Con la devolución
del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, gracias a los
votos del PP, Cs y nacionalistas-independentistas, no sólo se ha dado carpetazo
a los presupuestos sino a la XII legislatura. Un plan que todo parece indicar
que estaba en la hoja de ruta del presidente en su etapa de Gobierno. Aprobar
los presupuestos y agotar la legislatura, a cambio de la cesión de un
referéndum para Cataluña para “decidir si se quiere o no la independencia en
Cataluña” -cómo ha llegado a propugnar Podemos en algún momento-, hubiese sido
un suicidio político en toda regla del PSOE, que la mayoría de los españoles no
habrían admitido, ni tampoco los militantes del PSOE. Sánchez, su Gobierno y la Ejecutiva
del partido eran muy conscientes de ello -así lo expuse en el post de fecha 29
de diciembre de 2018, titulado “2018, el
año de la moción”- . Otra cuestión distinta era explorar la vía del diálogo con
las fuerzas independentistas catalanas, desde la convicción de que no hay otra
salida al problema y sólo en el marco de la Ley. Una vía que era necesario
explorar y que ha retratado de lleno a los independentistas. Si algo ha quedado
claro en este proceso es que ellos tienen clara su hoja de ruta, y además todo
indica que no tienen otra alternativa.
ERC y el PDCaT se
han equivocado en este proceso. Aprobar los presupuestos y admitir el marco
constitucional era una cuestión de oportunidad política para salir del
atolladero en el que han metido al pueblo catalán y ellos mismos. Ahora,
acabaran desapareciendo a lo largo del tiempo, tras un largo proceso de
descomposición interna que les llevará al rechazo social por su propia
comunidad, tras el daño causado. Con la devolución de los presupuestos Cataluña
no sólo han perdido más de 2.200 millones de euros de inversión -la mayor en
Cataluña desde hace muchos años-, sino que han declarado la guerra al Estado.
Un desafío que los partidos constitucionalistas no pueden admitir en el futuro,
y para lo que será necesario un “gran pacto de Estado” para abordar el
problema, lo que en esta ocasión no ha sido posible. Lo cierto es que pintan
bastos. Todo indica que el futuro se presenta repleto de turbulencias y sin
estabilidad política.
Las 25 medidas
que se van a la papelera con el rechazo de los presupuestos puede ser lo menos
malo. Lo verdaderamente problemático está por llegar. Todo indica, según los
últimos sondeos publicados -véase el sondeo de este último domingo publicado
por El Periódico-, nos encontraremos ante un posible escenario de ingobernabilidad,
como ya ocurrió en 2016. Ninguno de los dos bloques que compiten en el futuro
mercado democrático tendrá una mayoría clara. El bloque de izquierdas
necesitaría el concurso de al menos 18 escaños de los nacionalistas-independentistas catalanes y
cinco del PNV, mientras que el bloque de la derecha y liberal requeriría el
concurso de al menos 44 escaños de Vox. En definitiva, más radicalidad en cada
uno de los bloques que no auguran lo mejor. Bien es cierto, que los resultados
están muy condicionados por el nivel de participación. En las elecciones de
2016 y 2015 acudió a las urnas cerca del 70 por ciento de la población, a pesar
del alto nivel de expectación. Superar ese límite no será fácil, pero la
fortaleza de cada bloque dependerá de su nivel de movilización.
La fecha de la
convocatoria de las generales está resultando ser controvertida. En primer
lugar, porque es muy próxima a la de celebración de los comicios autonómicos,
locales y europeos. Ese día el Gobierno seguirá en funciones y la constitución
de los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos vendrán condicionados por
negociaciones conexas y pactos para la constitución del Gobierno nacional. El
primer gran hito con transcendencia política será la constitución de la Mesa
del Congreso durante la última semana de campaña del 26-M, lo que estará muy
presente para los ciudadanos más ortodoxos de un bloque o de otro en las
votaciones del domingo; el 28 de abril no parece un domingo muy idóneo para
movilizar a los votantes. La primera semana de la campaña electoral coincide
con Semana Santa, en la que muchos españoles estarán de vacaciones ajenos a las
cuestiones políticas, y la última, la semana de Pascua, otros muchos hacen una
prolongación de su asueto en la semana anterior. No parece que al presidente
del Gobierno le haya preocupado mucho este escenario para convocar. Las
campañas por lo general, dicen los expertos, a medida que se calientan
promueven la participación e inciden en un diez por ciento del voto.
Esperemos que el
ansiado carpetazo de la XII legislatura nos traiga buenas nuevas. Como tuve la
oportunidad de decirle personalmente al presidente del Gobierno el día en el
que fue investido al ganar la legítima moción de censura, considero que se han
terminado los tiempos de las mayorías absolutas y se impone la cultura de la
negociación en la búsqueda de la centralidad democrática, situando al ciudadano
en el núcleo de la agenda política. Esperemos que la XIII legislatura cambie el
actual paradigma político y seamos entre todos capaces de desarrollar un proyecto
político reformista y de progreso social y económico.
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