En estos últimos días una tormenta con pedrisco ha arrasado unas mil hectáreas de cultivos hortofrutícolas de la comarca del Carracillo en Segovia. Los cultivos más afectados han sido la fresa, el maíz, la zanahoria, el puerro, la remolacha y el espárrago. La tormenta sólo duró media hora, pero sus efectos fueron devastadores. Basta visitar los campos de cultivo de Gomezserracín y Sanchonuño, como hicimos los parlamentarios autonómicos y nacionales del PSOE con el alcalde de Gomezserracín y un grupo de agricultores de ambos pueblos, para comprobar el daño realizado.
Tras el encuentro mantenido con los parlamentarios socialistas, los agricultores manifestaron su preocupación por las pérdidas producidas y reclamaron a los parlamentarios su apoyo ante el Gobierno de la Junta de Castilla y León y de España para hacer frente al desastre. Tanto David Rubio, secretario general del PSOE en Segovia y parlamentario regional, como Octavio Cantalejo, también procurador autonómico, se comprometieron a efectuar gestiones con la Junta para que estudie el problema y dé respuesta a la situación generada, impulsando en su caso distintas iniciativas parlamentarias. Hay que tener en cuenta que la Junta de Castilla y León tiene las competencias de gestión de la cuestión agraria.
Por su parte el senador socialista por Segovia, Juan Luis Gordo, se comprometió a trasladar el problema al Gobierno de España. En este sentido, destacó las ayudas estatuidas por Protección Civil para infraestructuras, familias y establecimientos comerciales que se pueden tramitar a través de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno; y la posibilidad que tiene el Gobierno, cuando se dan razones objetivas, de establecer ayudas especiales para hacer frente a la situación, como hizo en la tormenta de 2007 que afectó a siete provincias de la Comunidad Autónoma.
Las ayudas que puede establecer el Gobierno están limitadas por las pautas que establece la UE. Tienen un carácter subsidiario y recogen las ayudas a la producción no cubiertas por el seguro combinado. Asimismo, en la actuación referida de 2007, se contemplaban distintas medidas fiscales y de financiación. Todas con independencia de las actuaciones que considere la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que es la que tiene las competencias de gestión, como ya se ha comentado.
En la reunión mantenida con los agricultores en el Ayuntamiento de Sanchonuño, todos pusieron de manifiesto carecer de seguros agrarios para este tipo de cultivos, salvo dos que habían suscrito una póliza. Aducen el alto valor de los seguros y la dificultad para evaluar las pérdidas por sus características. Razones que efectivamente son objetivas, y a las que se han de poner coto buscando la ampliación del número de asegurados para reducir sus costes y la colaboración del Gobierno y la Junta para incentivar este tipo de seguros, como tuve la oportunidad de apuntar.
No dejan de llamar la atención las declaraciones de la consejera de Agricultura de la Junta, Silvia Clemente, quien en declaraciones a los medios, dos días más tarde, anunció que llevaría la cuestión al Consejo de Gobierno para elevar al Gobierno de España la necesidad de tomar medidas. Eso sí que es abordar los problemas de frente. En la misma dirección se ha dirigido el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Cuéllar de mayoría popular. El grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León ha anunciado que efectuará un seguimiento estricto del tema en la Cámara regional. Esperemos que cada parte asuma la responsabilidad que le corresponde.
Tras el encuentro mantenido con los parlamentarios socialistas, los agricultores manifestaron su preocupación por las pérdidas producidas y reclamaron a los parlamentarios su apoyo ante el Gobierno de la Junta de Castilla y León y de España para hacer frente al desastre. Tanto David Rubio, secretario general del PSOE en Segovia y parlamentario regional, como Octavio Cantalejo, también procurador autonómico, se comprometieron a efectuar gestiones con la Junta para que estudie el problema y dé respuesta a la situación generada, impulsando en su caso distintas iniciativas parlamentarias. Hay que tener en cuenta que la Junta de Castilla y León tiene las competencias de gestión de la cuestión agraria.
Por su parte el senador socialista por Segovia, Juan Luis Gordo, se comprometió a trasladar el problema al Gobierno de España. En este sentido, destacó las ayudas estatuidas por Protección Civil para infraestructuras, familias y establecimientos comerciales que se pueden tramitar a través de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno; y la posibilidad que tiene el Gobierno, cuando se dan razones objetivas, de establecer ayudas especiales para hacer frente a la situación, como hizo en la tormenta de 2007 que afectó a siete provincias de la Comunidad Autónoma.
Las ayudas que puede establecer el Gobierno están limitadas por las pautas que establece la UE. Tienen un carácter subsidiario y recogen las ayudas a la producción no cubiertas por el seguro combinado. Asimismo, en la actuación referida de 2007, se contemplaban distintas medidas fiscales y de financiación. Todas con independencia de las actuaciones que considere la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que es la que tiene las competencias de gestión, como ya se ha comentado.
En la reunión mantenida con los agricultores en el Ayuntamiento de Sanchonuño, todos pusieron de manifiesto carecer de seguros agrarios para este tipo de cultivos, salvo dos que habían suscrito una póliza. Aducen el alto valor de los seguros y la dificultad para evaluar las pérdidas por sus características. Razones que efectivamente son objetivas, y a las que se han de poner coto buscando la ampliación del número de asegurados para reducir sus costes y la colaboración del Gobierno y la Junta para incentivar este tipo de seguros, como tuve la oportunidad de apuntar.
No dejan de llamar la atención las declaraciones de la consejera de Agricultura de la Junta, Silvia Clemente, quien en declaraciones a los medios, dos días más tarde, anunció que llevaría la cuestión al Consejo de Gobierno para elevar al Gobierno de España la necesidad de tomar medidas. Eso sí que es abordar los problemas de frente. En la misma dirección se ha dirigido el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Cuéllar de mayoría popular. El grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León ha anunciado que efectuará un seguimiento estricto del tema en la Cámara regional. Esperemos que cada parte asuma la responsabilidad que le corresponde.