El 2010

Este año ha estado marcado por la crisis económica. Ha sido duro; pero menos que los dos anteriores y posiblemente el próximo. El 2011 apunta algo mejor, aunque con los efectos del Plan de Ajuste. Un plan concebido en el marco del Plan de Estabilidad presupuestaria de la UE, y que fue aprobado por el Parlamento en el mes de mayo. El PP se opuso a las medidas de ajuste. El PSOE lo pudo aprobar gracias a la abstención de CiU, UPN y Coalición Canaria. Su rechazo hubiese supuesto una catástrofe para toda la zona euro, y posiblemente la desaparición de la moneda única, con todas sus consecuencias. El PP careció una vez más de sentido de Estado y dio pruebas palpables de frivolidad e irresponsabilidad manifiesta.

El año ha estado marcado por la quiebra de Grecia, en febrero, e Irlanda en noviembre. España no se ha salvado de los ataques especulativos a su deuda, lo que se ha traducido en un incremento significativo de la carga financiera por los intereses de la deuda. Una etapa difícil pilotada por la nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado, que está demostrando una posición muy firme en la defensa de las políticas del Gobierno frente a la crisis.

Durante el año que ahora concluye, España ha ejercido la Presidencia de la UE durante el primer semestre. Una presidencia difícil, en la que España ha desplegado una intensa actividad diplomática. En este año se han acometido importantes reformas: la reforma laboral y una nueva organización del sistema financiero. La primera, absolutamente necesaria, para acabar con el mercado dual de trabajo entre fijos y temporales, e impulsar las contrataciones, ha contado con un fuerte rechazo de los sindicatos. Se convocó una huelga general que tuvo escaso seguimiento; la reforma del sistema financiero con la integración de las numerosas cajas de este país, para garantizar su solvencia, ha sido otro de los puntos álgidos de este año. Durante estos meses se está acelerando el proceso.

El pulso a los controladores aéreos ha sido otra constante del curso político. El ministro de Fomento, Sr. Blanco, ha parado, por primera vez en España, a un colectivo chantajista, como es éste. Para ello se han aprobado diversas reformas en el Parlamento, de las que he tenido el honor de ser el ponente y portavoz en la Cámara Alta. A estos señores ya no les toca todos los meses la lotería -300.000 euros-; ahora les toca a todos los españoles.

En el plano autonómico, en Castilla y León más de lo mismo. Un Gobierno del PP que lleva 23 años y que se dedica a gestionar el día a día, sin hacer frente a los grandes problemas estructurales: despoblación, éxodo la juventud, envejecimiento y falta de tejido industrial. El victimismo sigue siendo su razón de ser. Para el Gobierno del PP en la Junta toda su acción se limita a pedir y a responsabilizar de todo al Gobierno socialista de España.

En Segovia destaca la excelente gestión del alcalde Arahuetes en la ciudad y de José Luis Vázquez en los Reales Sitios, con una actividad frenética de ambos en sus respectivos municipios y el reconocimiento de su labor en el exterior.

No podemos olvidar en el 2010 la dimisión del diputado del PP, el Sr. Merino por su presunta relación con el caso Gürtel y la tela de araña que se extiende sobre el proyecto Segovia 21 por parte de la Diputación Provincial y el papel determinante del Sr. Merino y su relación con la empresa Fomento Territorial. Sin olvidar las sospechas puestas de manifiesto por algún medio sobre la consejera de Agricultura, la segoviana Silvia Clemente, por su también presunta implicación en el Gürtel. A pesar de todo ello, el PP ha vuelto a demostrar, una vez más, su inmunidad a la corrupción por parte de los ciudadanos.

Y, por último hay que recordar la alegría colectiva de nuestro primer Mundial de Fútbol. ¡Casi ná! Un año para no olvidar.

La pinza

Recuerdan los tiempos de Anguita y Aznar, haciendo un frente común al Gobierno socialista de Felipe González, allá por el 95; pues bien, la historia se repite. Ahora la pinza la ejerce el señor Mariano Rajoy, en representación del PP, y el concurso de la llamada ‘izquierda romántica’, con Llamazares al frente. Sin olvidar el apoyo incondicional de CCOO a través de Ignacio Fernández Toxo y algún que otro miembro relevante de la UGT. Motivo: las reformas del Gobierno socialista frente a la crisis.

