34 años de orgullo

El pasado día 6 de abril la Agrupación Provincial del PSOE de Segovia homenajeó a las personas que desde las primeras elecciones democráticas hasta hoy han desempeñado los puestos de concejales y alcaldes en la provincia. Un acto que, a su vez, ha reivindicado el papel de los pequeños ayuntamientos y sus ediles en la España actual.

Aquellas elecciones del 3 de abril de 1979 significaron para los españoles la llegada real y efectiva de la democracia. En aquella fecha ya se habían celebrado las primeras elecciones democrática –las del 21 de junio de 1977, las constituyentes- y el referéndum de la Constitución Española el 6 de diciembre del 78; sin embargo, estas eran distintas. Eran las elecciones que la inmensa mayoría de la población visualizaba como el “cambio”. Hasta ese momento eran los gobernadores civiles quienes ponían y quitaban alcaldes. Se abría la puerta de la ilusión y la esperanza. Y así fue.

El día después marcó la diferencia. La herencia recibida era simplemente miseria: falta de equipamientos, servicios sociales inexistentes y un presupuesto muy inferior a las necesidades. Desde el 79 hasta hoy la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país han mejorado notablemente, gracias al esfuerzo y trabajo desinteresado de ese ejército de voluntarios que para impulsar el interés general han quitado tiempo a sus familias, a su trabajo o negocios y en un porcentaje muy amplio han puesto dinero de su bolsillo para sacar adelante la gestión municipal, a pesar de que ahora quiera demonizarles el PP.

En Segovia el trabajo de los ediles socialistas tanto en el gobierno como en la oposición ha sido ejemplar y ha contribuido de forma decisiva a mejorar a progreso de los municipios segovianos. Lo mismo que el trabajo del que fuera presidente socialista de la Diputación y su equipo. Un periodo donde se llevó a cabo la concreción de la cartera de servicios de la Diputación. Un periodo de honradez, lejos del clientelismo que practican en el momento actual sus actuales dirigentes del PP, bajo la tutela de una pléyade –hasta 13- de comisarios políticos que han hecho de esta institución una prolongación de la vida orgánica de su partido, y que hace que sea imprescindible subsumir las funciones de las diputaciones en la administración autonómica, y que desaparezcan éstas.

En este acto se ha reivindicado la autonomía local y el papel de los pequeños ayuntamientos. El proyecto de ley del PP sobre la reforma local que entrará en los próximos meses en el Congreso, si no se cambia, aboca a la desaparición de 205 de los 209 ayuntamientos de la provincia de Segovia. Aprovechando la crisis, el PP quiere privatizar los servicios que prestan e imponer su reforma más de carácter ideológico que necesaria. Los ayuntamientos apenas tienen deuda, con excepción del de Madrid, que debe 7.500 millones de euros. Pero para el PP el objetivo es otro: hacer negocio con los servicios que prestan los ayuntamientos y ganar poder político entregando estos pequeños consistorios a sus presidentes de diputación, que, a su vez, casi siempre son las personas que detentan la responsabilidad orgánica de su partido. En Castilla y León de los nueve presidentes de la Diputación, siete son presidentes del PP y dos secretarios de esa organización en sus respectivas provincias. Así que blanco y en botella.

Sin embargo, 34 años de orgullo no pueden ser borrados por la legislatura del plasma. Los socialistas lo vamos a pelear y lo vamos a ganar.

Vergüenza nacional

¡Vergüenza! Auténtica vergüenza es lo que hemos sentido los españoles al conocer que el Gobierno español había trucado los datos de déficit público de 2012 para ajustarse mejor a los objetivos de marcados por la UE. Eurostat, la oficina estadística europea, corrigió esas cifras y lo sitúo en el 6,98 por ciento del PIB, en lugar del 6,7 como había determinado la Hacienda española.   

Para esta triquiñuela el departamento que dirige el ministro Montoro retrasó el pago de las devoluciones del IRPF que debieran haberse hecho en el ejercicio 2012 al 2013. Algo que no puede sorprendernos viniendo de un personaje como es el Sr. Cristóbal Montoro. El mismo que dijo a la portavoz de Coalición Canaria –como ella ha contado- a raíz del dramático ultimátum dado por la UE a España  en marzo de 2010 para su no intervención, “¡qué se hunda España! Que ya lo levantaremos nosotros”. De este ministro se puede esperar cualquier cosa. Los que día a día le escuchamos en el parlamento o hemos debatido con él, sabemos de su frivolidad y superficialidad a la hora de tratar los temas. Y  esta actuación es un claro ejemplo de ello.

