El campo ha vuelto a gritar estos días ¡socorro! “Los precios de los productos agrarios están por los suelos, mientras el coste de la materia prima es cada vez más alto; o lo que nos pagan por los productos llega al consumidor multiplicado por tres, por cuatro, e incluso más” son algunas de las voces que se han oído este fin de semana. No tenían una reivindicación concreta, sino que manifestaban una queja y un malestar general contra la política agraria, ésa que define Bruselas, coordina el Gobierno de España y aplican las comunidades autónomas.
La agricultura y la alimentación son sectores estratégicos para España por varias razones. En primer lugar, por su capacidad de abastecimiento de alimentos sanos, seguros y de calidad, evitando un alto grado de dependencia alimentaria; pero también por su potencial para promover el empleo y el mantenimiento de la población en el medio rural y la cohesión social; y, por último, por su contribución al medio ambiente, a la conservación del territorio, al mantenimiento de la biodiversidad y a la lucha contra el cambio climático.
El enfoque de la Política Agraria Comunitaria –la PAC- cuenta, en el momento actual, con la impronta de los gobiernos conservadores que rigen los destinos de la UE: predominio del mercado, ante todo, frente a los intereses de los agricultores y ganaderos. Lo que la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León calificó no hace muchos días como “política excesivamente liberal de la UE para el campo”. Y lo que tampoco ha impedido al presidente de la Junta de Castilla y León ponerse al lado de los agricultores y contra la política agraria de la UE, a pesar haber contribuido con su voto en las elecciones europeas a impulsarla. Es el Partido Popular el que tiene mayoría en Europa. Son, pues, ellos los que definen la política agraria. Sin embargo, la “santa desvergüenza” no tiene límites, y en la manifestación de ayer estaba también la secretaria general del PP, la señora Cospedal: un insulto para el campo español.
La industria agroalimentaria en un mercado globalizado ha de mejorar su competitividad. Para ello es necesaria una mejor ordenación de los medios de producción y una reordenación del sector, así como el desarrollo de canales de distribución más eficientes. También se ha de exigir igualdad de exigencias, requisitos y controles a los productos importados que vienen de fuera para evitar la competencia desleal.
La PAC es una política imprescindible para Europa, mucho más para España con zonas rurales extensas, riesgos medioambientales crecientes y condiciones de vida y de renta de los europeos todavía alejados de los niveles medios de otros sectores. Por ello, pese a que nos les guste a los conservadores europeos, seguimos necesitando las ayudas europeas -7.432 millones de euros en 2009- y las ayudas nacionales -816 millones de euros- y los créditos ICO concedidos al sector este año -939 millones de euros-. Las ayudas a las rentas e intervenciones en los mercados se han incrementado un 4,8 por ciento respecto al ejercicio anterior y las ayudas al desarrollo rural han aumentado un 23,8 por ciento.
La Presidencia española en la UE durante el primer semestre del próximo año contribuirá, sin duda, a consolidar el compromiso del Gobierno socialista con el sector agrario. Prueba de ello es que a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista la Ley de Presupuestos de 2010 incorpora una disposición final nueva que, con carácter indefinido, reconoce el derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos soportadas por los agricultores por adquisición de gasóleo.
El campo, hoy más que nunca, necesita ayuda para mejorar su gestión y resolver sus problemas. Pero qué podemos esperar si los que tienen la responsabilidad de gestionar su agricultura esconden la cabeza y gritan socorro. Verlo para creerlo, pero esto es lo que hemos visto estos días. Poco podemos esperar de ellos. Vamos, nada.
La agricultura y la alimentación son sectores estratégicos para España por varias razones. En primer lugar, por su capacidad de abastecimiento de alimentos sanos, seguros y de calidad, evitando un alto grado de dependencia alimentaria; pero también por su potencial para promover el empleo y el mantenimiento de la población en el medio rural y la cohesión social; y, por último, por su contribución al medio ambiente, a la conservación del territorio, al mantenimiento de la biodiversidad y a la lucha contra el cambio climático.
El enfoque de la Política Agraria Comunitaria –la PAC- cuenta, en el momento actual, con la impronta de los gobiernos conservadores que rigen los destinos de la UE: predominio del mercado, ante todo, frente a los intereses de los agricultores y ganaderos. Lo que la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León calificó no hace muchos días como “política excesivamente liberal de la UE para el campo”. Y lo que tampoco ha impedido al presidente de la Junta de Castilla y León ponerse al lado de los agricultores y contra la política agraria de la UE, a pesar haber contribuido con su voto en las elecciones europeas a impulsarla. Es el Partido Popular el que tiene mayoría en Europa. Son, pues, ellos los que definen la política agraria. Sin embargo, la “santa desvergüenza” no tiene límites, y en la manifestación de ayer estaba también la secretaria general del PP, la señora Cospedal: un insulto para el campo español.
La industria agroalimentaria en un mercado globalizado ha de mejorar su competitividad. Para ello es necesaria una mejor ordenación de los medios de producción y una reordenación del sector, así como el desarrollo de canales de distribución más eficientes. También se ha de exigir igualdad de exigencias, requisitos y controles a los productos importados que vienen de fuera para evitar la competencia desleal.
La PAC es una política imprescindible para Europa, mucho más para España con zonas rurales extensas, riesgos medioambientales crecientes y condiciones de vida y de renta de los europeos todavía alejados de los niveles medios de otros sectores. Por ello, pese a que nos les guste a los conservadores europeos, seguimos necesitando las ayudas europeas -7.432 millones de euros en 2009- y las ayudas nacionales -816 millones de euros- y los créditos ICO concedidos al sector este año -939 millones de euros-. Las ayudas a las rentas e intervenciones en los mercados se han incrementado un 4,8 por ciento respecto al ejercicio anterior y las ayudas al desarrollo rural han aumentado un 23,8 por ciento.
La Presidencia española en la UE durante el primer semestre del próximo año contribuirá, sin duda, a consolidar el compromiso del Gobierno socialista con el sector agrario. Prueba de ello es que a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista la Ley de Presupuestos de 2010 incorpora una disposición final nueva que, con carácter indefinido, reconoce el derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos soportadas por los agricultores por adquisición de gasóleo.
El campo, hoy más que nunca, necesita ayuda para mejorar su gestión y resolver sus problemas. Pero qué podemos esperar si los que tienen la responsabilidad de gestionar su agricultura esconden la cabeza y gritan socorro. Verlo para creerlo, pero esto es lo que hemos visto estos días. Poco podemos esperar de ellos. Vamos, nada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario