Durante estos días son muchos los pequeños empresarios, autónomos y emprendedores segovianos de diversos sectores de actividad económica que se han acercado a hablar conmigo, como secretario general del PSOE en Segovia, para manifestarme su angustia ante las dificultades que las distintas entidades de crédito les están planteando a la hora de renovar determinadas pólizas o acceder a un crédito nuevo. Son personas que no han estado nunca ni están en la lista de morosos, y que entienden poco de gestión financiera. Tan pronto como cogen el dinero, pagan; para “sentirse aliviado y limpiar su conciencia”, como me decía uno de ellos.
Las entidades financieras han endurecido las condiciones de acceso al crédito, incluidas las segovianas, entre otras razones, porque hay menos dinero, pero también por un exceso de celo asimétrico. Es cierto que hay un déficit en el mercado de capitales –hasta ahora nos nutríamos de los ahorros de franceses y alemanes-, pero son los pequeños empresarios los que sufren especialmente las consecuencias. Es lógico que las entidades financieras analicen el riesgo y garanticen la solvencia de sus entidades. Pero la praxis del día a día demuestra que esta situación la están pagando los más débiles, que no son precisamente los que más riesgo presentan, desde el punto de vista financiero, y que, sin embargo, tienen una mayor capilaridad en la economía real, en cuanto a empleo y generación de consumo.
La banca tiene como función principal abastecer de créditos al tejido económico, asumiendo riesgos y generando beneficios para sus accionistas, como decía estos días el Sr. Botín. Lo que no podemos admitir es que se cierre el grifo mucho más allá de lo estrictamente necesario y a quien más lo necesita.
El Gobierno socialista ha facilitado el acceso al mercado de capitales mediante la compra de activos financieros por un valor máximo de 30.000 millones, ampliables hasta 50.000 millones de euros, de los cuales se han materializado hasta el momento, en distintas subastas, cerca de 15.000. Pero también ha puesto en la mesa distintas líneas de crédito a través del ICO tanto para facilitar la inversión como la liquidez de las pymes. En el Consejo de Ministros del pasado viernes, 6 de febrero, ha tenido que aumentar el margen de intermediación de las entidades financieras en 55 puntos básicos; así como mejorar las garantías, para que la demora de la hipoteca para parados pueda ser una realidad. Creo que las medidas no merecen más comentarios.
Estos últimos días se han publicado los buenos resultados de las entidades financieras, de lo que hemos de alegrarnos. También hemos oído a Botín cómo pide al Estado que se haga cargo de la morosidad y que para el próximo año repartirán menos dividendo. No le hemos oído hablar nada de la bajada de esos sueldos millonarios de los directivos de cajas y bancos –en algún caso superiores a 300.000 euros al año, incluso en entidades pequeñas- para ajustar costes estructurales; pero sí tuve la oportunidad de escuchar en el Congreso de los Diputados esta semana al presidente de la Asociación de la Banca Privada, Miguel Martín, que “la economía real ha contaminado a los bancos, y no al revés”. Basta recordar quién inflaba los préstamos hipotecarios y se llevaba pingües beneficios. Para que no haya falsas deducciones, lo expondré: promotores inmobiliarios y banca.
En fin, todo un despropósito, que nos puede llevar, si se supera la línea de contención del crédito, a un estrangulamiento de la economía, donde se sufriría miles de impagos y se pondría en riesgo la solvencia del propio sistema financiero, amén de otras consecuencias. No soy partidario de ninguna medida de nacionalización, pero, como no se cambie el rumbo, no es de extrañar que el Estado tenga que intervenir drásticamente.
Las entidades financieras han endurecido las condiciones de acceso al crédito, incluidas las segovianas, entre otras razones, porque hay menos dinero, pero también por un exceso de celo asimétrico. Es cierto que hay un déficit en el mercado de capitales –hasta ahora nos nutríamos de los ahorros de franceses y alemanes-, pero son los pequeños empresarios los que sufren especialmente las consecuencias. Es lógico que las entidades financieras analicen el riesgo y garanticen la solvencia de sus entidades. Pero la praxis del día a día demuestra que esta situación la están pagando los más débiles, que no son precisamente los que más riesgo presentan, desde el punto de vista financiero, y que, sin embargo, tienen una mayor capilaridad en la economía real, en cuanto a empleo y generación de consumo.
La banca tiene como función principal abastecer de créditos al tejido económico, asumiendo riesgos y generando beneficios para sus accionistas, como decía estos días el Sr. Botín. Lo que no podemos admitir es que se cierre el grifo mucho más allá de lo estrictamente necesario y a quien más lo necesita.
El Gobierno socialista ha facilitado el acceso al mercado de capitales mediante la compra de activos financieros por un valor máximo de 30.000 millones, ampliables hasta 50.000 millones de euros, de los cuales se han materializado hasta el momento, en distintas subastas, cerca de 15.000. Pero también ha puesto en la mesa distintas líneas de crédito a través del ICO tanto para facilitar la inversión como la liquidez de las pymes. En el Consejo de Ministros del pasado viernes, 6 de febrero, ha tenido que aumentar el margen de intermediación de las entidades financieras en 55 puntos básicos; así como mejorar las garantías, para que la demora de la hipoteca para parados pueda ser una realidad. Creo que las medidas no merecen más comentarios.
Estos últimos días se han publicado los buenos resultados de las entidades financieras, de lo que hemos de alegrarnos. También hemos oído a Botín cómo pide al Estado que se haga cargo de la morosidad y que para el próximo año repartirán menos dividendo. No le hemos oído hablar nada de la bajada de esos sueldos millonarios de los directivos de cajas y bancos –en algún caso superiores a 300.000 euros al año, incluso en entidades pequeñas- para ajustar costes estructurales; pero sí tuve la oportunidad de escuchar en el Congreso de los Diputados esta semana al presidente de la Asociación de la Banca Privada, Miguel Martín, que “la economía real ha contaminado a los bancos, y no al revés”. Basta recordar quién inflaba los préstamos hipotecarios y se llevaba pingües beneficios. Para que no haya falsas deducciones, lo expondré: promotores inmobiliarios y banca.
En fin, todo un despropósito, que nos puede llevar, si se supera la línea de contención del crédito, a un estrangulamiento de la economía, donde se sufriría miles de impagos y se pondría en riesgo la solvencia del propio sistema financiero, amén de otras consecuencias. No soy partidario de ninguna medida de nacionalización, pero, como no se cambie el rumbo, no es de extrañar que el Estado tenga que intervenir drásticamente.
1 comentario:
¡Hay que ver! Tantos años "chupando" de sus clientes y ahora, en lugar de tener la más mínima intención de facilitarles la vida, quieren seguir obteniendo crasos beneficios, a costa de lo que sea. En lugar de seguir la lógica línea de un negocio, más bien parece usura.
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