Segovia a la vanguardia cultural

Si algo caracteriza la gestión de la ciudad de Segovia es su rica vida cultural. Segovia, con el Gobierno socialista, y con su concejala de Cultura al frente, Clara Luquero, está a la vanguardia de la cultura no sólo española, sino europea. Una acción cultural que se aleja mucho de los rancios parámetros que informan la actividad cultural de la Junta de Castilla y León y del resto de las ciudades de la Comunidad castellano leonesa. El Hay Festival, MUCES, la actividad del centro cultural La Cárcel, en la antigua cárcel, Titirimundi o los Festivales de Música de Verano son algunas de esas manifestaciones culturales de calidad que le dan a Segovia un aire fresco en el panorama cultural español y la convierten en un referente, lo que tiene más mérito cuando los recursos son escasos, y cada vez las dificultades son mayores.

Esta semana se celebra en Segovia la VII Muestra de Cine Europeo ‘Ciudad de Segovia’, MUCES. La noche del sábado tuve la oportunidad de asistir a la denominada ‘Gala del Cine’, que se celebra tradicionalmente en el Parador de Segovia asociada a este festival. En esta ocasión se homenajeaba a la gran directora de cine y actriz Iciar Bollaín. A pesar de su corta producción cinematográfica, pues hasta el momento ha dirigido seis películas, alguna de ellas ha tenido gran repercusión cinematográfica y social, como Te doy mis ojos, que contó como protagonista principal a Luis Tosar y trataba el tema del maltrato hacia la mujer, tomando como escenario la bella ciudad de Toledo.

La Gala fue presentada por el Gran Wyoming. Dos horas casi de monólogos de una alta calidad. Estuvo sembrado. Iciar recordará este acto como la ‘gala del melón’. Una de sus compañeras de reparto recordó que cuando estaba embarazada le preguntó a Iciar qué se sentía en el parto, a lo que esta respondió que el parto era como “cagar un melón”. Esta cita le sirvió a Wyoming para hacer chistes y referencias continuas.

El ciclo de este año hace una mención especial al cine húngaro; el año anterior fue al ruso. Durante una semana se proyectan películas europeas no estrenadas comercialmente en España que han sido, o están siendo, grandes éxitos de crítica y público, y que están refrendadas por las instituciones cinematográficas de sus países y los festivales anuales.

MUCES, dirigido desde su inicio por el segoviano Eliseo de Pablos, es un festival que poco a poco gana presencia en las citas cinematográficas de España. Queda mucho para llegar a tener la notoriedad de festivales como el de San Sebastián, pero todo se andará. Los cimientos están puestos y el buen hacer es una seña de identidad de la Concejalía y de cuantos están al frente de este proyecto desde hace siete años.

El nuevo Parque Nacional del Guadarrama

En estos días se está procediendo a la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de Cumbres del Guadarrama. Se trata de una especial figura de protección que somete a un estricto régimen la intervención humana tanto dentro del parque nacional como en su zona periférica de protección, garantizando la conservación de los ecosistemas naturales y la viabilidad de su evolución natural, sin o con escasa intervención humana, tal y como regula la Ley de la Red de Parques Nacionales.

El futuro Parque del Guadarrama se extenderá a los largo de 33.684 ha, de las que 21.740 pertenecen a Madrid y 11.934 a Segovia. Un parque de cumbres cuyos límites los han marcado los alcaldes de los municipios colindantes. En el caso de Segovia, la Junta de Castilla y León ha mantenido las formas: los alcaldes acabaron claudicando ante las promesas y ayudas ofrecidas por la Junta; en el caso de la sierra madrileña, con la Comunidad de Madrid no ha sido así. Se han saltado a la torera el trámite de audiencia y las alegaciones, al más puro estilo “aguirrista”, como si la sierra fuese suya.

Ambas vertientes presentan notables diferencias, no por su belleza, que es sublime en ambos casos -aunque yo, como segoviano, me quedo con la Cumbre, Circo y Laguna de Peñalara-, sino por la utilización que de ellas ha hecho el hombre.

