La amenaza del
Brexit se ha vuelto a imponer una vez más. El creciente sector euroescéptico de
su población, que de un modo transversal está representado tanto en las filas
de los gobernantes conservadores, como entre cierto sector laborista, además
del partido xenófobo UKIP, recibe así importantes concesiones. Cameron lo
justifica como la necesidad de “un estatus especial” de la Unión Europea para
remediar aquello que no funciona para su país.
El Reino Unido,
desde su incorporación a la UE en los 80, apostó por un espacio de libre
comercio, y nunca en una Europa social. Siempre han manifestado un rechazo del
control político de las orientaciones económicas. No se pueden decir que hayan
sido incoherentes en sus planteamientos. El problema es para el resto de los
países frente a la singularidad británica.
El efecto contagio
al resto de los países no tardará en llegar. Países como Alemania y Austria intentarán
seguir la misma senda, la modificación del contrato social. Europa es evidente que no cuenta con un proyecto
político unitario.
De los 13 países
que ingresaron en la UE después de 2014, Polonia, Hungría, República Checa,
Rumanía, Bulgaria y Croacia aún no han adoptado el euro. Reino Unido Y Dinamarca
tienen una cláusula de excepción para la moneda. El euro como moneda única en
todos los países de la UE está cada vez más lejos.
La libre
circulación para los ciudadanos fue incorporada en el Tratado de Maastricht en
1992. Pero no es irreversible ni inmune. En estos momentos se encuentra en su punto
más crítico. La crisis de los refugiados y el terrorismo puede restringir e
incluso suprimir el espacio Schengen. La amenaza británica da un paso en esa
dirección.
En todo este proceso hay unos claros perdedores:
los más desfavorecidos de los pueblos de Europa, que no son precisamente los
británicos.
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