima dificultad, pero los grupos independentistas catalanes también. Se quedarán sin vía de escape para salir del atolladero en el que se han metido y más pronto que tarde verán recortado su capacidad de autogobierno autonómico, y la comprensión y apoyo de Europa, al haber agotado las vías de diálogo. La proximidad de las elecciones locales, autonómicas y europeas recogería los efectos de este desacuerdo. Mucho más si estas se hacen coincidir con las generales, e incluso si se desplazan al otoño, salvo que se busque otro escenario político alternativo que cuente con el respaldo mayoritario de la sociedad española.

La aprobación de los presupuestos en los primeros cuatro meses del año es el mejor escenario político para situar en la agenda política española los auténticos problemas que preocupan a los ciudadanos. No sólo permitirán encauzar y marcar una hoja de ruta a la cuestión catalana, sino que permitiría desarrollar un programa reformista y social para dar respuesta a los problemas de los grupos sociales más desfavorecidos que aún colean a raíz de la crisis y abordar las reformas estructurales que tiene pendiente el Estado español desde hace tiempo. El Gobierno tiene ante sí un gran reto que requiere enormes reformas. Para alcanzar este objetivo sería deseable contar con un amplio acuerdo parlamentario, más cuando las perspectivas económicas de momento pintan bien, y nos dan mejores perspectivas que a la media de los países europeos. Unas cuentas públicas consistentes pueden marcar un nuevo escenario político frente al superdomingo y limitar el efecto andaluz, a la vez que despejar el horizonte electoral de las generales a la primavera de 2020, ganando tiempo para gestionar e iniciar el proyecto político reformista que necesita España. De lo contrario, todo quedará a merced de la decisión del presidente que es quien tiene la capacidad de abrir un nuevo periodo político. El segundo principio de la Termodinámica nos dice que la entropía siempre crece, pero nosotros podemos apostillar con la experiencia que se puede gestionar para disminuir la incertidumbre del futuro.