Insonorización para los edificios y garantía operativa para los aeropuertos

El Senado rechazó, en su última sesión, todas las enmiendas al proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación Aérea, que proviene del Congreso. De esta forma, la ley va directamente al BOE y, de esta manera, se quiebran las pretensiones del PP de retrasar su puesta en marcha y dejar en “inseguridad jurídica” al aeropuerto de Barajas cuando trabaja en configuración Sur. Esta situación hubiese supuesto poner en peligro 45.000 puestos de trabajo, la futura fusión de Iberia con la British y tirar por la borda gran parte de la inversión de 6.000 millones de euros que promovió el ministro Cascos, sin consultar a nadie. Ni a los ayuntamientos colindantes, ni a la comunidad autónoma, ni a los vecinos.

Por suerte, aunque no nos ha sido fácil, el PSOE ha contado con el apoyo de CiU, PSC, ERC, CC y gran parte del Grupo Mixto, no así de IU, PNV y BNG. Se dio la paradoja de que estos últimos partidos presentaron una enmienda transaccional orientada a quebrar la Disposición Transitoria que reconoce los derechos de los ciudadanos garantizando la irretroactividad, conforme el artículo 9.5 de la CE, y configurando y dando contenido al derecho de los ciudadanos con respecto al ruido en el entorno de los aeropuertos, para que los jueces tengan un criterio claro a la hora de juzgar que permita garantizar la igualdad de todos los españoles con independencia del territorio donde vivan.

Gracias a esta ley, se adelanta en 10 años la aplicación de las servidumbres acústicas en aquellas poblaciones en el entorno de los aeropuertos donde no se cumplan los objetivos de calidad sonora en el interior de los edificios – ahora, 65 decibelios-. Para ello, AENA llevará a cabo las reformas estructurales e insonorización de los edificios de esas zonas, que, por lo general, son de una calidad media y corresponden a familias humildes. El Estado invertirá más de 80 millones de euros en este proyecto. Una apuesta clara por la defensa de los ciudadanos.

La ley prevé también indemnizar a los municipios que se encuentren en el área de servidumbre acústica, así como establecer mecanismos que permitan a las autoridades y gestores aeroportuarios efectuar un seguimiento continuo para verificar que se cumplen los niveles de ruido determinado por la legislación. Asimismo, se constituye una Comisión Mixta, integrada por la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos, que informará preceptivamente los planes de acción para hacer efectivas las actuaciones necesarias para garantizar los niveles de ruido y denunciar incumplimientos.

El PP ha vuelto a manifestar, en la tramitación de esta ley en el Senado, una irresponsabilidad manifiesta. Después de apoyar la tramitación en el Congreso, en la Cámara Alta se ha opuesto frontalmente. Tenía como objetivo ganar tiempo para que se aplicase el auto de Santo Domingo, sin criterio gubernativo alguno, lo que hubiese supuesto la pérdida de 45.000 puestos de trabajo y que el aeropuerto hubiese trabajado con 45 movimientos-hora, frente a los 78 actuales. En fin, ya se sabe, para el PP cuanto peor mejor, porque cree que, de esa manera, el señor Rajoy podrá alcanzar más fácilmente La Moncloa. Eso tiene un nombre: irresponsabilidad. España no se merece esto, y los españoles tampoco. Por suerte para ellos la cordura se ha impuesto en el Senado. Si la ley se hubiera devuelto al Congreso, todo indica que el otro PP hubiese provocado su vuelta al Gobierno.