Un sueño real

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Se pone término a una legislatura convulsa: la más difícil de la historia democrática española. Sin embargo, la legislatura termina con un halo de esperanza casi tangible: la Paz en el País Vasco. Un sueño con el que hemos soñado desde niños, y que hoy es una realidad posible, aunque lo obnubile la crisis económica y sus efectos.

La izquierda abertzale – herederos de Batasuna con EA y Alternatiba- ha escenificado en el día del Alderdi Eguna (Día del PNV) la adhesión del colectivo de presos etarras a la petición del cese de violencia de la banda. Para ello dos exreclusos condenados por asesinatos firmaron el documento. Demandan sin el mayor rubor “una paz sin vencedores ni vencidos”. Ya solo falta que la dirección de la banda se pronuncie en el mismo sentido para reiniciar una nueva etapa de cordura en el País Vasco. Antes o después llegará. Más bien pronto que tarde.

El camino iniciado hace un año y cristalizado en las últimas elecciones locales no tiene vuelta atrás. ETA no puedo volver a matar. Solo tiene una salida legitimada socialmente en Euskadi, su disolución; pero también el reconocimiento de un error y el olvido de tantos años de terror.

El camino hasta este punto donde se comienza a ver un rayo de luz claro no ha sido fácil. Son muchas las personas que permanecen en nuestra memoria. Y el rencor puede aflorar en cualquier momento. Tenemos la obligación de mirar al futuro. Los abertzales, como sugirió Rubalcaba cuando era ministro del Interior, han cambiado “bombas por votos”. En esa vía siempre será posible la reconciliación y la búsqueda de soluciones políticas estables que permita que no haya vencedores ni vencidos.

Hoy más que nunca el pacto Constitucional tiene que funcionar. La desaparición de ETA y la vuelta a la normalidad, como también recordaba Rubalcaba, no se producirá de un día para otro, ni será patrimonio de nadie. El PP, que sueña con la victoria electoral, parece haber comprendido el proceso de tránsito hacia la paz; o al menos no habla, que no es poco.

Una vez culminado el proceso quedará lo más difícil, gestionar el futuro en libertad con pleno respeto a las normas del Estado de Derecho. Ahí es donde la política y los políticos de verdad han de dar la talla. Aquí no vale confundir los sueños. En la próxima legislatura no solo habrá que gestionar la crisis, sino también el sueño real de la Paz en el País Vasco. Un planteamiento erróneo en esta gestión sería imperdonable.

Protocolo instrumentado

La subida a la Catedral de la Virgen de La Fuencisla ha vuelto a abrir, una vez más, la caja de los truenos entre los políticos segovianos. Esta vez no sé por qué con repercusión pública. Un ruido de sables que no suele trascender demasiado, pero que es bastante desagradable. Hay expertos en protocolo que siempre son capaces de interpretarlo para colocarse ellos los primeros y salir en la foto.

De mi etapa de subdelegado del Gobierno en Segovia guardo un gran recuerdo en estas lides del diputado popular Javier Gómez Darmendrail. Recuerdo su indignación y malestar en una subida de la Virgen con el Ayuntamiento por no colocarle en primera fila; o su reacción en una fiesta del Pilar cuando situamos a la portavoz del PP, Beatriz Escudero, al lado del alcalde. La reacción no se hizo esperar y el diputado se hizo notar reclamando sus derechos sobre la concejala. Ahora con el paso del tiempo, he de reconocer que fue una maldad calculada para comprobar el principio de causalidad. Prometo que si tengo oportunidad no lo volveré hacer. De la misma manera que nunca me he quejado de los desplantes y feos que en esta materia me han hecho siempre de forma continua los chicos de Javier Santamaría cuando era presidente de la Diputación.

Porque el problema no es de protocolo, es de protagonismo, y precisamente aplicando el protocolo de forma estricta es cuando cada uno está en el sitio que le corresponde. Me parece bien que el alcalde de Segovia aplique el protocolo en su estricto término. Él, siempre ha sido elegante y generoso, y mucho más en este acto. Recuerdo en más de dos ocasiones en las que ha invitado a la consejera de Agricultura y Ganadería a acompañarle en este acto religioso. Pero hay que tener en cuenta que no tiene ninguna obligación, y mucho menos cuando de forma persistente se pretende tener un protagonismo que no corresponde.

En ningún momento el alcalde socialista ha ninguneado a ningún político aplicando el protocolo, como algún vocero del PP se ha dado prisa a afirmar. El PP se debiera plantear si esa táctica que utiliza desde hace mucho tiempo de abrumar con la presencia de sus ediles y cargos públicos en los actos religiosos tiene alguna rentabilidad política. A mí me parece de mal gusto: se instrumentalizan actos religiosos con otros fines.

Visto lo visto, y a tenor de las declaraciones y actitudes de los últimos días, el Grupo Municipal Popular vuelve a las andadas. La crispación parece ser su especialidad. Nunca se habla un tema de protocolo, entonces ¿por qué? La razón es muy simple: dar protagonismo a Silvia Clemente. Ella lo necesita estos días más que nunca. Basta ver su agenda y su presencia continúa en Segovia en estas dos últimas semanas, para darse cuenta que quiere ser diputada nacional y encabezar las listas de su partido por Segovia. Si eso es así, ¡viva la elegancia instrumental! Tiempo al tiempo.

