Un paso decisivo

La economía española presenta problemas estructurales desde el siglo XIX. Así se pone de manifiesto en la evolución de la renta per cápita y su comparación con los países más desarrollados. La disponibilidad de recursos naturales, la complicada orografía, la falta de un tejido empresarial sólido, el escaso desarrollo de las infraestructuras hasta hace poco y la debilidad del tejido industrial, entre otros factores, explican en gran parte el comportamiento de la economía española ante la crisis.

El nuevo proyecto de Ley de Economía Sostenible que está ultimando el Gobierno socialista es un paso necesario en la puesta en marcha de reformas estructurales para cambiar en profundidad la economía española. La mejora de la competitividad y productividad del sistema productivo constituyen los grandes retos de nuestra economía en el momento actual –la productividad de España en términos de PIB por trabajador, en paridad de compra UE=100, asciende a 105,1 mientras la de EEUU está en 142,3 y la de Alemania en 196,9, en 2008-. El cambio de modelo productivo pasa por encontrar nuevos nichos de actividad económica que nos permitan en el futuro ser pioneros en su desarrollo; y por mejorar el rendimiento de los distintos sectores productivos. La ley ha de representar un fuerte impulso para acelerar el cambio de la economía española y hacer frente al problema del paro y la baja tasa de actividad.

La ley se articula en torno a tres ejes de actuación: mejora del entorno económico, competitividad y sostenibilidad medioambiental. La ley fomenta la competitividad, fortalece la supervisión financiera, lucha contra la morosidad, aporta transparencia en las remuneraciones de las sociedades cotizadas y facilita la contratación público-privada. También promueve la innovación, reforma la Formación Profesional e introduce criterios de ahorro y eficiencia energética y de movilidad sostenible. Asimismo, se amplía la deducción por inversión en I+D+i del 8% al 12%, se aplica el IVA reducido a las reformas para mejorar la eficiencia energética o el ahorro de agua y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para este tipo de obras.

Es un primer paso en la puesta en marcha de reformas estructurales que ayuden a cambiar el modelo productivo español. El Gobierno va completar estas reformas con otras de profundo calado, como: la reforma laboral, en el marco del diálogo social; la reforma educativa, a través de un gran pacto ofrecido a la oposición; la reforma de las pensiones, para garantizar su sostenibilidad económica más allá de 2025; y la reforma del sistema financiero, para proporcionarle más consistencia, en especial a las Cajas españolas; sin olvidar la reforma de la Justicia.

España necesita crecer más y mejor. Para ello es necesario erradicar un modelo productivo dependiente del ladrillo y aumentar la productividad en los sectores tradicionales –España ocupa el puesto 33 de 134 países en el último Índice de Competitividad Global-. La Ley intenta facilitar el tránsito hacia actividades y mercados más maduros, hacia los que tienen un mayor potencial de crecimiento; y a su vez facilitar la creación de empresas y mejorar el ambiente para hacer negocios. La formación es clave para que se consolide el nuevo modelo.

Las reformas anunciadas han de permitir acercarnos más a un modelo con un tejido industrial más eficiente, donde la sociedad del conocimiento pueda desarrollar su potencial. Éstas son las premisas de trabajo del Gobierno, mientras la oposición ya ha descalificado el proyecto antes de su publicación, e incluso algún “mago”, como el señor Montoro, lo ha calificado de “franquista”. Claro que será por aquello de su nostalgia hacia el pasado. Los españoles, una vez más, tienen suerte de que en estos momentos gobierne el PSOE, y mucho más visto lo visto.

Socorro agrario

El campo ha vuelto a gritar estos días ¡socorro! “Los precios de los productos agrarios están por los suelos, mientras el coste de la materia prima es cada vez más alto; o lo que nos pagan por los productos llega al consumidor multiplicado por tres, por cuatro, e incluso más” son algunas de las voces que se han oído este fin de semana. No tenían una reivindicación concreta, sino que manifestaban una queja y un malestar general contra la política agraria, ésa que define Bruselas, coordina el Gobierno de España y aplican las comunidades autónomas.

La agricultura y la alimentación son sectores estratégicos para España por varias razones. En primer lugar, por su capacidad de abastecimiento de alimentos sanos, seguros y de calidad, evitando un alto grado de dependencia alimentaria; pero también por su potencial para promover el empleo y el mantenimiento de la población en el medio rural y la cohesión social; y, por último, por su contribución al medio ambiente, a la conservación del territorio, al mantenimiento de la biodiversidad y a la lucha contra el cambio climático.

El enfoque de la Política Agraria Comunitaria –la PAC- cuenta, en el momento actual, con la impronta de los gobiernos conservadores que rigen los destinos de la UE: predominio del mercado, ante todo, frente a los intereses de los agricultores y ganaderos. Lo que la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León calificó no hace muchos días como “política excesivamente liberal de la UE para el campo”. Y lo que tampoco ha impedido al presidente de la Junta de Castilla y León ponerse al lado de los agricultores y contra la política agraria de la UE, a pesar haber contribuido con su voto en las elecciones europeas a impulsarla. Es el Partido Popular el que tiene mayoría en Europa. Son, pues, ellos los que definen la política agraria. Sin embargo, la “santa desvergüenza” no tiene límites, y en la manifestación de ayer estaba también la secretaria general del PP, la señora Cospedal: un insulto para el campo español.