La parte segoviana se encuentra casi virgen. Los usos tradicionales y los diferentes propietarios y ayuntamientos de las parcelas que integran el parque han contribuido de una manera especial a su conservación. Una razón por la cual sus moradores no entienden que se les imponga restricciones de uso, que van más allá de la carretera N-I que establece la zona natural de protección o de la cañada soriana occidental, como establece el Plan de Ordenación de Recursos Naturales –PORN- aprobado por la Junta de Castilla y León. No ocurre así en la sierra madrileña. Allí, a pesar de contar con figuras de protección, desde la década de los 30 del anterior siglo, la especulación urbanística ha ido buscando su desarrollo asociado a espacios naturales de indudable belleza, como es este. Por eso hemos de proteger este paraje de la agresión violenta, para dejárselo como legado a futuras generaciones.

La declaración de Parque Nacional conlleva una limitación de usos. Se prohíbe la corta de madera, la caza y la pesca, pero no el pastoreo y cualquier otro tipo de prácticas agroganaderas naturales. Solo se permite el senderismo y el montañismo por las pistas y sendas. Una cultura ecológica que debe ser consustancial con el avance social y una mayor sensibilidad.

El ministro Cañete ha anunciado que, en el trámite parlamentario, ampliará el Parque en 2.700 hectáreas. En el ámbito de Montes de Valsaín. El anuncio ha levantado una gran polvareda y malestar entre los vecinos de La Granja-Valsaín. El ministro ha pensado que el parque era suyo, como si se tratase de un cortijo donde imponer su ley. La declaración de parque nacional requiere un amplio consenso social con sus moradores, propietarios y ayuntamientos, lo que no ha hecho el ministro. Si el PP, al final, sigue al ministro de Medio Ambiente, tendrá una gran contestación social, y carecerá de la legitimación necesaria.

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad fundamentada en la dudosa legalidad, falta de consistencia y escasa ambición. El Gobierno del PP está utilizando la ley para evaluar y consolidar sus decisiones frente al poder judicial, como es el caso del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el que intenta perpetuar la reducción de los niveles de protección establecidos por el PORN de la Comunidad de Madrid, y que están recurridos. El Proyecto de Ley de Declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama no reúne las suficientes garantías de seguridad jurídica exigibles, siendo susceptible de ver alterado en el futuro su contenido actual.

La discutible legalidad del proyecto de ley se sustenta, asimismo, por el evidente incumplimiento de los requisitos de transparencia y participación pública, establecidos en la ley 5/2007, en particular en lo relativo a la tramitación en la vertiente madrileña del futuro Parque Nacional. De este modo, cabe resaltar que en el procedimiento de aprobación del PORN de la Comunidad de Madrid se recibieron 18.500 alegaciones, junto con otras 1.046 en el procedimiento de aprobación de la propuesta relativa al Parque Nacional, alegaciones que no han sido contestadas, contraviniendo gravemente los artículos 10.5, 10.7 y 21 de la ley 5/2007. Las deficiencias en la tramitación, por tanto, justificarían por sí solas una enmienda a la totalidad, incluso en ausencia de la existencia de los recursos pendientes de sentencia definitiva a los que se ha hecho mención.

El Grupo Popular demuestra así una voluntad política contraria a la aplicación de los criterios inspiradores de las normas ambientales, no solo los relativos a los procedimientos, sino al propio contenido sustancial y a los objetivos de las mismas.

No cabe extrañarse: las Administraciones gobernadas por el Partido Popular han venido considerando las normas de protección ambiental como una “traba” para el desarrollo económico y ahora tienen la oportunidad de “disfrutar” de una evidente “amnistía” frente a las mismas.

La delimitación y contenido normativo de este proyecto de ley responde a la voluntad política del Gobierno de favorecer intereses particulares frente al interés general, conforme a lo establecido en la Ley 5/2007 que regula la Red de Parques Nacionales. .

