Pacto de Rentas

Todo indica que al cierre de 2017 el PIB alcanzará un máximo histórico en nuestra economía. Superará por primera vez el PIB de 2008, cuando gobernaba Zapatero. Sin duda, es una excelente noticia para todo español de bien que desee el bienestar y progreso de todos los españoles, sean de Cataluña o Andalucía. Sin embargo, el nivel de empleo es muy inferior: hoy hay dos millones de empleados menos que al inicio de la crisis. Si en aquel momento el peso de los salarios en el PIB estaba en torno al 50 por ciento, ahora está por debajo del 46. Han bajado los salarios y han subido los beneficios empresariales, tal y como reconocen organismos como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea. Es necesario un nuevo modelo salarial en España, un  Pacto deRentas que permita la recuperación salarial, la dignificación de los sueldos y acabar con la precariedad laboral.

El modelo salarial está impidiendo que el progreso económico y social se extienda a la mayoría de los ciudadanos. Sus efectos son perversos tanto a nivel social como económico, ya que impide normalizar el consumo en los hogares. La brecha salarial se manifiesta con especial fortaleza en jóvenes y mayores de 45 años, así como en una discriminación salarial de las mujeres con respecto a los hombres. La reforma laboral del PP ha debilitado la negociación colectiva y con ello la retribución salarial; y ha precarizado el empleo. Los salarios de los jóvenes han caído más de cinco puntos en términos reales y se ha dualizado el empleo. Los trabajadores temporales ganan mucho menos que los fijos, y los salarios del cuarenta por ciento de la población con menos ingresos han disminuido. Ante esta situación ha aparecido la figura de  los trabajadores pobres, aquellos que aun trabajando se encuentran en riesgo de pobreza. El modelo de crecimiento económico ha dañado la calidad de vida de los trabajadores, con pocas expectativas halagüeñas para su futuro y el de sus hijos.

Como consecuencia del incremento del PIB en este periodo, y la disminución del número de ocupados, el incremento de la productividad media por empleado se sitúa en 7.000 euros por trabajador. La mejora de la productividad ha permitido incrementar las exportaciones y mejorar el PIB, pero no se ha fundamentado en la mejora técnica sino en el ajuste de plantillas y en la disminución de salarios. De ese incremento medio de productividad por trabajador, sólo el 3,14 por ciento ha ido a parar al salario de los trabajadores. Es necesario y urgente lograr una recuperación salarial para reactivar el consumo y dar estabilidad al empleo para que el gasto de las familias en bienes duraderos, cuya adquisición requiere una amortización en un periodo muy largo, pueda producirse y con ello impulsar el empleo. Hay margen para ello. En el futuro los incrementos salariales se pueden situar perfectamente por encima de la inflación y por debajo de los incremento de la productividad nominal. Es decir, en un promedio entre el 2,5 y el 3 por ciento anual. El incremento de la productividad en la actividad económica es imprescindible para que los salarios puedan crecer en el futuro, pero el estancamiento de los salarios es un lastre para la generación de bienestar en nuestro país.

El Pacto deRentas pasa también por incrementar gradualmente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 1.000 euros en 2020, de acuerdo con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Es necesario, a su vez, hacer frente a otros desajustes, como la brecha salarial entre hombres y mujeres, que hace que estas últimas cobren un 23 por ciento menos que los hombres de media; eliminar las condiciones que discriminan a los jóvenes, revisando para ello el contrato de relevo y el contrato en prácticas, así la regulación de la prácticas laborales; acabar con la situación de esos trabajadores, que en la práctica se imponen vínculos propios de un asalariado, pero prestan sus servicios como autónomos; recuperar los catorce puntos de poder adquisitivo que han perdido los empleados públicos desde que comenzó la crisis.

