Derecho al cobro del desempleo por los autónomos

15.300 autónomos en Segovia, pero 539.338 trabajadores por cuenta propia (incluidos los 176.000 agrarios), que cotizan por contingencias profesionales y que lo harían por la “Prestación por Cese de Actividad” tendrán derecho al cobro de las prestaciones por paro -cese de actividad-, con la nueva medida que ha aprobado hace unos días el Gobierno socialista.

El anteproyecto de ley va a recoger un sistema específico de protección para aquellos trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria, basado en tres principios básicos: contributivo, solidario y sostenible financieramente. El sistema adoptado es de carácter mixto, entre voluntario y obligatorio. Tendrán derecho los que tengan cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluidos los del Régimen Agrario y los Trabajadores del Mar; pero también los que opten voluntariamente por cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Con esta medida se equiparan derechos de los autónomos con el resto de los trabajadores por cuenta ajena. Se da respuesta a una petición histórica del colectivo de autónomos, que los socialistas hemos hecho realidad.

La duración de la protección se encontrará entre dos y seis meses de duración, según el periodo de cotización, de los que al menos doce meses han de ser continuados e inmediatamente anteriores al cese de actividad.

Las cuantías de las prestaciones serán del 70 por ciento de la base por la que se venía cotizando, oscilando entre los 583 euros y los 1.383 euros al mes. Para ello se ha fijado un tipo de cotización para los autónomos de 1,5 por cien de la base, con una reducción del 0,5 por cien en la cotización por cobertura de incapacidad temporal. La cotización mínima se sitúa entre los 12,5 y los 8,33 euros. La gestión será realizada por las Mutuas de Trabajo y Enfermedad Profesional o el Servicio Público de Empleo Estatal, en el caso de que el aseguramiento de las contingencias profesionales corresponda a la Seguridad Social.

En un momento de crisis como el que estamos viviendo, la importancia de este proyecto es aún mayor. Para ello es clave la sostenibilidad financiera. No olvidemos que la base del proyecto es contributiva y solidaria. Un incremento de las prestaciones por encima de los límites fijados, tanto en cantidad como en plazo, pueden quebrar su viabilidad financiera. El Estado no debe aportar recursos y, para ello, se ha de conservar y ajustar las prestaciones a su carácter contributivo. Ésta es la mejor garantía para su continuidad.