En estos últimos días el Grupo Socialista en el Senado ha propuesto la necesidad de impulsar un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para aprobar una nueva Ley de Financiación Local que haga realidad los principios constitucionales en esta materia. Ya con anterioridad, en la anterior legislatura, el Senado aprobó una ponencia que sentaba las bases a las que se debiera ajustar el nuevo modelo de financiación. Ahora que se están iniciando los encuentros para definir el nuevo modelo de financiación autonómica es el momento de acordar y resolver paralelamente el modelo de financiación local. Como ha afirmado el vicepresidente Solbes, “en estos momentos pensar que el gran esfuerzo económico lo va a hacer el Estado transfiriendo más recursos a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas, sin que éstas hagan un esfuerzo en las corporaciones locales, es difícil de entender”.
El gasto municipal ha crecido notablemente en los últimos años, como consecuencia del requerimiento de nuevos servicios y prestaciones, así como de la renovación y mejora del equipamiento público. En términos agregados el gasto de la Administración Local en España se sitúa en el 13% del gasto público. Presenta una gran variabilidad en función de las características de cada municipio. Muchos de ellos tienen asociados unos gastos estructurales muy altos por la dispersión geográfica y la baja población adscrita, como es el caso de los municipios rurales de Castilla, o los de montaña de la cornisa cantábrica; mientras que para otros los fuertes incrementos estacionales de población conllevan en determinadas épocas un fuerte incremento de los servicios públicos.
El gasto de la Administración Local está condicionado en gran parte por las competencias autonómicas. Los ayuntamientos en muchas ocasiones se ven obligados a participar en proyectos cuya financiación depende exclusivamente de las transferencias de otras Administraciones o incluso a mantener estos servicios una vez que desaparece las subvenciones ayuda externa que dio lugar a ellos. Así, por ejemplo, gran parte de las depuradoras de aguas residuales de la provincia de Segovia están fuera de servicio al carecer de presupuesto para su explotación. En otros casos, los ayuntamientos están asumiendo los gastos asociados a competencias que no les corresponde legalmente pero que asumen de hecho. Las denominadas “competencias impropias”, que representan desajustes de funciones entre lo recogido por la legislación básica y las asumidas por las entidades locales. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP- ha manifestado que estos gastos ascienden a 6.000 millones de euros, representando el 30% del gasto total de la Administración Local.
A raíz del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la FEMP en julio de 2005, la financiación de las administraciones locales se ha incrementado un 34 por ciento respecto al 2004.La participación en los ingresos del Estado en el 2007 ascendieron a casi 15.000 millones de euros. Sin embargo, el modelo actual presenta importantes desajustes que se traducen en insuficiencia financiera y quiebra de los principios de equidad y lealtad institucional. Es necesario generar uno nuevo modelo de financiación que aporte solidez y coherencia a largo plazo.
Para lograrlo es preciso conjugar una serie de factores. En primer lugar, mejorar el espacio fiscal propio, en aras a una mayor corresponsabilidad fiscal. Para ello las entidades locales han de gastar conforme con sus necesidades y decisiones, así como con autonomía para decidir nivel de ingresos y carga tributaria. Es necesario compartir recursos y capacidad normativa sobre ellos. En segundo lugar, se requiere reforzar la participación de tributos del Estado atendiendo al criterio de equidad, ya que está excesivamente basada en el criterio de población, que no tiene en cuenta las necesidades estructurales de cada municipio. En tercer lugar, la definición de un catálogo de competencias reconocidas por todos los poderes públicos y coordinar la acción legislativa entre las tres administraciones, asignando los recursos asociados a la asunción de nuevas competencias. Y, por último, dar un mayor peso al papel de las cargas sobre el usuario a través de las tasas, los precios públicos y las contribuciones especiales en aquellos casos en los que el usuario es perfectamente identificable y no hay un componente redistributivo claro, ni genera efecto externo.