La industria agroalimentaria en un mercado globalizado ha de mejorar su competitividad. Para ello es necesaria una mejor ordenación de los medios de producción y una reordenación del sector, así como el desarrollo de canales de distribución más eficientes. También se ha de exigir igualdad de exigencias, requisitos y controles a los productos importados que vienen de fuera para evitar la competencia desleal.

La PAC es una política imprescindible para Europa, mucho más para España con zonas rurales extensas, riesgos medioambientales crecientes y condiciones de vida y de renta de los europeos todavía alejados de los niveles medios de otros sectores. Por ello, pese a que nos les guste a los conservadores europeos, seguimos necesitando las ayudas europeas -7.432 millones de euros en 2009- y las ayudas nacionales -816 millones de euros- y los créditos ICO concedidos al sector este año -939 millones de euros-. Las ayudas a las rentas e intervenciones en los mercados se han incrementado un 4,8 por ciento respecto al ejercicio anterior y las ayudas al desarrollo rural han aumentado un 23,8 por ciento.

La Presidencia española en la UE durante el primer semestre del próximo año contribuirá, sin duda, a consolidar el compromiso del Gobierno socialista con el sector agrario. Prueba de ello es que a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista la Ley de Presupuestos de 2010 incorpora una disposición final nueva que, con carácter indefinido, reconoce el derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos soportadas por los agricultores por adquisición de gasóleo.

El campo, hoy más que nunca, necesita ayuda para mejorar su gestión y resolver sus problemas. Pero qué podemos esperar si los que tienen la responsabilidad de gestionar su agricultura esconden la cabeza y gritan socorro. Verlo para creerlo, pero esto es lo que hemos visto estos días. Poco podemos esperar de ellos. Vamos, nada.

El recrecido del pantano de Puente Alta

El alcalde de Segovia ha anunciado hace un par de semanas la intención que tiene el Ayuntamiento de triplicar la capacidad del embalse de Puente Alta, en Revenga. Una buena, muy buena noticia para Segovia; más en el momento actual, con la sequía que padecemos. De esta forma, se da respuesta a uno de los grandes problemas que tiene la ciudad: garantizar el abastecimiento de agua.

Hay que tener en cuenta que la solución propuesta desde el punto de vista medio ambiental tiene un impacto mínimo. Se verán afectados por inundación unos cuantos pinos y chaparros. La cota de lámina de agua de la presa será similar a la actual y el muro de contención del embalse permitirá el paso de la N-603 por su parte superior, eliminando de esta forma las peligrosas curvas de esta carretera a su paso junto a la presa actual.

Este proyecto debiera estar integrado en un Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas donde la Junta de Castilla y León recogiese ésta y otras obras hidráulicas que necesita la provincia. Sin embargo, a pesar de que Segovia es la provincia con más problemas de de agua de toda la Comunidad Autónoma, el gobierno del PP en la Junta ha sido incapaz de diseñar y financiar un plan integral para dar respuesta a este problema. Una vez más la Junta sigue olvidando a Segovia e incrementando su deuda histórica.

En esta ocasión la Junta tiene una magnífica oportunidad para demostrar su compromiso con Segovia y los segovianos. Para ello puede financiar –como le corresponde por competencias- el coste de los 30 millones de euros del recrecido del embalse. Me temo que no lo hará; pero lo que sí que harán los dirigentes del PP en Segovia será tirar balones fuera y pedir que lo financie el Estado, como viene siendo práctica habitual.

Menos mal que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia sustituye con creces las carencias de la Junta, por suerte para los segovianos, y el alcalde ha anunciado que al Ayuntamiento, en caso de no contar con su ayuda, acometerá el proyecto con los fondos provenientes del Gobierno de España y los recursos generados por el cobro del recibo del agua.

Sí, soy político

En estos días, en los que la clase política se encuentra tan desprestigiada, quiero expresarles mi orgullo por poder dedicarme a trabajar en el ámbito político, como creo que lo sienten la inmensa mayoría de los que ejercen esta actividad. Es una dedicación que no se elige, a la que te empuja la vocación por el cuidado y la mejora de lo público, poco a poco y sin darte cuenta. Es una especie de halo, que engulle, en la mayoría de los casos, a la profesión elegida, siempre y cuando ésta no sea una consecuencia de aquélla.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pone de manifiesto que la opción ‘la clase política, los partidos políticos’ está en el tercer lugar entre la preocupación de los españoles, por encima del terrorismo. Algo hemos debido hacer mal los políticos y la clase política para que los ciudadanos tengan esta percepción de nosotros. Y no se equivocan, si se identifica a la clase política con los políticos involucrados en los últimos escándalos conocidos, como el caso Gürtel o la operación de Santa Coloma.

