sábado, 17 de noviembre de 2018

Confianza e independencia del Poder Judicial


El Poder Judicial nunca había atravesado en la etapa democrática una situación tan convulsa como la actual. Tres hitos han contribuido a esta situación: la polémica sentencia sobre el impuesto de las hipotecas y su posterior rectificación por el Tribunal Supremo; el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el que se señalaba que Otegui y otros no tuvieron un juicio justo; y, por último, la renovación de los vocales y del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), mediante el anuncio de quién ocuparía ese puesto antes de conocer los vocales, lo que no es sólo poco estético, sino que puede generar ciertas dudas en la confianza e independencia que ha de ofrecer el órgano de gobierno del Poder Judicial. Desde hace tiempo la Justicia viene gozando de un cierto descrédito. A ello han contribuido el papel mediático y disonante que en muchas ocasiones han adquirido los denominados “jueces estrella” y a la idea de politización que generan las sucesivas renovaciones del CGPJ. Un lastre que se debe superar para garantizar el “derecho a la tutela judicial efectiva” recogido en el artículo 24 de la Constitución.

La Constitucióncontempla dos facetas en el poder judicial. La primera, y razón de ser de la Justicia, es la jurisdiccional. La desarrollan juzgados y tribunales, y consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a través de Jueces y Magistrados integrados en un único cuerpo. No están sujetos a ningún mandato imperativo y gozan de plena autonomía y responsabilidad para impartir justicia. Nadie duda en nuestro país de su independencia a la hora de dirimir los conflictos de los ciudadanos entre sí, o de estos con un poder público o para ejercer la acción punitiva del Estado. Otra cuestión es que se deba perfeccionar el sistema de selección, capacitación y acceso a la judicatura. El actual programa responde a parámetros viejos y obsoletos de la Administración que no dan respuesta a habilidades esenciales para impartir justicia con las mayores garantías posibles y generar confianza en la ciudadanía. Se da la circunstancia de que, dadas sus características, no es socialmente neutro, según ponen de manifiesto diferentes estudios. La interpretación de la norma siempre viene incluida en mayor o menor medida por el contexto social y económico de quien ejerce esa función. La otra, la administrativa, es instrumental de la primera. La ejerce el CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial, que no es jurisdiccional sino político. Ejerce la potestad reglamentaria, la capacidad de informe sobre los cometidos gubernativos recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y con los aspectos relativos a la organización judicial.

La Constitución española, siguiendo el modelo europeo, y con el ánimo de garantizar la independencia institucional de jueces y magistrados respecto del Ministerio de Justicia, que no existía hasta ese momento, creó el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 123 de la CE determina que doce de sus veinte vocales serán elegidos entre jueces y magistrados en los términos que establezca la ley orgánica, y los otros ocho entre abogados y otros juristas con reconocida solvencia y con más de quince años de ejercicio por el Parlamento con una mayoría de tres quintos por mitades en cada una de las cámaras. Esta fórmula traslada legitimidad democrática al propio órgano de gobierno de la judicatura. Hasta el año 85 Jueces y Magistrados elegían a sus doce vocales. La LOGPJ extendió la legitimidad democrática a estos vocales. Se vinculó su elección a una mayoría cualificada lo que obliga a buscar un consenso muy amplio que equilibra la posición de las partes, desligando el periodo de su mandato -cinco años- del tiempo de la duración de la  legislatura. Se aspiraba de esta manera a corregir el sesgo ideológico consustancial a todo órgano colegiado y a reforzar la capacitación de sus miembros para mejorar la eficacia de la gestión y la confianza de los jueces en su órgano de gobierno. Una decisión no exenta de dificultades y que con el tiempo hemos podido comprobar cómo suscita rivalidades entre los diferentes grupos políticos en su designación, lo cual ha trasladado a la ciudadanía la idea de politización de la Justicia. Bien es cierto que cualquier tema que se dirime en el ámbito parlamentario, por superfluo que esta sea, genera enormes tensiones de forma intrascendente en la mayoría de los casos, y en este caso no iba ser menos.

