domingo, 22 de febrero de 2009

Segovia necesita una oposición con altura de miras

El alcalde Pedro Arahuetes y su equipo de Gobierno han pedido disculpas por dejarse arrastrar por la oposición en “una dinámica de insultos y peleas absurdas sobre temas sin trascendencia, como él mismo lo ha calificado. En la vida política es difícil encontrar un alcalde que sea capaz de reconocer sus errores. Por suerte para los segovianos, su alcalde lo ha hecho, lo que pone de manifiesto su altura de miras. No en vano, él y su equipo cuentan con la experiencia de seis años de Gobierno municipal.

Pero, además, ha invitado a la oposición a centrase en el desarrollo de los grandes proyectos que tiene la ciudad de Segovia: el Palacio de Congresos y Exposiciones; el CAT; el aparcamiento del Hospital General… Y así hasta 18. No se trata de amordazar a la oposición, ni de sacar fuera del debate político estos temas de especial trascendencia para la ciudad, como ha querido interpretar el presidente provincial del PP, sino de trabajar conjuntamente en su desarrollo; sin estridencias, sin buscar recovecos para poner zancadillas y evitar avances, para luego hacer ver a los segovianos los malísimo que es Pedro Arahuetes y su equipo.

No, no se trata de eso. Se trata de abandonar la política rancia y hacer política con mayúsculas: con el equipo de Gobierno liderando, proponiendo proyectos y gestionando; y con la oposición haciendo una crítica constructiva y dura, si fuese necesario, sobre el fondo del asunto, integrándose, en su caso, en la gestión de los diferentes proyectos y actividades, con la lealtad que merecen los intereses de la ciudad de Segovia -el alcalde lo ha ofrecido-.

No deja de sorprender la respuesta que ha dado la oposición a la oferta del alcalde: un sí, pero no. Respuesta que, como en otras ocasiones, se dirige en un tono personalista. En el fondo de la nota publicada en la web del PP subyace una rivalidad de fondo de la portavoz de la oposición con su alcalde, al que dedica algún calificativo cariñoso, como “arrogante y autosuficiente”, que complementa el calificativo de "mafioso" de hace unos días ; o le cuestiona la voluntad de la propuesta, al interpretar que es el propio alcalde el que necesita el Pacto para sí mismo. Ya se sabe aquello que recuerda el viejo refrán de que “piensa el ladrón que todos son de su condición”.

Y es que, para gobernar, primero hay que pensar en los intereses de los ciudadanos y trabajar por ellos; y después, en uno mismo. Por suerte para los segovianos, Arahuetes y su equipo, con independencia de los errores que hayan podido cometer, que los ha habido, se mueven y trabajan siempre para conseguir lo que interesa a Segovia. Me temo que aún la oposición no ha entrado en esa dinámica, pero todo indica que les va a costar.

domingo, 15 de febrero de 2009

Crónica de un caso anunciado

La noticia de esta semana sobre que el juez Garzón ha imputado a 37 personas, relacionadas de una manera directa o indirecta con el PP, por una trama de corrupción, y a las que el fiscal les acusa de los delitos de blanqueo de capital, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho, es una mala noticia para todos los españoles. Este tipo de acontecimientos desacreditan a la clase política y debilitan la democracia. A los socialistas nos interesa contar con un partido fuerte en la oposición, que centre su actuación en los grandes temas que están en la agenda política de España. Queremos una oposición fuerte, que concentre su acción en los grandes temas que preocupan a España; y no necesitamos, ni queremos, una oposición que tenga que dedicar su actuación en clave interna, en un proceso de regeneración democrática.

A aquellos que estamos en la política en el ámbito orgánico de nuestro partido y hacemos un seguimiento continúo de las actuaciones de otros partidos, y en especial del PP, la imputación judicial no nos ha sorprendido. Los recursos con los que cuentan los partidos son escasos. Y, sin embargo, la puesta en escena entre los dos grandes partidos es muy diferente. Basta comparar las últimas campañas celebradas, tanto de las elecciones generales como municipales: las del PP con un importante despliegue de medios y recursos; frente a unas campañas del PSOE mucho más humildes. Quien haya seguido las últimas campañas electorales en Segovia lo habrá podido comprobar con creces.

La ley electoral vincula por igual a todos los partidos, y establece de una manera clara la naturaleza de los gastos posibles y su limitación. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas o las Cámaras de Cuentas en algunas comunidades autónomas se limitan a efectuar un control formal del gasto sobre aquellos hechos contables declarados por los partidos o por los proveedores; pero sin entrar en el control y el análisis integral del desarrollo de todas las actividades asociadas al desarrollo de las campañas de cada partido, que no se limitan exclusivamente al plazo que limita la ley.

