SOS para Barajas

Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone al aeropuerto de Barajas contra las cuerdas. Este auto revoca parcialmente otro anterior, como consecuencia de la aplicación de una sentencia del Tribual Supremo en relación a un recurso de casación interpuesto por seis vecinos de la Urbanización Santo Domingo de Algete –Madrid-, mediante el que se reconoce la lesión de sus derechos fundamentales por el ruido causado por el sobrevuelo de aviones a poca altura.

El auto requiere que “con carácter inmediato se proceda a la reducción en un 50 por ciento en la cifra actual del total de vuelos que pasan por encima de dicha urbanización”. Como consecuencia de la inmediata reducción de capacidad, se perderían 47.000 puestos de trabajo (directos, indirectos e inducidos) y se dejarían de generar 1.125 millones de euros, además de resultar completamente inútil la altísima inversión efectuada por la Administración en el ampliación de Barajas, puesto que hablamos de las mismas cifras de capacidad que se tenían antes de la ampliación.

La aplicación inmediata de la reducción de operaciones, dado que no es posible adecuar los ‘slots’ a la nueva capacidad hasta la próxima temporada, exigiría una cancelación masiva de vuelos, ya que, si no se efectuaran cancelaciones, habría un 44 por ciento de arribadas con una demora media de 70 minutos por aeronave, sin tener en cuenta los efectos por pérdidas de rotaciones.

No será posible atender futuros incrementos de la demanda, ni llegar a las 120 operaciones/hora previstas, por lo que el aeropuerto se encontraría ante el riesgo de perder aproximadamente 245.000 vuelos al año. La repercusión económica de perder 245.000 vuelos al año sería la eliminación de aproximadamente 122.500 empleos, con la consiguiente reducción de la masa salarial regional, por un importe de 2.900 millones de euros, el dos por ciento del PIB de la Comunidad de Madrid. Pero, además, el reciente acuerdo de Iberia y British Airways estaría en peligro.

La extrapolación de esta sentencia a otras poblaciones, que de inmediato solicitarían el reconocimiento de sus derechos fundamentales, puesto que sobre ellas se producen sobrevuelos a menor ó igual altura que la Urbanización Santo Domingo, podría implicar el cierre completo del aeropuerto de Barajas.

La sentencia del señor juez no ha tenido en cuenta que el porcentaje de horas en las que el aeropuerto puede operar en Configuración Sur depende de la dirección e intensidad del viento que sople en las diferentes pistas del aeropuerto. Nunca se sabe, a priori, cómo va a operar el aeropuerto. Así, fijado un número máximo de operaciones/hora para la pista 18R por la Sala, si las condiciones meteorológicas son desfavorables y se agota el “cupo”, habría que cerrar el aeropuerto. Un pequeño detalle, pero importante: tampoco parece haber sopesado suficientemente la pérdida de puestos de trabajo -45.000-, que como derecho fundamental (derecho al trabajo, Título I, capítulo II, artículo 35 de la Constitución Española), entra en colisión con el derecho reconocido a los seis vecinos que han presentado el recurso de casación.

El PP tampoco ha demostrado mucha sensibilidad por el problema. El Gobierno, para soslayar este problema, intentó tramitar una enmienda en la Ley de Economía Sostenible, que permitiese extender la zona de servidumbre de ruido, más allá de la huella de ruido determinada, con las correspondientes indemnizaciones e insonorización de los edificios afectados. A pesar de las promesas de ayuda manifestadas por el portavoz del PP del Senado de votar a favor de la enmienda o de abstenerse, la entrada del señor Rajoy en escena determinó el voto en contra del PP; al igual que el de CiU. Un acto de irresponsabilidad que pone una vez más de manifiesto el interés que tiene el PP por resolver los problemas de este país. Mucho más cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid es del PP. El Grupo Parlamentario Socialista retiró la enmienda.

Ante esta situación, el Gobierno está haciendo lo que debe: tramitar un proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación Aérea y dar respuesta al problema. Esperemos que la sensatez presida la acción de los distintos grupos políticos en su tramitación parlamentaria, y que el poder judicial corrija su posición ante el recurso de casación interpuesto contra el auto de marras por Aena. ¡Que Dios reparta suerte!