sábado, 19 de mayo de 2018

Carrera política


Dos de los principales referentes políticos del PP han visto truncada su carrera política en un breve periodo de tiempo. Las dudas generadas por el máster cursado por la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, y también realizado por el vicepresidente de Comunicación del PP, al que a su vez se le cuestiona su titulación en Derecho, han sido la causa. Ambos, trasmitían frescura y se les había presentado ante la sociedad española como personas de éxito. Estaban llamados a ocupar responsabilidades mayores y su camino más inmediato se orientaba a presidir, si las urnas les daban un respaldo mayoritario, la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la Alcaldía de la ciudad. Pero cuán diferente es la realidad a aquella que nos ha intentado hacer creer el PP y sus medios de comunicación afines. Su prestigio y aceptación pública se ha venido abajo. El problema de fondo es mayor. Todo hace pensar que subyace un problema de falsificaciones y actuaciones fraudulentas de algunas autoridades educativas, con el consentimiento de sus protagonistas. Su partido ante el problema ha preferido mirar para otro lado.

La mayoría de los españoles nos hemos educado en la creencia de que a mayor formación mayor oportunidad de progreso. De ahí que desde niños, bajo la tutela ejercida por nuestros padres, hemos intentado superarnos y buscar un futuro profesional asentado sobre un proyecto educativo en el que hemos invertido muchas horas y sacrificado otras opciones alternativas. Tener una carrera en nuestro país era una buena tarjeta de presentación en el mundo laboral. No te garantizaba nada, pero te abría puertas. Además te ofrecía estatus y reconocimiento; pero para ello había que sudar la camiseta. No perder la beca, compatibilizar un trabajo con la preparación de oposiciones o cursar una segunda carrera nunca ha sido fácil. No era una cuestión de seis meses. Como mucho, el común de los mortales al compatibilizar trabajo con estudios  avanzábamos cuatro asignaturas cuatrimestrales al año o requeríamos dos años a pleno rendimiento, acostándose muy tarde y los fines de semana con dedicación plena -hasta 13 horas de estudio-, para superar la ansiada oposición. Al menos esa es mi experiencia. A todo hay quien gane. El pertenecer a una determinada organización no infunde “per se” un talento especial.

Ahora resulta que la pirámide está invertida. Algunas formaciones políticas eligen a sus dirigentes y les intentan dar valor añadido engordando y adornando su currículum a través de titulaciones y máster que no cursan o si los hacen lo realizan de una forma testimonial. Para ello utilizan su poder de referencia e influencia sobre determinadas autoridades académicas, cuando no soportan su acción en actuaciones clientelares. Una vergüenza que rompe el principio de igualdad y la equidad entre los españoles. Una línea de conducta que hay que erradicar cuanto antes de la vida pública. Los principios de igualdad, mérito y capacidad constituyen una garantía para selección de los mejores y para el mejor impulso de la sociedad tanto en el ámbito privado como público. Las diferentes formaciones políticas debieran ser muy conscientes de ello. La mediocridad y el amiguismo sólo generan frustración, antes o después. Y a la vida pública se llega a servir y no a servirse. De ahí la importancia de llegar con la vida laboral orientada y, si es posible, resuelta. No se puede pretender vivir de la política y pensar en una dedicación de por vida. La participación en lo público por definición es efímera. Y para ello tampoco es imprescindible poseer títulos, si la función requerida no los exige.

Basta hacer un recorrido por los currículums de los políticos españoles para comprobar que muchos de ellos padecen de “titulitis”. Es decir, de una hiperinflación de títulos orientados reforzar su imagen personal y profesional. Hagan la prueba y repasen las fichas de los parlamentarios españoles. O incluso más fácil, vayan a la ficha del diputado y vicepresidente de Comunicación del PP, como expresión mediática del problema que se está debatiendo estos días. Quedarán impactados. Les confieso que a mí también me impresionó la primera vez que lo vi. Me lo creí. Ahora, después de conocer que la mitad de las asignaturas de la licenciatura de Derecho le llevaron siete años y la otra mitad seis meses, tras cambiarse de universidad, me declaro escéptico. Mucho más cuando tiene no sé cuántas cosas más en universidades extranjeras, e incluso ha sido en una de ellas profesor visitante. No creo en los milagros, y menos en las tonterías.  

