La actualidad de la última semana ha estado presidida por la tensión política en Caja Madrid: la pugna por la Presidencia entre las diferentes facciones del PP. Algo vergonzoso e indigno para todos aquellos que tenemos nuestros ahorros en esa institución. Más cuando Caja Madrid va de mal en peor y hemos conocido esta misma semana que sus beneficios han bajado en el último año más de un 30 por ciento; muy por encima de otras grandes instituciones financieras.
La tutela de las cajas corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, ¿qué pinta el presidente nacional del PP en este proceso? No se entiende. O es que acaso si la Caja va mal los impositores van a pedir la responsabilidad al consejo de dirección del PP con su presidente al frente en lugar de pedírselo al Consejo de Administración de la caja. Todo un dispendio que lleva a confundir el plano institucional con el plano orgánico de estas instituciones financieras y a politizarlas, creando desconfianza en su gestión y contribuyendo, de esta manera, a que sus resultados no sean los mejores posibles.
Las cajas constituyen una poderosa herramienta financiera para las diferentes comunidades autónomas. Pueden contribuir de una manera decisiva a vincular inversiones al territorio y corregir desequilibrios, siempre y cuando esté garantizada la viabilidad económico-financiera de las operaciones que soporten. De ahí la necesidad de contar en cada Comunidad con estas entidades, con el tamaño suficiente, la solvencia y la musculatura financiera para poder liderar contribuir al desarrollo económico.
La crisis económica ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema de Cajas de Ahorro. Una red muy atomizada, con más morosidad, activos dudosos y peor calificación de riesgo que los bancos, con carácter general. El Banco de España ha instado a las distintas entidades financieras para que inicien diferentes procesos de fusión, integración o concentración, para mejorar su musculatura financiera y mejorar su solvencia.
El proceso no está resultando fácil. A veces, por la actitud timorata de la propia Comunidad, que es incapaz de liderar el proceso y romper con los intereses de las cajas provinciales como es el caso de Castilla y León; otras, por el fuerte arraigo provincial de muchas de ellas. Casi todas cuentan con una fidelidad muy alta de sus impositores, a pesar de que la retribución del pasivo no siempre ha sido la mejor del mercado; y la Obra Social ha constituido una importante ayuda para el medio rural y otros colectivos culturales y sociales, sin ánimo de lucro; lo que dificulta la transformación.
Así las cosas, y con lo que está lloviendo, es el momento de no perder tiempo y mover ficha para garantizar la solvencia y los intereses de los ahorradores que tienen sus depósitos en estas entidades, cuyo tamaño no responde a las exigencias del mercado. Para ello ha de primar la integración con otras entidades, que permitan su expansión en el mercado, la reducción de costes y la mayor rentabilidad. Esta posición es compatible con las necesidades de financiación de los grandes proyectos de las Comunidades Autónomas para su desarrollo; lo que no es compatible son los intereses de poder de los politiquillos de turno, puestos al servicio de sus propios intereses y no de la Comunidad.
La tutela de las cajas corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, ¿qué pinta el presidente nacional del PP en este proceso? No se entiende. O es que acaso si la Caja va mal los impositores van a pedir la responsabilidad al consejo de dirección del PP con su presidente al frente en lugar de pedírselo al Consejo de Administración de la caja. Todo un dispendio que lleva a confundir el plano institucional con el plano orgánico de estas instituciones financieras y a politizarlas, creando desconfianza en su gestión y contribuyendo, de esta manera, a que sus resultados no sean los mejores posibles.
Las cajas constituyen una poderosa herramienta financiera para las diferentes comunidades autónomas. Pueden contribuir de una manera decisiva a vincular inversiones al territorio y corregir desequilibrios, siempre y cuando esté garantizada la viabilidad económico-financiera de las operaciones que soporten. De ahí la necesidad de contar en cada Comunidad con estas entidades, con el tamaño suficiente, la solvencia y la musculatura financiera para poder liderar contribuir al desarrollo económico.
La crisis económica ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema de Cajas de Ahorro. Una red muy atomizada, con más morosidad, activos dudosos y peor calificación de riesgo que los bancos, con carácter general. El Banco de España ha instado a las distintas entidades financieras para que inicien diferentes procesos de fusión, integración o concentración, para mejorar su musculatura financiera y mejorar su solvencia.
El proceso no está resultando fácil. A veces, por la actitud timorata de la propia Comunidad, que es incapaz de liderar el proceso y romper con los intereses de las cajas provinciales como es el caso de Castilla y León; otras, por el fuerte arraigo provincial de muchas de ellas. Casi todas cuentan con una fidelidad muy alta de sus impositores, a pesar de que la retribución del pasivo no siempre ha sido la mejor del mercado; y la Obra Social ha constituido una importante ayuda para el medio rural y otros colectivos culturales y sociales, sin ánimo de lucro; lo que dificulta la transformación.
Así las cosas, y con lo que está lloviendo, es el momento de no perder tiempo y mover ficha para garantizar la solvencia y los intereses de los ahorradores que tienen sus depósitos en estas entidades, cuyo tamaño no responde a las exigencias del mercado. Para ello ha de primar la integración con otras entidades, que permitan su expansión en el mercado, la reducción de costes y la mayor rentabilidad. Esta posición es compatible con las necesidades de financiación de los grandes proyectos de las Comunidades Autónomas para su desarrollo; lo que no es compatible son los intereses de poder de los politiquillos de turno, puestos al servicio de sus propios intereses y no de la Comunidad.
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