El proceso de renovación del CGPJ se va culminar en un tiempo récord en la historia parlamentaria. Todos los grandes grupos parlamentarios, excepto uno, han alcanzado un consenso para designar los 20 vocales. Lo que no es de recibo y desvirtúa el proceso es que se haya dado a conocer el nombre del presidente que van a elegir los vocales antes de que estos sean elegidos, lo que pone en tela de juicio su independencia y siembra dudas sobre lo que algunos denominan politización. En una designación colegiada la negociación y el pacto es inherente al proceso, pero “la liturgia es la liturgia”, ya que de lo contrario se quiebra la legitimidad. Con independencia de las sugerencias o peticiones que pueda recibir cada vocal para designar presidente, su voto es libre. El hecho de que el PP, acostumbrado siempre a defender con uñas y dientes su intereses, haya facilitado la constitución por consenso del CGPJ ya es un gran paso. La cuestión es si podemos tener un CGPJ independiente y defender su imparcialidad en la gestión mejor con la fórmula actual o con otra alternativa. La experiencia de otros países pone de manifiesto que elijan los jueces o elijan los parlamentarios se repite el mismo patrón de agrupación por afinidades, ante lo cual siempre es preferible aquella fórmula que respalde una mayor legitimidad democrática. Lo importante es que la Presidencia conjunta del TS y el CGPJ aúna la función jurisdiccional y gubernativa, y pone de manifiesto la superior relevancia de la primera respecto a la segunda, al someterse al control jurisdiccional la legalidad de actuación del Consejo conforme al artículo 106.1 de la Constitución. De esta forma se contribuye a reforzar la confianza e independencia de los españoles en el Poder Judicial. 



sábado, 10 de noviembre de 2018

Guatemala, el país amable que sufre


Centroamérica está atravesando un momento de máxima dificultad social, económica y política, al que no es ajeno Guatemala. Así lo hemos podido constatar un grupo de diputados españoles en un encuentro mantenido estos días con diputados y técnicos parlamentarios de América Latina en la bella ciudad de Antigua (Guatemala) y en una reunión con diferentes diputados de la República en ‘El Honorable Congreso de la República de Guatemala’, como se denomina allí al parlamento unicameral. Con una renta per cápita nominal de 4.500$ y 17 millones de habitantes, este país afronta importantes desafíos. Los altos grados de inseguridad, violencia e impunidad socavan las instituciones del Estado, mientras que la presencia del narcotráfico y el crimen organizado supone una enorme amenaza para la seguridad pública. Un país amable y entrañable que sufre los efectos de las maras juveniles, al igual que El Salvador, Honduras y Nicaragua. La inseguridad se masca, sobre todo en las grandes ciudades como Ciudad de Guatemala, San Salvador o San Pedro de Tula. Salir a pasear o tomar una cerveza son actividades no exentas de riesgo. 

Las altas tasas de pobreza social y exclusión social, superiores al 50 por ciento, sitúan a Guatemala y a sus países vecinos a la cola del desarrollo humano en Iberoamérica. Especialmente preocupante es la desnutrición crónica infantil que afecta a la mitad de los niños menores de cinco años. Estos días, coincidiendo con las ‘elecciones intermedias en EEUU’, se está desarrollando la caravana migrante integrada por 5.000 personas con destino a ese país, que ha partido desde diferentes ciudades de Centroamérica. Es un gesto que reclama justicia social para esta parte del mundo ante la insensibilidad del actual presidente estadounidense, quien ha utilizado a su vez este movimiento con fines electorales a través del mensaje del miedo. Los americanos del Norte constituyen el principal sustento de Centroamérica, tanto por sus relaciones comerciales como por su influencia en la zona. En el caso de Guatemala las remisas de sus inmigrantes suponen el 15 por ciento de su PIB, al igual que en los países vecinos. Pero, a su vez, hacen frontera y sirven de etapa intermedia entre algunos países de América del Sur para la entrada del narcotráfico y del crimen organizado en Estados Unidos. De ahí que el presidente Trump esté desarrollando políticas xenófobas hacia estos países sin llegar a entender que lo que necesitan es inversión para crear empleo, dar futuro a sus hijos y evitar el hambre; y no utilizarlos como mano de obra barata, cuando interesa, en ocupaciones que no quieren los nativos o para apuntalar su mayoría en el Senado norteamericano. 