Con esta acción, el Gobierno de España pierde credibilidad, pero también se empaña la imagen de nuestro país y de los españoles. Estas prácticas son propias de países tercermundistas. Dábamos por hecho que estaban abolidas en nuestro país. ¡Pero no!, visto lo visto. Más si tomamos como referencia al partido del Gobierno y sus continuos casos de corrupción y utilización de la mentira como medio instrumental. Para el PP  todo vale. 

Sin embargo, en lugar de asumir que se han equivocado al intentar maquillar las cifras de una gestión que no ha alcanzado los resultados deseados, se han atrevido a argumentar en boca de otro de los bufones que utiliza el GPP en el Congreso de los Diputados, el Sr. MartínezPujalte, que la discrepancia con la UE se debe a un pequeño error de criterio. Ahora que ha quedado al descubierto, reconocen el problema; cuando se lo planteó el GPS a través de una pregunta oral por parte de su portavoz de Hacienda, lo negaron con todo  el descaro. Una vez más, el PP ha tirado de la “santa desvergüenza” que tan buenos resultados les ha dado en otras ocasiones. Una vergüenza nacional de la que nos sentimos avergonzados todos los españoles, aunque parece que aquellos que se autocalifican de patriotas por antonomasia no lo están.    

Cláusulas suelo abusivas

 

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha declarado últimamente la nulidad de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, siempre y cuando se acredite la falta de transparencia, como acontece en los tres supuestos examinados en el asunto que ha resuelto el Supremo. Este pronunciamiento no supone la devolución de las cantidades satisfechas –no tiene efecto retroactivo- y no significa la anulación general de las cláusulas suelo.

Se trata de una interpretación limitada a los supuestos concretos desde lo que se extrae la conclusión para dictar la sentencia, en la que resulta difícil entender la falta de retroactividad del fallo. No se puede entender cómo, anteponiendo la condición de la falta de transparencia para declarar su nulidad y por tanto sus efectos, no se retrotraen estos a su origen, pues durante este tiempo persistieron las causas que dieron lugar a los efectos que la sentencia trata de que se eviten en el futuro. 

Si nos atenemos a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia europeo (Sala Primera), de 14 de marzo de 2013, mediante la cual se declaran cláusulas abusivas el contenido de algunas de ellas de los contratos hipotecarios en España que colisionan con la Directiva 93/13/CEE, las cláusulas suelo tienen un claro carácter abusivo que hace necesario cambiar la legislación española para evitar la inseguridad jurídica en las relaciones contractuales de esta naturaleza y declarar nulas estas cláusulas, aplicando los efectos de su nulidad con carácter retroactivo.         

Las cláusulas suelo rompen el equilibrio contractual, ya que el ciudadano siempre pierde en beneficio de la entidad bancaria: si sube el euribor, le sube la hipoteca; si baja, no lo que tiene que pagar, porque sus intereses no pueden ser inferiores al suelo.

Las entidades bancarias debieran actuar de motu proprio, una vez conocido el fallo del Tribunal de Justicia europeo por respeto a su masa social y a sus clientes.

La Directiva europea considera cláusulas abusivas a todas aquellas que quiebran el equilibrio entre ambas partes contractuales, como es el caso de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios. Por otra parte, muchas de esas cláusulas suelo formaban parte de un contrato tipo, sin capacidad de negociación directa, como reclama la Directiva, y en la mayoría de los casos sin el conocimiento del cliente –falta de transparencia-, como ha reconocido la sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Se trata de cláusulas que buscan el único beneficio de la entidad bancaria en detrimento del ciudadano, rompiendo el debido equilibrio contractual entre las partes. Su nulidad es clara.

¿A qué espera el Gobierno para cambiar la legislación hipotecaria? ¿Actuarán las entidades financieras de oficio a anular sus efectos y devolver los intereses cobrados indebidamente a sus clientes? Me temo que no. La única salida posible para todos aquellos que gozan de una cláusula suelo en su préstamo hipotecario, gracias a la gentileza de su caja o banco en el que siempre ha confiado, será anteponer un recurso ante la jurisdicción civil, reclamando sus derechos. Eso sí, pasando previamente por caja y abonando no menos de 1.200 euros, gracias a las nuevas tasas judiciales del Sr. Rajoy.

Un Parque Nacional testimonial

En estos momentos se encuentra en tramitación en las Cortes Generales el proyecto de ley para la ‘Declaración del Parque Nacional de las Cumbres de Guadarrama’. Esta última semana se tramitó en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, con competencia legislativa plena. Fue aprobado con los votos del Grupo Popular y del Grupo Catalán de CiU; ahora pasa al Senado, donde casi con toda seguridad no se admitirá ninguna enmienda, para su publicación directa en el BOE.