Asociar la aceptación política a un determinado currículum virtual constituye un fraude a la confianza y  respeto que merecen los electores. Hay quien lo hace en el ámbito laboral, pero en la vida pública invalida a quien actúa así como político. La carrera política de algunos no pasa por instrumentar una carrera académica ficticia para seducir a los ciudadanos. Ambas son inexistentes e improcedentes. Dignificar la política pasa por no hacer de la participación pública una carrera, y menos instrumentalizarla con títulos académicos que no se orientan a la formación y el enriquecimiento del capital humano, sino a fines espurios. Quien actúa así no es digno de estar en la política. Y si su actuación objetivamente es fraudulenta debe irse.   



viernes, 11 de mayo de 2018

El CIS marca tendencia


El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acaba de publicar su barómetro correspondiente al mes de abril de 2018. Con una muestra de 2.466 encuestas realizadas mediante entrevistas personales en 256 municipios y 17 comunidades autónomas, y un error de muestreo del dos por ciento, lo convierte en el estudio prospectivo más serio y riguroso sobre lo que piensan los españoles y determinan sus expectativas políticas. El trabajo de campo se realizó entre los días 1 y 10 de abril, cuando el ‘caso Cifuentes’ estaba emergiendo, pero aún no había llegado a su momento culmen. A dos años vista de la celebración de elecciones generales, este barómetro sirve para marcar tendencia. Su lectura e interpretación debe estar inexorablemente unida a los diferentes barómetros publicados a lo largo de la legislatura. No obstante, ofrece una información nada despreciable para corregir posiciones y mejorar sus expectativas a los diferentes partidos y líderes políticos.

En primer lugar, pone de manifiesto la falta de una mayoría suficiente en el futuro de los diferentes bloques ideológicos para garantizar la gobernabilidad de España con autonomía. Considerando el error de muestreo, los tres partidos mayoritarios se encuentran en un empate técnico. El bipartidismo representado por el PP y el PSOE, que otrora representase el 82 por ciento del voto, ahora se sitúa en el 46 por ciento. PSOE y PP se sitúan en sus niveles más bajos de expectativa de voto en democracia, con un 22 y 24, respectivamente. A su vez, Cs desplaza al PSOE de la segunda posición, y de mantenerse la tendencia de los últimos barómetros no tardará en convertirse en la primera. Y para sorpresa de todos Podemos se recupera y se sitúa a casi dos puntos de su rival natural. La tendencia indica que poco a poco se va abriendo la brecha entre el centro-derecha y la izquierda, a favor de aquellos. En este CIS, la diferencia es de cinco puntos, que se incrementa con los apoyos de los nacionalistas de su misma tendencia.

Los principales problemas que preocupan a los españoles siguen siendo: paro, corrupción y fraude, los políticos, situación económica, pensiones..., si bien crecen en interés los temas que han estado recientemente en el debate político, como es el caso de la corrupción y las pensiones. Sin embargo, por encima de las cuestiones que conforman la agenda política del día a día, se encuentran los factores emocionales que entroncan con los valores de los diferentes ciudadanos. El barómetro pone de manifiesto un mayor peso de la izquierda en la estructura social -el 39,4 por ciento se encuadra en este segmento- frente a la derecha -el 27,9 por ciento-, y a pesar de ello la propensión de voto del centro-derecha es mayor. La expectativa de voto no concuerda. La causa hay que buscarla en el posicionamiento de los diferentes grupos ante el ‘problema catalán’ y en la ambigüedad de las propuestas de la izquierda sobre estos temas y sobre la gobernabilidad del Estado en un momento de máxima turbulencia política que requiere la búsqueda de puntos de encuentro para no paralizar al Estado.

