De 2009 al futuro…

La crisis económica ha marcado el desarrollo del año 2009 tanto en España como en el resto del mundo, pero también en Segovia. Aquí nos deja 8.490 parados, si bien se ha manifestado con menos intensidad que en otras partes del país, dadas las características de su tejido económico, siendo el sector de la construcción el más afectado, debido a los grandes desajustes que padecía y sigue teniendo este sector en la provincia.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de España a través del Plan E en Segovia, especialmente por el Fondo Estatal de Inversión Local, han contribuido a crear empleo -más de 2.000 puestos de trabajo- y a mantener vivas a un gran número de pequeñas empresas. Sin embargo, la Junta y la Diputación provincial apenas han arrimado el hombro. El PP en 2009 ha estado dando continuamente la espalda a los ciudadanos. Les ha interesado la crisis sólo como instrumento para desgastar a Zapatero y poder llegar a La Moncloa. Han estado a lo suyo, que no es lo que necesitan los ciudadanos.

En Segovia, la Junta un año más apenas ha invertido. Segovia está la margen del centralismo bipolar que practica el Gobierno de Herrera. Así, durante el año 2009 el PP ha verbalizado el desmarque del ‘Pacto por Segovia’, lo que era una realidad de hecho desde el primer momento. De esta manera, se han liberado de todos los compromisos contraídos con Segovia en las instituciones que gobiernan. Hemos visto cómo el presidente Herrera ha pasado de comprometer un ‘Palacio de Congresos’ a colaborar en su construcción, aportando no más del 40 por ciento, a pesar de tener las competencias exclusivas en esta materia; lo mismo ha ocurrido en materia de agua o patrimonio. La Junta de Castilla y León gobernada por el PP ha vuelto a estar un año más ausente, y su “deuda histórica” con Segovia sigue creciendo.

Por suerte, las medidas sociales puestas en marcha por el Gobierno están permitiendo a los más desfavorecidos mantener una vida digan. Los 32.000 pensionistas segovianos han visto cómo sus pensiones este año se revalorizaban como media un 4,8 por ciento; y la Ley de Dependencia ha comenzado a andar, aunque no sea con todos los bríos que necesitamos. En Segovia 3.000 personas ya se acogen a sus beneficios. Aquí, también hemos tenido que empujar a la Junta.

El año 2010 nos presenta un gran reto: el inicio del cambio del modelo productivo. Segovia también tiene que cambiar el suyo. Necesitamos un tejido industrial más sólido y extenso que permita generar empleo para evitar el éxodo de los segovianos más jóvenes y cualificados. El Círculo de las Artes y las Tecnologías –CAT- debe ser el referente del despegue económico. Necesitamos traer empresas y empresarios para mejorar el bienestar de los segovianos y crear empleo tanto para absorber la demanda como para repoblar amplias zonas de la provincia que están en depresión.

Hoy Segovia, por suerte, cuenta con gran parte de las grandes infraestructuras que permiten hacer atractiva nuestra provincia, a excepción de la garantía de abastecimiento del agua, que ya tiene proyectado el Gobierno socialista, a pesar de no ser de su competencia. Falta mucho por avanzar en carreteras autonómicas y provinciales, pero su importancia estratégica es menor.

Hoy es la hora de los empresarios y de las organizaciones empresariales para crear riqueza y bienestar. Entre todos –políticos, empresarios, trabajadores, sociedad en general- hemos de conseguir que en nuestra provincia se implanten grandes empresas que aprovechen su proximidad a Madrid. Hemos de seguir generando e intensificando el comercio, y otorgando al campo inversiones y ventajas diferenciales para que sea más competitivo y pueda supervivir. El futuro es nuestro, nadie nos le va a construir. Y mucho menos sí creemos que esto es algo que compete exclusivamente a las administraciones, y en concreto a Papá Estado. El Futuro puede ser esperanzador, pero para eso hemos de ser proactivos y trabajar en equipo.

Derecho al cobro del desempleo por los autónomos

15.300 autónomos en Segovia, pero 539.338 trabajadores por cuenta propia (incluidos los 176.000 agrarios), que cotizan por contingencias profesionales y que lo harían por la “Prestación por Cese de Actividad” tendrán derecho al cobro de las prestaciones por paro -cese de actividad-, con la nueva medida que ha aprobado hace unos días el Gobierno socialista.

El anteproyecto de ley va a recoger un sistema específico de protección para aquellos trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria, basado en tres principios básicos: contributivo, solidario y sostenible financieramente. El sistema adoptado es de carácter mixto, entre voluntario y obligatorio. Tendrán derecho los que tengan cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluidos los del Régimen Agrario y los Trabajadores del Mar; pero también los que opten voluntariamente por cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Con esta medida se equiparan derechos de los autónomos con el resto de los trabajadores por cuenta ajena. Se da respuesta a una petición histórica del colectivo de autónomos, que los socialistas hemos hecho realidad.