La Ley representa un avance en la protección medioambiental de la Sierra del Guadarrama, aunque este se limite a las cumbres. Para mí, como ponente de la Ley, junto a la exministra de Medio Ambiente socialista Cristina Narbona, significa un gran honor defender estos espacios que forman parte de mi ocio y a los que nada más levantarme puedo ver y casi tocar desde niño. Espero que al PP se acerque a este proyecto con un espíritu muy distinto al que destila.

Justicia social para los desahucios

Una de las situaciones más dramáticas por la que puede pasar un ser humano es la pérdida de su vivienda por falta de medios económicos para poder pagarla. Mucho más si la situación es sobrevenida y las deudas te sobrepasan día tras día, ante la falta de trabajo o de rentas suficientes. En esta situación se encuentran muchos españoles. Más de 400.000 familias (el 10 por ciento de las hipotecas formalizadas entre 2007 y 2011). Los desahucios se han convertido en una de las manifestaciones más crueles de la crisis.

Pero el desahucio tiene muchas caras. Una de ellas es la repercusión en la autoestima y en la seguridad personal. A quien le quitan el techo, le están quitando el cobijo de su familia y la sensación de miedo y fracaso son consustanciales con su salud mental.

Es de estricta justicia social que nadie se quede sin casa y en la calle por no pagar la hipoteca al haberse quedado en paro o cualquier otra causa imprevista o ajena a su voluntad. Y para ello se han de establecer nuevas condiciones para que puedan hacer frente al pago en más tiempo. Y, en caso de dación en pago, con la posibilidad de seguir utilizando la vivienda familiar, asumiendo un arrendamiento social.

Los bancos están recibiendo ayudas y es razonable que los bancos ayuden a los más necesitados, más cuando ellos reciben dinero del Banco Central Europeo a un tipo de interés cero y con un periodo de carencia de tres años. Una inmoralidad, como recordaba el obispo de San Sebastián, el Sr. Munilla, quien, por una vez, sin que sirva de precedente, se ha visto iluminado por la gracia de Dios.

El PSOE ha presentado una ‘Proposición de Ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia’ para que se debata con carácter urgente. El Sr. Rajoy se ha comprometido a estudiarla y a desarrollarla en su caso. La grave situación social que atraviesan muchas familias hace que el PP no se pueda negar a buscar una solución a este drama social. Más cuando la vivienda desahuciada tiene como destino el cierre y la reversión de su titularidad a los bancos. Las medidas propuestas tienen un amplio calado social que buscan poner fin a los desahucios y que la dación en pago sea el último recurso antes de perder la vivienda.

La indignación por los desahucios va unida a la rabia y a la situación de impotencia, mucho más cuando muchas instituciones financieras han establecido cláusulas abusivas que han dado lugar a un importante desequilibrio entre la posición del deudor y del acreedor. Se trata de una cuestión de sensibilidad social para dar respuesta a quienes pueden perder el techo, ya que los bancos solo siguen entendiendo de rentabilidad económica y de pedir ayudas para ellos, que no para los demás, cuando lo necesitan.

 

Malestar e indignación

Sí, eso es lo que sentimos la mayor parte de los segovianos de buena fe ante el asunto de Caja Segovia. En menos de dos años hemos visto cómo se esfumaba el patrimonio de la que era “la nuestra”, nuestra Caja, a la vez que “orgullo de los segovianos”, pero también cómo se dilapidaba la Obra Social que ha desempeñado una importante labor social y cultural en nuestra provincia, en especial para los municipios más pequeños y las personas más necesitadas.

La integración de Caja Segovia en el Sistema Institucional de Protección –SIP-, que al final ha desembocado en la absorción por el grupo encabezado por Caja Madrid en Bankia, ha sido atropellada, mal gestionada, confusa y sin unos objetivos claros, como ya denuncié en su momento. La responsabilidad es de todo su equipo directivo y también de los consejeros implicados de forma directa o indirecta en la gestión.

En la gestión de Caja Segovia ha habido claros indicios de deslealtad en la Administración de la Entidad por parte del anterior equipo directivo, del que se puede derivar responsabilidad subsidiaria para el antiguo Consejo de Administración con la información que se va conociendo
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Esta valoración se sustenta en la legislación que protege a las sociedades de la actuación desleal y del ejercicio abusivo de sus funciones por parte de los administradores, ya que en el caso de Caja Segovia se ha causado directamente un perjucio económico a la entidad como consecuencia de la actuación d equines han tenido la responsabilidad de dirección y administración de la misma.