Casi todos los grupos presentaron enmiendas para que el parque tuviese la denominación del ‘Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama’, si bien con planteamientos diferentes. Tanto el PSOE, como IU y Compromís-Equo plantearon incrementar la superficie del parque en al menos 13.000 hectáreas (ha), lo que le confería superficie crítica suficiente y garantizaba su conectividad entre ecosistemas. Sin embargo, el Grupo Popular proponía el cambio de denominación con un incremento de 296 ha en Montes de Valsaín. El parque tendrá al final un nombre que no se corresponde con su naturaleza, ya que las poco más de 34.000 ha protegidas se limitan a las cumbres, con estrangulamientos que en algún caso no superan el kilómetro, como ocurre en  el puerto de Cotos y Navafría.

El proyecto de ley presenta problemas tanto de forma como de contenido. El PP, con este proyecto de ley, ha querido sacarse una foto para sacar pecho con su política medioambiental. Sin embargo, es un proyecto en el que debiera haberse retrasado su tramitación hasta que el Tribunal Supremo falle el recurso presentado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una sentencia que rechazaba el Plan de Ordenación de Recurso de la Sierra del Guadarrama (PORN) por disminuir la protección medioambiental de las figuras existentes, y por permitir la unión de las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí. La ley, en caso de llegar a término, nace con una enorme “inseguridad jurídica”, pudiendo quedar en papel mojado. En su tramitación, tanto en la declaración del parque como en el PORN, se ha desechado la participación ciudadana, contraviniendo así la ley.

El proyecto presenta otros problemas. Sus límites no coinciden con los ecosistemas naturales. Se limita a las cumbres. Solo se han incluido aquellos terrenos que eran públicos, tengan o no tengan valor medioambiental; y otros, siendo privados con mayor valor ecológico, no se han incluido. Se desprotege así a las laderas, el piedemonte y valiosas dehesas, dejándolas al albur de la explotación urbanística.

En el caso de Montes de Valsaín, el Grupo popular ha hecho una ampliación de la superficie inicial en 296 ha. El ministro de Agricultura y Medio Ambiente comprometió en el Consejo de la Red Nacional de Parques. No lo ha cumplido. Pero, en lugar de declarar Montes de Valsaín parque nacional, como proponía el Grupo Socialista, permitiendo la compatibilidad de la explotación agrícola y ganadera y la explotación forestal, bajo criterios de sostenibilidad, así como el aprovechamiento de sus recursos y los usos tradicionales, como se ha hecho en los parques nacionales de Sierra de Gredos, Picos de Europa o Islas Cíes, ha planteado la creación de un área de especial protección en la zona de Montes de Valsaín, que se queda fuera del parque nacional –casi toda-. Esta zona se encuadra en la denominada Zona Periférica de Protección. Por decreto, los gobiernos regionales de Castilla y León y Madrid podrán modificar los usos tradicionales y aprovechamientos forestales. Se dota al parque, pues, de mayor “inseguridad jurídica”; a la vez que se obvia un plan especial de desarrollo como proponía el Grupo Socialista para garantizar el bienestar de su moradores.

En definitiva, una chapuza legislativa, a la que ya nos tiene acostumbrados el PP. Mucho más si tenemos en cuenta que la ponencia –de la cual formaba parte por el Grupo Socialista, junto al diputado por Madrid - apenas duró 10 minutos. La portavoz y ponente del Grupo Popular nos lo dejó bien claro, con su actitud despectiva nada más empezar, cuando nos dijo: “esto son lentejas…” Una vez más, el PP impone su mayoría absoluta y legisla inconsistentemente, con falta de rigor y de espaldas al interés general. Con este proyecto de ley, el PP impone sus intereses propios y los privados por encima del interés general. 

“Habemus parque”, como afirmó Simancas, pero un parquecito. Nosotros, los socialistas, nos vimos obligado a abstenernos por las razones expuestas. Y nos abstuvimos por responsabilidad, ya que toda figura de protección, por pequeña que sea, es un avance; pero el guión pedía otra cosa. Más cuando en la propia ley se conculca la doctrina del Tribunal Constitucional, al suplantar las competencias de las comunidades autónomas; y se quiebra el principio de colaboración a la hora de compartir información para la gestión del parque. En síntesis, ¡vaya dislate!       