El Pacto deRentas es la mejor herramienta de cohesión social y de crecimiento sostenible de la economía española a futuro. El incremento de la productividad y la mejora de los salarios constituyen la mejor apuesta para mejorar el bienestar de los españoles. La reforma laboral en la coyuntura actual constituye una rémora importante para alcanzar ese objetivo. Es el momento de apostar por el futuro.

 

Movilidad rural

“Compartir te lleva más lejos” ha sido el último lema elegido por la Semana Europea de laMovilidad, celebrada esta última semana en la ciudad de Segovia y en múltiples núcleos de población del viejo continente. Un evento que tiene por objeto promover la movilidad sostenible a través de diferentes actividades de sensibilización. La congestión de las ciudades y sus principales arterias de acceso al tráfico rodado junto a la contaminación ambiental suelen constituir dos de los principales problemas en los que se pone el punto de mira, y se fomenta el uso de medios alternativos al automóvil. El problema se circunscribe al medio urbano y sus zonas colindantes. Sin embargo, es el medio rural, y en especial las personas que residen en los núcleos y zonas menos pobladas, el que tiene un auténtico problema de movilidad para acceder a servicios básicos, como la prestación de servicios sanitarios o educativos, o simplemente para hacer la compra.

El crecimiento demográfico asociado al nuevo modelo productivo y su distribución en el entorno de las grandes ciudades hacen de la movilidad un derecho social irrenunciable que hoy por hoy sólo puede garantizar de forma individual y equitativa mediante el transporte público. La movilidad en el medio urbano y su zona periurbana está garantizada, no así en la movilidad rural. Más de la mitad de la población española vive hoy en el medio rural. Núcleos rurales dispersos en los que la conectividad y acceso entre ellos, y con la cabeza comarcal o ciudad de referencia, es muy complicada y costosa, a lo que se unen los problemas asociados al alto envejecimiento de su población. Sólo el desplazamiento periódico de los hijos -que por lo general viven fuera del núcleo rural de sus padres- garantiza su movilidad y acceso a servicios básicos en otras localidades; o bien la solidaridad de los vecinos más jóvenes. Pero esta circunstancia no siempre se produce, y la contratación de otros medios privados alternativos, cuando existen, no están al alcance de todos.  

La movilidad rural es un problema difícil de abordar. Los viejos servicios regulares de transporte en autobús no dan respuesta a las necesidades de movilidad. Basta analizar el mapa del transporte regular en autobús en la provincia de Segovia y sus frecuencias para constatar que tiene un carácter testimonial y no da respuesta real a las necesidades de conectividad. En gran parte de las rutas el autobús va vacío y las frecuencias son escasas, o reducidas a la mínima expresión. Gran parte de los desplazamientos a la ciudad se producen a primera hora de la mañana y regresan en el mejor de los casos a mitad de tarde, y esto de lunes a viernes. El fin de semana no hay servicio. El servicio a la demanda que la Junta implantó en algunas rutas devino en un fracaso. El gasto en el transporte regular es ineficiente a todas luces, y la población del medio rural contribuye con sus impuestos a financiar en condiciones de igualdad los 300 millones de euros con los que el Estado subvenciona el transporte en autobús en toda España. Una situación de inequidad a todas luces para la población que vive y mantiene los pequeños municipios y su entorno, contribuyendo así a la sostenibilidad medioambiental y patrimonial.

Coincidiendo con la Semana de la Movilidad, se ha celebrado en la Universidad Meléndez Pelayo en Santander un seminario sobre Movilidad Sostenible, en el que he tenido la oportunidad de ser ponente en una de las mesas, como vocal que soy de la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados. Tuve la oportunidad de centrar el debate en el problema y soluciones a la movilidad rural. No se puede seguir así. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) ofrecen una enorme potencialidad para organizar un servicio a la demanda que puede y debe combinar distintos tipos de transporte individual y colectivo. Los consorcios de transporte y la implicación activa de las tres administraciones pueden y deben dar respuesta al problema de movilidad en el medio rural. El gasto actual por viajero es ineficiente. Un nuevo modelo organizativo que permita compartir recursos, buscar una dirección del transporte proactiva orientada a dar respuesta a las necesidades individuales de movilidad agrupadas por cluster y una financiación más equitativa, que atienda las necesidades de núcleos inferiores a los 50.000 habitantes, es absolutamente necesario para avanzar en la solución al problema.