Sí a la recuperación del Impuesto de Patrimonio

Durante estos días asistimos a un fuerte debate sobre política fiscal. La prima de riesgo por encima de los 400 puntos básicos durante el mes de agosto ha despertado todos los temores sobre el mantenimiento del Estado del Bienestar, como principal rúbrica de gasto de los presupuestos públicos. Un interés muy alto nos condena a aplicar muchos más recursos al pago de intereses financieros y a detraerlos de su aplicación a otras actuaciones que contribuyan a mejorar el bienestar de los españoles. Más cuando el compromiso de contención del déficit público se ajusta al Plan de Estabilidad acordado en la zona euro.

En esta encrucijada solo hay dos soluciones, o tres: o reducimos gastos o subimos los ingresos; o ambos a la vez. Recuperar el gravamen del Impuesto de Patrimonio puede contribuir a mejorar el equilibrio fiscal y al mantenimiento de servicios esenciales como la educación y la sanidad. La bonificación estatal del 100 por cien -que no eliminación de la exacción de este tributo-, con efectividad desde el 1 de enero de 2009, tenía como objetivo ayudar a las familias y a las empresas con un estímulo fiscal de 1.800 millones de euros para de esta forma dinamizar el consumo y hacer frente a la recesión económica.

La realidad, sin embargo, es tozuda, y a pesar de lo que aconsejan los principios neoliberales, no se produjo ni una cosa ni otra: ni se dinamizó el consumo, ni se contribuyó a mejorar el déficit público. Lo que demuestra que en épocas de crisis la actitud de las familias y las empresas ante el consumo es inelástica frente a la bajada y la supresión de impuestos. En este caso optan por ahorrar, por lo que pueda venir.

El Impuesto de Patrimonio es una figura tributaria controvertida. Hay argumentos a favor y en contra del impuesto. Países como Francia, Noruega o Suiza lo tienen en vigor, mientras otros como Alemania, Dinamarca o Italia lo han suprimido.

En el momento actual en nuestro país, el Impuesto de Sociedades puede contribuir a equilibrar las cuentas públicas, generar unos efectos sociales positivos al reducir la desigualdad y afrontar de forma más equitativa la crisis, y dinamizar la actividad económica. Para ello es necesario que recaiga sobre las grandes fortunas y no sobre las clases medias, como venía ocurriendo en nuestro país desde su puesta en funcionamiento en 1977; y que, a su vez, permita de una forma objetiva mejorar la fiscalidad de los patrimonios afectos a la actividad económica.

El anuncio de Rubalcaba de “pedir al Gobierno que apruebe el impuesto a los patrimonios más grandes antes de que concluya la legislatura” es, a todas luces, una decisión acertada por las razones expuestas, mucho más si el impuesto pierde su naturaleza autonómica para pasar a ser estatal. Una garantía de uniformidad y neutralidad en su aplicación en todo el territorio nacional.

Reforma necesaria, aunque sin consenso

La reforma constitucional que estos días se está tramitando en las Cortes Generales no es un capricho; es una necesidad. La prima de riesgo de la deuda española se ha situado en el mes de agosto varios días por encima de los 400 puntos básicos en su diferencial con el bono alemán a 10 años. Si esta situación se reproduce de forma continuada durante el otoño, la solvencia de España quedará en entredicho y sus efectos sobre la economía pueden ser perniciosos.

Mediante esta reforma se eleva a rango constitucional el compromiso de estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas y la prioridad de pago para los acreedores de la Deuda Pública. Con estas medidas se refuerza la confianza en nuestra economía y se facilita la financiación de la Deuda a un coste razonable. Una medida preventiva, poco ortodoxa desde el punto de vista doctrinal, pero que puede contribuir de manera decisiva al mantenimiento del Estado del Bienestar.

La reforma tiene un carácter técnico. En su tramitación no tendrá ningún problema para superar la mayoría de los tres quintos que exige el texto constitucional, ni previsiblemente el 10 por ciento de los parlamentarios pedirá la celebración de referéndum. El retraso de su puesta en marcha le haría perder eficacia, o incluso pudiera anular su efectividad.

La reforma se ha planteado en ciernes del proceso electoral y sin consenso entre todas las fuerzas políticas. El oportunismo político ha primado una vez más por encima de los intereses de Estado: los partidos nacionalistas, en aras al consenso, han pedido la inclusión en la reforma del principio de autodeterminación, con la única intención de erosionar al Estado; y el PP, por primera vez, se ha sumado al consenso, ante las buenas expectativas que se le presentan para ganar las elecciones generales.

La necesidad de reformar la constitución e incluir en su articulado el compromiso de estabilidad presupuestaria ya se ha visto reflejado en otros países como Alemania. La inestabilidad del euro aconseja elevar al rango constitucional este compromiso en todos los países de la eurozona; y, además, cumplir el compromiso. Solo así podremos ganar estabilidad y acabar con las tensiones financieras.