El nuevo Parque Nacional del Guadarrama

En estos días se está procediendo a la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de Cumbres del Guadarrama. Se trata de una especial figura de protección que somete a un estricto régimen la intervención humana tanto dentro del parque nacional como en su zona periférica de protección, garantizando la conservación de los ecosistemas naturales y la viabilidad de su evolución natural, sin o con escasa intervención humana, tal y como regula la Ley de la Red de Parques Nacionales.

El futuro Parque del Guadarrama se extenderá a los largo de 33.684 ha, de las que 21.740 pertenecen a Madrid y 11.934 a Segovia. Un parque de cumbres cuyos límites los han marcado los alcaldes de los municipios colindantes. En el caso de Segovia, la Junta de Castilla y León ha mantenido las formas: los alcaldes acabaron claudicando ante las promesas y ayudas ofrecidas por la Junta; en el caso de la sierra madrileña, con la Comunidad de Madrid no ha sido así. Se han saltado a la torera el trámite de audiencia y las alegaciones, al más puro estilo “aguirrista”, como si la sierra fuese suya.

Ambas vertientes presentan notables diferencias, no por su belleza, que es sublime en ambos casos -aunque yo, como segoviano, me quedo con la Cumbre, Circo y Laguna de Peñalara-, sino por la utilización que de ellas ha hecho el hombre.

La parte segoviana se encuentra casi virgen. Los usos tradicionales y los diferentes propietarios y ayuntamientos de las parcelas que integran el parque han contribuido de una manera especial a su conservación. Una razón por la cual sus moradores no entienden que se les imponga restricciones de uso, que van más allá de la carretera N-I que establece la zona natural de protección o de la cañada soriana occidental, como establece el Plan de Ordenación de Recursos Naturales –PORN- aprobado por la Junta de Castilla y León. No ocurre así en la sierra madrileña. Allí, a pesar de contar con figuras de protección, desde la década de los 30 del anterior siglo, la especulación urbanística ha ido buscando su desarrollo asociado a espacios naturales de indudable belleza, como es este. Por eso hemos de proteger este paraje de la agresión violenta, para dejárselo como legado a futuras generaciones.

La declaración de Parque Nacional conlleva una limitación de usos. Se prohíbe la corta de madera, la caza y la pesca, pero no el pastoreo y cualquier otro tipo de prácticas agroganaderas naturales. Solo se permite el senderismo y el montañismo por las pistas y sendas. Una cultura ecológica que debe ser consustancial con el avance social y una mayor sensibilidad.

El ministro Cañete ha anunciado que, en el trámite parlamentario, ampliará el Parque en 2.700 hectáreas. En el ámbito de Montes de Valsaín. El anuncio ha levantado una gran polvareda y malestar entre los vecinos de La Granja-Valsaín. El ministro ha pensado que el parque era suyo, como si se tratase de un cortijo donde imponer su ley. La declaración de parque nacional requiere un amplio consenso social con sus moradores, propietarios y ayuntamientos, lo que no ha hecho el ministro. Si el PP, al final, sigue al ministro de Medio Ambiente, tendrá una gran contestación social, y carecerá de la legitimación necesaria.

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad fundamentada en la dudosa legalidad, falta de consistencia y escasa ambición. El Gobierno del PP está utilizando la ley para evaluar y consolidar sus decisiones frente al poder judicial, como es el caso del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el que intenta perpetuar la reducción de los niveles de protección establecidos por el PORN de la Comunidad de Madrid, y que están recurridos. El Proyecto de Ley de Declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama no reúne las suficientes garantías de seguridad jurídica exigibles, siendo susceptible de ver alterado en el futuro su contenido actual.

La discutible legalidad del proyecto de ley se sustenta, asimismo, por el evidente incumplimiento de los requisitos de transparencia y participación pública, establecidos en la ley 5/2007, en particular en lo relativo a la tramitación en la vertiente madrileña del futuro Parque Nacional. De este modo, cabe resaltar que en el procedimiento de aprobación del PORN de la Comunidad de Madrid se recibieron 18.500 alegaciones, junto con otras 1.046 en el procedimiento de aprobación de la propuesta relativa al Parque Nacional, alegaciones que no han sido contestadas, contraviniendo gravemente los artículos 10.5, 10.7 y 21 de la ley 5/2007. Las deficiencias en la tramitación, por tanto, justificarían por sí solas una enmienda a la totalidad, incluso en ausencia de la existencia de los recursos pendientes de sentencia definitiva a los que se ha hecho mención.

El Grupo Popular demuestra así una voluntad política contraria a la aplicación de los criterios inspiradores de las normas ambientales, no solo los relativos a los procedimientos, sino al propio contenido sustancial y a los objetivos de las mismas.

No cabe extrañarse: las Administraciones gobernadas por el Partido Popular han venido considerando las normas de protección ambiental como una “traba” para el desarrollo económico y ahora tienen la oportunidad de “disfrutar” de una evidente “amnistía” frente a las mismas.

La delimitación y contenido normativo de este proyecto de ley responde a la voluntad política del Gobierno de favorecer intereses particulares frente al interés general, conforme a lo establecido en la Ley 5/2007 que regula la Red de Parques Nacionales. .

La Ley representa un avance en la protección medioambiental de la Sierra del Guadarrama, aunque este se limite a las cumbres. Para mí, como ponente de la Ley, junto a la exministra de Medio Ambiente socialista Cristina Narbona, significa un gran honor defender estos espacios que forman parte de mi ocio y a los que nada más levantarme puedo ver y casi tocar desde niño. Espero que al PP se acerque a este proyecto con un espíritu muy distinto al que destila.