Durante estos días asistimos a un fuerte debate sobre política fiscal. La prima de riesgo por encima de los 400 puntos básicos durante el mes de agosto ha despertado todos los temores sobre el mantenimiento del Estado del Bienestar, como principal rúbrica de gasto de los presupuestos públicos. Un interés muy alto nos condena a aplicar muchos más recursos al pago de intereses financieros y a detraerlos de su aplicación a otras actuaciones que contribuyan a mejorar el bienestar de los españoles. Más cuando el compromiso de contención del déficit público se ajusta al Plan de Estabilidad acordado en la zona euro.En esta encrucijada solo hay dos soluciones, o tres: o reducimos gastos o subimos los ingresos; o ambos a la vez. Recuperar el gravamen del Impuesto de Patrimonio puede contribuir a mejorar el equilibrio fiscal y al mantenimiento de servicios esenciales como la educación y la sanidad. La bonificación estatal del 100 por cien -que no eliminación de la exacción de este tributo-, con efectividad desde el 1 de enero de 2009, tenía como objetivo ayudar a las familias y a las empresas con un estímulo fiscal de 1.800 millones de euros para de esta forma dinamizar el consumo y hacer frente a la recesión económica.
La realidad, sin embargo, es tozuda, y a pesar de lo que aconsejan los principios neoliberales, no se produjo ni una cosa ni otra: ni se dinamizó el consumo, ni se contribuyó a mejorar el déficit público. Lo que demuestra que en épocas de crisis la actitud de las familias y las empresas ante el consumo es inelástica frente a la bajada y la supresión de impuestos. En este caso optan por ahorrar, por lo que pueda venir.
El Impuesto de Patrimonio es una figura tributaria controvertida. Hay argumentos a favor y en contra del impuesto. Países como Francia, Noruega o Suiza lo tienen en vigor, mientras otros como Alemania, Dinamarca o Italia lo han suprimido.
En el momento actual en nuestro país, el Impuesto de Sociedades puede contribuir a equilibrar las cuentas públicas, generar unos efectos sociales positivos al reducir la desigualdad y afrontar de forma más equitativa la crisis, y dinamizar la actividad económica. Para ello es necesario que recaiga sobre las grandes fortunas y no sobre las clases medias, como venía ocurriendo en nuestro país desde su puesta en funcionamiento en 1977; y que, a su vez, permita de una forma objetiva mejorar la fiscalidad de los patrimonios afectos a la actividad económica.
El anuncio de Rubalcaba de “pedir al Gobierno que apruebe el impuesto a los patrimonios más grandes antes de que concluya la legislatura” es, a todas luces, una decisión acertada por las razones expuestas, mucho más si el impuesto pierde su naturaleza autonómica para pasar a ser estatal. Una garantía de uniformidad y neutralidad en su aplicación en todo el territorio nacional.
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