Es indignante, y presuntamente punible, que ocho directivos de Caja Segovia, con pleno conocimiento de su situación patrimonial, e inmersos en una grave crisis económica, se hayan embolsado más de 35 millones de euros en conceptos de salarios, planes de pensiones y prejubilaciones. Tampoco se puede entender que Caja Segovia haya aportado más de 6.000 millones de euros a Bankia, y, sin embargo, haya tenido que avalar con el Torreón de Lozoya y otros bienes inmuebles de gran valor patrimonial e histórico la totalidad de las deudas tributarias de una empresa participada en un 50 por ciento por Caja Segovia, y solo unos días antes de proceder a la renovación del Consejo.

Es una situación que produce el rechazo social de los segovianos y que reclama justicia social y depuración de responsabilidades. Un dislate del ex presidente del Consejo y su equipo directivo, que deja sin margen de maniobra y condena al ostracismo a la Obra Social de Caja Segovia, que tan importantes servicios ha prestado y sigue prestando a los segovianos.

Presupuestos en papel mojado

La falta de compromiso con Segovia constituye el factor común denominador de los presupuestos del Estado y de la Junta para 2013. En ambos, Segovia es el farolillo rojo  en materia de inversiones y transferencias de capital. Son presupuestos en papel mojado. Su cuantía es pírrica para las necesidades que presenta la provincia y la asignación de las diferentes partidas no recogen sus prioridades, con tintes de clientelismo político, como en el caso de la Junta. Como agravante, se da la circunstancia de que no se ejecutarán en el ejercicio corriente en su mayor parte. Aún seguimos sin conocer la ejecución presupuestaria del presente ejercicio. Ni la subdelegada del Gobierno, ni el delegado territorial de la Junta nos han explicado a los segovianos el nivel de ejecución presupuestaria de los presupuestos de 2012, que vendieron a bombo y platillo ellos mismos y los parlamentarios del PP.   

Con estos presupuestos no se reactivará la economía. Responden a todo lo contrario de lo que predicaron y vendieron. Se incrementa la presión fiscal y se reducen los gastos sociales, con un incremento notable de la Deuda Pública. Son unos presupuestos que generarán más recesión y paro. ¡Quiénes les han visto y quiénes les ven a los populares valorando los presupuestos! Si los socialistas les hubiésemos hecho caso cuando gobernábamos, hoy estaríamos en la ruina más absoluta. Todo gasto les parecía poco en el Estado; y la Junta siempre tenía el aliado perfecto para echar la culpa al entonces Gobierno socialista. En las inversiones y en los nuevos proyectos siempre se ponían las medallas, aunque la financiación viniese de Madrid; y las restricciones siempre eran nuestras. Practicaban el espíritu de la santa desvergüenza del que tanto hace gala algún portavoz popular en Segovia. Entre la situación actual y la anterior hay un punto de equilibrio que no lo tienen ninguno de ellos. Con estos presupuestos se complica la vida, y mucho, de quienes más lo necesitan.

Los presupuestos de la Junta, por segundo año consecutivo, vuelven a discriminar a Segovia. No solo no cubren las inversiones más básicas, sino que la asignación de las diferentes partidas presupuestarias es antojadiza; me imagino que siguiendo la afinidad política. En educación no asignan partida alguna al Instituto de San Lorenzo, y sí lo hacen en centros que no son tan prioritarios, impulsando nuevos equipamientos como son los CEOS, que están abocados al fracaso. Ocurre lo mismo en sanidad. Si hay alguna instalación prioritaria es el Centro de  Salud de Nueva Segovia. Pues ni un euro, a pesar de las promesas reiteradas año a año. Paradójicamente aparece una partida para la Catedral de Segovia, cuando hay un plan de catedrales y monasterios financiado por el 1 por ciento cultural desde el Gobierno de España –sin ninguna asignación para la Catedral de Segovia este año por primera vez-, y hay muchas iglesias y monumentos declarados bienes de interés cultural que necesitan con prioridad abordar su rehabilitación. En inversiones en carreteras, nada de nada. Ni tan siquiera la prometida Segovia-La Granja aparece.

