El Gobierno socialista puso en funcionamiento, hace ya cuatro años, un conjunto de medidas para la protección, asistencia y tutela de las víctimas, a través de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En su desarrollo trabajan un amplio colectivo de psicólogos, asistentes sociales, técnicos, policías, guardias civiles…, que constituyen un halo de esperanza para todas las mujeres que sufren el problema. Son 'auténticos ángeles de la guarda', como manifestaba una de las víctimas. La ley ha permitido, no sólo dar protección a las víctimas, sino evitar más muertes. Desde mi anterior puesto de subdelegado del Gobierno he podido comprobar cómo en la cárcel hay muchos agresores cargados de odio cuya única obsesión es matar a la que fue su pareja dominada, cuando salgan; y otras muchas personas con órdenes de alejamiento, que se enajenan de sí mismas y traducen su actitud en una enorme violencia cuando tienen contacto visual con la víctima. Las órdenes de protección y de alejamiento han evitado muchas agresiones y muertes, a la vez que han proporcionado seguridad anímica y jurídica a las mujeres que sufren el problema.
El perfil de la víctima responde a una persona entre 20 a 40 años, que vive en pareja y sufre maltrato físico o psíquico. El problema se extiende a todos los territorios y escalas sociales. Así, en la provincia de Segovia, en lo que va de año, se han presentado 118 denuncias, con 108 órdenes de protección y 24 órdenes de alejamiento, la gran mayoría catalogadas de riesgo bajo, salvo un tres por ciento de las víctimas que presenta un mayor riesgo. La población extranjera no se libra del problema y se mueve en tasas de violencia machista aún muy superior. El problema es indigno, y requiere la participación y la repulsa de todos para cambiar una cultura perversa que quiebra el principio de igualdad y saca lo peor de la condición humana: la violencia.
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