Como recogía en la última entrada de este cuaderno la semana anterior- se recomienda leerla previamente- en el proyecto de Segovia 21 hay unos claros ganadores, Caja Segovia y sus socios; y unos claros perdedores, los segovianos, muy mal representados por su Diputación, en concreto por su equipo de gobierno
Una primera cuestión que se plantea es quién ha urdido este proceso mercantil. ¿La Diputación, con su presidente al frente; la Cámara de Comercio, o bien los socios posteriores sobrevenidos, Caja Segovia y sus colaterales de Segóbrida del Eresma? Lo cierto es que la gran perjudicada ha sido la Diputación. Ha vendido acciones a una sociedad privada a un precio muy inferior al de su valor real. Teniendo en cuenta que la diferencia de precio por acción se calcula en 251,65 euros y el número de acciones transmitidas es de 24.879, sólo en esta operación el perjuicio podría estimarse en una cifra de 6.260.800 euros.
Esta actuación pone de manifiesto, en el momento de realizarse, la laxitud del órgano de Gobierno de la Diputación. Mucho más si tenemos en cuenta las plusvalías que pueden dejar de percibirse por la gestión y explotación del negocio. Basta analizar el precio estimado en la venta de los chalets y los altos costes de explotación de la gestión urbanística que se abonan a la empresa Fomento Territorial S.A, con la que se ha suscrito un contrato, según se nos informa de 6 millones de euros más un 3,5 por ciento de todas las transacciones que se realicen en la venta de bienes inmuebles. Un gasto excesivo que bien podría evitar la institución provincial. Hay que recordar que tiene mayoría en la sociedad.
En este caso, se ha dado un destino privado a bienes inmuebles de una administración pública, con un evidente ánimo de lucro en beneficio de entidades privadas y con un grave perjuicio para el patrimonio de la Diputación Provincial, como consecuencia de la venta, sin licitación pública, de una parte de su participación en Segovia 21 a un precio sustancialmente inferior al valor real de las acciones de esta sociedad.
El valor real de las acciones se corresponde con un capital real desembolsado en metálico de 2.517.100 euros, ingresos derivados de la venta de edificabilidad por valor de 28 millones de euros, deducidos los gastos de urbanización, y un valor estimado de patrimonio inmobiliario social de 58 millones de euros, teniendo en cuenta el precio de venta de la edificabilidad. En consecuencia, el valor patrimonial estimado de la sociedad ascendería a la cantidad de 88.517.100 euros. Esta cifra podría sufrir alguna variación en atención a los gastos corrientes o de gestión que se hayan producido y los ingresos que haya obtenido la sociedad desde su constitución, los cuales no se conocen en estos momentos. El valor contable estimado de las acciones, teniendo en cuenta la situación patrimonial de la sociedad, se sitúa en torno a los 208 euros por acción. Y su valor real asciende atendiendo a su valor de mercado a 457,15 euros.
Con posterioridad a la venta del 42 por ciento de la edificabilidad y a la urbanización de los terrenos, la Diputación Provincial ha puesto a la venta 24.879 acciones, a razón de 205,5 euros por acción. Estas acciones han sido adquiridas, en virtud del derecho de adquisición preferente, por Caja Segovia (22.530) y por la Cámara de Comercio (2.349). Posteriormente, Caja Segovia ha transmitido 30.984 acciones, por un importe total de 6.367.000 euros (205,5 euros por acción), a Segóbrida del Eresma, S.A.
No se puede valorar, con la documentación conocida, la vinculación previa de la empresa Segóbrida del Eresma, S.A. con este proyecto, pero genera muchas dudas.
El proyecto no se legitima por si sólo en el reiterado mensaje de que genera riqueza para Segovia. Porque, si bien esta afirmación podría llegar a ser cierta, la actuación de la Diputación quiebra diversos principios constitucionales, como son el de eficiencia y transparencia, así como publicidad en la gestión de lo público. Asimismo, resulta al menos dudosa la descatalogación por fases de un monte de utilidad pública como el de Quintapesares.
La Diputación debe actuar con luz y taquígrafos para que los segovianos conozcan de forma clara, sencilla y precisa la gestión actual y sus antecedentes en la explotación de la sociedad Segovia 21. Y ello requiere que en el Pleno y en la comisión correspondiente se debata e informe de forma precisa, y no con el oscurantismo que preside su gestión actual, para que los segovianos conozcan cómo se gestionan sus recursos.
