Hacia dónde vamos

Esta, sin duda, es una gran pregunta para el próximo año. A tenor de lo afirmado por Rajoy estos días, en 2015 nos aproximaremos al paraíso. No importa que su acción de gobierno hasta el momento se haya traducido en 600.000 ocupados menos y 140.000 parados más desde que llegaron al Gobierno. Lo importante es que los españoles se lo crean, y para ello la propaganda es un buen medio, y la manipulación informativa también.

Mucho ha llovido desde la Transición democrática hasta hoy. Los españoles estábamos orgullosos de nuestro sistema democrático, de nuestros políticos, de nuestro Estado del Bienestar y del desarrollo económico y social alcanzado gracias al modelo político de la Constitución del 78. La crisis económica ha desbaratado todo. Hemos descubierto nuestras miserias. ‘Nuestro sistema es inconsistente. La democracia es imperfecta. Los políticos son unos corruptos generalizados y la consistencia de la economía española era un gran fiasco. Y, por supuesto, el bipartidismo, que tanta estabilidad dicen que daba al Estado, se ha vuelto en una seria amenaza para nuestro futuro’.

Las aparentemente intrascendentes últimas elecciones europeas han puesto todo patas arriba. El Rey de toda la vida ha abdicado, Rubalcaba se tuvo que ir, y ha surgido Podemos, gracias al impulso y apuesta del dueño de La Sexta, el Sr. Lara, no precisamente de izquierdas, como apuesta para buscar las contradicciones y división de la izquierda, que son muchas. Lo cierto que es que ha revolucionado la vida política española.

España tiene problemas estructurales en su economía desde tiempos muy remotos. Habría que remontarse al siglo XVIII para identificar sus causas. Carecemos de un tejido empresarial sólido, nos falta una base industrial innovadora y competitiva y nuestra sociedad, a pesar de que ha avanzado mucho desde el 78 aquí, no lo ha hecho lo suficiente. Hemos sido y somos muy vulnerables. Prueba de ello ha sido el impacto de la crisis y las altas tasas de paro ya desde mucho antes. Los gobiernos desde la Transición democrática han mantenido una posición inercial ante las buenas expectativas económicas que nos proporcionó la entrada en el euro, y poco más. Pero nunca se atacaron las causas estructurales, y los ensueños y aires de grandeza, o el espíritu latino, ha marcado durante muchos años nuestra trayectoria.

El futuro se presenta incierto. Muy incierto. Son muchas las reformas pendientes que necesita nuestro país para modernizar la economía y su sociedad. Nunca creí en las revoluciones. Un buen ejemplo es la primavera árabe, salvando las distancias. Pero tampoco en salvadores. Esos cuyos únicos principios son alcanzar el poder al precio que sea. Si es necesario cambiar los principios, se cambian, al estilo de Groucho Marx. Lo hemos visto de las elecciones europeas aquí. Los maoístas ahora son socialdemócratas; la deuda ha pasado de no pagarse a hacer una auditoria o cualquier otra ocurrencia; la corrupción vale según los casos…

Solo queda confiar en la sensatez de los españoles. El futuro con incertidumbre y una gran confusión, a eso se enfrentan los españoles. También en esto tenemos que cambiar. No estaría mal dejar de echar la culpa a los demás, entre ellos los políticos, replantearse qué podemos hacer cada uno de nosotros por nuestro país. Sería un gran avance para comenzar el año. 

Populismo fiscal

A las comunidades autónomas este año ha llegado Papa Noel un día antes de lo esperado. Eso sí, vestido de mago. Montoro ha repartido, una jornada después del sorteo de Navidad, 40.000 millones de euros para todas ellas. Lo ha hecho como mandan los cánones: “como le ha dado la gana”, que para eso es el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Ha premiado a las más derrochadoras en detrimento de las más cumplidoras con el objetivo del déficit público. La propuesta del Gobierno, en boca del ministro de Hacienda, representa un grave agravio para muchas comunidades, como así lo ha recordado el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

La propuesta del Gobierno consiste en tres Fondos. Un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para 2015 que ofrece préstamos por 28.100 millones de euros a tipo cero para las comunidades que incumplieron el déficit en 2013, entre ellas: Cataluña, Valencia, Andalucía, Castilla La Mancha, Baleares, Murcia, Canarias y Cantabria; otro de 12.880 a coste cero para las cumplidoras; y un último de 1.280 millones para pagar a los ayuntamientos las deudas que tengan por los servicios sociales prestados.

