domingo, 29 de junio de 2014

Fiscalidad electoralista



Asistimos estos días a un nuevo acto del filibusterismo político al que nos tiene acostumbrados el Gobierno del PP: la reforma fiscal. Una reforma parcial regresiva que aumenta la brecha fiscal entre ricos y pobres, no contribuye al estímulo económico e incrementa el déficit público. Y lo que es peor, tiene una clara intención electoral. Sus efectos los tendremos que pagar los españoles en 2016 con más recortes, más paro y más austeridad desmedida.

La auténtica reforma fiscal del PP fue la que hizo Rajoy cuando llegó a La Moncloa, y no la que ha anunciado ahora. Desde entonces ha subido todos los impuestos a las rentas del trabajo y a la clase media (IRPF e IVA, entre ellos), después de haber prometido que los bajaría; ha impuesto copagos que no existían para los sectores más débiles de la población; y ha subido las tasas judiciales y universitarias. En total más de 50 impuestos. A lo que hay que añadir una amnistía fiscal para los grandes defraudadores.

Con esta reforma las rentas altas pagarán 4.000 euros menos de impuestos y las rentas bajas 300 euros. La política fiscal que viene aplicando el Gobierno, sin embargo, produce un efecto regresivo. Dado que se han subido impuestos indirectos, IBI, tasas y precios públicos que soportan las rentas medias y bajas, estos pagarán más impuestos al final de la legislatura. Tampoco se podrán deducir los trabajadores los gastos asociados a su actividad laboral y los pequeños ahorradores se verán perjudicados al haber eliminado el mínimo exento hasta los 1.500 euros. El Gobierno también limita la deducción por la indemnización que cobran los trabajadores despedidos. Contribuye así a profundizar en su desesperanza.

Las medidas tributarias van a producir un incremento del déficit público, que unido a la bajada del techo de gasto para el próximo ejercicio anunciado por el Gobierno, se va a traducir en recortes en el Estado del Bienestar: sanidad, educación y políticas sociales. Las comunidades autónomas se verán obligadas a reducir prestaciones y a establecer copagos si quieren garantizar la prestación. Una vuelta de tuerca más con la que el Gobierno avanza en la implantación de su modelo neoliberal y en la quiebra del principio de equidad social. Con el agravante de que el déficit se financiará vía Deuda Pública y no utilizando la progresividad fiscal. Al final las clases medias y bajas acaban pagando la mayor parte de la factura, a la vez que se quiebra la cohesión social.

En comunidades autónomas de gran extensión y con un alto grado de envejecimiento y dispersión territorial, como Castilla y León, la política fiscal del Gobierno es lesiva para el medio rural. Los gobiernos autonómicos se verán obligados a suprimir dispositivos sanitarios y educativos, a reducir prestaciones sociales y ayudas, en definitiva, a condenar a sus habitantes a la categoría de ciudadanos de segunda. Más de lo mismo. Los castellanos y leoneses lo sabemos muy bien. Lo que se agrava mucho más por el envejecimiento de la población y la caída drástica de las pensiones.

Está claro que el PP y su Gobierno van a lo suyo. Les interesa ganar las elecciones y anteponen sus intereses a los de España. Lejos queda el ‘Informe de la Comisión deExpertos para la Reforma del Sistema Tributario Español’. El objetivo fiscal de recaudar en el entorno del 37-38 del PIB, la lucha contra el fraude fiscal en España estimado en 70.000 millones de euros o los compromisos del Programa de Estabilidad del Reino de España que conllevan un recorte de 50.000 millones de euros antes de 2016; no importan, al menos por lo que se manifiesta en sus intenciones. Lo mismo ocurre con la mejora de la competitividad y la creación de empleo mediante la denominada “devaluación fiscal” que proponía el informe. 

El PP siemprepromete bajar los impuestos cuando se acercan las elecciones –en 2015 se celebran elecciones locales, autonómicas y generales- para después hacer todo lo contrario. Espero que los españoles no les den esta nueva oportunidad.



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