España en Segovia

El próximo día 6 de diciembre se celebra el XXXVI aniversario de la Constitución española del 78. Durante los cuatro años que tuve el honor de estar al frente de la Subdelegación del Gobierno en Segovia se celebró, en cada uno de ellos, un acto de homenaje institucional a la Constitución coincidiendo con su efemérides.

Para ello se elegía un tema de ámbito constitucional y se invitaba a un personaje relevante de la vida pública para que disertase en una conferencia sobre el estado de la cuestión. En estos actos participaron personas destacadas de la vida pública, como el expresidente del Congreso y padre de la Constitución, Gregorio Peces-Barba, o el exministro de Trabajo de la UCD, Rafael Calvo Ortega, entre otros, y se invitaba a la sociedad civil. A su vez, en este acto se efectuaba un homenaje a los empleados públicos que habían prestado su servicio en el ámbito de la Administración del Estado en la provincia y a lo largo del último año se habían jubilado.

El acto de homenaje a la Constitución en Segovia tenía como objetivo resaltar la importancia del Estado para la provincia y el reconocimiento al Estado social y democrático de Derecho. Y creo que se consiguió. Basta hacer un recorrido por la hemeroteca de aquellos años para constatar que fue así. La Delegación del Gobierno, a través de la Subdelegación, hacía efectiva la presencia del Estado en la provincia y más en su momento más álgido: la fiesta de la Constitución.

¡Cuánto ha cambiado la situación con el gobierno del PP! Desde que los populares llegaron al poder, el homenaje a la Constitución ha ido languideciendo hasta desaparecer. No solo se han eliminado los actos conmemorativos, sino que ya el último año no se celebró el homenaje a los funcionarios y laborales jubilados. Una manifestación más del languidecimiento de la presencia de las instituciones del Estado en la provincia, con la Subdelegación del Gobierno al frente, que es a la que corresponde visualizarla; y que se corresponde con una línea de trabajo anodino y sin impulso administrativo. Al menos eso es lo que se proyecta.

Pero esta situación no es casual. A los que invocaban la presencia de España, e incluso llegaron a convocar alguna manifestación en la Plaza Mayor para reivindicarla, a la hora de gobernar –como ya les pasó en la anterior etapa- intentan tapar como sea a las instituciones que representan al Estado. Y solo con un objetivo, potenciar la presencia de otras instituciones en las que gobierna la marca del PP con más relevancia política, y al frente de las cuales se sitúa el presidente del PP. Se antepone el partido al Estado. Y para ello se dota a la institución que representa al Estado en la provincia del menor perfil político posible. Eso sí que es patriotismo de verdad.

El Estado, para nuestra provincia, es vital. Segovia es una provincia que se nutre de la solidaridad del Estado. En especial en el sistema de pensiones y en el desarrollo de las infraestructuras. Gran parte de nuestro bienestar está vinculado a su impulso y desarrollo. Qué menos que homenajearlo al menos una vez al año, potenciar y hacer visible sus instituciones y reivindicarlo día a día. Esto el PP no quiere entenderlo, o lo entiende a la manera que le interesa.

La Constitución actual es la que más tiempo lleva en vigor en nuestro país. Y la que nos ha proporcionado el periodo más prolongado de libertad y bienestar. Bien es cierto, que algunos de sus artículos han quedado obsoletos. En especial, los referentes a la ordenación territorial y a la función de algunas instituciones. Y que otros se deben adaptar a los nuevos tiempos y circunstancias para garantizar los derechos básicos de los españoles. Por eso debemos modificarla cuanto antes.

Necesitamos una Constitución fuerte capaz de hacer frente a los retos de futuro del Estado español. Y necesitamos un Estado fuerte, capaz de garantizar la diversidad y unidad de España en un marco de solidaridad. Y para ello, instituciones que hagan del Estado, a través de su acción, un factor esencial de cohesión social y de unidad frente a intereses espurios. También en Segovia.        

Transparencia

Pedro Sánchez ha afirmado que el “mayor patrimonio que tenemos los socialistas es la trasparencia”. En efecto, así es. El PSOE es un partido transparente. Su dirección ha hecho públicas las cuentas y el patrimonio del partido, al igual que los ingresos de su secretario general y demás miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Y el resto de los dirigentes del partido lo irán haciendo público paulatinamente a través de los diferentes portales de transparencia que ya se están poniendo en marcha en cada ámbito territorial.

El Grupo Parlamentario Socialista también ha hecho público estos días que a partir de la próxima semana publicará todos los viajes y agendas de su parlamentarios, tras el escándalo surgido a raíz de los viajes del presidente de la Junta de Extremadura a Tenerife pagados con fondos públicos del Senado.

Todo aquello que se financia con fondos públicos tiene que ser transparente. Forma parte de la responsabilidad social colectiva de las instituciones y sus cargos públicos con los contribuyentes, que a través del pago de sus impuestos posibilitan el funcionamiento de la Administración. No puede haber pretextos para no explicar a los ciudadanos hasta dónde va el último euro. Pero además la transparencia permite mejorar la eficiencia del sistema y evitar el fraude. Se trata de una cuestión de higiene democrática.