La propuesta del “mago” supone una quita de 5.500 millones de euros, al carecer de intereses. Las más incumplidoras salen relativamente más beneficiadas, como ha reconocido él mismo. Entre ellas, Cataluña -1.200 millones-, o Valencia con 700. Pero lo justifica como una medida política que consolidará la posición fiscal de las comunidades.

Este ministro de Hacienda vuelve a dar una muestra más de insensatez y clientelismo. En un momento en el que la consolidación fiscal es más necesaria que nunca para ganar credibilidad en los mercados, en un momento en el que la recuperación es incierta, él echa gasolina al fuego. Y además lo hace con opacidad. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no se les facilitó la información por escrito y se les ha remitido a la reunión del próximo viernes del Consejo de Ministros.

Algunos aprendimos hace tiempo que en gestión administrativa nunca se ha de dar algo a cambio de nada. Es contraproducente. O acaso Artur Mas se lo va agradecer. ¡No!, desde luego.  Pero el tema es otro. Montoro, de común acuerdo con su presidente, el Sr. Rajoy, tienen a tiro las elecciones autonómicas y con esta medida populista pretenden presentarse como los salvadores y garantes de la estabilidad presupuestaria de las diferentes comunidades, aunque la medida sea asimétrica e injusta. ¡Quien venga detrás que arree! Una vez más vuelven anteponer los intereses de su partido a los de España. Así es la derecha, y así malgasta.    

Tres años de decepción

Tres años de decepción y sin un futuro claro. Este 21 de diciembre Mariano Rajoy ha cumplido tres años al frente del Gobierno de España. Nuestro Gobierno. El presidente llegó a La Moncloa tras seducir a una gran parte de los españoles de que si el PP ganaba las elecciones la crisis remitiría y nos encontraríamos a la puerta del paraíso. Fueron mucho los ingenuos que se lo creyeron tras sus profundas promesas. La decepción estaba garantizada. La realidad ha sido mucho peor.

Todo fue un engaño. Hoy hay más desigualdad, menos cohesión social y más problemas políticos. Hay unos 100.000  desempleados más. Menos protección. De los cuatro millones y medio de parados, más de dos millones carecen de protección. La Reforma Laboral no solo ha destruido empleo, sino que los salarios como media han caído casi 100 euros, el trabajo temporal involuntario es del 92 por ciento, y la brecha salarial ha crecido a lo bestia. El uno por ciento de los más ricos en España poseen el 70 por ciento de la riqueza del total de los españoles.

Además, han incumplido todas las promesas realizadas. Dijeron que no iban a subir los impuestos y han subido hasta cinco veces el IRPF, el IVA –del 8 por ciento al 10, y del 18 al 21 por ciento-, el IBI, el impuesto de sociedades, el copago farmacéutico sanitario, las tasas judiciales en todas las jurisdicciones. Han devaluado las pensiones y han recortado el 20 por ciento el presupuesto de Educación. Y no sigo. ¡Se puede pedir más cinismo!

En Segovia las cosas no han ido mejor. Un total de 716 parados más y 2.914 puestos destruidos es el balance de tres años del PP en el Gobierno de la provincia. El número de empresas sigue mermando. Entre enero de 2012 y el primer mes de este año Segovia tiene, según el INE, 552 empresas menos. Los trabajadores segovianos han sufrido bajadas de un diez por ciento de sus salarios desde la entrada en vigor de la Reforma Laboral del PP. Y menos  de la mitad de los parados acceden a la prestación por desempleo. Es difícil sacar pecho con estos datos, lo que no impide al presidente del PP y de la Diputación hacer clientelismo y proselitismo político mediante la propaganda institucional.   

Los 32.600 pensionistas segovianos han perdido de media 500 euros de poder adquisitivo desde que gobierna el PP, mientras un 24,7 por ciento de los hogares se sustentan con las pensiones de padres o abuelos. Un drama, más si tenemos en cuenta que la provincia ha perdido desde que gobiernan los populares 4.342 habitantes. El medio rural se despuebla día a día, ante la pasividad de la Junta de Castilla y León.

