El Gobierno ha encontrado una ‘fórmula mágica’ para reducir las colas en la Justicia y disminuir su gasto: limitar su acceso mediante la elevación de las tasas judiciales. Con estas tarifas solo podrán acudir a la Justicia quien tenga dinero. La mayor parte de los españoles no podrá acudir a la Justicia en defensa de sus derechos e intereses, si lo necesitan. Se vulnera así la tutela judicial efectiva aumentando la desigualdad entre los españoles. La sociedad española se divide en relación a la Justicia en dos grupos: los ricos con suficiente capital para pagar pleitos, con independencia de su cuantía y coste; y la gran mayoría de los españoles, que no se podrán permitir la defensa de sus derechos por una cuestión de renta, salvo aquellos que cuyo nivel de ingresos les permita el acceso a la justicia gratuita.
En 1986 el Gobierno del PSOE suprimió las tasas judiciales para permitir que todos los españoles pudieran recurrir a la Justicia, cualquiera que fuera su posición económica o posición social. El Gobierno de Aznar, en 2002, introdujo las tasas judiciales para las empresas con facturación superior a seis millones; y, ahora, el Gobierno de Rajoy, con la reciente ley aprobada, eleva de forma desmesurada las tasas y extiende su aplicación a las personas físicas, lo que va contra la doctrina jurisdiccional dictada por el Tribunal Constitucional. Un gran retroceso democrático.
Las nuevas tasas judiciales suponen en muchos casos mayor cuantía que el propio objeto del litigio. Así, a título de ejemplo, para recurrir una multa de tráfico de 100 euros hay que pagar una tasa judicial de 200 euros; o un demandante por la vía civil para recuperar unos ahorros de 100.000 euros en preferentes tendrá que pagar un mínimo de 800 euros y un máximo de 3.800 euros, si llega al Tribunal Supremo.
La subida de las tasa judiciales impuestas por el Gobierno van a oscilar entre los 50 y 1.200 euros, que aplicado a determinados procesos judiciales se pueden traducir en miles de euros.
La ley se ha tramitado sin ninguna voluntad de acuerdo. Una vez aprobada y en vigor, se encuentra en “vacatio legis”, como consecuencia de la falta de impresos; al menos eso dicen. El PP, una vez más, se ha vuelto a quedar solo. En contra de esta ley están todos los colectivos y profesiones jurídicas. El presidente del Consejo General de la Abogacía ha declarado que: “Esta Ley va a consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos”.
El PP en este proceso ha mostrado sus peores artes. Al que firma estas líneas, los senadores del PP en Segovia le han acusado de mentiroso por manifestar lo recogido en esta columna. Realmente quien mienten son ellos; y, además, lo hacen con premeditación y alevosía, al margen de los segovianos que representan. Lo que es más grave, porque alguno de ellos compatibiliza su ejercicio profesional con el de la abogacía y no tiene ningún problema para reconocer en privado a sus compañeros de profesión que está en contra de las tasas judiciales establecidas por esta ley, lo que no le ha impedido votar a su favor en el Senado. Así es el PP.
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