El recorte en gastos sociales es significativo. Lo fue en los presupuestos del Estado y lo es en los presupuestos de la Junta. Parados, dependientes y becarios verán día a día cómo su ya maltrecha cuenta merma aún más, en el caso de que exista. La sensibilidad hacia los más desfavorecidos no es el punto fuerte de los populares, aunque intenten demostrar lo contrario, no computando la partida de Deuda Pública en el global de los presupuestos o mintiendo sobre las becas, como ha ocurrió con las cuentas del Estado.

De las inversiones previstas  por el Gobierno de España en Segovia, mejor no hablar. Son puramente testimoniales y no se van a materializar Para muestra un botón. La partida presupuestaria asignada a la SG-20 en 2012, 158.000 euros, no se ha ejecutado y para el próximo años se han presupuestado dos millones, a pesar de que los 68 millones de euros de su presupuesto de ejecución  no aparecen por ninguna parte. El tímido plan de infraestructuras del PP solo contempla la inversión, pero no la cuantifica ni la plurianualiza. En el mejor de los casos, se irá a 2024. Eso no les ha impedido a los senadores del PP hacer profesión de fe y mostrar su gratitud con esta partida. Se les ve perdidos. ¡Claro! Con tanto trabajo orgánico en su partido, debe ser normal.

Solo me resta pedir a los parlamentarios populares segovianos que defiendan los intereses de Segovia, con su presidente al frente. Que no tengamos que ser otros los que pidamos a la ministra de Fomento que dé prioridad a la SG-20, mientras otros se quedan atónitos y dan muestras de conformismo. Segovia necesita impulso y, para ellos, el gasto público es una gran herramienta de dinamismo económico y de creación de empleo. Solo les pido que pongan tanto entusiasmo en la defensa de Segovia como lo ponían cada vez que reclamaban más y más actuaciones al Gobierno socialista. Segovia sigue necesitando lo mismo o más; ellos parece ser que no.   

Escondiendo la cabeza

Si hay alguna responsabilidad política en la gestión de Segovia 21 esa es la del presidente del Partido Popular y actual presidente de la Diputación de Segovia, aunque ahora intente esconder la cabeza del problema y presentarse como salvador ante la opinión pública con el apoyo mediático de sus amigos. El proyecto societario de Segovia 21 nació con el apoyo e impulso del PP de Segovia en el año 2002, cuando ya era presidente Francisco Vázquez, bajo la tutela de dos gurús del PP al frente de dos importantes instituciones, la Diputación provincial, con Atilano Soto como presidente, y la Cámara de Comercio, con Jesús Postigo como presidente en ese momento y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Segovia. Una sociedad constituida con una aportación de más de un millón de metros cuadrados de monte público protegido de alto valor paisajístico y natural de todos los segovianos, que ahora está en peligro de perdida y que depende del apoyo financiero de Bankia.

A esta situación nunca ha sido ajeno el PP, y menos su presidente actual, por mucho que nos quieran hacer ver lo contrario. Y más cuando una amplia mayoría de consejeros de la sociedad han sido destacados miembros del PP, cuyo presidente del Consejo era a su vez presidente de la Diputación durante estos años, lo que no le impedía rendir pleitesía y dirigirse al presidente de su partido como “mi presidente” en actos institucionales en la Diputación y hacer manifestaciones inquebrantables de lealtad.

Con una deuda de 20 millones de euros a esta fecha, unas deudas exigibles a corto plazo de 8 millones de euros, un activo disponible difuso y no concretado y una actividad societaria fundamentada en el sector inmobiliario y en el golf hacen presagiar un futuro poco halagüeño para Segovia 21, más cuando nos encontramos en un momento de clara depresión económica y con un valor patrimonial del suelo fuertemente a la baja. Podría terminar muy pronto en un concurso de acreedores, que no deseamos. Los perdedores en ese caso serían todos los segovianos.