La VII Media Maratón

Este año la Media Maratón de Segovia estuvo pasada por agua. Mejor dicho, estuvo inundada de agua. Ya desde las 7 horas de la mañana del día 17 en Segovia diluviaba. A las 10:30 horas cuando se dio la salida en ese marco tan impresionante que es el Acueducto, la lluvia caía a chuzos y no lo dejó de hacer durante toda la duración de la prueba. Correr la Media este año tenía mérito. Para los que hayan tenido la suerte de correrla será una prueba inolvidable.

Nostalgia, mucha nostalgia es lo que sentí cuando vi pasar la prueba casi llegando al kilómetro tres, en El Sotillo, junto a la Iglesia, en lo que era el final de la primera gran subida. El agua arreciaba. Primero pasó el etiope -ganador de este año-. En este punto llevaba consumidos un poco más de ocho minutos y ya les sacaba a un segundo grupo más de 300 metros. Iba suelto, como si la lluvia no le afectase y el esfuerzo tampoco. Otra cuestión era ya el gran pelotón,  que no solo acusaba la fuerte subida, sino también los efectos del agua.

El resto de la prueba la seguí por el Canal 8. Bien, muy bien, para los pocos medios puestos en juego, salvo un pequeño desfase de tiempo en la emisión. Ver la entrada en la meta de algunos de mis amigos que han estado preparando la prueba como yo desde noviembre hasta hoy, me ha resultado muy grato. No obstante, la climatología y la concurrencia de otras pruebas atléticas en este mismo día se han dejado notar este año. Había menos ambiente, lo mismo que la noche del día anterior por las calles de Segovia.

La lluvia no ha permitido comprobar si el cambio de recorrido de la prueba tiene mayor aceptación entre los segovianos. Era un día para quedarse en casa, y así lo hicieron muchos de ellos habituados a ver el paso de los corredores. No obstante, en próximas ediciones se debiera recuperar el paso por Nueva Segovia, al menos por el entorno de las calles del pabellón Pedro Delgado. Se lo merecen, y la Media no puede dar la espalda al principal barrio de la ciudad.

Yo, la VIII, espero poderla correr. Si me respeta el trabajo, y no me rompe durante el último mes el ritmo de entrenamiento, y el lumbago. Hoy sentí mucha nostalgia. Necesitaba mojarme y sentirme uno más de los muchos corredores y corredoras que hoy disfrutaron corriendo de las maravillosas vistas panorámicas de nuestra ciudad y de calor de sus gentes.      

¿Más de lo mismo?

La elección del papa Bergoglia ha abierto la puerta a las especulaciones sobre su papel al frente de la Iglesia católica. Una Iglesia cada vez más potente en Sudamérica, Asia, África y Norteamérica, pero que languidece en Europa, su feudo tradicional. Una Iglesia que ha pervivido desde su nacimiento con mínimos cambios. Una Iglesia ortodoxa y conservadora que quiebra el principio de igualdad y se mueve al margen del cambio de costumbres y tradiciones en el mundo occidental. En definitiva, una Iglesia muy conservadora y endogámica muy alejada de la realidad social. 

El cónclave eligió el pasado 13 de marzo un cardenal como Papa, entre sus 115 cardenales, que ya quedó en el cónclave que eligió a Raztinger en segundo lugar en votos. Lo que pone de manifiesto la continuidad y endogamia de la clase dirigente de la Iglesia católica. La mayor parte de los cardenales han sido designados durante el mandato del papa polaco. Juan Pablo II siguió la misma línea conservadora en la renovación de cardenales. El Papa Francisco es pues un hijo de ellos. Y, en principio, continuador de su ortodoxia doctrinal y su forma de ver y orientar la futura Iglesia.     

Sin embargo, hay algunos rasgos que apuntan muy bien en el nuevo Papa argentino y nos hacen concebir esperanza. Entre otros, su humildad y sencillez. Su pose es buena; y, si se examina su trayectoria social, más. Es un hombre cercano. Ha trabajado directamente con y por la gente necesitada. Su voz es absolutamente necesaria para seguir profundizando en la “justicia social”. Su papel puede ser útil para reclamar la atención de los países y mandatarios más poderosos para que se reparta la riqueza del mundo y se fomente la solidaridad entre los seres humanos. Hoy, los europeos, inmersos en una profunda crisis, somos más conscientes que nunca del valor de la solidaridad y de lo que significa el sufrimiento de sociedades acomodadas, cuanto más de quienes llegan a pasar hambre. Y el Papa Bergoglia responde plenamente a ese perfil social que tanto necesita la Iglesia de las zonas más pobres del planeta, pero también las zonas más ricas.

