Dando la cara

La crisis económica ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales de la economía española. España siempre se ha caracterizado por tener una competitividad y productividad bajas, unido a la falta de un tejido empresarial e industrial sólido y eficiente. Nuestro crecimiento económico casi siempre se ha sustentado en actividades poco intensivas en tecnología y en un capital humano poco cualificado. Las pocas reformas que se han abordado durante los años de la etapa democrática han sido en un contexto de crisis. Ningún gobierno, hasta el momento, había abordado las reformas estructurales que necesita España para afrontar los retos del futuro, con excepción del que llevó a cabo la reforma de las pensiones del 85.

El paro constituye el principal problema de la economía española. Hoy cuatro de cada cinco desempleados en España están vinculados, directamente e indirectamente, al sector de la construcción. Estamos recogiendo los efectos de la gran y única reforma estructural llevada acabo entre 1996 y 2004, la liberalización del suelo, a través de la Ley del Suelo del 98. Un reforma que ha multiplicado por 500 el valor del suelo, que imprimió al sector inmobiliario un claro carácter especulativo, y que ha endeudado a las familias y a las entidades financieras hasta límites insospechables. De aquellos polvos vienen estos lodos.

España necesita reformas estructurales con urgencia. Las necesita ahora y las necesitaba antes. De no abordarlas, la realidad social puede poner de manifiesto su insatisfacción con la clase dirigente, con independencia del origen y momento en que se inició el problema. Un claro ejemplo lo tenemos en este momento.

El actual Gobierno tiene un claro carácter reformista. Ha llevado a cabo durante el último año un fuerte Plan de Ajuste, que se orienta a la contención del déficit público, con medidas asociadas muy impopulares como el recorte de las retribuciones de los empleados públicos o la congelación de las pensiones más altas. Un plan que se orienta a generar confianza y dar consistencia a nuestra economía, única medida que puede acelerar la salida de la crisis. A pesar de ello, el grupo parlamentario que sustenta la acción de gobierno no contó con el apoyo de la oposición, como si los problemas del país no fuesen con ellos.

En estos días se ha llevado a cabo la reforma del sistema de pensiones. El Gobierno era consciente de que la única manera de garantizar, mediante un sistema solidario, las pensiones del futuro era mediante la toma de decisiones tan impopulares como el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años; o el incremento del periodo de cómputo de15 a 25 años. La reforma contó con el apoyo del Congreso de los Diputados aprobando las recomendaciones del Pacto de Toledo, a lo que no se comprometió, una vez más, el principal partido de la oposición. Por suerte para los españoles las organizaciones sindicales y empresariales han apoyado esta reforma. Hoy, en España, con esta reforma y con el pacto social que la sustenta se tiene más confianza.

El Gobierno está abordando otras reformas, como la reforma laboral o la del sistema financiero. Y debe abordar otras en el futuro, como la de la política energética o el déficit de las comunidades autónomas. Está anteponiendo los intereses de España a los suyos propios; y el presidente del Gobierno, también. Gobernar es tomar decisiones. Es dar la cara y cumplir con los compromisos de país; pero de este compromiso no está exenta la oposición.