Ahora, eso sí, a parte de afirmar el presidente del Gobierno, como lo ha hecho estos días,  que ‘estamos fuera de la crisis’, desde este pasado sábado vienen promoviendo una campaña de autobombo, con una exposición itinerante incluida, para vender el desastre al que nos han llevado y a volver a mentirnos.

Solo nos queda pedir respeto para los españoles y los segovianos. El Gobierno y su partido han perdido el Norte.

    

El desafío de Uber

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid dictó un auto el pasado 9 de diciembre mediante el que se estimaban las medidas solicitadas por la Asociación Madrileña del Taxi con carácter cautelar. Los taxistas pedían que cesase y se prohibiese la prestación y adjudicación del servicio de viajeros en vehículo bajo la denominación de ‘Uber Pop’, o cualquier otra similar, como Blablacar. También la prohibición de utilización del dominio www.uber.com y de cualquier aplicación ‘app’, o similares, para prestar el servicio de transportes de viajero.

Un gran triunfo de los taxistas españoles, al menos de momento, ya que la medida se extiende a todo el territorio nacional. Mucho más cuando los taxistas alemanes ya habían sufrido un revés en la demanda de sus derechos.

Los servicios de Uber Pop se encuadran en la denominada “economía cooperativa”. Su aplicación gestiona la oferta de vehículos particulares y la demanda de los mismos para el transporte de viajeros a cambio de un precio muy reducido, cobrando la empresa que gestiona la aplicación –Uber Pop- un porcentaje mediante tarjeta de pago o medio similar. Su aceptación ha crecido exponencialmente, pues para muchos ciudadanos supone una importante reducción de costes en sus desplazamientos, y para los propietarios del automóvil también.

La idea nació en San Francisco, EEUU. Se ha extendido rápidamente. Están en Pekin, Singapur, Rusia, Australia. En Boston y Tokio han tenido problemas. Y Bruselas lo prohibió.

Los taxistas se han visto agraviados y, por esta razón, han solicitado la suspensión cautelar del servicio. La prestación del servicio con vehículo propio ha de ajustarse a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. La ley exige la obligatoriedad de tener licencia o autorización de transporte para contratar y facturar tanto por parte de la empresa como por parte de los conductores. Ni Uber, ni los conductores particulares la tienen. Tampoco pagan IRPF, ni Seguridad Social, y carecen de los seguros obligados por la reglamentación. Tampoco se emite factura. Afecta de una manera muy directa al servicio público regulado del taxi. Se trata de una actuación ilícita a todas luces que implica una actuación desleal, y que el juez ha entendido que requería una protección cautelar antes de presentar la demanda.

100.000 familias en España viven del taxi. Existe un exceso de oferta. El ratio adecuado debe estar en torno a un taxi por cada 1.000 habitantes. En ciudades como Madrid llega a tres por mil. El servicio ofertado es muy desigual, y mejorable. Se echa en falta una mayor orientación al cliente, en general.

En España, tras los paros de Barcelona, las asociaciones de taxistas se han empezado a mover. Yo mismo, como portavoz de Fomento los recibí el pasado mes de octubre. El Gobierno, con la ministra al frente, ha hecho el don Tancredo. Debieran haber actuado de oficio para hacer cumplir la ley, y no lo han hecho. La ministra quedó en recibirles y tampoco lo hizo. Han estado ganando tiempo. Ahora tiene la patata caliente encima de la mesa. Tiene que tomar medidas para garantizar las normas que emanan del Estado de Derecho, aunque se encuentre en tiempo de descuento para las próximas elecciones.

Uber está participada por Google. Desarrolla su actividad desde el paraíso fiscal de Delaware. Y su ejemplo de economía sumergida es perfectamente trasladable a otros sectores como el alquiler de viviendas o habitaciones, el catering desde domicilios particulares, y otros muchos. Bajo el paraguas de la “economía cooperativa” se desarrollan actividades lucrativas opacas al fisco y al orden legal. Un peligro para todos, pero sobre todo para aquellos que más necesitan la solidaridad equitativa del Estado. Y es que lo barato a veces es muy caro.