La caída del PP es espectacular. Todo hace indicar que hay voto oculto y que, una vez superado el trámite presupuestario, si el crecimiento económico persiste al ritmo actual -su gran baza-, ellos consideran que podrán contener la caída. Su líder está abrasado y así lo refleja el bajo nivel de confianza que tiene, lo que hará muy difícil que repita como cabeza de cartel. No obstante, la encuesta no recoge lo peor del ‘caso Cifuentes’. De los votos que gana Cs, dos tercios proceden del PP y uno del PSOE. Una vez cerrado el Gobierno en Cataluña -lo que parece que está próximo- el discurso emocional de Cs se resentirá. El encelamiento del PP puede ser su gran baza para amplificar y mantener sus posiciones, así como las elecciones europeas y también las autonómicas, donde crecerá si se mantiene la inercia actual. El PSOE no acaba de encontrar su sitio. La “nación de naciones” y el “no es no” no parecen haber cuajado en los votantes. Una vez más vuelve a caer y el rechazo a su forma de hacer oposición crece en diez puntos con respecto al último barómetro. Y Podemos todo indica que resucita. El 19,6 por ciento de voto es un buen dato para ellos. Recuperan mucho de lo perdido en Cataluña, y se mantienen en Galicia y Valencia con sus marcas blancas. Todo ello a pesar de lo que dicen y hacen. Bien es cierto que su líder lleva una época fuera de onda y no habla. Su consolidación resta posibilidades a futuro al PSOE.

La tendencia indica que las próximas generales pueden llevarnos a un escenario político en el que será necesario el concurso al menos de dos o tres partidos para poder gobernar. El fantasma de la política italiana o catalana puede presidir el Parlamento español en la próxima legislatura. Las elecciones europeas de 2019 pueden ser premonitorias de lo que puede ocurrir en 2020. En cualquier caso, la formación de Gobierno requerirá de un nuevo enfoque político que pasa por anteponer los intereses de la ciudadanía a los de partido y romper los rancios paradigmas de la acción política. Aquellos grupos que lo entiendan y lideren este proceso estarán en mejores condiciones para gobernar, y se podrán empoderar socialmente y ganar su reconocimiento. Los deberes conviene hacerlos antes para no llegar tarde, si es que se puede.


sábado, 5 de mayo de 2018

Batalla al alcohol


La Comisión Mixta Congreso-Senado para el “Estudio del Problema de las Drogas” ha aprobado recientemente el informe que será el germen de una nueva ley ‘antibotellón’.  El texto recoge la prohibición del botellón y contempla multas para los padres cuyos hijos menores de edad sean pillados bebiendo alcohol; prohíbe también la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras, cines y parques recreativos; y contempla la clausura de los locales y comercios que vendan alcohol a menores. Un proyecto ambicioso que la tramitación parlamentaria descafeinará, pero que, aunque llega tarde, llega, y con el acuerdo alcanzado se declara la “batalla al alcohol”.

El consumo de alcohol está fuertemente arraigado en la cultura de nuestras sociedades desde siempre, utilizándose en multitud de situaciones personales, familiares y sociales. En estos últimos años su consumo se manifiesta con mayor intensidad en las fiestas y eventos asociados al ocio de la gente más joven. Este fenómeno tiene sus efectos más visibles en el fenómeno del “botellón” en torno a un parque urbano, los fines de semana; o en las fiestas locales en derredor de uno o varios automóviles desde cuyos maleteros se abastece al grupo de distintas bebidas, por lo general, alcohólicas.

Las causas que están contribuyendo a que se esté incrementando el consumo de alcohol entre la juventud son muy diversas y muchas de ellas convergen a la hora de profundizar en el problema: desde un déficit de información sobre los efectos de alcohol en el organismo y la baja eficacia de las políticas preventivas; hasta una ausencia de programas de ocio alternativo para la juventud; una educación familiar permisiva o la carestía de la vida, lo que empuja a la búsqueda de nuevas fórmulas más compulsivas y peligrosas de consumo. Un grave problema que va a ocasionar que en el futuro tengamos alguna o varias generaciones de alcohólicos, si esto no se corrige y se toman medidas que surtan efectos.

El consumo inadecuado de alcohol se ha convertido en España y Europa en un grave problema de salud pública. Este hábito se asocia con más de 60 enfermedades tanto de tipo físico como mental. Los adolescentes son más sensibles a los efectos del alcohol, están más indefensos frente a las adicciones, más expuestos a sufrir daños neurológicos irreparables y son susceptibles de adoptar bajo sus efectos conductas de riesgo muy grave. El informe acordado contempla el establecimiento de un registro clínico de los menores que incluya sus ingresos hospitalarios por alcohol. 