Así lo ha entendido el PSOE desde hace tiempo. La crisis económica ha acelerado la cultura de la trasparencia y su extensión a los diferentes ámbitos del Estado financiado con recursos públicos. Por eso, hemos propuesto en los últimos años propuestas para mejorar la transparencia de la Administración. El PP las ha rechazado sistemáticamente tanto en el Parlamento nacional, como en los autonómicos; hasta que se ha visto acorralado por la propia percepción pública de su actitud ante la corrupción, y el alto número de corruptelas en su partido y en las instituciones que gobierna. Lo hemos podido comprobar estos días en la Cortes de Castilla y León. Allí donde se negaron, ahora hacen todo lo posible para parecer como adalides del proceso de transparencia.   

Esta última semana en el Congreso, en la comisión de Hacienda, se sometió a votación la propuesta del Gobierno para nombrar a la nueva presidenta del Consejo de Transparencia. Para ello, sin ningún rubor, el ministro de Hacienda ha propuesto a una subordinada suya para que vele por la transparencia. Verlo para creerlo. Ahora resulta que el “controlado está eligiendo al controlador”, como afirmó el diputado Álvaro Anchuelo de UPyD. Un cargo que debiera haberse elegido por unanimidad, pero que, una vez más, el PP nos ha impuesto para mayor vanagloria de la susodicha, que ego no le falta. Y falta de visión tampoco.

El PP contempla la transparencia como algo instrumental para sus propios fines, pero creer, creer, lo que se dice creer, poco. Así es el PP: sinónimo de la oscuridad y de lo opaco como baluarte de su acción de gobierno.     

Quiero, pero no puedo

Recientemente el actual portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segovia fue preguntado por sus intenciones de presentar su candidatura a la Alcaldía de Segovia. Su respuesta no pudo ser más sincera: “Yo quiero, tengo vocación política, de servicio a los demás, de dedicación y entrega y me encantaría seguir estando [en el Ayuntamiento], pero hay un quiero y hay un puedo”. En definitiva: quiero, pero no puedo.

El problema radica, según han publicado algunos medios, en que parece ser que el PP maneja una encuesta encargada por ellos mismos, en la que los populares perderían las elecciones municipales de calle. Se quedarían entre 10 y 11 concejales. La valoración ciudadana del actual portavoz del PP, comparada con la de la actual alcaldesa, hace aguas por todas partes. En cercanía, capacidad de gestión, honestidad y liderazgo para los segovianos no son comparables. Prefieren a Luquero. Es como de la noche al día. El notable de Luquero contrasta mucho frente al suspenso de Postigo.

Así que los populares se han bloqueado. La voluntad ciudadana no la pueden comprar. Proyecto político para la ciudad de Segovia no tienen. Y candidato o candidata de momento tampoco. En lugar de reflexionar sobre la política de oposición que vienen haciendo desde hace años, han llegado a la conclusión de que lo mejor es hacer otra encuesta –la deben estar haciendo estos días- para valorar a diferentes candidatos alternativos. Se repite lo que ya ocurrió con Escudero. En aquella ocasión el mirlo blanco que surgió fue Jesús Postigo. A ver a quién le toca ahora.

Mientras tanto, el actual portavoz del PP se ha lanzado a la desesperada a la búsqueda de un cuerpo a cuerpo con la alcaldesa. EL PEAHIS, el IBI y la tasa del agua han constituido excelentes pretextos para intentar erosionar la imagen de la alcaldesa y su capacidad de gestión y liderazgo. Como siempre, para Postigo vale todo. Las máximas de Balagué son sus guías de orientación. Y, sin ningún rubor, afirma que los socialistas son incapaces de sacar adelante el Plan Especial de Áreas Históricas, cuando es él quien está poniendo obstáculos de forma permanente para que no salga. Lo mismo ocurre con el IBI. Artimañas para intentar deslegitimar a Clara Luquero ante sus vecinos.

Pero lo que realmente está haciendo Postigo es reivindicarse a sí mismo. Está dando una vuelta de tuerca más a su estilo de oposición. El mismo que su partido en Segovia ha aplaudido y que les viene alejando desde hace tiempo de los ciudadanos. Él necesita ser candidato a alcalde –aunque no gane- o buscar una salida al Senado para solucionar su futuro más inmediato. Él quiere, pero no puede. Los segovianos no tienen la culpa.

Ya va siendo hora de que el PP represente a los segovianos pensando en grande, y no en ellos. Se lo agradeceríamos todos. Incluido aquellos que les votan.  

Desfachatez

Con la que está cayendo, hace falta tener cara para en un caso de corrupción, como es el Palma Arena, y un exministro de por medio, el Sr. Matas, condenado por tráfico de influencias a una pena de nueve meses de cárcel, el Gobierno conceda un indulto encubierto de forma indirecta. Esto es lo que ha ocurrido. O alguien puede pensar en este momento que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acceda a concederle el tercer grado, después de cumplir un tercio de la condena de nueve meses, sin consultar a Moncloa. O sea, al presidente del Gobierno y la vicepresidenta. Blanco y en botella.