El medio rural existe. El derecho a la movilidad de sus habitantes es un derecho social que también les asiste. La Semana Europea de la Movilidad debiera contemplar en próximas ediciones el mayor problema de movilidad que tenemos en nuestro país, con independencia del apoyo a otras medidas de apoyo a la movilidad sostenible en el ámbito urbano. Las Comunidades Autónomas son las que tienen competencias en la materia, pero deben dejar de hacer el “don Tancredo” y tomar las riendas.

Paso firme, mirada larga

Hemos tenido la oportunidad de contemplar la semana pasada como la Mesa del parlamento catalán, y después los diputados de corte nacionalista, hacían de su capa un sayo y cambiaban las reglas de juego democrático fundamentadas en el Estatut y la Constitución española, para sacar adelante el referéndum y la denominada ley de desconexión. La respuesta del Gobierno, del Fiscal General del Estado y del Tribunal Constitucional no se ha hecho esperar, utilizando para ello de forma diligente todos los medios que el Estado de Derecho pone a su alcance. El Gobierno, con su presidente a la cabeza a la vez que presiente del PP, el líder de la oposición y CD´s han articulado una mayoría de respaldo a la acción del Gobierno frente al esperpento secesionista y en defensa del estado de Derecho. Era lo obligado, pero creo que se queda corto, salvo que la táctica de la acción política contempla un proceso gradual de respuesta a futuro. No se entiende sino, que no se haya pedido públicamente un posicionamiento claro de Podemos y sus confluencias a favor del Estado de Derecho, y de rechazo a las prácticas antidemocráticas del Junts pel Sí y la CUP. No se entiende que en el Pleno del Congreso más cercano a estos eventos las únicas iniciativas sobre la “cuestión catalana” correspondan a los partidos de corte independentista. No se entiende que no se proyecte una imagen unitaria de todas las fuerzas políticas constitucionalistas y que tienen vocación de gobierno, y no se descare a quien sólo apuesta por su oportunismo electoral. Es una cuestión de trasladar la fortaleza y dignidad del Estado, a la vez que confianza, a la ciudadanía.

Ante el mayor desafío democrático que haya tenido nunca el Estado español, las fuerzas constitucionalistas han de dar respuesta comedida, proporcional y firme al desafío secesionista. Han de proyectar un futuro que permita corregir los errores del pasado, en la búsqueda de la mayor cohesión y solidaridad entre los pueblos y territorios que se integran en el Estado, y con pleno respeto e integración a sus costumbres, lenguas y tradiciones. Hoy más que nunca se requiere “paso firme y mirada larga”, que es tanto como afirmar que se ha de superar el corto plazo, respetando y haciendo respetar la dignidad del Estado, y creando futuro. 

La acción política ante el process tiene dos tiempos: uno hasta la fecha de celebración del anunciado referéndum el día 1 de octubre; y otro que comienza el día 2 de octubre. En el primer tiempo sólo cabe parar el esperpento programado con el menor daño colateral y social posible, a la vez que exigir responsabilidades a quienes con su actitud están contribuyendo a impulsar esta situación. En este estadio sólo procede, desde mi punto de vista, la defensa de la constitucionalidad y el apoyo al Gobierno. Nada más, y nunca oportunismos electorales; en el segundo tiempo, es el momento de situar propuestas encima de la mesa y construir un nuevo marco político para ganar el futuro. La salida del process a partir de dos de octubre requiere obligadamente otras elecciones en Cataluña que permitan recuperar hasta donde se pueda la cordura política y trabajar con el Parlamento nacional en la búsqueda de una salida a la crisis institucional, territorial y política por la que estamos atravesando. Las soluciones mágicas no existen, y las heridas son tan profundas que tardarán tiempo y tiempo en curarse. Se pueden buscar culpables, que los hay, pero casi todos los partidos y organizaciones sociales tienen su parte de culpa alicuota de alguna u otra manera. El peor tratamiento posible contra el problema será buscar una rentabilidad  electoral a este proceso. Quien lo haga antes o después será penalizado.   