La debilidad del Estado es patente en Guatemala, como se pone de manifiesto en su incapacidad para abordar el problema de las pandillas delictivas -maras- que operan delictivamente a través de la extorsión, el narcotráfico, el robo, los secuestros, el tráfico de armas, el crimen...; y reparten su actuación en la ciudad por zonas. Con un promedio de 6.000 muertes violentas oficiales por año, en el que la impunidad llega al 95 por ciento, la seguridad se ha convertido en un problema crítico para que el desarrollo y crecimiento. Las mujeres, una vez más, son las grandes perdedoras con 9,7 muertes por cada 100.000 habitantes, a pesar de ser una sociedad matriarcal. En estas circunstancias es difícil invertir y el turismo huye, a pesar de su belleza natural. El país carece de solidez institucional. La corrupción, el fraccionamiento político y la judicialización de la política hacen imposible que se puedan trazar planes de acción convincentes para abordar en el tiempo la solución de estos problemas. Lo que se topa a su vez con su concepción mezquina de la política como proyecto de poder personal, que la hace incompatible con empresas mayores. 



España ha pedido capacidad de influencia en América Central frente a EEUU. España mantuvo su posición colonial hasta 1821. Hoy, a pesar de los fuertes lazos culturales y de hermandad, nuestra presencia actual en términos reales en diferentes ámbitos es testimonial. Los parlamentarios guatemaltecos nos han reclamado una mayor presencia y liderazgo de España en la armonización política regional, como en su momento lo hicieron el Rey Juan Carlos I y el presidente Felipe González. La próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará la próxima semana en Guatemala, con la presencia del Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, abre una puerta a la esperanza, y así lo reclaman. Mientras, España destaca por sus programas de colaboración a través de la Agencia de Cooperación Española, como pudimos contemplar en el programa de formación ocupacional y social de la Escuela Taller de la AECID en la Ciudad de Guatemala. Gracias a esos programas 7.000 niños entre 16 y 21 años aprenden oficios como carpintería, jardinería, reposteros... que les permite no ser presas fáciles de las maras y les educan en valores. Pero la región pide más. Está pidiendo, entre otras cuestiones, una posición institucional para resolver el problema de Venezuela, como pudimos comprobar de primera mano, o hacer de contrapeso al actual planteamiento de la administración Trump. Centroamérica pide el cariño y la atención de España como hermanos de patria que fuimos. Nos dieron mucho, y les debemos mucho. Incluido su cariño.







sábado, 3 de noviembre de 2018

Vuelta a la crispación


La táctica de la crispación que tanto éxito proporcionó al PP en la década de los 90 ha vuelto a la política española. Desde que el nuevo líder del PP ha entrado en escena casi todo se ha tensado, y vale todo. Su maestro ya nos enseñó después de perder las elecciones del 93 contra Felipe que todo estaba fuera del pacto político, incluido el terrorismo, como verbalizó en el parlamento. Hoy su discípulo más aventajado sigue la misma táctica. Ha roto la visión de Estado que decía tener el PP en los grandes temas nacionales cuando gobernaba. Hoy cabalga montaraz oteando el horizonte en busca del poder. El poder constituye para los populares su auténtica ideología y lo único por lo que manifiestan interés.