España, al igual que los países del resto de Europa, está sufriendo los efectos de la crisis. En especial, en materia de empleo. Esta situación es la consecuencia de los fuertes problemas estructurales que acosan a la economía española desde el siglo XIX, aún pendientes de resolver, y del fuerte e inconsistente crecimiento experimentado en los últimos 15 años, soportado sobre la construcción, agravado ahora por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la recesión del consumo. Una situación delicada que requiere, en el marco de la zona euro y sin una autoridad económica, actuaciones urgentes para que no se hunda el barco.

Es la voz del mercado la que, en muchas ocasiones, mal que nos pese, ejerce la soberanía popular, y los gobiernos tienen que bandear la situación con medidas que pueden resultar muy gravosas e impopulares. La economía de mercado tiene sus pros y contras.

El Gobierno tiene un objetivo firme con el cumplimiento del déficit público en 2013 –un 3 por ciento máximo-. Para ello ha de efectuar un serio ajuste del gasto público, algo que está haciendo. Pero la economía española tiene pendientes grandes reformas estructurales. Ya se ha iniciado la reforma laboral y la reforma del sistema financiero. Pero son necesarias muchas más: pensiones, sector energético, Administración Pública, sanidad, educación…

El anuncio de la reforma del sistema de pensiones, con la ampliación de la edad de jubilación de 65 a 67 años, de forma flexible, y la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 15 a 20 años, ya ha provocado las primeras reacciones virulentas. El PP e IU se han posicionado con un discurso demagógico y partidista. En el Pacto de Toledo esta última semana han dicho ‘sí, pero no’. No les importa que el sistema se hunda en 15 o 20 años, con tal de desgastar al Gobierno; mientras que los sindicatos ya han anunciado una posible huelga general para principios del próximo año.

Nos encontramos en un momento delicado, mucho más cuando los ataques especulativos al euro nos incrementa día a día el coste de la deuda, lo que conlleva un mayor gasto que se ha de traducir en importantes recortes. De ahí la importancia de generar confianza en nuestra economía con el cumplimiento de los objetivos del Plan de Estabilidad. Lo contrario sería tanto como suicidarse. En este país todo el mundo parece haberse vuelto loco. Menos mal que aún contamos con la cordura del Gobierno. Lo malo de la pinza es que puede, a medio plazo, generar un pinzamiento en los españoles. ¡Qué país!

¡Qué obsesión!

El presidente provincial del PP, Francisco Vázquez, ha vuelto esta semana, aprovechando el encuentro en Segovia de presidentes del PP, a arremeter personalmente contra el líder del PSOE autonómico, Óscar López, y contra mí. Como otras muchas veces, lo hace en el plano personal y olvida el plano político. Sin duda, actúa con ánimo de hacernos daño personal y de provocar una reacción en la misma línea. Pues ni una cosa, ni otra va a conseguir, al menos por mi parte. Tiene un problema, yo diría que una patología: su obsesión compulsiva por mi persona y por la de Óscar López.

En la política es algo habitual descalificar las acciones del partido o partidos que compiten con el tuyo para alcanzar o derrocar al gobierno de una institución o instituciones, desde la lógica de la superioridad de la oferta que cada uno defiende. Es legítimo, aunque a veces la intensidad puesta en la disputa desvirtúe y descalifique su actuación de cara a los ciudadanos. Con frecuencia se cometen excesos y la valoración está acompañada de una fuerte carga demagógica. Este exceso aturde y lleva asociado un descrédito de la clase política cada vez mayor. Sin embargo, los políticos que entran en la descalificación personal son pocos. En esto no hay colores y va asociado a la manera de poner en escena la práctica política por parte de cada uno, con independencia del partido al que se pertenezca.

Francisco Vázquez, día a día, demuestra que forma parte de este último grupo. A pesar de su amplia experiencia política, pues lleva muchos años como presidente del PP en Segovia, antes fue otros cuantos años secretario del partido y portavoz del Ayuntamiento de Segovia y las Cortes de Castilla y León, las buenas prácticas políticas no han pasado por él. Como el mal jugador de fútbol, en lugar de construir se dedica a dar leña, porque todo pone de manifiesto que no sabe hacer otra cosa. Mucho más cuando las expectativas electorales le benefician.

Nunca entenderé a los políticos que no saben diferenciar el plano personal del político; a los políticos que destilan odio personal al contrario en sus intervenciones, como pone de manifiesto, una y otra vez, el lenguaje corporal; a los políticos que mienten e inventan historietas falsas para persuadir a la opinión pública de que él es el bueno y el otro o los otros los malos. Por eso no entiendo a Francisco Vázquez. Una persona con formación suficiente y amplia experiencia, que sin embargo no admite que el PSOE de Segovia puede competir y, en su caso desplazar en las instituciones que a modo hegemónico han gobernado los populares durante muchos años.