Las consecuencias no sólo las sufre quien lo consume, sino que sus efectos también inciden en su entorno más próximo, en el ámbito laboral y en la sociedad en su conjunto. No hay que olvidar que la causa de muerte más frecuente entre los 18 y los 24 años es el accidente de tráfico con intoxicación etílica del conductor.

Las políticas desarrolladas en nuestro país para atajar el consumo de alcohol se sustentan en la mejora de las políticas preventivas y de la información. Las primeras se instrumentalizan a través de los equipos de Atención Primaria de salud; y las segundas, a través de campañas institucionales. Sin embargo, son insuficientes por sí mismas. Se echa en falta tanto medidas de carácter educativo como restrictivas de consumo que complementen las anteriores. Sólo con la interacción conjunta de todas ellas se podrá frenar poco a poco sus efectos adversos.

La educación es necesaria desde edad temprana, tanto en el ámbito de la escuela como de la familia. Una asignatura reglada de educación para la salud compensaría en el largo plazo la inversión realizada, no sólo en este ámbito sino también en otros muchos. Una asignatura que debiera ser impartida por los profesionales del sistema sanitario en el marco de un convenio de colaboración entre los sistemas de salud y educativos.

Las medidas restrictivas para el colectivo de adolescentes son necesarias. No sólo hay que endurecer las sanciones por el consumo de alcohol en la vía pública, sino restringir el consumo de alcohol para menores de 18 años. El Gobierno, en la anterior legislatura, se vio obligado a retirar la Ley del Vino al no contar con un amplio consenso social. Todos recordamos las palabras de algún relevante líder político, diciendo “viva el vino” en clara oposición a la política responsable del Gobierno, pero en el tiempo trascurrido el problema se ha ido agravando, o al menos esa es mi percepción.

El impulso de nuevo una ley de carácter básico que regule el consumo de bebidas alcohólicas orientada a disminuir el consumo de alcohol especialmente en los colectivos más vulnerables de la sociedad es urgente. El consenso político es más que deseable, sobre todo cuando corremos el riesgo de contar con futuras generaciones de alcohólicos, si no se cambia la cultura y hábitos de consumo ligados especialmente a la forma de ocio. De momento, se ha dado un gran paso.


sábado, 28 de abril de 2018

Pinchar la burbuja (inmobiliaria)


La burbuja inmobiliaria fue la causa de la destrucción de empleo y de los recortes que sufrimos durante la crisis, cuyas consecuencias se siguen manifestando en el momento actual. “El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”, y vamos camino de ello. Todo indica que ha reaparecido la burbuja inmobiliaria y crece por momentos a un ritmo desenfrenado, ante la pasividad del Gobierno y las instituciones con responsabilidad en materia de vivienda. Los precios de los alquileres se han disparado una media del 8 por ciento en lo que va de año, y un 18 por ciento en los últimos doce meses. Casi seis de cada diez desahucios el año pasado fueron consecuencia del impago del alquiler. Durante este año el ritmo de crecimiento durante los próximos meses continuará, quedándose fuera del mercado quienes tienen menores ingresos, en especial los jóvenes y las víctimas de la reforma laboral. Según el INE, la adquisición de vivienda se encareció en 2017 un 6,2 por ciento con tendencia al alza en todas las Comunidades Autónomas, pero se echa en falta un registro oficial que proporcione seguridad y consistencia a la información inmobiliaria, al margen de los grandes promotores o portales inmobiliarios, que siempre actúan de parte y gestionan las expectativas en función de sus intereses. 

Hoy, el alquiler se come en España el 40 por ciento de los ingresos disponibles del 37 por ciento de los españoles. El problema es mucho mayor en los hogares más pobres que afrontan un coste de vivienda con menor margen en su renta disponible. El derecho a la vivienda para estas familias se convierte en una utopía o una pesadilla. La sobrecarga del coste de la vivienda les impide llevar una vida digna, obligándoles a reducir costes hasta límites impensables o sobreexplotar su capacidad de trabajo cuando pueden. Como contraste cabe señalar que España destina apenas el 0,03 por ciento del PIB a políticas de vivienda. Estamos a la cola. Sólo Chile y Malta dedican un porcentaje tan pequeño.