Las sesiones de control parlamentario o cualquier frente a frente con el presidente del Gobierno constituyen el punto álgido de actuación para el nuevo líder del PP. Los temas más sensibles para el Estado son sus temas preferidos para la confrontación y la descalificación: el independentismo catalán y la evolución económica, así como el desprecio hacia el Gobierno y en especial hacia dos de sus ministros, al tener más pegada mediática. Para hacer oposición hay barra libre. Se presentan preguntas e interpelaciones sobre cuestiones concretas, pero a la hora de desarrollarlas se plantean otras. Así ocurrió la semana anterior con la comparecencia del presidente en Pleno para informar sobre el Brexit, en el marco del último del Consejo de Europa, y la venta de armas a Arabia Saudí. El debate se reconvirtió, por parte del presidente del PP, en una especie de ‘Debate del Estado de la Nación’ anticipado, ante la pasividad de quien lo dirigía bajo el pretexto de que era muy difícil discernir el contenido al efectuar el orador una intervención entrelazando temas. Lo que sí que quedó claro es que el Sr. Casado calificó al presidente del Gobierno de “golpista”, coreándole la bancada del PP con grandes aplausos y gritos. Todos los españoles, algunos en directo otros por televisión, pudieron comprobar que Aznar había resucitado políticamente, mientras la muerte de Rajoy estaba ya acreditada.

Cataluña es el tema preferido del nuevo PP. Siempre utilizaron a Cataluña en beneficio propio, como ya he expuesto en alguna ocasión, pero ahora más. Es reiterativa la petición de aplicación del 155 de la CE. Están cuestionando hasta su propia actuación en la última crisis catalana, en la que por cierto contaron con toda la lealtad del PSOE, lo que ahora no ocurre. Todo indica que lo único que les importa es cohesionar a sus seguidores y parar a Cs y a VOX, al competir todos por el mismo espacio político. Lo que es bueno para el PP no lo es para España. Ellos están a lo suyo. La última encuesta publicada esta semana de estimación de voto en Cataluña pone de manifiesto la caída de los independentistas radicales y una gran transformación del mapa político que permitiría opciones alternativas y sensatas de gobierno. No se puede seguir echando gasolina al fuego. El PP debiera saber que siempre que lo ha hecho crecieron los adeptos al independentismo en Cataluña. Basta repasar las los resultados electorales y correlacionarlos con las posiciones del PP en Cataluña para darse cuenta que ha sido así. Todos tenemos la necesidad de explorar una salida ordenada y consensuada del problema catalán sin renunciar en ningún momento a los preceptos constitucionales. Hoy es más posible que ayer. Sólo es necesario tener altura de miras.  

La crispación conjuga mal con la vieja cultura del PP. Todo indicaba que el PP iba a aprovechar esta etapa final de la legislatura para regenerarse e impulsar su acción política de cara a las futuras elecciones generales. En “petit comité” reconocían que preferían unas elecciones cuanto más tarde mejor, para llegar con más solidez a ellas y propiciar un desgaste mayor del presidente del Gobierno. Los hechos están demostrando otra cosa. Las últimas grabaciones del comisario Villarejo ponen de manifiesto que la hipocresía y la mentira son los principales activos del PP. De nada sirve las muchas horas de entrenamiento del nuevo líder o las histriónicas puestas en escena de algunas de sus diputadas. Nuevos tiempos requieren nuevas tácticas políticas que pasan por abandonar la crispación, ocuparse de los problemas de España con sentido de Estado y buscar un ideario político de nuevo cuño, acorde con lo que representan mirando al futuro. Para ello lo mejor que pueden hacer es enterrar a los viejos líderes tóxicos y buscar otros que estén más preocupados por la búsqueda de soluciones que de ver cómo dan en televisión y se proyecta su sonrisa. España necesita una derecha moderna y que no utilice la crispación como principal elemento de desacreditación de la política y los políticos. De ahí al populismo hay un paso muy corto.




