Esta semana la Constitución española cumple 30 años. Una edad considerable para una norma que marca las bases de convivencia de un país en enorme movimiento. Han sido años intensos, repletos de dificultades en todos los órdenes: social, económico, territorial... En todos la ‘norma suprema’ ha dado fiel respuesta a los retos que se han planteado; mucho más, si se tiene en cuenta que la Carta Magna es el resultado de un determinado momento político y de una visión retrospectiva de una España muy distinta a la que hoy vivimos, y con una evolución del entorno social y tecnológico que jamás pudiéramos haber soñado.
El marco normativo establecido por Constitución del 78 nos ha facilitado durante estos treinta años la generación de riqueza y bienestar de los españoles. Podemos sentirnos orgullosos de nuestra Constitución, porque además ha contribuido a facilitar la convivencia entre los españoles. España es hoy un país moderno, que se encuentra a la vanguardia en muchos aspectos en el mundo occidental; aún así, no debemos ser conformistas y hemos de ser ambiciosos para seguir impulsando con fuerza hacia el futuro a nuestro país en la mejora del bienestar, las libertades y la redistribución de la riqueza.
Las normas jurídicas son siempre instrumentos normativos al servicio de la sociedad. Muchas quedan obsoletas y desfasadas por los avances experimentados. La Constitución del 78 no está exenta de este problema. España tiene un orden económico y social muy distinto al de la transición. Ahora somos miembros de pleno derecho de la Unión Europea; las Comunidades Autónomas tienen una gran capacidad de autogobierno; y el desarrollo de los principios de libertad e igualdad han arraigado con fuerza en la sociedad española. A su vez, España tiene una mayor cultura democrática que antaño, lo que exige otras fórmulas alternativas de articular la participación ciudadana.
Hay síntomas evidentes de agotamiento del marco constitucional. Las Cámaras legislativas requieren un enfoque muy distinto del actual, tanto en asignación de funciones como en operatividad. Lo mismo ocurre con la organización territorial. El marco autonómico, al igual que la organización del Estado, requiere un enfoque muy diferente, que permita potenciar su autonomía, a la vez que su corresponsabilidad económica y social en la toma de decisiones en el contexto global; y fortalecer simultáneamente el papel representativo del Estado en cada comunidad y en el marco supranacional. La organización del papel judicial es otra asignatura pendiente. Es necesario mejorar la credibilidad del ciudadano en la Justicia y, con este fin, es imprescindible buscar otro nuevo modelo de organización, que preserve su independencia en su sentido más amplio, alejándola de los intereses de los grupos de presión profesionales y confesionales.
No podemos olvidar la necesidad de preservar el principio de igualdad en el acceso a la Jefatura del Estado. En fin, son cambios muy difíciles, que requieren un amplio consenso de todas las fuerzas políticas. Hoy por hoy imposibles, pero no por ello menos necesarios. La visión de futuro debiera ir impulsándonos a acometer estos cambios, mucho antes de que las circunstancias sobrevenidas los reclamen o impongan. Reconozcamos el importante papel que ha desempeñado la Constitución del 78, pero seamos conscientes también de sus limitaciones en la actualidad.
El marco normativo establecido por Constitución del 78 nos ha facilitado durante estos treinta años la generación de riqueza y bienestar de los españoles. Podemos sentirnos orgullosos de nuestra Constitución, porque además ha contribuido a facilitar la convivencia entre los españoles. España es hoy un país moderno, que se encuentra a la vanguardia en muchos aspectos en el mundo occidental; aún así, no debemos ser conformistas y hemos de ser ambiciosos para seguir impulsando con fuerza hacia el futuro a nuestro país en la mejora del bienestar, las libertades y la redistribución de la riqueza.
Las normas jurídicas son siempre instrumentos normativos al servicio de la sociedad. Muchas quedan obsoletas y desfasadas por los avances experimentados. La Constitución del 78 no está exenta de este problema. España tiene un orden económico y social muy distinto al de la transición. Ahora somos miembros de pleno derecho de la Unión Europea; las Comunidades Autónomas tienen una gran capacidad de autogobierno; y el desarrollo de los principios de libertad e igualdad han arraigado con fuerza en la sociedad española. A su vez, España tiene una mayor cultura democrática que antaño, lo que exige otras fórmulas alternativas de articular la participación ciudadana.
Hay síntomas evidentes de agotamiento del marco constitucional. Las Cámaras legislativas requieren un enfoque muy distinto del actual, tanto en asignación de funciones como en operatividad. Lo mismo ocurre con la organización territorial. El marco autonómico, al igual que la organización del Estado, requiere un enfoque muy diferente, que permita potenciar su autonomía, a la vez que su corresponsabilidad económica y social en la toma de decisiones en el contexto global; y fortalecer simultáneamente el papel representativo del Estado en cada comunidad y en el marco supranacional. La organización del papel judicial es otra asignatura pendiente. Es necesario mejorar la credibilidad del ciudadano en la Justicia y, con este fin, es imprescindible buscar otro nuevo modelo de organización, que preserve su independencia en su sentido más amplio, alejándola de los intereses de los grupos de presión profesionales y confesionales.
No podemos olvidar la necesidad de preservar el principio de igualdad en el acceso a la Jefatura del Estado. En fin, son cambios muy difíciles, que requieren un amplio consenso de todas las fuerzas políticas. Hoy por hoy imposibles, pero no por ello menos necesarios. La visión de futuro debiera ir impulsándonos a acometer estos cambios, mucho antes de que las circunstancias sobrevenidas los reclamen o impongan. Reconozcamos el importante papel que ha desempeñado la Constitución del 78, pero seamos conscientes también de sus limitaciones en la actualidad.