Si hay un problema
importante en Castilla y León que puede lastrar su futuro, ese es la despoblación.
Sólo en cuatro años hemos perdido 87.000 habitantes, el 3,4 por ciento de su
población. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta 2023 se
perderán 195.000 habitantes.
Gran parte del
medio rural de muchas provincias lleva camino de convertirse en un auténtico desierto.
Sin vida y con abandono de sus recursos naturales y patrimoniales. El problema se acentúa en
Zamora, Soria, Salamanca, León y
Palencia, sobre todo. Pero no es ajeno a provincias como Segovia, Ávila
y Burgos. Esta situación es la más triste que se puede producir en una Comunidad,
más si tiene el arraigo histórico de los dos viejos reinos de Castilla y León.
Con ello se erosiona el legado de las señas de identidad de un pueblo a futuras
generaciones. La inanición nos hace morir poco a poco.
La despoblación
debiera ser el problema más importante de la agenda política del Gobierno
autonómico. No lo es. Y me temo que tampoco está en la agenda oculta. En plena campaña
electoral apenas se ha debatido. Y, cuando alguno lo hemos intentado, los
medios de comunicación proclives al Gobierno clientelar del PP en la Junta lo
han ocultado bajo otros temas.
En 2010 la ‘Agenda
de la Población’ propugnada por la Junta intentó enmascarar el problema
presentándolo como un problema de “dinámica de población”, de equilibrio entre
nacimientos y defunciones, para cuatro años más tarde echar balones fuera y
catalogarlo como “problema de Estado”. Lo cierto es que la inacción es la seña
de identidad del Gobierno del PP en la Junta después de 28 años al frente de la
institución. Ni están ni se les espera, más allá de la tinta de calamar que en
momentos críticos proyectan para tapar
el tema.
El problema de
la despoblación no se resuelve con las ayudas para el “desarrollo rural”, que
por cierto han disminuido un 50 por ciento desde que gobierna el PP y las
utiliza de forma clientelar con los grupos de acción local afines. No. No se
trata de asignar ayudas para iniciativas inconexas y sin norte de 6 M€ al año.
El problema es mucho más profundo. Allí donde no hay mercado, porque no hay
consumidores y la poca población que existe esta muy envejecida, la solución no
viene por poner dinero encima de la mesa para que oportunistas puedan buscar
posibilidades de negocio cortoplacista.
Se requiere
diseñar un ‘plan de acción económica’ para cada una de las zonas catalogadas como prioritarias por su nivel de despoblación
y evolución futura. Un plan que debe contemplar actuaciones indicativas en
cuanto a las características del desarrollo a realizar. Dada la situación se
requiere muchas más actuaciones complementarias ligadas a ese plan de acción.
Los pobladores y
empresas que desarrollen su actividad en estas zonas deben contar con un marco
fiscal que les otorgue ventajas dada su contribución social. De la misma manera
se han de asignar fondos de forma prioritaria y selectiva a estas zonas. Para
fomentar la inversión y revertir la situación en un horizonte temporal, a la
vez que se ha de ajustar el índice de participación en los Tributos del Estado
para hacer frente al problema y garantizar la solidaridad y equidad del Estado
en su actuación.
El problema de la
despoblación en Castilla y León atañe en primer lugar a la Junta pero requiere
la acción concertada de los agentes económicos y sociales, del Estado español y
de la Unión Europea. El problema es muy serio para frivolizar o mirar al
tendido como está haciendo el PP.
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