El corazón de la solidaridad

El sistema público de pensiones constituye el corazón de la solidaridad de los españoles y la pieza más importante del Estado del Bienestar. En la actualidad se benefician de él 9,3 millones de ciudadanos de forma directa, e indirecta 15 millones. Su gasto ascendió en 2015 a 130.000 millones de euros. Una institución clave para garantizar la solidaridad de los españoles fundamentada en un sistema de reparto y una vida digna a los jubilados, en el que las generaciones activas sufragan las pensiones de los pasivos, y no exenta de dificultades para su supervivencia.

En la actualidad, el sistema presenta un déficit anual de 17.000 millones de euros. Ha ido creciendo en los últimos años y seguirá creciendo. La crisis económica, con la caída de las retribuciones y de la afiliación a la Seguridad Social, ha contribuido de forma notable a ese déficit. Pero a ese problema hay que añadir las nuevas generaciones de jubilados que se incorporarán en los próximos años procedentes del ‘baby boom’ de las décadas de los 60 y 70. A lo que se suma el incremento interanual de la esperanza de vida. Los jubilados en 2016 vivirán y percibirán su pensión 50 días más que en los que se jubilaron en igual fecha en 2015.

Para garantizar el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema de pensiones, necesitaríamos no menos de 2,4 millones de nuevos cotizantes adicionales a los que ya cotizan, con una situación semejante a la que había en 2010. Hay que tener en cuenta que el gasto en pensiones se incrementa cada año un 3 por ciento y que las cotizaciones cada vez cubren menos el gasto. En Castilla y León los ingresos por cotizaciones sólo permitirían pagar el 48 por ciento de las pensiones.  

En estos años de crisis el Gobierno del PP, una vez más, ha hecho el don Tancredo. Dado que el Fondo de Reserva ascendía a 66.815 millones de euros cuando llegó a gobernar el Sr. Rajoy, qué mejor que aprovecharlo y dejar hundir poco a poco el sistema público de pensiones basado en la solidaridad. Y eso es lo que han hecho. Año a año, cargar el déficit al Fondo de Reserva y ganar tiempo. En la actualidad su saldo asciende a 32.481 millones de euros (1.01.2016) y quedan recursos para dos años. El problema del sistema público de pensiones de la Seguridad Social se traduce en un problema de ingresos.

El Gobierno promovió en 2013 una reforma al margen del Pacto de Toledo. En ella se establece un factor de sostenibilidad que entrará en vigor a partir de 2019 en el que la cuantía inicial de las pensiones de jubilación no sólo estará en función de los años y bases de cotización, sino también en función de la variación de la esperanza de vida en el año de jubilación. La perspectiva no puede ser peor por las razones apuntadas, a lo que se une el retraso de la edad de jubilación acordada por los gobiernos socialistas con las organizaciones sociales. 

A su vez, la cuantía actual ha sido devaluada y ya no se indicia con el valor del coste de la vida desde 2014. La revalorización interanual no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. El Gobierno del PP ha determinado que la revalorización de cada año está en función de los ingresos y gastos del sistema en los cinco años anteriores y posteriores del sistema. Sólo si los ingresos anuales son superiores a los gastos  la revaloración anual sería superior al 0,25 por ciento. Una trampa, dado que los ingresos los fija el Gobierno a través de las cuotas de afiliación a la Seguridad Social.

En estos dos últimos dos años las pensiones se han revalorizado sólo un 0,25 por ciento. El Cuadro macroeconómico que facilita el Gobierno a la UE sitúa la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones hasta 2025 en un 13 por ciento. A ello se suma la discriminación de las mujeres sobre los hombres cuyas pensiones son un 40 por ciento inferiores. 

La solución pasa por buscar un compromiso político entre todas las fuerzas políticas representativas en el Pacto de Toledo. Un compromiso que se ha de extender al orden social. 

Nosotros los socialistas defendemos un sistema de reparto fundamentado en los principios de solidaridad, contribución y gestión pública. A diferencia de los conservadores que buscan deliberadamente el deterioro del sistema público. Buscan la suficiencia pero con pensiones muy bajas –café para todos-, queriendo la complementariedad de las pensiones públicas con planes de las pensiones privados. Pero a ellas sólo podrán acceder los más acaudalados. Con el actual nivel de salarios es imposible para gran parte de los españoles, contribuyendo de forma negativa a la garantía de la equidad social. 

El modelo francés, con la contribución social generalizada, como complemento específico para la financiación del sistema de seguridad social implantado en 1991, es un buen ejemplo a tener en cuenta. Mediante el sistema se proporciona los ingresos adicionales para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones mediante una cesta de impuestos que grava la riqueza y las externalidades medioambientales. Sin penalizar en ningún momento el empleo. 

Contribuir a la cohesión social mediante el sistema de pensiones público es clave para nuestra sociedad. Es una cuestión de Justicia Social. Lo que no procede es la inacción ni el populismo. Un engaño a la sociedad y a los pensionistas presentes y futuros. No se puede afirmar que se van a bajar impuestos cuando la UE nos está pidiendo un ajuste de 8.000 millones de euros y el déficit anual de la Seguridad Social puede llegar en los próximos años a 20.000 millones. Eso no sólo significa desprecio y engaño a los españoles, sino un ataque directo al corazón de la solidaridad y al Estado Social y de Derecho que recoge la Constitución española.