Es necesario cambiar la ley electoral e involucrar a las juntas electorales provinciales y de zona en el seguimiento ‘ex-ante’ y ‘ex-post’ de todos los acontecimientos de las campañas que puedan tener un reflejo contable. Por esta razón en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, de la que soy viceportavoz por el PSOE, tuve la oportunidad de proponer y consensuar una resolución con el resto de los partidos políticos para incorporar a la legislación en materia electoral estas premisas que he referido.

Pero si el control de los recursos electorales es necesario, también es preciso establecer un control más riguroso de la financiación de los partidos, a la vez que avanzar un marco de financiación suficiente para el ejercicio de la acción política -aunque éste, por su propia naturaleza, siempre será escaso e insuficiente para todos los partidos-. Sólo de esta forma se garantizará unos procesos electorales limpios, transparentes y equitativos. Al olor de la financiación de los partidos pululan no sólo muchos “listillos” que hacen de la necesidad una virtud; sino también muchos grupos de interés y empresariales para los que vale todo. Nosotros, los socialistas, por fortuna y por desgracia, no en vano perdimos las elecciones del 96 por este motivo, hace tiempo que hicimos los deberes. Otros las tienen pendientes. Pero es urgente, por una cuestión de higiene democrática.

domingo, 8 de febrero de 2009

La necesidad de abrir el grifo

Durante estos días son muchos los pequeños empresarios, autónomos y emprendedores segovianos de diversos sectores de actividad económica que se han acercado a hablar conmigo, como secretario general del PSOE en Segovia, para manifestarme su angustia ante las dificultades que las distintas entidades de crédito les están planteando a la hora de renovar determinadas pólizas o acceder a un crédito nuevo. Son personas que no han estado nunca ni están en la lista de morosos, y que entienden poco de gestión financiera. Tan pronto como cogen el dinero, pagan; para “sentirse aliviado y limpiar su conciencia”, como me decía uno de ellos.

Las entidades financieras han endurecido las condiciones de acceso al crédito, incluidas las segovianas, entre otras razones, porque hay menos dinero, pero también por un exceso de celo asimétrico. Es cierto que hay un déficit en el mercado de capitales –hasta ahora nos nutríamos de los ahorros de franceses y alemanes-, pero son los pequeños empresarios los que sufren especialmente las consecuencias. Es lógico que las entidades financieras analicen el riesgo y garanticen la solvencia de sus entidades. Pero la praxis del día a día demuestra que esta situación la están pagando los más débiles, que no son precisamente los que más riesgo presentan, desde el punto de vista financiero, y que, sin embargo, tienen una mayor capilaridad en la economía real, en cuanto a empleo y generación de consumo.

La banca tiene como función principal abastecer de créditos al tejido económico, asumiendo riesgos y generando beneficios para sus accionistas, como decía estos días el Sr. Botín. Lo que no podemos admitir es que se cierre el grifo mucho más allá de lo estrictamente necesario y a quien más lo necesita.

El Gobierno socialista ha facilitado el acceso al mercado de capitales mediante la compra de activos financieros por un valor máximo de 30.000 millones, ampliables hasta 50.000 millones de euros, de los cuales se han materializado hasta el momento, en distintas subastas, cerca de 15.000. Pero también ha puesto en la mesa distintas líneas de crédito a través del ICO tanto para facilitar la inversión como la liquidez de las pymes. En el Consejo de Ministros del pasado viernes, 6 de febrero, ha tenido que aumentar el margen de intermediación de las entidades financieras en 55 puntos básicos; así como mejorar las garantías, para que la demora de la hipoteca para parados pueda ser una realidad. Creo que las medidas no merecen más comentarios.

Estos últimos días se han publicado los buenos resultados de las entidades financieras, de lo que hemos de alegrarnos. También hemos oído a Botín cómo pide al Estado que se haga cargo de la morosidad y que para el próximo año repartirán menos dividendo. No le hemos oído hablar nada de la bajada de esos sueldos millonarios de los directivos de cajas y bancos –en algún caso superiores a 300.000 euros al año, incluso en entidades pequeñas- para ajustar costes estructurales; pero sí tuve la oportunidad de escuchar en el Congreso de los Diputados esta semana al presidente de la Asociación de la Banca Privada, Miguel Martín, que “la economía real ha contaminado a los bancos, y no al revés”. Basta recordar quién inflaba los préstamos hipotecarios y se llevaba pingües beneficios. Para que no haya falsas deducciones, lo expondré: promotores inmobiliarios y banca.
En fin, todo un despropósito, que nos puede llevar, si se supera la línea de contención del crédito, a un estrangulamiento de la economía, donde se sufriría miles de impagos y se pondría en riesgo la solvencia del propio sistema financiero, amén de otras consecuencias. No soy partidario de ninguna medida de nacionalización, pero, como no se cambie el rumbo, no es de extrañar que el Estado tenga que intervenir drásticamente.

