Una fiscalidad diferenciada y progresiva para emprendedores y pobladores que se asienten en el medio rural es la única solución posible en una economía de mercado al problema de la despoblación en zonas deprimidas.
La despoblación del
medio rural es el mayor problema político de carácter territorial de la agenda
política española. Una amplia parte del territorio nacional se está quedando
vacío. El éxodo progresivo de sus moradores hacía las ciudades o las cabeceras
comarcales, ante la falta de recursos y servicios para llevar una vida digna, y
el decrecimiento vegetativo como consecuencia de la muerte de los más mayores
son las causas de este problema.
El problema se
sitúa en gran parte de la mitad Norte del país y en alguna otra zona de España.
Sus efectos son demoledores: deterioro del medio ambiente, pérdida del
patrimonio artístico e inmaterial y quiebra de las costumbres y tradiciones que
de generación en generación se han transmitido formando parte del acervo cultural.
La despoblación es
un problema de Estado. España requiere un plan de acción contra la despoblación
del medio rural que dé respuesta al problema y a la inacción durante años y
años a este problema del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Es preciso, con
carácter urgente, una actuación transversal de Estado, de la Comunidad Autónoma
y de las Administraciones locales para revitalizar las zonas afectadas. Para
ello se deben catalogar con criterios técnicos las zonas deprimidas. En ellas
el mercado no funciona y, por tanto, se han de establecer planes indicativos por parte de la Administración Autonómica
afectada que seleccionen actividades y negocios que se adapten a la
localización conforme a la naturaleza de la zona deprimida en la que puedan
concurrir los mayores factores de éxito. A la vez que se dota de las
infraestructuras suficientes para reactivar la zona deprimida y poder asentar
población en sus polos de desarrollo.
En una economía de
mercado, este planteamiento requiere que las administraciones afectadas y
competentes inviten a empresas y a futuros moradores a establecerse en estas
zonas deprimidas. Para ello se les han de conceder un marco fiscal diferenciado
en relación al resto del Estado, que otorgue ventajas fiscales de forma
progresiva en función del esfuerzo e implicación de la inversión empresarial
con los objetivos marcados para dar respuesta al problema, así como ayudas y
subvenciones en su caso a la actividad. Esta vía permitirá asentar nuevas
actividades empresariales que garanticen su competitividad y la creación de
empleo.
La población que se
asientan en las zonas deprimidas del medio rural requiere también, por una
cuestión de justicia social, una fiscalidad diferenciada que permita compensar
sus mayores gastos asociados a la falta de servicios en estas zonas, y sirvan
de incentivo para su localización y contribución al mantenimiento del
patrimonio natural, inmaterial y artístico.