La duración de la protección se encontrará entre dos y seis meses de duración, según el periodo de cotización, de los que al menos doce meses han de ser continuados e inmediatamente anteriores al cese de actividad.

Las cuantías de las prestaciones serán del 70 por ciento de la base por la que se venía cotizando, oscilando entre los 583 euros y los 1.383 euros al mes. Para ello se ha fijado un tipo de cotización para los autónomos de 1,5 por cien de la base, con una reducción del 0,5 por cien en la cotización por cobertura de incapacidad temporal. La cotización mínima se sitúa entre los 12,5 y los 8,33 euros. La gestión será realizada por las Mutuas de Trabajo y Enfermedad Profesional o el Servicio Público de Empleo Estatal, en el caso de que el aseguramiento de las contingencias profesionales corresponda a la Seguridad Social.

En un momento de crisis como el que estamos viviendo, la importancia de este proyecto es aún mayor. Para ello es clave la sostenibilidad financiera. No olvidemos que la base del proyecto es contributiva y solidaria. Un incremento de las prestaciones por encima de los límites fijados, tanto en cantidad como en plazo, pueden quebrar su viabilidad financiera. El Estado no debe aportar recursos y, para ello, se ha de conservar y ajustar las prestaciones a su carácter contributivo. Ésta es la mejor garantía para su continuidad.

La Cumbre de Presidentes

El presidente Zapatero convocó el pasado lunes en el Senado la “Conferencia de presidentes autonómicos”. Ésta es la cuarta vez que se reúne. Han pasado casi tres años desde la última reunión donde se trataron temas tan importantes para nuestro país como los problemas del agua, la emigración o la inversión en investigación y desarrollo.

Fue en octubre del 2004 cuando el presidente del Gobierno convocó la primera cumbre de presidentes, máxima expresión del poder en España y símbolo de patriotismo y unidad del Estado español.

A tenor de las reacciones, no parece ser que la cumbre haya despertado mucho entusiasmo entre los presidentes autonómicos, especialmente entre los nueve del Partido Popular, que mantienen una actitud hostil. La convocatoria obedece a la necesidad de coordinar actuaciones ante la crisis económica.

Las comunidades autónomas gestionan el 40 por ciento de los recursos públicos y disponen de competencias exclusivas en importantes materias, como las políticas activas de empleo. Su concurso y corresponsabilidad en la crisis es fundamental para salir de ella. Más cuando el déficit en las cuentas públicas de sus comunidades alcanza el 9,5 del PIB y el paro juvenil asciende al 38 por ciento.

El encuentro, además de propiciar un debate sobre la situación económica, debiera propiciar la adopción de acuerdos para el control del déficit público y la creación de una comisión para contrastar y coordinar políticas concretas en materia de empleo juvenil.

En un Estado autonómico como España, la cumbre de presidentes no es un instrumento para conseguir una fotografía, como la definió ayer la portavoz del PP; es una necesidad para dar respuesta a los problemas de los españoles con garantía de equidad.

La conferencia si no existiese, la tendríamos que inventar. Zapatero la estableció como punto de encuentro de los líderes territoriales para debatir los problemas comunes. Pero para su éxito, algunos de ellos tienen que quitarse el gorro del partido y ponerse el de los ciudadanos que representan. El sentimiento de Estado no sólo basta con verbalizarlo, hay que ejercerlo. Pero en esto, muchos presidentes autonómicos presentan claras contradicciones.

30 aniversario de la Agrupación Municipal de Nava de la Asunción

Hace unos días la Agrupación Municipal de Nava de la Asunción conmemoró su 30 aniversario. Con este motivo se realizó una exposición fotográfica y una proyección de fotografías comentadas de los principales hitos de la agrupación, con especial referencia a los ocho años de Gobierno socialista en la localidad. El acto fue conducido por el secretario de la agrupación, Juan José Maroto.

Al acto asistieron cerca de 100 vecinos de la localidad y de los pueblos vecinos: Santiuste, Navas de Oro, Coca, Bernardos y Martín Muñoz. También estuvo presente gran parte de la Comisión Ejecutiva Provincial, con su secretario al frente, así como la vicesecretaria general, el secretario de Organización, el secretario de Política Local y el secretario de Acción Electoral. Fue un acto muy emotivo. Al finalizar, tuvimos la oportunidad de departir con los compañeros y amigos de la zona.

Como recordó el secretario de la agrupación, al Gobierno municipal se llegó gracias al esfuerzo y trabajo durante muchos años de muchos socialistas en el pueblo, y al buen hacer de la agrupación. Hoy más que nunca las agrupaciones tienen que ser punto de encuentro de los vecinos para debatir sobre los problemas que incumben a las distintas localidades y efectuar propuestas que permitan mejorar la vida y el bienestar del municipio. Una agrupación que se cierra a sí misma está abocada al fracaso. Para los socialistas, como tuve oportunidad de recordar en el acto, las agrupaciones socialistas son espacios abiertos a la gente del pueblo, estén o no estén afiliados, pero donde además es necesario que confluyan diversas generaciones para así identificarse mejor con los intereses de la población y poder gobernar, en su caso, con más consistencia.