Sobre estas premisas se ha de asentar la búsqueda de un marco estable de financiación local que permita garantizar la prestación de servicios de calidad y abordar la generación y mantenimiento de las infraestructuras. Una buena gestión del gasto contribuirá a la búsqueda del equilibrio financiero. No hay que olvidar que en España hay 7.000 municipios de menos de 5.000 habitantes, donde la generación de servicios intermunicipales es fundamental para mejorar la eficiencia. Sin olvidar, que la situación financiera de los entes locales se debe más a una situación responsable de los ayuntamientos que a un modelo de financiación correcto.
El gasto municipal ha crecido notablemente en los últimos años, como consecuencia del requerimiento de nuevos servicios y prestaciones, así como de la renovación y mejora del equipamiento público. En términos agregados el gasto de la Administración Local en España se sitúa en el 13% del gasto público. Presenta una gran variabilidad en función de las características de cada municipio. Muchos de ellos tienen asociados unos gastos estructurales muy altos por la dispersión geográfica y la baja población adscrita, como es el caso de los municipios rurales de Castilla, o los de montaña de la cornisa cantábrica; mientras que para otros los fuertes incrementos estacionales de población conllevan en determinadas épocas un fuerte incremento de los servicios públicos.
El gasto de la Administración Local está condicionado en gran parte por las competencias autonómicas. Los ayuntamientos en muchas ocasiones se ven obligados a participar en proyectos cuya financiación depende exclusivamente de las transferencias de otras Administraciones o incluso a mantener estos servicios una vez que desaparece las subvenciones ayuda externa que dio lugar a ellos. Así, por ejemplo, gran parte de las depuradoras de aguas residuales de la provincia de Segovia están fuera de servicio al carecer de presupuesto para su explotación. En otros casos, los ayuntamientos están asumiendo los gastos asociados a competencias que no les corresponde legalmente pero que asumen de hecho. Las denominadas “competencias impropias”, que representan desajustes de funciones entre lo recogido por la legislación básica y las asumidas por las entidades locales. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP- ha manifestado que estos gastos ascienden a 6.000 millones de euros, representando el 30% del gasto total de la Administración Local.
A raíz del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la FEMP en julio de 2005, la financiación de las administraciones locales se ha incrementado un 34 por ciento respecto al 2004.La participación en los ingresos del Estado en el 2007 ascendieron a casi 15.000 millones de euros. Sin embargo, el modelo actual presenta importantes desajustes que se traducen en insuficiencia financiera y quiebra de los principios de equidad y lealtad institucional. Es necesario generar uno nuevo modelo de financiación que aporte solidez y coherencia a largo plazo.
Para lograrlo es preciso conjugar una serie de factores. En primer lugar, mejorar el espacio fiscal propio, en aras a una mayor corresponsabilidad fiscal. Para ello las entidades locales han de gastar conforme con sus necesidades y decisiones, así como con autonomía para decidir nivel de ingresos y carga tributaria. Es necesario compartir recursos y capacidad normativa sobre ellos. En segundo lugar, se requiere reforzar la participación de tributos del Estado atendiendo al criterio de equidad, ya que está excesivamente basada en el criterio de población, que no tiene en cuenta las necesidades estructurales de cada municipio. En tercer lugar, la definición de un catálogo de competencias reconocidas por todos los poderes públicos y coordinar la acción legislativa entre las tres administraciones, asignando los recursos asociados a la asunción de nuevas competencias. Y, por último, dar un mayor peso al papel de las cargas sobre el usuario a través de las tasas, los precios públicos y las contribuciones especiales en aquellos casos en los que el usuario es perfectamente identificable y no hay un componente redistributivo claro, ni genera efecto externo.
Sobre estas premisas se ha de asentar la búsqueda de un marco estable de financiación local que permita garantizar la prestación de servicios de calidad y abordar la generación y mantenimiento de las infraestructuras. Una buena gestión del gasto contribuirá a la búsqueda del equilibrio financiero. No hay que olvidar que en España hay 7.000 municipios de menos de 5.000 habitantes, donde la generación de servicios intermunicipales es fundamental para mejorar la eficiencia. Sin olvidar, que la situación financiera de los entes locales se debe más a una situación responsable de los ayuntamientos que a un modelo de financiación correcto.
1 comentario:
Querido Juan Luis.
Ya estás, y apareces, en la Blogosfera Progresista Cortes Generales y Europa.
Un fuerte abrazo.
Luis Salvador
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