La Diada y el posicionamiento del Estado sobre el proceso secesionista van a servir al independentismo catalán para alimentar el conflicto social y tensar aún más la cuerda con el resto del Estado. Saben que el simulacro de referéndum no va a ninguna parte, ni ofrece ninguna garantía, y lo saben, pero les permite deteriorar más el clima social y avanzar hacia el objetivo independentista, aunque ello deteriore sus expectativas económicas y de bienestar. A lo que tampoco está ajeno el resto de los pueblos de España. Todo un esperpento político más propio de quién ha perdido el juicio que de quienes con vocación política trabajan día a día para construir un futuro mejor para su pueblo.

El paso firme, mirada larga se requiere hoy también para los temas sustantivos que contribuyen a la felicidad de los españoles. Estos últimos días hemos tenido conocimiento de la fuerte desaceleración del mercado laboral en junio y julio pasado. En este último mes hemos perdido cerca de dos cientos mil afiliados a la Seguridad Social, situándose el paro registrado en cerca de cuatro  millones de personas.  No sólo se invierte la tendencia de la que venía sacando pecho el Gobierno, sino que se vuelve a demostrar una vez más la vulnerabilidad del patrón de crecimiento, basado en la flexibilidad, los salarios bajos y trabajos precarios. Es urgente impulsar un cambio en el modelo productivo que permita un crecimiento y desarrollo económico más consistente. El trabajo debiera ser el tema prioritario de la agenda política española. Pero nos empeñamos en hacer un gran problema en nuestro país de lo que otros muchos países de occidente considerarían una frivolidad. Trabajemos para ganar el futuro con “paso firme y mirada larga”.

Incertidumbre

Sí. Si algo caracteriza el actual momento político es su incertidumbre. Lo que puede ocurrir después del 1 de octubre en España es un enigma. El abismo político se traduce también en incertidumbre social y económica. La cuestión catalana no es un tema menor; es el “problema” del país en estos momentos. Un problema que afecta por igual a todos sus ciudadanos, sean catalanes o no. Nadie se puede poner de perfil. Al igual que la Gran Recesión económica de 2008 se tradujo en una crisis social y política -aún no del todo superada-, con una deriva territorial en el caso de Cataluña, hoy la cuestión catalana nos puede abocar a una de la mayores crisis institucionales y sociales, y desandar lo avanzado en materia económica desde 2008 hasta el momento.

El curso político ha comenzado la última semana de agosto con un pleno que, lejos de proyectar luces sobre la corrupción del PP, ha vuelto a generar un cierto hastío en la ciudadanía hacia la política y los políticos, con efectos contrarios a los deseados: el desgaste de la oposición, en lugar del Gobierno. El guion pedía otra cosa. Hoy en la agenda de los españolitos de a pie, esos que hacen un seguimiento día a día del saldo de su cuenta corriente, que temen perder el trabajo, y que quieren unos representantes dignos centrados en dar soluciones a sus problemas, no está la frivolización de la política y menos como ésta se convierte en un instrumento para dirimir luchas de poder, cuando los temas de fondo se han discutido una y otra vez. El nuevo curso político cuenta con tres temas sustantivos: el problema catalán; la recuperación económica para la creación de más empleo y de calidad; y la sostenibilidad del Estado del Bienestar, y muy en especial el futuro de las pensiones. Para algunos, como es el caso de Podemos e IU, el impulso del conflicto social para derribar lo que ellos denominan “el sistema” puede ser su prioridad, pero no nos podemos dejar arrastrar por quienes están y han estado alejados siempre de la realidad social y de las necesidades de nuestro país. La acción política ha de estar centrada en jerarquizar y resolver los grandes problemas del país, que es por lo que apuesta la inmensa mayoría ciudadana.

