Crónica de un caso anunciado

La noticia de esta semana sobre que el juez Garzón ha imputado a 37 personas, relacionadas de una manera directa o indirecta con el PP, por una trama de corrupción, y a las que el fiscal les acusa de los delitos de blanqueo de capital, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho, es una mala noticia para todos los españoles. Este tipo de acontecimientos desacreditan a la clase política y debilitan la democracia. A los socialistas nos interesa contar con un partido fuerte en la oposición, que centre su actuación en los grandes temas que están en la agenda política de España. Queremos una oposición fuerte, que concentre su acción en los grandes temas que preocupan a España; y no necesitamos, ni queremos, una oposición que tenga que dedicar su actuación en clave interna, en un proceso de regeneración democrática.

A aquellos que estamos en la política en el ámbito orgánico de nuestro partido y hacemos un seguimiento continúo de las actuaciones de otros partidos, y en especial del PP, la imputación judicial no nos ha sorprendido. Los recursos con los que cuentan los partidos son escasos. Y, sin embargo, la puesta en escena entre los dos grandes partidos es muy diferente. Basta comparar las últimas campañas celebradas, tanto de las elecciones generales como municipales: las del PP con un importante despliegue de medios y recursos; frente a unas campañas del PSOE mucho más humildes. Quien haya seguido las últimas campañas electorales en Segovia lo habrá podido comprobar con creces.

La ley electoral vincula por igual a todos los partidos, y establece de una manera clara la naturaleza de los gastos posibles y su limitación. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas o las Cámaras de Cuentas en algunas comunidades autónomas se limitan a efectuar un control formal del gasto sobre aquellos hechos contables declarados por los partidos o por los proveedores; pero sin entrar en el control y el análisis integral del desarrollo de todas las actividades asociadas al desarrollo de las campañas de cada partido, que no se limitan exclusivamente al plazo que limita la ley.

Es necesario cambiar la ley electoral e involucrar a las juntas electorales provinciales y de zona en el seguimiento ‘ex-ante’ y ‘ex-post’ de todos los acontecimientos de las campañas que puedan tener un reflejo contable. Por esta razón en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, de la que soy viceportavoz por el PSOE, tuve la oportunidad de proponer y consensuar una resolución con el resto de los partidos políticos para incorporar a la legislación en materia electoral estas premisas que he referido.

Pero si el control de los recursos electorales es necesario, también es preciso establecer un control más riguroso de la financiación de los partidos, a la vez que avanzar un marco de financiación suficiente para el ejercicio de la acción política -aunque éste, por su propia naturaleza, siempre será escaso e insuficiente para todos los partidos-. Sólo de esta forma se garantizará unos procesos electorales limpios, transparentes y equitativos. Al olor de la financiación de los partidos pululan no sólo muchos “listillos” que hacen de la necesidad una virtud; sino también muchos grupos de interés y empresariales para los que vale todo. Nosotros, los socialistas, por fortuna y por desgracia, no en vano perdimos las elecciones del 96 por este motivo, hace tiempo que hicimos los deberes. Otros las tienen pendientes. Pero es urgente, por una cuestión de higiene democrática.