Un paso decisivo

La economía española presenta problemas estructurales desde el siglo XIX. Así se pone de manifiesto en la evolución de la renta per cápita y su comparación con los países más desarrollados. La disponibilidad de recursos naturales, la complicada orografía, la falta de un tejido empresarial sólido, el escaso desarrollo de las infraestructuras hasta hace poco y la debilidad del tejido industrial, entre otros factores, explican en gran parte el comportamiento de la economía española ante la crisis.

El nuevo proyecto de Ley de Economía Sostenible que está ultimando el Gobierno socialista es un paso necesario en la puesta en marcha de reformas estructurales para cambiar en profundidad la economía española. La mejora de la competitividad y productividad del sistema productivo constituyen los grandes retos de nuestra economía en el momento actual –la productividad de España en términos de PIB por trabajador, en paridad de compra UE=100, asciende a 105,1 mientras la de EEUU está en 142,3 y la de Alemania en 196,9, en 2008-. El cambio de modelo productivo pasa por encontrar nuevos nichos de actividad económica que nos permitan en el futuro ser pioneros en su desarrollo; y por mejorar el rendimiento de los distintos sectores productivos. La ley ha de representar un fuerte impulso para acelerar el cambio de la economía española y hacer frente al problema del paro y la baja tasa de actividad.

La ley se articula en torno a tres ejes de actuación: mejora del entorno económico, competitividad y sostenibilidad medioambiental. La ley fomenta la competitividad, fortalece la supervisión financiera, lucha contra la morosidad, aporta transparencia en las remuneraciones de las sociedades cotizadas y facilita la contratación público-privada. También promueve la innovación, reforma la Formación Profesional e introduce criterios de ahorro y eficiencia energética y de movilidad sostenible. Asimismo, se amplía la deducción por inversión en I+D+i del 8% al 12%, se aplica el IVA reducido a las reformas para mejorar la eficiencia energética o el ahorro de agua y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para este tipo de obras.

Es un primer paso en la puesta en marcha de reformas estructurales que ayuden a cambiar el modelo productivo español. El Gobierno va completar estas reformas con otras de profundo calado, como: la reforma laboral, en el marco del diálogo social; la reforma educativa, a través de un gran pacto ofrecido a la oposición; la reforma de las pensiones, para garantizar su sostenibilidad económica más allá de 2025; y la reforma del sistema financiero, para proporcionarle más consistencia, en especial a las Cajas españolas; sin olvidar la reforma de la Justicia.

España necesita crecer más y mejor. Para ello es necesario erradicar un modelo productivo dependiente del ladrillo y aumentar la productividad en los sectores tradicionales –España ocupa el puesto 33 de 134 países en el último Índice de Competitividad Global-. La Ley intenta facilitar el tránsito hacia actividades y mercados más maduros, hacia los que tienen un mayor potencial de crecimiento; y a su vez facilitar la creación de empresas y mejorar el ambiente para hacer negocios. La formación es clave para que se consolide el nuevo modelo.

Las reformas anunciadas han de permitir acercarnos más a un modelo con un tejido industrial más eficiente, donde la sociedad del conocimiento pueda desarrollar su potencial. Éstas son las premisas de trabajo del Gobierno, mientras la oposición ya ha descalificado el proyecto antes de su publicación, e incluso algún “mago”, como el señor Montoro, lo ha calificado de “franquista”. Claro que será por aquello de su nostalgia hacia el pasado. Los españoles, una vez más, tienen suerte de que en estos momentos gobierne el PSOE, y mucho más visto lo visto.