El gran desafío actual es el secesionismo catalán. El órdago que la Generalitat y el bloque de partidos de corte independentista catalán están echando al Estado es inaceptable. Unos locos que en sus sueños acarician la idea de una república autocrática, con un ejército propio y unos jueces nombrados por ellos mismos para profundizar e innovar la idea de estado bolivariano, y quebrando el principio básico de solidaridad entre los españoles y los principios que garantizan la libertad e igualdad de los ciudadanos. Ello no impide que a su nuevo estado imaginario lo definan como una “república social y de derecho”. El día 1 de octubre es la prueba de fuego. El anunciado referéndum no dejará de ser un esperpento político. Una convocatoria sin legitimidad política y jurídica que sólo servirá para amplificar el odio, la división y el victimismo de las generaciones más jóvenes de Cataluña -entre 20 y 35 años-, pero también el distanciamiento progresivo de muchos españoles de Cataluña. Esta situación no es neutra. Son muchos los inversores que tienen aversión a la incertidumbre social y política, y por tanto no esperemos que, ante la situación que se está viviendo en Cataluña, sean muchas las empresas que se animen a localizarse allí, a la vez que es bien conocido que ante situaciones de riesgo el miedo restringe el consumo, con lo que el empleo se resentiría y la generación de riqueza también. La deriva del día 1 puede tener otras consecuencias, como la disolución de las Cortes y el inicio de una nueva larga etapa de incertidumbre para la formación de Gobierno y la aprobación de unos presupuestos, que no se llegarían a aprobar por falta de mayoría. Este sería, desde mi punto de vista, el escenario más probable en el caso de que el presidente del Gobierno decida disolver las Cortes. Vuelta a las andadas. Eso sí, con Rajoy como presidente en funciones, aunque quizás con más escaños pero sin mayoría, y los locos independentistas campando a sus anchas ante la falta de unidad de acción.

Si algo requiere el desafío secesionista es unidad de acción para corregir la incertidumbre actual, al menos de esos partidos que tienen sentido de Estado y vocación de gobierno. Una actuación que debe liderar el Gobierno sin complejos y que el resto de fuerzas constitucionalistas ha de adherirse a ella sin subterfugios ni posiciones de oportunismo político. Una actuación que ha de obedecer a un plan con el mayor nivel de consenso político y firmeza, dentro del actual marco constitucional, para resolver el problema secesionista, fortalecer al Estado y marcar las bases de un futuro de convivencia política y cohesión entre los españoles, que evite los errores del pasado. En el escenario actual hay un antes y un después al día anunciado para el referéndum. Antes es imprescindible cerrar filas para hacer frente al desafío del Estado. Éste debiera haber sido el objeto del último pleno celebrado en el Congreso. Al menos PP, PSOE, Podemos, C’s y el resto de partidos regionalistas constitucionales debieran haber confluido. Es urgente que Podemos defina su posición. No puede estar un día apostando por el referéndum y otro no. Ante su falta de consistencia y oportunismo político los españoles les acabaran pasando factura, pero mientras eso llega hemos de pedirles compromiso con los valores de Estado y de solidaridad, y evitar su arrastre hacia el abismo; el día después, debe iniciarse un nuevo proceso político que permita dar respuesta de forma lógica y constitucional a la cuestión catalana a la vez que se avanza en el resto de los objetivos de Estado.

En definitiva hay que practicar la acción política pensando en lo que necesitan los ciudadanos, y dejarse de jugar a la política por parte de algunos. Sólo quien piensa en grande puede gobernar en grande y garantizar certidumbre para sus ciudadanos.