Otro cantar es la impronta que puede dar a su actual modelo organizativo y su posición frente al papel de la mujer, el celibato o la admisión de los matrimonios homosexuales. En estos temas “más de lo mismo”. El avance creo que será mínimo. No creo que Bergoglia se salga de la línea maestra marcada en la doctrina conservadora por el Papa emérito. Puede marcar puentes para los avances sociales y con ellos se generará la necesidad de un futuro más abierto y flexible para la Iglesia. Pero su mandato será estrictamente conservador, me temo.

Otra cuestión es su posición frente la dictadura argentina que nos recuerda mucho a Pío XII frente al nazismo. No es su mejor referencia, si bien después dio muestras de carácter en su enfrentamiento con los Kirchner, auque fuese desde una perspectiva conservadora. Lo que no cabe duda es que en su aparente timidez se esconde una fuerte personalidad que tendremos oportunidad de comprobar poco a poco con su política de comunicación, un campo que domina. Ya de entrada, su físico –salvando las curvas-, se tira un aire a Juan XXIII. Y el paralelismo ya se ha intentado establecer. ¡Ojalá se convierta en el Papa defensor de los pobres, y lo sea!    

   

Ataque al medio rural

La modificación que plantea el Gobierno de España del PP sobre la vigente Ley de Bases de Régimen Local del año 1985 supone un duro ataque y desprecio a los pequeños ayuntamientos y servicios que prestan a sus vecinos. En Segovia, la Reforma Local supondrá la desaparición de hecho de 205 de los 209 ayuntamientos de la provincia. Los consistorios que rigen los destinos de menos de 5.000 habitantes pasarían a manos de la Diputación Provincial, si no cumplen el principio de estabilidad presupuestaria.

El texto del Gobierno está ajeno a la realidad del municipalismo y a la problemática de los ayuntamientos de nuestro país. Una vez más a la sombra de la crisis, el partido que sustenta la acción de gobierno de España intenta implantar su modelo de privatización y liberalización de servicios municipales, a la vez que aprovecha la coyuntura política que le ofrece su amplia mayoría en gran parte de las diputaciones de nuestro país, para potenciar su poder orgánico en las provincias y hacer de ellas una prolongación de la acción política de su partido. Desde ellas se dirigirán todos los servicios externalizados municipales que ahora son públicos, lo cual será una oportunidad de negocio para los grupos empresariales amigos, como ha ocurrido hasta el momento.  

Con la Reforma Local que pretende hacer el PP en nuestra provincia, al igual que en otras, se establecerán ciudadanos de primera y de segunda. Con esta medida se ataca la autonomía local y se vuelva a discriminar al medio rural, cono ya se ha hecho con la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte… Con esta intervención, nuestros municipios quedarían anulados y en manos de representantes que no han sido elegidos por los ciudadanos en unas votaciones, como ocurre con los alcaldes y concejales, sino por los partidos políticos, en su mayor parte el PP.

Contrasta en esta reforma la posición del PP de Castilla y León y su presidente, el Sr. Herrera, que han jugado deliberadamente al despiste: se anticiparon con una propuesta de “ordenación del territorio” a destiempo –lo propio era haber esperado a la Reforma Local del Gobierno de España de carácter básico-, demagoga y orientada a lavar su cara por lo que podía venir y viene. Ahora, nos encontramos con que el presidente de la Junta no tiene reparo en rechazar en las Cortes autonómicas la propuesta de su propio partido. Se trata de afirmaciones de cara a la galería, pero sin ningún valor real. Porque no es casualidad que en las nueve provincias de Castilla y León siete de sus presidentes de las diputaciones sean a su vez presidentes provinciales del PP y los dos restantes, secretarios provinciales de ese partido. Se trata de una concentración de poder, ajeno a los ciudadanos y a sus intereses; una especie de gueto del PP, que le dejaría manos libres para actuar sin posibilidad del control de la ciudadanía y los votantes. El cinismo controlado es una falta de respeto a los ciudadanos.

Se trata de un ataque brutal a la democracia y el bienestar de los ciudadanos. Es urgente retirar el texto y abrir una vía de consenso para que, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP- se ponga encima de la mesa una reforma más ajustada a la realidad. De no ser así, el PSOE se verá obligado a presentar una enmienda a la totalidad en la tramitación parlamentaria, defender el municipalismo y a estudiar la posible y casi certera inconstitucionalidad de la Reforma Local del PP por la vulneración de la autonomía local y de los estatutos de autonomía.