Aún con mucha menos experiencia en política que Francisco Vázquez, sí creo que estoy en condiciones de darle un consejo: en política se puede ser muy duro en la defensa de tus ideas y líneas de acción, pero se ha de ser exquisito y elegante en el respeto a las personas y en las formas. Y, sobre todo, anteponer la defensa de los intereses de los ciudadanos, en este caso segovianos, a los intereses del propio partido.

¡Que lo paguen!

El boicot de los controladores aéreos al pueblo español puede tener unos costes millonarios. No sólo han paralizado gran parte de la actividad económica del país, sobre todo en el turismo, en uno de los puentes más importantes del año; sino que han quebrado la imagen exterior de España. Basta leer los principales diarios del mundo para comprobar que es así. Y, sobre todo, cuando España está pasando por una grave situación económica y necesita más que nunca trasladar confianza al exterior y a los mercados.

Ha sido necesario declarar el estado de alarma para reconducir la actitud de estos trabajadores millonarios y chantajistas del Estado. Someterlos al código penal militar no es suficiente, ni tampoco que pierdan su puesto de trabajo. Somos muchos los españoles que deseamos que el Estado de Derecho les penalice en correspondencia con el daño que han hecho. Se les ha de exigir responsabilidad patrimonial. Y espero y deseo que respondan hasta donde puedan con la ingente fortuna acumulada durante estos años, como consecuencia de su acción chantajista al Estado.

El problema de los controladores no es nuevo. Es el resultado durante muchos años de la tibieza ante el chantaje a diversos ministros de Fomento, y en especial al Sr. Álvarez Cascos. Para él, y para su correligionario como ministro de Administraciones Públicas en su momento, el Sr. Rajoy, cualquier problema que pudiese alterar la paz social se solucionaba de inmediato librando un cheque millonario encima de la mesa. Esa cultura perversa se trasladó a otras facetas organizativas, hasta producir un auténtico secuestro de la gestión aérea.

Los controladores, hasta la llegada del ministro Blanco y su equipo, tenían la capacidad operativa y organizativa de los aeródromos y sus instalaciones; fijaban el personal necesario para todo el servicio, con la facultad de organización de sus turnos de trabajo, horarios y descansos; tenían la posibilidad de obtener licencia especial retributiva al cumplir los 52 años, ganando prácticamente lo mismo que en servicio activo. Todo esto al amparo del I Convenio Colectivo del año 1999.

No es de recibo que tengamos los costes de navegación aérea más elevada del entorno europeo gracias a estos ‘señoritos’. Ellos han venido ganando de media 350.000 euros al año, pero algunos han sobrepasado los 900.000 euros. Para ello han congelado las plantillas al negarse a la renovación del convenio, y multiplicar el número de horas extras. Hay que tener en cuenta que cobraban la hora extra a un valor tres veces superior al coste de la hora ordinaria. Si a eso le unimos la endogamia del colectivo, fortalecida por la selección de su personal por ellos mismos, representado por el sindicato corporativo y mayoritario USCA, el caldo de cultivo está servido, a lo que hay que sumar la actitud del Partido Popular.

Desde la tramitación del proyecto de ley que convalidaba las medidas que modificaban las condiciones laborales de los controladores aéreos, el Partido Popular viene dando un apoyo claro a este colectivo, en su posición de que ‘cuanto peor, mejor’. No lo han ocultado y se han erigido en el Parlamento, y en especial en el Senado, en sus portavoces. El senador Ignacio Burgos del GPP no esconde su posición. Lo ha hecho en comisión y en pleno. El pasado día 3 de noviembre comía con la dirección del USCA; entre ellos, con su portavoz, César Cabo, en el comedor del Senado. Después tuvo la desfachatez de preguntarle al presidente de AENA, el Señor Lema, “si vamos a tener unas navidades tranquilas”. Yo, en mi turno de portavoces, y así consta en el diario de sesiones, le señalé que “la respuesta creo que la tienen ustedes, porque, a todas luces, ustedes son los interlocutores; y, por los numerosos encuentros que tienen en esta Cámara, posiblemente nos puedan informar. Les agradecería que no pierdan el Norte. Los intereses de España están por encima de los intereses de cualquier colectivo”.

De esta situación no es sólo responsable quien la produce, sino también quien actúa con complicidad. El Partido Popular está perdiendo el Norte. No se puede entender que, hasta el momento, su líder no haya condenado la actitud de los controladores. Son patriotas de hojalata, como recordaba en mi última entrada en el blog. España no se merece esto.









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