La cuestión catalana

Cataluña preocupa y ocupa a la mayor parte de los catalanes y españoles. Es el principal problema político del Estado y factor desestabilizador a futuro -de no solucionarse- de la sociedad y la economía española. En la cuestión catalana no cabe el desafío a las instituciones, la frivolidad, ni el electoralismo; y si el respeto a la Ley, el pacto y la negociación con pleno respeto a los derechos y libertades que reconoce la Constitución española. La evolución de los hechos está llevando estos días a que se haya creado una enorme inquietud en la sociedad, ante la deriva autoritaria y desafiante del Govern hacia el Estado de Derecho. Una situación que recuerda, salvando las distancias, a las tensiones que se produjeron en Cataluña con el desafío independentista durante el primer quinquenio de los años 30 del siglo anterior. 

Una reciente encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de Cataluña pone de manifiesto que un 49,4 por ciento de catalanes rechaza la independencia de Cataluña y un 41,1 por ciento lo avala. Se ha ampliado el margen a favor de los no independentistas, pero es una realidad que el problema y la tensión social existen. Los números cantan. La situación tiene profundas raíces que se remontan a principios del siglo anterior, y que han repuntado a raíz de la Gran Recesión de 2008. Son los recortes del Govern en materia sanitaria y educativa, a raíz de  la crisis con el presidente Màs al frente, los que despertaron la ira de los ciudadanos y trabajadores con grandes manifestaciones de protesta en la calle. Esa situación se tradujo en un sentimiento antiespañolista, ante la sensación alimentada por el propio president, de que el Estado escatimaba y restaba recursos a Cataluña. Una deriva que se ha acentuado ante la posición de firmeza e intransigencia de los gobiernos de Rajoy. De las tensiones nacionalistas se ha pasado al planteamiento secesionista, como consecuencia de la coyuntura política de Cataluña y el papel determinante de fuerzas antisistema.

El desafío del reférendun anunciado para el uno de octubre es una gran reto para el Estado del Derecho. El programa de secesión exprés diseñado por el Govern conlleva el incumplimiento de la legalidad democrática y los principios que la inspiran. El referéndum no tiene base jurídica alguna. Su rechazo debe ser contundente por todas aquéllas organizaciones políticas que sustentan su ideario político en valores democráticos. El problema del secesionismo catalán ha derivado hacia un problema de Estado. Hoy, más que nunca, las fuerzas democráticas española tiene que cerrar filas en torno a la defensa de la constitucionalidad, para evitar que el desafío del referéndum pueda quebrar nuestra convivencia y cohesión. Superado ese hito es el momento de buscar soluciones que conformen un nuevo marco político que permita dar respuesta a las tensiones actuales. Un marco que ha de ser negociado y convenido ente el Estado, la Generalitat y las diferentes formaciones políticas, mirando al futuro y respetando la igualdad y cohesión social de todos los españoles.

La hoja de ruta de los independentistas catalanes sólo tiene una meta de llegada: el Estado catalán. Para los independentistas el concepto y la idea de nación están unidos inexorablemente a soberanía. Quieren el referéndum para legitimar su posición soberana y dotar en ese caso a la “nación catalana” de un marco constituyente, lo que les daría el estatus de Estado soberano. Nadie pone en duda que el pueblo catalán, asentado en un territorio histórico, comparte unas costumbres, una lengua y una cultura que les hace partícipes de un sentimiento emocional común, al igual que a otros pueblos de España. Podría definirse como una nación cultural. Una acepción que la Constitución española vigente recogió en el artículo 2 con el término “nacionalidades”. Término que los independentistas no aceptan y que para el resto de las fuerzas democráticas no debiera ser más que una cuestión semántica, ya que el traspaso de la linde lleva inexorablemente a otra concepción política. Una situación muy diferente constituye el caso de Bélgica y Alemania en el que son los estados federales los que conforman una nación, y no al revés.

Los siete millones y medio de catalanes, de los cuales dos tercios viven en el área metropolitana de Barcelona, generan el 18,8 por ciento del PIB de España. Los catalanes por renta per cápita se sitúan en cuarta posición, por detrás del Pais Vasco, Navarra y Madrid. El process está constituyendo una rémora para el desarrollo y bienestar del pueblo catalán. La inestabilidad política de las instituciones catalanas ahuyenta la inversión y las expectativas de mejora y de desarrollo económico y social. La Deuda catalana en el momento actual es tres veces lo que ingresa, lo que no le oferta el aval suficiente para recibir inversión. Sólo con el apoyo del Estado la Generalitat goza de la liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones. La Deuda asciende a 75.000 millones de euros, y el Estado le ha prestado 50.000 millones. La mejora de financiación se ha de plantear en el marco de la futura Ley de Financiación autonómica y con la generación de riqueza. Su proximidad al centro neurálgico de la economía europea, su posición geoestratégica y el desarrollo de las infraestructuras de terrestres y marítimas que en estos momentos se están desarrollando deben convertir a Cataluña en uno de los motores económicos de nuestro país. 

Cataluña es España, y el Gobierno junto con el conjunto de las fuerzas políticas, sociales e institucionales, tienen la obligación, una vez superadas las tensiones secesionistas, de buscar soluciones políticas a los problemas existentes, pero respetando la unidad del Estado, la solidaridad entre los pueblos de España y sus singularidades. Una tarea colectiva que requiere mirar al futuro con altura de miras.