En Segovia contamos con 24 agrupaciones, tres de ellas de reciente creación. El trabajo en red es hoy más necesario que nunca. La “unión hace la fuerza”, pero no basta con decirlo, hay que hacerlo; y hoy las puesta en común de actuaciones de manera coordinada puede contribuir a generar sinergias, así como a potenciar nuestra credibilidad y consistencia política.

En estos momentos, como también tuve la oportunidad de recordar en el acto como secretario general de los socialistas segovianos, las palabras de Pablo Iglesias siguen en vigor. Él dijo: “Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para difundirlas, para llevarlas a todas partes, para hacer que penetren en los cerebros de muchas personas que no las profesan”. Una gran lección para todos en el momento actual, también para Nava.

SOS para Barajas

Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone al aeropuerto de Barajas contra las cuerdas. Este auto revoca parcialmente otro anterior, como consecuencia de la aplicación de una sentencia del Tribual Supremo en relación a un recurso de casación interpuesto por seis vecinos de la Urbanización Santo Domingo de Algete –Madrid-, mediante el que se reconoce la lesión de sus derechos fundamentales por el ruido causado por el sobrevuelo de aviones a poca altura.

El auto requiere que “con carácter inmediato se proceda a la reducción en un 50 por ciento en la cifra actual del total de vuelos que pasan por encima de dicha urbanización”. Como consecuencia de la inmediata reducción de capacidad, se perderían 47.000 puestos de trabajo (directos, indirectos e inducidos) y se dejarían de generar 1.125 millones de euros, además de resultar completamente inútil la altísima inversión efectuada por la Administración en el ampliación de Barajas, puesto que hablamos de las mismas cifras de capacidad que se tenían antes de la ampliación.

La aplicación inmediata de la reducción de operaciones, dado que no es posible adecuar los ‘slots’ a la nueva capacidad hasta la próxima temporada, exigiría una cancelación masiva de vuelos, ya que, si no se efectuaran cancelaciones, habría un 44 por ciento de arribadas con una demora media de 70 minutos por aeronave, sin tener en cuenta los efectos por pérdidas de rotaciones.

No será posible atender futuros incrementos de la demanda, ni llegar a las 120 operaciones/hora previstas, por lo que el aeropuerto se encontraría ante el riesgo de perder aproximadamente 245.000 vuelos al año. La repercusión económica de perder 245.000 vuelos al año sería la eliminación de aproximadamente 122.500 empleos, con la consiguiente reducción de la masa salarial regional, por un importe de 2.900 millones de euros, el dos por ciento del PIB de la Comunidad de Madrid. Pero, además, el reciente acuerdo de Iberia y British Airways estaría en peligro.

La extrapolación de esta sentencia a otras poblaciones, que de inmediato solicitarían el reconocimiento de sus derechos fundamentales, puesto que sobre ellas se producen sobrevuelos a menor ó igual altura que la Urbanización Santo Domingo, podría implicar el cierre completo del aeropuerto de Barajas.

La sentencia del señor juez no ha tenido en cuenta que el porcentaje de horas en las que el aeropuerto puede operar en Configuración Sur depende de la dirección e intensidad del viento que sople en las diferentes pistas del aeropuerto. Nunca se sabe, a priori, cómo va a operar el aeropuerto. Así, fijado un número máximo de operaciones/hora para la pista 18R por la Sala, si las condiciones meteorológicas son desfavorables y se agota el “cupo”, habría que cerrar el aeropuerto. Un pequeño detalle, pero importante: tampoco parece haber sopesado suficientemente la pérdida de puestos de trabajo -45.000-, que como derecho fundamental (derecho al trabajo, Título I, capítulo II, artículo 35 de la Constitución Española), entra en colisión con el derecho reconocido a los seis vecinos que han presentado el recurso de casación.

El PP tampoco ha demostrado mucha sensibilidad por el problema. El Gobierno, para soslayar este problema, intentó tramitar una enmienda en la Ley de Economía Sostenible, que permitiese extender la zona de servidumbre de ruido, más allá de la huella de ruido determinada, con las correspondientes indemnizaciones e insonorización de los edificios afectados. A pesar de las promesas de ayuda manifestadas por el portavoz del PP del Senado de votar a favor de la enmienda o de abstenerse, la entrada del señor Rajoy en escena determinó el voto en contra del PP; al igual que el de CiU. Un acto de irresponsabilidad que pone una vez más de manifiesto el interés que tiene el PP por resolver los problemas de este país. Mucho más cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid es del PP. El Grupo Parlamentario Socialista retiró la enmienda.

Ante esta situación, el Gobierno está haciendo lo que debe: tramitar un proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación Aérea y dar respuesta al problema. Esperemos que la sensatez presida la acción de los distintos grupos políticos en su tramitación parlamentaria, y que el poder judicial corrija su posición ante el recurso de casación interpuesto contra el auto de marras por Aena. ¡Que Dios reparta suerte!