Sin embargo, mi experiencia, en los más de 25 años que llevo en la vida pública, es muy distinta a lo que afirman los ciudadanos en las encuestas, o a lo que tienen estereotipado. A lo largo de estos años, he conocido a muchas personas de los diferentes colores políticos que han puesto todo su empeño y dedicación a trabajar por el interés común con plena honradez y honestidad. Es más, me atrevo a afirmar que ése es el caso de la mayoría de los que acaban desarrollando actividades catalogadas como políticas.

Los políticos somos personas públicas sometidas a la crítica y, a veces, a la incomprensión cuando no se alcanzan los objetivos que afectan a los diferentes colectivos, con independencia de su naturaleza. Ahora bien, eso es algo consustancial con nuestro trabajo. Por lo general, todos solemos dedicar mucho tiempo a nuestro trabajo por el interés general y no somos dueños de nuestro tiempo. No siempre disponemos de sábados y domingos, o de vacaciones programadas.

Una especial mención merecen aquellos políticos que viven con pasión la gestión municipal de pequeños municipios, sin más recompensa y gratificación que su satisfacción por el trabajo bien hecho. Estar en la gestión municipal, como también les ocurre a otros muchos en diferentes esferas de la ‘cosa pública’ su dedicación política, les supone importantes gastos con cargo a su bolsillo, aunque esta premisa sea muy difícil de entender a quienes que no han tenido experiencia política. Pero esta circunstancia es la situación más común; tanto más cuando menos relevancia tiene la posición política ocupada.

Por suerte, vivimos en un Estado democrático de Derecho y esta forma de organización política es la que mejor garantiza de forma contrastada el reconocimiento y dedicación a la vida pública. Los ciudadanos españoles pueden estar orgullosos de sus políticos, aunque ‘garbanzos negros’ haya en todas partes. Por suerte, en nuestro país existen mecanismos de exclusión en estos casos.

Toca mover ficha

La actualidad de la última semana ha estado presidida por la tensión política en Caja Madrid: la pugna por la Presidencia entre las diferentes facciones del PP. Algo vergonzoso e indigno para todos aquellos que tenemos nuestros ahorros en esa institución. Más cuando Caja Madrid va de mal en peor y hemos conocido esta misma semana que sus beneficios han bajado en el último año más de un 30 por ciento; muy por encima de otras grandes instituciones financieras.

La tutela de las cajas corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, ¿qué pinta el presidente nacional del PP en este proceso? No se entiende. O es que acaso si la Caja va mal los impositores van a pedir la responsabilidad al consejo de dirección del PP con su presidente al frente en lugar de pedírselo al Consejo de Administración de la caja. Todo un dispendio que lleva a confundir el plano institucional con el plano orgánico de estas instituciones financieras y a politizarlas, creando desconfianza en su gestión y contribuyendo, de esta manera, a que sus resultados no sean los mejores posibles.

Las cajas constituyen una poderosa herramienta financiera para las diferentes comunidades autónomas. Pueden contribuir de una manera decisiva a vincular inversiones al territorio y corregir desequilibrios, siempre y cuando esté garantizada la viabilidad económico-financiera de las operaciones que soporten. De ahí la necesidad de contar en cada Comunidad con estas entidades, con el tamaño suficiente, la solvencia y la musculatura financiera para poder liderar contribuir al desarrollo económico.

La crisis económica ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema de Cajas de Ahorro. Una red muy atomizada, con más morosidad, activos dudosos y peor calificación de riesgo que los bancos, con carácter general. El Banco de España ha instado a las distintas entidades financieras para que inicien diferentes procesos de fusión, integración o concentración, para mejorar su musculatura financiera y mejorar su solvencia.

El proceso no está resultando fácil. A veces, por la actitud timorata de la propia Comunidad, que es incapaz de liderar el proceso y romper con los intereses de las cajas provinciales como es el caso de Castilla y León; otras, por el fuerte arraigo provincial de muchas de ellas. Casi todas cuentan con una fidelidad muy alta de sus impositores, a pesar de que la retribución del pasivo no siempre ha sido la mejor del mercado; y la Obra Social ha constituido una importante ayuda para el medio rural y otros colectivos culturales y sociales, sin ánimo de lucro; lo que dificulta la transformación.

Así las cosas, y con lo que está lloviendo, es el momento de no perder tiempo y mover ficha para garantizar la solvencia y los intereses de los ahorradores que tienen sus depósitos en estas entidades, cuyo tamaño no responde a las exigencias del mercado. Para ello ha de primar la integración con otras entidades, que permitan su expansión en el mercado, la reducción de costes y la mayor rentabilidad. Esta posición es compatible con las necesidades de financiación de los grandes proyectos de las Comunidades Autónomas para su desarrollo; lo que no es compatible son los intereses de poder de los politiquillos de turno, puestos al servicio de sus propios intereses y no de la Comunidad.