La semana pasada comparecía en el Congreso el Ministro de Fomento para presentar el Plan de Vivienda 2018-2021. Con poca convicción y mucho interés mediático -como nos tiene acostumbrados en este tipo de comparecencias que utiliza como plataforma electoralista- anunció un anteproyecto de Ley para garantizar la seguridad jurídica de los planes de ordenación y urbanismo, algo necesario y urgente que llega tarde; y la asignación de 1.400 millones de euros del Plan orientados a reforzar el mercado de alquiler y la rehabilitación, fomento del alquiler y las ayudas a personas y colectivos en dificultades, así como la mejora de la eficiencia energética. La mayor parte de ellas van orientadas por la vía de la “demanda”, aunque también una pequeña asignación por la vía de la “oferta”. En cualquier caso, sin buscar respuesta a los problemas estructurales, no sea que se le vuelvan en contra. Poca convicción tiene este ministro para salirse del perfil mediático.

Los salarios precarios dejan fuera del mercado inmobiliario a los desfavorecidos, más cuando el crecimiento viene inducido por un oferta reducida y la concentración del patrimonio inmobiliario, sobre todo en las grandes ciudades, en fondos de inversión que compran masivamente viviendas públicas y privadas, incluidas viviendas protegidas, para después incrementar los alquileres. Especulan con el derecho a la vivienda. Para atajar el problema es necesario “pinchar la burbuja”. Poner en marcha medidas estructurales que eviten volver a las andadas. Todo indica que la realidad está al margen de las actuaciones el Gobierno, del debate parlamentario y del posicionamiento de las Administraciones autonómicas y locales. Los especuladores y la banca van a lo suyo, y los ciudadanos sin recursos están sufriendo las consecuencias.

Para pinchar la burbuja se ha de actuar con medidas que incidan tanto en la oferta como en la demanda de alquileres y viviendas. La adquisición de vivienda y el alquiler están estrechamente ligados entre sí. Desde la oferta todas aquellas medidas que se orienten a garantizar el suelo disponible, como la anunciada por el ministro de Fomento, son bienvenidas, ya que garantiza la seguridad jurídica, aumenta la oferta de suelo y en principio evita la especulación. Se ha de desarrollar la Ley del Suelo de 2007 para que la tasación del suelo se corresponda con la naturaleza de lo que es, y no de lo que puede ser. De esta manera se trabaja con expectativas ciertas y se evita alimentar la especulación futura y la espiral inflacionista en la vivienda. En el alquiler de la vivienda hay que aumentar la oferta. Para ello es fundamental garantizar la seguridad jurídica del arrendatario y ampliar el parque de vivienda en alquiler. Se debería cambiar la ley para que las viviendas de protección oficial (VPP) y las viviendas de precio tasado (VPT) se puedan alquilar y con prioridad hacia las rentas más bajas.

Desde el punto de vista de la demanda, el BCE debe vigilar a los bancos para que sean prudentes en las concesiones de créditos y limitarlo al 80 por ciento de la tasación para evitar que la burbuja crezca. Hay que tener en cuenta que los tipos están próximos a cero en el momento actual y que la vivienda siempre es un refugio a bajos intereses más atractivo que el bono, lo que empuja hacia arriba los precios y el crecimiento de la burbuja. Es clave también que la tasación sea realista y los vendedores no pueden legitimar sus precios ante notario determinando éstos el valor catastral, como pretende el PP. Se han de aprobar medidas fiscales bajando el IBI, para que el alquiler sea más atractivo que la compra. Garantizar un tiempo cierto y lo más largo posible en los alquileres, acotando la revisión de precios como máximo al IPC anual. Y, ante todo, marcando de cerca a los grupos de interés que intentan con sus actuaciones alimentar las expectativas especulativas, como es el caso de las ‘Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado’ (Socimis). Sus efectos netos siempre son perversos para los más humildes. La burbuja inmobiliaria es el cáncer económico y de bienestar de las personas que menos tienen, cuando no del propio sistema económico y de sus elementos redistributivos.