Los diferentes
ayuntamientos de Castilla y León están ultimando estos días las alegaciones que
presentarán a la ordenación territorial que ultima el Gobierno de la Comunidad.
La verdad es que poco hay que alegar; yo diría que nada. Porque el contenido
sustantivo de la propuesta de la Junta para la prestación de los servicios de
su competencia se reduce a un mapa que segmenta la Comunidad en 176 áreas
rurales más 15 urbanas. En Segovia una urbana y 14 rurales. Rayas, rayas y
rayas, pero ni una sola propuesta de cómo afectará la distribución de los
recursos de las diferentes áreas funcionales al bienestar de los ciudadanos.
Para la
determinación de los mapas se ha tomado como referencia en cada provincia la
organización sanitaria. La idea es hacer pivotar en torno a la cabecera de
comarca o zona en la que se hallan los centros de salud la prestación también del
resto de los servicios competencia de la Junta: educación, servicios sociales,
salud pública y agricultura. La cuestión de fondo no es el mapa, sino con qué
recursos asistenciales se va a contar y cómo va afectar la nueva distribución y
asignación a la calidad del servicio prestado a corto, medio y largo plazo en
los diferentes municipios –por lo general muy pequeños- de la Comunidad.
La aprobación del
mapa, que requiere dos terceras partes de las Cortes regionales, no significa
nada en sí. Lo importante es cómo se asignan y distribuyen a futuro los
recursos sanitarios, educativos, asistenciales, el transporte… en función de
las necesidades. Con la aprobación de los mapas la Junta espera un cheque en
blanco que le permitirá reestructurar la asignación de recursos. Con carácter
previo ha abierto alegaciones por parte de la Diputaciones, y el resultado no
puede haber sido más desalentador. En lugar de requerir un plan de impacto de la nueva ordenación a la Junta en cada una de
las zonas y municipios para poder pronunciarse, se han limitado a dar una larga
cambiada y a reivindicar tímidamente sus competencias en materia de servicios
municipales mancomunados.
La Junta tiene
enormes desequilibrios presupuestarios en la prestación de sus servicios, en
especial en los sanitarios y educativos. Con la nueva ordenación va buscando
agrupar servicios y reducir costes, con independencia de las necesidades. Pero
gran parte de los municipios de la Comunidad se quedan vacíos y la población
envejece. Se necesita una ordenación realista que asigne y determine el alcance
de unos servicios de calidad y eficientes para los próximos años en cada una de
las zonas y municipios. En esto debiera consistir la propuesta de ordenación
del territorio. No se trata de ganar tiempo y enmascarar los auténticos
problemas con la propuesta de un mapa sin contenido y sin haber analizado con
carácter previo la evolución de las necesidades en cada zona y la planificación
de su oferta.
La casa hay que
empezarla por los cimientos, no por el tejado. Observo que, ante esta propuesta
tan enigmática y vacía, gran parte de los ayuntamientos están perdidos. No
saben qué alegar, y diría incluso que algunos tienen dificultades para
visualizar su alcance. Aunque algunos ante esta situación manifiestan su
profesión de fe a ciegas hacia las propuestas de los de su partido, el PP. Así también se gana el cielo.
Algunos pensamos
que en esta materia la Junta está actuando con frivolidad y mucha
superficialidad. Da la sensación que se metieron en su momento en un tema que
no saben muy bien cómo abordar a pesar de la necesidad objetiva que existe.
De la ordenación de
los servicios mancomunados municipales, mejor realizar una enmienda a la
totalidad. La Junta debiera respetar el papel de las diputaciones y pedirles
que, en el marco de la autonomía local, aborden la mejora y eficiencia en la prestación
de sus servicios. Hay margen, mucho margen pero las actuales diputaciones están
en otras cosas.
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