Incertidumbre

Sí. Si algo caracteriza el actual momento político es su incertidumbre. Lo que puede ocurrir después del 1 de octubre en España es un enigma. El abismo político se traduce también en incertidumbre social y económica. La cuestión catalana no es un tema menor; es el “problema” del país en estos momentos. Un problema que afecta por igual a todos sus ciudadanos, sean catalanes o no. Nadie se puede poner de perfil. Al igual que la Gran Recesión económica de 2008 se tradujo en una crisis social y política -aún no del todo superada-, con una deriva territorial en el caso de Cataluña, hoy la cuestión catalana nos puede abocar a una de la mayores crisis institucionales y sociales, y desandar lo avanzado en materia económica desde 2008 hasta el momento.

El curso político ha comenzado la última semana de agosto con un pleno que, lejos de proyectar luces sobre la corrupción del PP, ha vuelto a generar un cierto hastío en la ciudadanía hacia la política y los políticos, con efectos contrarios a los deseados: el desgaste de la oposición, en lugar del Gobierno. El guion pedía otra cosa. Hoy en la agenda de los españolitos de a pie, esos que hacen un seguimiento día a día del saldo de su cuenta corriente, que temen perder el trabajo, y que quieren unos representantes dignos centrados en dar soluciones a sus problemas, no está la frivolización de la política y menos como ésta se convierte en un instrumento para dirimir luchas de poder, cuando los temas de fondo se han discutido una y otra vez. El nuevo curso político cuenta con tres temas sustantivos: el problema catalán; la recuperación económica para la creación de más empleo y de calidad; y la sostenibilidad del Estado del Bienestar, y muy en especial el futuro de las pensiones. Para algunos, como es el caso de Podemos e IU, el impulso del conflicto social para derribar lo que ellos denominan “el sistema” puede ser su prioridad, pero no nos podemos dejar arrastrar por quienes están y han estado alejados siempre de la realidad social y de las necesidades de nuestro país. La acción política ha de estar centrada en jerarquizar y resolver los grandes problemas del país, que es por lo que apuesta la inmensa mayoría ciudadana.

El gran desafío actual es el secesionismo catalán. El órdago que la Generalitat y el bloque de partidos de corte independentista catalán están echando al Estado es inaceptable. Unos locos que en sus sueños acarician la idea de una república autocrática, con un ejército propio y unos jueces nombrados por ellos mismos para profundizar e innovar la idea de estado bolivariano, y quebrando el principio básico de solidaridad entre los españoles y los principios que garantizan la libertad e igualdad de los ciudadanos. Ello no impide que a su nuevo estado imaginario lo definan como una “república social y de derecho”. El día 1 de octubre es la prueba de fuego. El anunciado referéndum no dejará de ser un esperpento político. Una convocatoria sin legitimidad política y jurídica que sólo servirá para amplificar el odio, la división y el victimismo de las generaciones más jóvenes de Cataluña -entre 20 y 35 años-, pero también el distanciamiento progresivo de muchos españoles de Cataluña. Esta situación no es neutra. Son muchos los inversores que tienen aversión a la incertidumbre social y política, y por tanto no esperemos que, ante la situación que se está viviendo en Cataluña, sean muchas las empresas que se animen a localizarse allí, a la vez que es bien conocido que ante situaciones de riesgo el miedo restringe el consumo, con lo que el empleo se resentiría y la generación de riqueza también. La deriva del día 1 puede tener otras consecuencias, como la disolución de las Cortes y el inicio de una nueva larga etapa de incertidumbre para la formación de Gobierno y la aprobación de unos presupuestos, que no se llegarían a aprobar por falta de mayoría. Este sería, desde mi punto de vista, el escenario más probable en el caso de que el presidente del Gobierno decida disolver las Cortes. Vuelta a las andadas. Eso sí, con Rajoy como presidente en funciones, aunque quizás con más escaños pero sin mayoría, y los locos independentistas campando a sus anchas ante la falta de unidad de acción.

Si algo requiere el desafío secesionista es unidad de acción para corregir la incertidumbre actual, al menos de esos partidos que tienen sentido de Estado y vocación de gobierno. Una actuación que debe liderar el Gobierno sin complejos y que el resto de fuerzas constitucionalistas ha de adherirse a ella sin subterfugios ni posiciones de oportunismo político. Una actuación que ha de obedecer a un plan con el mayor nivel de consenso político y firmeza, dentro del actual marco constitucional, para resolver el problema secesionista, fortalecer al Estado y marcar las bases de un futuro de convivencia política y cohesión entre los españoles, que evite los errores del pasado. En el escenario actual hay un antes y un después al día anunciado para el referéndum. Antes es imprescindible cerrar filas para hacer frente al desafío del Estado. Éste debiera haber sido el objeto del último pleno celebrado en el Congreso. Al menos PP, PSOE, Podemos, C’s y el resto de partidos regionalistas constitucionales debieran haber confluido. Es urgente que Podemos defina su posición. No puede estar un día apostando por el referéndum y otro no. Ante su falta de consistencia y oportunismo político los españoles les acabaran pasando factura, pero mientras eso llega hemos de pedirles compromiso con los valores de Estado y de solidaridad, y evitar su arrastre hacia el abismo; el día después, debe iniciarse un nuevo proceso político que permita dar respuesta de forma lógica y constitucional a la cuestión catalana a la vez que se avanza en el resto de los objetivos de Estado.

En definitiva hay que practicar la acción política pensando en lo que necesitan los ciudadanos, y dejarse de jugar a la política por parte de algunos. Sólo quien piensa en grande puede gobernar en grande y garantizar certidumbre para sus ciudadanos.