Mediante esta reforma se eleva a rango constitucional el compromiso de estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas y la prioridad de pago para los acreedores de la Deuda Pública. Con estas medidas se refuerza la confianza en nuestra economía y se facilita la financiación de la Deuda a un coste razonable. Una medida preventiva, poco ortodoxa desde el punto de vista doctrinal, pero que puede contribuir de manera decisiva al mantenimiento del Estado del Bienestar.
La reforma tiene un carácter técnico. En su tramitación no tendrá ningún problema para superar la mayoría de los tres quintos que exige el texto constitucional, ni previsiblemente el 10 por ciento de los parlamentarios pedirá la celebración de referéndum. El retraso de su puesta en marcha le haría perder eficacia, o incluso pudiera anular su efectividad.
La reforma se ha planteado en ciernes del proceso electoral y sin consenso entre todas las fuerzas políticas. El oportunismo político ha primado una vez más por encima de los intereses de Estado: los partidos nacionalistas, en aras al consenso, han pedido la inclusión en la reforma del principio de autodeterminación, con la única intención de erosionar al Estado; y el PP, por primera vez, se ha sumado al consenso, ante las buenas expectativas que se le presentan para ganar las elecciones generales.
La necesidad de reformar la constitución e incluir en su articulado el compromiso de estabilidad presupuestaria ya se ha visto reflejado en otros países como Alemania. La inestabilidad del euro aconseja elevar al rango constitucional este compromiso en todos los países de la eurozona; y, además, cumplir el compromiso. Solo así podremos ganar estabilidad y acabar con las tensiones financieras.
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