EL PSOE y la Iglesia (y II)

Se han cumplido ahora 35 años de la Constitución española, que garantizó a todos los ciudadanos la libertad ideológica, religiosa y de culto, en un Estado que se declaraba aconfesional,  y por tanto neutral ante el hecho religioso. Pero también estos días se cumplen 35 años de la firma de los Acuerdos de España con la Santa Sede. Con ellos se buscaba la normalización democrática de la cuestión religiosa proporcionando garantías a la Iglesia Católica, así como privilegios con el fin de atender las creencias religiosas entonces muy mayoritarias en la sociedad española.

El PSOE apoyó esos acuerdos que cristalizaron en la Transición y ha sido respetuoso en todo momento, tanto en el Gobierno, donde incluso los mejoró, como en la oposición con las convicciones y valores de la Iglesia católica, como partido de Gobierno que ha sido y es.

Durante estos años la sociedad española ha evolucionado profundamente. Lo ha hecho al amparo de los nuevos derechos y libertades que nos ha conferido nuestra Democracia y del espectacular incremento de la renta y de los sistemas de protección social producidos en estos 35 años. En este tiempo, los españoles se han dotado de una moral cívica para hacer frente a nuevos retos que se sustenta en los principios, valores y derechos constitucionales. Muchos ciudadanos han hecho compatible estos criterios de conducta con sus profundas convicciones religiosas. La libertad de culto la ampara nuestra constitución. Ello no ha impedido que la Iglesia siga reclamando un “estatus especial”, tal y como se recoge en el reciente artículo publicado en este periódico titulado “La Iglesia y el PSOE (y II)”.

Hoy nuestra sociedad es diversa en cuanto a convicciones religiosas. España se ha secularizado de forma progresiva y al Estado se le demanda que no interfiera en la conciencia de las personas, y que las religiones, aprovechando su influencia sobre el poder, no intenten imponer su visión de la convivencia pública de los ciudadanos. Por este motivo los socialistas propugnamos un Estado en el que convivan convicciones diversas y ciudadanos iguales.

Los Acuerdos con la Santa Sede establecen un régimen de relaciones que no responde a esta realidad, pues suponen compromisos excepcionales del Estado con la Iglesia Católica que, en la práctica van más allá de las propias creencias religiosas. En estos años, el ejercicio de la actividad normativa del Estado en determinados ámbitos se ha visto obstaculizado por posiciones de la Iglesia que han generado controversia creciente en relación con asuntos como la inclusión de la religión como asignatura curricular, la regulación de las relaciones familiares o el régimen fiscal de determinados bienes y actividades.

Desde el PSOE entendemos que es el momento de revisar el derecho a la protección religiosa sobre la base de cuatro principios fundamentales: primero, reconocimiento efectivo de la libertad de culto para todos los ciudadanos y confesiones, con reconocimiento expreso de su alcance para los no creyentes; segundo, la libertad del Estado y del poder civil para ejercer con autonomía su capacidad de regular la convivencia y los servicios esenciales, acorde con los preceptos constitucionales; tercero, la asunción efectiva del Estado de la tutela del hecho religioso mediante los acuerdos de colaboración que se arbitren con las confesiones que así lo soliciten, pero sin incorporar privilegios exorbitantes ni más límites al Estado social y democrático de derecho que los que establece la propia Constitución o los que este asuma libremente; y por último, una actuación estrictamente y neutral en su actuaciones públicas. 

La Conferencia Política del PSOE ha sentado las bases aquí expuestas en materia religiosa. Y, como consecuencia de esa posición, se ha registrado esta misma semana en la Cámara Alta una Proposición no de Ley que aspira a alcanzar el mayor acuerdo posible entre los diferentes grupos parlamentarios. Para ello el Grupo socialista propone: que se proceda a la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede; desarrollo de un Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia, en el que se recojan todas las normas comunes para todas las confesiones religiosas y se garantice la igualdad de trato, así como que se establezcan las bases de los diferentes convenios de colaboración referidos; y que se desarrolle un protocolo civil de obligado cumplimiento para todos los actos solemnes organizados por el Estado.

Nada diferente de lo que se está haciendo en el entorno de otros países de la Unión Europea y que, sin duda, contribuiría a consolidar las convicciones religiosas, entre ellas la católica, y a consolidar los pilares de una sociedad moderna y democrática. No hace falta romper nada, sino adaptarse a los tiempos y fortalecer la justicia y cohesión social.