Desde el 2002 hasta ahora se han cometido importante errores. El principal ha sido la asunción por la Diputación del desarrollo de un proyecto empresarial que no era su función y para el que no estaban preparados, y además con una práctica oscurantista, relegando el control político al ostracismo, como he tenido oportunidad de denunciar en múltiples ocasiones. Han carecido de un plan de negocio realista y han fundamentado su acción en el amiguismo y el clientelismo político, al margen del procedimiento legal que obliga a toda sociedad con mayoría pública, con retribuciones y contrataciones exorbitantes, así como un desprecio absoluto al medio ambiente, no propio de una institución pública.

Ahora, todos debemos trabajar duro y aportar ideas para sacar este proyecto adelante, para no perder lo que es de todos los segovianos. Pero se ha de plantear la oportunidad de una gestión indirecta con mecanismos de control públicos que garanticen la transparencia en la gestión, la consistencia de los planes de negocio y la eficiencia que hasta el momento no ha existido. Es el momento de depurar responsabilidades a todos aquellos que han actuado con deslealtad en la gestión de los recursos públicos confiados, con retribuciones y contratos que no estaban en correspondencia con la capacidad financiera y económica de la sociedad, bajo la premisa del respeto al principio de presunción de inocencia.

La responsabilidad política es clara y tiene nombres y apellidos. ¡No se esconda!

Españolear

¿Recuerdan al tertuliano Wert? Ese sociólogo que valoraba las encuestas electorales y participaba en tertulias de opinión política. A mí nunca me gustó. Me parecía inconsistente y oportunista. El tiempo me vino a dar la razón y todas sus miserias se han puesto de manifiesto a raíz de nombrarle ministro de Educación del Reino de España. ¡Casi na!

Esta semana ha tenido su momemto álgido cuando en el Congreso de los Diputados, en un turno de preguntas orales, espetó que había que “españolizar a los catalanes”. Yo estaba allí. La frase la pronunció al final de su intervención para reforzarla. No se le escapó, sin duda. ¿Por qué lo hizo? Para mí no hay ninguna duda: para llamar la atención y adquirir notoriedad, a la vez que apoyos personales en lo que él debe considerar el vivero de votos españolistas y del PP. A veces la simpleza pasa estas jugadas. Más cuando uno no acaba de encontrar su lugar y tiene convicciones firmes para posiciones cambiantes.

Le ocurre lo mismo que cuando se sienta en el escaño: cambia continuamente de postura y hasta de escaño, como en esa sesión. En otras situaciones es posible que se repita la misma escena. No es de extrañar, sobre todo si se comparte con una conversa, bien amueblada de ideas perversas y odio, que le pone la cabeza como un bombo. Así anda el pobre hombre, españoleando como cantaba Manolo Escobar en su canción.

Claro, que no nos dijo cómo iba a infundir los valores culturales y políticos del nacionalismo español a los catalanes. Como ministro de educación que es, estará pensando en recuperar la FEN -Formación del Espíritu Nacional-, aquella asignatura gloriosa del franquismo que algunos sufrimos para la formación en valores del nacionalismo español de aquella época y el estudio de los que después fueron las Leyes Fundamentales del Reino. El debate ha de proseguir, sin duda. Puede ser muy interesante conocer la senda de la nueva reconquista española en los valores que la caduca mayoría política del PP quiere infundir en Cataluña en su acción de gobierno.

Ya se sabe que “a perro flaco todo se le vuelven pulgas”, y a Wert no solo le reprueba el PSOE por su gestión al frente de la educación, sino que hasta el mismo monarca parece ser que ha pedido explicaciones a Rajoy, y el Príncipe ha recordado el Día de la Hispanidad que Cataluña no es un problema. Así las cosas, es mejor que este flagrante ministro se dedique a españolear como cuando hacía de tertuliano. Eso al fin y al cabo es su problema. Y es que a algunos el traje les viene muy ancho.