miércoles, 4 de febrero de 2009

El cochecito, leré

El presidente de la Diputación de Segovia habla poco. Por eso en determinados círculos le llaman ‘El Mudito’. Y casi mejor, porque hay que ver las cosas que ha dicho para justificarse de la compra de ese cochecito que ha comprado para viajar por la provincia, como él dice. No se le ha ocurrido otra cosa que decir que “es más barato que el último que fue comprado para la Presidencia de la institución”. Como si 69.000 euros fuesen ‘moco de pavo’ para la mayor parte de los segovianos; para él parece que sí. Pero, bueno, juega con pólvora ajena. No es su dinero, sino el de todos.

Lo que si pone de manifiesto el presidente de la Diputación en sus manifestaciones es la falta de cultura democrática. Sin duda, ha encajado muy mal la crítica. Ante la denuncia formulada por el viaje a China del presidente y un grupo de diputados con sus mujeres, el calificativo con el que definió mi actuación como secretario general del PSOE en Segovia fue de una “mamarrachada”; ahora me tilda de “demagogo”.

El Sr. Santamaría debiera tener muy claro -él que de forma continua nos da grandes lecciones magistrales de buen hacer, a la mínima que te descuidas en cada uno de los actos públicos, en los que coincidimos las distintas autoridades y representantes públicos- que en la acción política hay que diferenciar claramente el plano personal del plano político. Y eso parece que no lo tiene claro el presidente de la Diputación. De lo contrario, no se entendería el desprecio en el tono y la forma de dirigirse hacia mi persona, amén de otros comentarios personales en círculos privados que no parece procedente que tratemos en esta columna.

A los socialistas segovianos nos preocupa el buen funcionamiento de las instituciones públicas. Por eso nos preocupa el dispendio de gasto que representa un coche de 69.000 euros en plena crisis económica, cuando puede haber otros en el mercado en torno a 25.000 euros muy dignos, como el que utilizan los cargos de otras instituciones.

También nos preocupan otros muchos temas de la Diputación, como el estado de las carreteras; la extensión de la red de servicios sociales; los servicios de protección civil; o la actuación discrecional y sectaria en muchos de los temas de sus competencias. Sin duda, proseguiremos planteando iniciativas y controlando la acción de gobierno en la Diputación, entre ellas la compra del coche, el viaje a China o la ayuda indiscriminada a la empresa Conorsa en Juarros de Voltoya, en detrimento de sus vecinos, entre otras actuaciones; sin olvidar su actuación en Segovia 21, de la que todavía estamos esperando una explicación.

Sr. Santamaría, entendemos que usted necesite ir a los pueblos en una gran berlina, con un traje oscuro y una buena corbata como mandan los cánones, y lo respetamos, pero como dice el refrán “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.


domingo, 1 de febrero de 2009

La cruzada de la EpC

La desestimación por el Tribunal Supremo de la objeción contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) debiera constituir el punto final de la estrategia ofensiva que han orquestado desde hace tiempo el PP y la Iglesia Católica, con su cardenal Rouco a la cabeza, contra la política educativa del PSOE.

Como hace unos días recordaba Fernado Vallespín en una tribuna de opinión en el diario ‘El País’, si el alto tribunal no hubiera fallado en este sentido, hubiese tenido que justificar que los principios, derechos y valores fundamentales reconocidos en nuestra Constitución no vinculan a nuestros ciudadanos. Es decir, se hubiese proclamado la superioridad de la vieja moral cristina y quebrado la neutralidad del Estado con respecto a las distintas confesiones y creencias.

La asignatura de religión constituye para los populares, y en general para los que impulsan las políticas conservadoras, la principal herramienta de proselitismo e inversión en futuros adeptos. Los valores y costumbres que se traducen a temprana edad en los colegios y escuelas, aprovechando la edad de aprendizaje, determinan en gran parte la actitud y posición futura de muchas personas ante los posicionamientos políticos. Es una inversión que nadie como la Iglesia ha sabido rentabilizar, a través de los réditos que recoge mayoritariamente el partido conservador por excelencia en España, el PP.

La EpC no deja de ser una amenaza para la mejor inversión ‘a coste cero’ que tienen los populares para aumentar su ejército de combatientes. Por eso, ante este contrapié no nos ha de extrañar que en los próximos meses, desde los púlpitos y las aulas, se escuchen voces para proseguir la ‘cruzada’. El presidente de la Generalitat valenciana ya la ha comenzado. Y es que la fe mueve montañas.