Una primera cuestión que se plantea es quién ha urdido este proceso mercantil. ¿La Diputación, con su presidente al frente; la Cámara de Comercio, o bien los socios posteriores sobrevenidos, Caja Segovia y sus colaterales de Segóbrida del Eresma? Lo cierto es que la gran perjudicada ha sido la Diputación. Ha vendido acciones a una sociedad privada a un precio muy inferior al de su valor real. Teniendo en cuenta que la diferencia de precio por acción se calcula en 251,65 euros y el número de acciones transmitidas es de 24.879, sólo en esta operación el perjuicio podría estimarse en una cifra de 6.260.800 euros.
Esta actuación pone de manifiesto, en el momento de realizarse, la laxitud del órgano de Gobierno de la Diputación. Mucho más si tenemos en cuenta las plusvalías que pueden dejar de percibirse por la gestión y explotación del negocio. Basta analizar el precio estimado en la venta de los chalets y los altos costes de explotación de la gestión urbanística que se abonan a la empresa Fomento Territorial S.A, con la que se ha suscrito un contrato, según se nos informa de 6 millones de euros más un 3,5 por ciento de todas las transacciones que se realicen en la venta de bienes inmuebles. Un gasto excesivo que bien podría evitar la institución provincial. Hay que recordar que tiene mayoría en la sociedad.
En este caso, se ha dado un destino privado a bienes inmuebles de una administración pública, con un evidente ánimo de lucro en beneficio de entidades privadas y con un grave perjuicio para el patrimonio de la Diputación Provincial, como consecuencia de la venta, sin licitación pública, de una parte de su participación en Segovia 21 a un precio sustancialmente inferior al valor real de las acciones de esta sociedad.
El valor real de las acciones se corresponde con un capital real desembolsado en metálico de 2.517.100 euros, ingresos derivados de la venta de edificabilidad por valor de 28 millones de euros, deducidos los gastos de urbanización, y un valor estimado de patrimonio inmobiliario social de 58 millones de euros, teniendo en cuenta el precio de venta de la edificabilidad. En consecuencia, el valor patrimonial estimado de la sociedad ascendería a la cantidad de 88.517.100 euros. Esta cifra podría sufrir alguna variación en atención a los gastos corrientes o de gestión que se hayan producido y los ingresos que haya obtenido la sociedad desde su constitución, los cuales no se conocen en estos momentos. El valor contable estimado de las acciones, teniendo en cuenta la situación patrimonial de la sociedad, se sitúa en torno a los 208 euros por acción. Y su valor real asciende atendiendo a su valor de mercado a 457,15 euros.
Con posterioridad a la venta del 42 por ciento de la edificabilidad y a la urbanización de los terrenos, la Diputación Provincial ha puesto a la venta 24.879 acciones, a razón de 205,5 euros por acción. Estas acciones han sido adquiridas, en virtud del derecho de adquisición preferente, por Caja Segovia (22.530) y por la Cámara de Comercio (2.349). Posteriormente, Caja Segovia ha transmitido 30.984 acciones, por un importe total de 6.367.000 euros (205,5 euros por acción), a Segóbrida del Eresma, S.A.
No se puede valorar, con la documentación conocida, la vinculación previa de la empresa Segóbrida del Eresma, S.A. con este proyecto, pero genera muchas dudas.
El proyecto no se legitima por si sólo en el reiterado mensaje de que genera riqueza para Segovia. Porque, si bien esta afirmación podría llegar a ser cierta, la actuación de la Diputación quiebra diversos principios constitucionales, como son el de eficiencia y transparencia, así como publicidad en la gestión de lo público. Asimismo, resulta al menos dudosa la descatalogación por fases de un monte de utilidad pública como el de Quintapesares.
La Diputación debe actuar con luz y taquígrafos para que los segovianos conozcan de forma clara, sencilla y precisa la gestión actual y sus antecedentes en la explotación de la sociedad Segovia 21. Y ello requiere que en el Pleno y en la comisión correspondiente se debata e informe de forma precisa, y no con el oscurantismo que preside su gestión actual, para que los segovianos conozcan cómo se gestionan sus recursos.
1 comentario:
¡Madre mía! ¡Qué vergüenza!
En qué manos estamos, señor Gordo.
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