Además, llueve sobre mojado. Este Gobierno hizo lo mismo con Ángel Carromero, un militante de juventudes de su partido condenado en una cárcel de Cuba, que fue expatriado a España e ingresado en la cárcel de Segovia, para a los pocos días ser puesto en libertad. Está claro que con el PP hay una justicia de primera, de segunda y de tercera. Los miembros del PP son inmunes a la justicia. Hagan lo que hagan, quedan en libertad. A la vista está.

El Gobierno se equivoca. Sus palabras contra la corrupción devienen en palabras huecas. El PP no tiene ninguna intención de luchar contra la corrupción. Porque no es responsable, ni demuestra el compromiso que requieren los ciudadanos, decir una cosa y actuar de forma contraria, como es el caso para los populares tantas y tantas veces. No es coherente hablar de trabajar en contra de la corrupción y dejar libre, al margen a la Junta de Tratamiento, a quienes cumplen sentencias por este motivo.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, del que depende la prisión de Segovia, ha recibido el recurso presentado por la Fiscalía de Valladolid, en el que se pide revocar el Tercer Grado y que se le aplique el Segundo Grado. Es posible que prospere, pero que “le quiten lo bailao”. Habrá ganado tiempo y se ha reído de la Justicia.

Lo dicho, una desfachatez, que confirma que no todos somos iguales para el PP, y que su posición ante la corrupción es solo coyuntural, depende de cada circunstancia. 

Hastío político

La gente está harta y hastiada de la política y los políticos. La falta de repuesta ante la crisis y la corrupción son las causantes de esta situación. Este último mes de octubre ha sido el periodo que más casos de corrupción ha sacado a la luz en los últimos años. En este momento hay más de 127 personas que están siendo investigadas en cuatro sumarios por corrupción: la Operación Púnica; el Caso Gürtel; Caso tarjetas “Black” de Caja Madrid y el Caso Pujol.

Como consecuencia, hoy ser político está mal visto y la política está devaluada. Desde la transición democrática hasta hoy su valoración nunca había estado tan baja. En estos momentos, por suerte, el Estado es más trasparente que nunca, y la política, y su forma de manifestarse, han cambiado drásticamente. Hoy no se tapa nada y los políticos están más expuestos que nunca y con una responsabilidad obligada de rendición de cuentas ante sus electores.  La corrupción es algo que forma parte del pasado, pero que no puede estar presente en el futuro; no solo de la vida pública, sino de la sociedad española.

La corrupción es un auténtico drama para todos los españoles, pero en especial para los que estamos en primera línea de la acción política y nuestras personas allegadas. Se juzga en todo momento a justos por pecadores. A lo largo de mi dilatada experiencia pública como funcionario y político me he encontrado mayoritariamente con gente honesta y honrada. Es injusto. No se puede meter a todos los políticos en el mismo saco, ni a todos los funcionarios. Yo me atrevo a reivindicar su dignidad.

Una minoría, aunque haga mucho ruido, no puede poner bajo sospecha al resto de las personas que tienen una clara vocación de servicio público, y actúan con dedicación y generosidad anteponiendo en la mayoría de los casos el interés general a su interés particular. Yo puedo dar fe que una inmensa mayoría de las personas que militan en el PSOE, al menos en mi agrupación provincial de la que soy secretario general, su participación como alcalde, concejal o militante del partido les cuesta tiempo y dinero. Suelen ser personas de convicciones firmes y con un alto nivel de conciencia social.

La condición humana no siempre se adhiere a conductas firmes y de compromiso social. En ningún caso seré yo quien lo justifique. Pero es una realidad constatable. Como también se constata un mayor compromiso de los políticos de izquierda que de los de derechas. Nosotros en el PSOE aprendimos mucho del daño que nos hizo aquel “golfo” que tuvimos como director general de la Guardia Civil. Desde ese momento, el PSOE tomó medidas cautelares. Hoy disponemos de un Código Ético y en su día promovimos la mayor trasparencia posible en la acción política. Hoy, si se conoce el patrimonio de los parlamentarios, es gracias a la iniciativa de un Gobierno socialista. Eso no evita que pueda aflorar algún corrupto, pero va en su condición, no en la del partido.

Lo que nos sorprende en estos momentos es la laxitud del partido del Gobierno ante la corrupción en el momento que estamos viviendo. La corrupción se ha manifestado como sistémica en el PP. Basta hacer un recorrido por los sumarios abiertos y el número de personas imputadas del PP para darse cuenta de que el problema tiene un origen causal definido: la financiación del propio partido. Y, aún así, no han tomado medidas. Quieren un “pacto anticorrupción” para lavarse la cara y colocarnos a todos a su nivel, con el ánimo de confundir a la opinión pública, pero no han movido ficha. Eso sí, en un tiempo récord han propiciado el paso de sus ministros corruptos, el Sr. Matas, al régimen abierto, gracias a la buena disposición de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario segoviano.  

El Gobierno del PP tiene que tomarse en serio el problema de la corrupción. Es el cáncer del sistema democrático y el mayor factor de corrosión de la sociedad. Solo así se evitará el hastío político y se sentarán las bases para generar confianza, salir mejor de la crisis y crear bienestar.