sábado, 27 de octubre de 2018

Desconcierto en el Supremo


La sentencia de la Sección Segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo por el impuesto que se paga por las escrituras públicas de préstamos hipotecarios ante el notario ha levantado un gran revuelo, con un doble sentimiento. Uno primero de satisfacción entre los clientes ante el cambio de criterio sobre el pago del tributo de “actos jurídicos documentados”, que hasta ahora recaía en ellos y ahora lo pagarán los bancos. Y otro, después, de estupefacción, cuando al día siguiente de dictar la sentencia firme el presidente de esta sala ordenó frenar los recursos pendientes sobre esta cuestión y convocó el plenario de la sala, formado por 31 magistrados, para estudiar la oportunidad del cambio de criterio jurisprudencia ante “su gran repercusión económica y social”. Las consecuencias no se han hecho esperar. Así, se ha dejado sin efecto todos los señalamientos sobre los recursos relacionados con este impuesto, los notarios carecen de criterio legal, el mercado inmobiliario se ha paralizado y el valor bursátil de los bancos ha caído con fuerza al menos en las primeras horas. El desconcierto generado en el Supremo tiene consecuencias sociales y económicas negativas que son necesarias abordar y evitar lo antes posible.

El desconcierto del Supremo en los tributos hipotecarios marca un antes y un después. La crítica ciudadana y de los medios de comunicación no se han hecho esperar, y con razones sobradas. El presidente de Sala podía haber sido más diligente y, dada la transcendencia del tema, haber estado encima de la cuestión; y, en su caso, haber avocado al pleno a la toma de la decisión para haber sentado jurisprudencia consistentemente. No cabe duda de la fuerte repercusión económica de la medida y de las expectativas creadas para muchas familias, que han visto en esta medida una luz de esperanza en sus economías domésticas. Hay que tener en cuenta que los afectados pueden ser del orden de 250.000 -de 1,5 millones, si se aplica con carácter retroactivo- y que una hipoteca media de 100.000 euros conlleva unos gastos en actos jurídicos documentados del orden de 2.800 euros. Otra cuestión a dilucidar es sobre la retroactividad de esta medida -prescribe a los cuatro años-. La sentencia no lo aclara y la cuestión no es baladí. De ello dependerá en un futuro la política hipotecaria de los bancos. Si esta cuestión se cierra en falso los bancos acabarán trasladando, por la vía del coste de hipotecas futuras, su sobrecoste. Algunos expertos ya los valoran en un incremento de cinco puntos los préstamos hipotecarios, lo que sin duda repercutirá en la demanda del sector inmobiliario y en el empleo del sector.

La otra gran cuestión es la seguridad jurídica que este proceso ha puesto en entredicho. A día de hoy reina el caos. Lo que percibe la ciudadanía es la falta de un criterio consistente en los tributos hipotecarios que ofrezca certeza y seguridad en las transacciones inmobiliarias. Está tardando el presidente de la Sala de lo Contencioso cuando se ha dado un plazo de 18 días para resolver la controversia. Hay que tener en cuenta que la sentencia ya es firme. Todo indica que el plenario va a revisar el criterio de pago de los bancos, garantizándolo a partir de la fecha de la sentencia, pero no lo que no ha prescrito en los últimos cuatro años. Algo parecido a lo que ocurrió con las cláusulas suelo de las hipotecas. En ese caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea instó a las entidades financieras a devolver lo cobrado desde el inicio. La historia se puede repetir. Hay muchos despachos de abogados que ya se están frotando las manos, dado que ocurra lo que ocurra el pleito está servido. E incluso algunos de ellos ya han desplegado su campaña de marketing en los medios de comunicación para captar clientes.

El impuesto de actos jurídicos documentados es un tributo cedido por el Estado a las Comunidades Autónomas. La avalancha de ciudadanos reclamando la devolución de este impuesto no tardará en llegar. Un contencioso que puede alcanzar la cifra de 4.000 millones de euros y podría llegar a crear grandes tensiones financieras en las Comunidades, e incluso llegarse a producir un conflicto en la exigencia de responsabilidad ante la Hacienda estatal. El desconcierto del Supremo nos puede costar caro a todos. El perdón del presidente del Tribunal Supremo por este caso se agradece, pero no es suficiente. Es el momento de revisar y reformar su cultura de gestión y reforzar democráticamente sus instituciones.